Uno de los fenómenos cada vez más frecuentes en el seno de las sociedades democráticas europeas es la desaparición de las mayorías absolutas y, por tanto, la necesidad de que los diferentes grupos políticos alcancen pactos para formar gobiernos y, en consecuencia, para afrontar los retos que tienen los sus ciudadanos. Este hecho es altamente positivo porque obliga a los partidos con vocación de gobierno a moverse de su zona de confort. En otras palabras, les fuerza a buscar puntos de unión con otras formaciones políticas para poder sacar adelante un programa legislativo que no será exactamente el suyo, pero que incorporará ideas o propuestas de otras fuerzas, lo que de facto representará un mayor número de electores. Dicho de otro modo: la fragmentación electoral ha venido para quedarse y serán necesarios responsables públicos con una mayor capacidad para gestionar la diversidad de sociedades cada vez más complejas.
En este sentido, soy de los que piensa que la línea divisoria de la clase política de los próximos años, más allá del tradicional eje izquierda-derecha, será entre transigentes e intransigentes. O dicho de otro modo: entre cargos electos que se creen poseídos por la verdad absoluta (con el peligro que esto supone para las sociedades a las que representan) o los que, a pesar de defender unas ideas y trabajar por unos ideales, creen que para dar estabilidad a las instituciones públicas es necesario hablar, negociar y llegar a acuerdos para alcanzar unos objetivos compartidos. Esto no quita, sin embargo, que con colectivos como Vox o Aliança Catalana es necesario poner una línea roja y evitar cualquier tipo de transacción porque su discurso contra la inmigración y contra la convivencia entre diferentes es un peligro para el desarrollo de una comunidad con valores democráticos.
Sin embargo, y volviendo a la cuestión inicial, es evidente que la desaparición de las mayorías absolutas y los necesarios acuerdos entre diferentes partidos suelen ir en detrimento de la estabilidad que necesitan las administraciones para funcionar con cierta normalidad. Es curioso, en este sentido, porque los ciudadanos exigimos instituciones fuertes, pero al mismo tiempo anhelamos que se respete la diversidad surgida de las urnas. ¿Son compatibles los dos elementos? Les pondré diferentes ejemplos recientes.
Un caso es el del actual gobierno español, donde la aritmética parlamentaria obliga a Pedro Sánchez a negociar cualquier iniciativa legislativa con los múltiples grupos que apoyaron su investidura. Esta dinámica, en mi opinión, es positiva porque provoca que el ejecutivo incorpore enmiendas y aportaciones de otras formaciones. Sin embargo, esta situación va en detrimento de la necesaria estabilidad que requiere cualquier ejecutivo para sacar adelante su programa de gobierno. Cabe decir que en este caso se añade un elemento específico y es el hecho de que en determinadas negociaciones los grupos independentistas catalanes confunden la gimnasia con la magnesia, lo que resta credibilidad a la política porque el ciudadano percibe que hay partidos que hablan siempre de las mismas carpetas con independencia de que los temas sean económicos, fiscales, sociales o medioambientales.
Otro caso paradigmático es el de MarianoRajoy cuando era presidente del gobierno y disfrutaba de una mayoría absoluta que le permitía gobernar sin necesitar otros apoyos. Una de las críticas que se le hacía -y con razón- era que no tenía en cuenta al resto de grupos políticos del hemiciclo y, por tanto, que obviaba que la oposición también representaba una parte importante de la ciudadanía española.
Asimismo, es muy paradigmático el caso de Catalunya, donde las sucesivas mayorías parlamentarias independentistas -en la práctica no lo eran- eran casi una enmienda a la totalidad a la aceptación que había media Cataluña que no comulgaba con sus postulados. En cambio, quizás el caso actual que mejor representa la necesaria síntesis entre la estabilidad y el pluralismo es el acuerdo firmado hace unos días en el País Vasco entre el PNV y el PSE. Es un pacto que suma mayoría absoluta y que tiene en cuenta las distintas almas que coexisten en Euskadi. No sé si éste es el camino a seguir en Catalunya, pero estoy seguro de que muchos ciudadanos firmaríamos un acuerdo de gobierno que recogiera esta estabilidad y este pluralismo.
Así pues, ¡aurrea!
