Le propongo al lector que está leyendo estas líneas que se imagine a un hombre o a una mujer que entra en un supermercado y que compra una lata de refresco. Pongamos por caso que este ciudadano o ciudadana sale del establecimiento comercial y se bebe la bebida en un banco de madera. Después, una vez que ha ingerido el líquido del refresco, deja la lata en el banco, se levanta y se va. Tanto da que tenga contenedores o papeleras a su alrededor. Piensa que es más cómodo dejar el recipiente metálico de la bebida allí. Está convencido o convencida, además, de que tarde o temprano algún miembro de las brigadas de limpieza recogerá la lata vacía.
Esta situación, ciertamente, es imaginada, pero parte de la premisa real de que en las ciudades hay bancos o elementos del espacio público donde hay basura que la gente deja. Estoy seguro de que algún lector que esté leyendo este artículo habrá visto algo parecido con sus propios ojos. Es cierto, y vale la pena remarcarlo, que estamos hablando de comportamientos y conductas minoritarias, pero que tienen un impacto negativo en la convivencia y en la calidad del espacio público de las localidades.
En líneas generales, la limpieza del espacio que compartimos suele ser una cuestión que preocupa al conjunto de la ciudadanía. Así lo reflejan los barómetros municipales de las grandes ciudades. Porque a nadie le gusta pasearse, por ejemplo, por unas calles o unas plazas llenas de suciedad. En este tipo de situaciones el ciudadano suele exigir una mayor limpieza por parte de los servicios de su ayuntamiento. Y es cierto que en algunas ocasiones determinadas ciudades o pueblos necesitan mejoras o cambios en el servicio de limpieza. Pero no nos engañemos: por mucho que un consistorio duplique o triplique su inversión en esta materia, si un colectivo minoritario continúa con sus prácticas incívicas, ese municipio seguirá teniendo siempre sus calles un poco sucias y, en este caso, la responsabilidad no será de la clase política.
Lo señalo porque desde hace un cierto tiempo hemos tendido a centrifugar la responsabilidad de cualquier problema ciudadano en las personas que ostentan cargos de gobierno, en este caso de carácter municipal. Hemos acabado integrando aquella vieja idea promovida por opciones políticas ultraconservadoras de que los políticos sólo son fuente de conflictos. Y, por eso, ahora en Valencia estas formaciones han hecho correr la conocida frase de «Solo el pueblo salva al pueblo». Como cualquier dificultad o problemática en esta vida, todo es mucho más poliédrico que el blanco o negro que defienden estos partidos.
Es cierto que en determinadas localidades las políticas y los planes impulsados en materia de reciclaje y limpieza no han funcionado como se preveía y, por tanto, en estos casos la ciudadanía es la que debe valorar si la gestión local merece un cambio o no. Pero es falaz pensar, en un tema como este, que el problema viene únicamente de las decisiones de los responsables políticos. En una cuestión de administración compleja como esta son necesarias, seguramente, mayores campañas de sensibilización social.
En una ocasión, una veterana alcaldesa de un pequeño municipio me explicó que todo iría mejor si viéramos la superficie de las calles que nos rodean como parte de nuestra vivienda. De esta manera, subrayaba, si velamos por tener limpio nuestro piso, haremos lo mismo con el espacio público que nos rodea.
En cualquier caso, pienso que el problema de fondo viene, sobre todo, del hecho de que hemos perdido de vista, como sociedad, que además de tener unos derechos también tenemos unos deberes. Unos deberes que son inherentes al hecho de vivir en una comunidad de ciudadanos que ha hecho del civismo la mejor garantía para tener calles limpias y arregladas y, en consecuencia, para garantizar una cierta paz social.
Al fin y al cabo, los deberes, en una sociedad democrática como la nuestra no dejan de ser la clave para que los demás puedan ejercer sus derechos con plena libertad. Por lo tanto, los derechos y los deberes son términos que si no van de la mano tienen poco sentido. Asimismo, sería necesaria una reflexión ciudadana y política sobre las consecuencias de todo ello, ya que quien saca más rédito del incumplimiento de los deberes y, en consecuencia, quien señala con más fuerza que otros colectivos no pueden ejercer sus derechos son las fuerzas políticas de extrema derecha. Para pensar en ello y buscar soluciones realistas ante una realidad que cada vez es más compleja.
