Las fuerzas ultraconservadoras, en cambio, hacen permanentemente una enmienda a la totalidad a este paradigma y defienden, ya sin manías, el uso de la intimidación y de la violencia para alcanzar sus objetivos. Sólo hay que recordar las protestas xenófobas de Torre Pacheco o el mensaje de Santiago Abascal propugnando el hundimiento de Open Arms.

La derecha europea, por su parte, sigue sin haber resuelto el dilema de si debe pactar o no con estas opciones. En España, por ejemplo, el PP ha llegado a acuerdos con Vox en aquellas instituciones en las que ha precisado sus votos. Y hay, hoy por hoy, pocas dudas de que Núñez Feijóo pactará con la extrema derecha en caso de que necesite a sus diputados para ser investido presidente del Gobierno. En Alemania fue clave que Angela Merkel criticara un cierto flirteo de su partido con la AfD para que el entonces candidato Merz acabara rechazando un eventual acuerdo con los ‘ultras’. Con todo, hay que recordar que el líder alemán ha asumido parte de las políticas ultraconservadoras, sobre todo en materia de gestión de la inmigración. Y eso plantea un segundo debate: ¿es ético que, para frenar el auge de la derecha más extrema, los partidos asuman parte de sus postulados?

El fuerte ascenso del nacional-populismo ha ido prácticamente en paralelo a la caída de una izquierda, principalmente socialdemócrata, que no ha sabido leer bien el momento que vivimos. Mientras la derecha y la extrema derecha han sabido conectar muy bien con el miedo de unas sociedades cambiantes a marchas aceleradas, la izquierda no ha sido capaz de articular un mensaje de esperanza y de mejora en el futuro. Por ello, la recuperación de estos partidos se producirá, entre otros motivos, si los dirigentes de estas formaciones son capaces de renovar el contrato social que las sucesivas crisis de los últimos años han roto. Unas crisis que han disparado las desigualdades -los ricos cada vez son más ricos y los pobres cada vez más pobres- y que han provocado que una parte de la población, enfurismada con la clase política, haya apostado por unas opciones que, lejos de resolver sus problemas, le da una (falsa) seguridad. Este nuevo contrato social debería poner en el centro aquellos elementos que garantizan la igualdad de oportunidades: la educación, la sanidad, los servicios sociales y, sobre todo, el acceso a la vivienda.

Por cuestiones políticas y geográficas, Pedro Sánchez y Keir Starmer son, hoy en día, los máximos exponentes de la socialdemocracia europea. Si bien es cierto que ambos comparten una vocación europeísta, la realidad es que responden a patrones bien diferentes.

A diferencia de Starmer, el presidente español puede abanderar que sus reformas han situado a España en unas cifras de empleo sin precedentes y que su apuesta por el estado del bienestar –con la asignatura pendiente de la vivienda- ha sido notoria. La gestión del líder laborista, en cambio, es bastante menos lucida: ha impulsado recortes en servicios públicos y ayudas sociales que no han reflotado una economía que ha quedado muy tocada tras el Brexit. De lo que puede hacer gala Starmer es de que gobierna con mayoría absoluta en el Parlamento -aunque ha tenido que dar marcha atrás en algunas propuestas por la posición defendida por los diputados más progresistas de su grupo-, una suerte que no tiene Sánchez, que debe pactar cualquier ley con los múltiples partidos que facilitaron su investidura.

La principal diferencia entre ambos radica en la gestión de las personas que vienen de otros países: mientras el presidente español ha defendido que el progreso de nuestro país está vinculado, entre otras cuestiones, a la inmigración, el líder laborista ha articulado, en este ámbito, un discurso prácticamente idéntico al de la extrema derecha. ¿Con qué objetivo? Frenar el auge que pronostican las encuestas del líder extremista y xenófobo Nigel Farage.

Sánchez y Starmer responden a paradigmas muy diferentes de entender la izquierda. Su éxito no sólo está ligado al futuro de su país, sino también a la capacidad de sembrar la semilla de la socialdemocracia europea del futuro. Las urnas, cuando haya comicios, tendrán la última palabra.

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Precisamente, sobre la irrupción de la tecnología en todas las esferas sociales, fenómenos como la covid-19, la DANA de Valencia o los recientes incendios en varias zonas de nuestro país han sido un recordatorio de que quien salva vidas; protege terrenos, hogares o establecimientos; cuida a los colectivos más vulnerables; o vela por la salud física, mental o psicológica de quienes lo han perdido todo son personas: desde los bomberos, los agentes rurales y/o forestales y los policías a los servicios de emergencia, los psicólogos o los médicos pasando por los transportistas o los profesionales que mantienen limpios los pabellones donde permanece la ciudadanía que ha sido evacuada. Es evidente que los avances tecnológicos y la digitalización de diferentes procesos facilitan (y mucho) su tarea, pero únicamente con las máquinas no iríamos a ningún sitio. Las crisis sanitarias o ecológicas de los últimos tiempos son la prueba de que el individualismo que generan las redes sociales y que propugnan determinados grupos políticos responde a una realidad falaz.

Sin embargo, resulta evidente, al mismo tiempo, que el auge de lluvias torrenciales, calores extremos o fuertes vientos debería hacer replantearnos nuestro paradigma de crecimiento económico y, consecuentemente, nuestro modelo de vida.

Aparte de la constatación de que el ser humano es más frágil de lo que parece en apariencia, también hay otro factor que explica la fuerte virulencia de los incendios: la falta de inversión y los recortes en materia de prevención por parte de las administraciones públicas y, muy especialmente, de aquellas en las que Vox tiene la llave de la gobernabilidad. O, dicho de otra manera, la asunción, por parte de los gobiernos locales y autonómicos del PP, de buena parte de la agenda política de la extrema derecha con el fin de asegurarse la aprobación de sus proyectos o de sus presupuestos. Y no estamos hablando únicamente de la agenda verde, sino también de cuestiones como las políticas sociales o migratorias. Una agenda y unas políticas que sitúan a los populares cada vez más a la derecha. Y ya se sabe que la población entre el original y la copia suele escoger el primero.

Paradójicamente, quien saca más rédito del malestar social que se genera en este tipo de situaciones dramáticas son formaciones como Vox. Formaciones que, en otras palabras, canalizan las crecientes críticas a la clase política (como si ellos no formaran parte de ella) y que se erigen, con propuestas populistas, autoritarias y a menudo fuera de la realidad, como la única opción capaz de cambiar el sistema de arriba abajo y de «garantizar» una vida digna a la ciudadanía.

Al PP, a pesar de la fuga de votos al partido de Abascal, el auge de la desafección política no le va mal porque suele ser un factor que desmoviliza a los votantes progresistas. En cambio, para las fuerzas de izquierdas la desconexión de la ciudadanía de las instituciones públicas acostumbra a tener consecuencias muy nefastas.

Por ello, soy de los que piensa que, a pesar de ser relevante que las formaciones progresistas señalen la vinculación entre el aumento de los incendios, el cambio climático y los recortes económicos de los ejecutivos conservadores, no constituye éste un elemento suficiente para erigirse en alternativa de cara a los comicios locales y autonómicos. En este sentido, a mi entender, es fundamental que estas organizaciones trabajen para frenar la distancia cada vez mayor que existe entre los cargos públicos y los electores, eviten caer en un ruido cada vez más estéril, y apuesten por una política constructiva, creíble y resolutiva que escuche los problemas que tiene la ciudadanía. Una política, en otras palabras, pedagógica y con capacidad de afrontar los retos que tiene la población. De lo contrario, la irresponsabilidad política que hemos visto estos últimos días a raíz de los incendios tendrá más números de ser premiada en las urnas. Y seguiremos igual… o peor.

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Este era el caso de Joan Callau (Santa Coloma de Queralt, 1959), alcalde de Sant Adrià de Besòs entre 2013 y 2021, que nos ha dejado hoy. Era una de las figuras políticas que me venían a la cabeza cuando oía a personas de mi entorno enarbolar discursos contrarios a la política democrática. Siempre pensaba: «Qué lástima que no conozcan a Joan».

Nos conocimos a mediados del año 2021. Él ya no era alcalde de Sant Adrià de Besòs, pero mantenía intacta su vocación por la política y por el servicio público. Poco a poco fuimos trabando una relación de amistad que ha durado hasta el día hoy. Imagino que nos ha unido compartir un mismo anhelo de modelo de sociedad así como la pasión por los libros.

Uno de los rasgos característicos que mejor lo definían era el uso que hacía de las redes sociales. En un momento en que lo que predomina es la exaltación del yo, Joan, en cambio, aprovechaba espacios como X o Facebook para recomendar lecturas o para compartir artículos de prensa que le parecían interesantes. Pocas horas después de que se haya hecho público su traspaso, algunos usuarios de las redes sociales han remarcado que echarán en falta sus recomendaciones diarias. Yo también. Quizás, y sólo es una idea, una buena forma de recordarlo será manteniendo esta tradición.

Otra de las características que mejor lo definían (y que más pude admirar de él) fue su combate contra la indiferencia. Joan, en este sentido, no fue una persona que se pusiera nunca de perfil. En un contexto de liquidez, él representaba la solidez de las convicciones y de los valores. Unas convicciones y unos valores que contribuyeron a mantener vivo el proyecto socialista en Cataluña en los peores momentos del proceso independentista.

Se sentía un ciudadano del mundo al que le preocupaba lo que pasaba en Sant Adrià, su ciudad, pero también lo que ocurría en Ucrania, Gaza o en determinadas franjas geográficas de África. Por este motivo, utilizaba también las redes sociales para denunciar continuamente las decisiones que tomaban autócratas como Putin, Netanyahu o Trump. Su fuerte empatía venía de un humanismo que hacía que le angustiara el sufrimiento que sentían las personas que sufrían injusticias o las que tenían menos oportunidades. Quizá esto explica porque siempre se opuso a las políticas nacionalistas; entendía que llevadas al extremo generaban división, odio y resentimiento. Sólo hay que ver cómo está el mundo actualmente para darle la razón.

Sin embargo, fue, diría, la fusión de esta vertiente humanista con sus convicciones socialistas lo que le llevó a comprometerse con la política local. Como alcalde luchó por reducir las fuertes desigualdades en Sant Adrià y por combatir los prejuicios y estereotipos del municipio. Lo hizo siempre teniendo presente el histórico lema de «Libertad, igualdad y fraternidad» (siempre lo ha tenido colgado en el perfil de sus redes sociales) y sin perder nunca la proximidad y la dedicación plena a sus vecinas y a sus vecinos.

Ser alcalde de cualquier ciudad siempre es complicado, pero siempre le decía a Joan que liderar un municipio como Sant Adrià tenía el doble de mérito por las necesidades y los retos que requería la localidad. Él, con su modestia y su humildad habituales, solía restarle importancia.

Joan Callau ha dejado un fuerte vacío entre quienes lo queríamos y apreciábamos. Echaremos en falta su sentido del humor (solía repetir que la ironía es la mejor herramienta para combatir los fanatismos), su afabilidad y, sobre todo, sus reflexiones sobre el devenir político y social de unas sociedades que necesitarán figuras políticas como él si quieren avanzar en el progreso por el que él trabajó tanto.

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Por poner un ejemplo conocido: hace unas semanas el Barça presentó al portero Joan García como nuevo jugador del equipo azulgrana tras pagar al Espanyol 25 millones de euros. No es, ni mucho menos, de los fichajes más caros que se han hecho en las principales ligas europeas. Son 25 millones para un portero, ciertamente, de mucha calidad. Con todo, y como cualquier otro futbolista, sus tareas y sus deberes, que podrían resumirse en asistir a los entrenamientos, estar físicamente preparado para cuando el técnico lo convoca y jugar bien durante los enfrentamientos, son de responsabilidad menor respecto a otras profesiones.

En ningún caso resta mérito a su labor, pero comprenderán que tiene muchas más obligaciones e impacto sobre el día a día de la población el presidente de una comunidad autónoma (el ejemplo de la DANA de Valencia es la prueba más evidente), el mandatario de un país (miren las últimas decisiones adoptadas por Trump), los médicos de un hospital, los maestros de una escuela o los periodistas de un diario.

Además, fíjense si la cifra es desorbitada o irreal que ninguna persona de clase media o trabajadora llegará nunca a ver tanto dinero en su vida aunque cotice todos los años que le corresponden. En otras palabras: 25 millones de euros sólo está al alcance de unos pocos.

Hay quien podría responder que el fútbol mueve un número muy elevado de seguidores y aficionados y que, por tanto, necesita preservar los elementos que lo hacen especial, como el mercado de fichajes y la pugna continua entre los diferentes clubes para ver quién pone más dinero sobre la mesa por los futbolistas de mayor calidad.

No seré yo quien niegue este aliciente a los socios y fans, pero este tira y afloja propio del mercado estival podría darse igualmente si todas las entidades aceptaran reducir sustancialmente las cantidades económicas que pagan y moverse en las cifras en las que se sitúa la inmensa mayoría de ciudadanos y empresas. No tiene ningún sentido, desde el punto de vista económico, que mientras en España 2,4 millones de personas cobran el Salario Mínimo Interprofesional (SMI), un equipo le pague a otro 25 millones de euros por un jugador. Y aún menos desde el punto de vista ético, ya que, según las Naciones Unidas, 1.100 millones de personas viven en situación de pobreza extrema en el mundo.

En todo caso, no soy ingenuo y sé que esta situación, lejos de arreglarse, irá a más en los próximos años, ya que son demasiadas las manos que participan en estas operaciones millonarias: los jugadores, sus representantes legales, los equipos, los patrocinadores, empresas externas…

Sin embargo, el fútbol, como actividad física mundial y de masas con unos valores, es mucho más que el dinero. Hay tres casos que son muy paradigmáticos en este sentido: el primero es el del Paris Saint-Germain, que ha ganado la Liga de Campeones después de haber invertido (o de haberse gastado, depende de cómo se mire) más de 2.000 millones de euros en las últimas temporadas. ¿Le ha salido a cuenta al equipo francés? ¿Tiene alma un proyecto deportivo basado principalmente en estrellas y grandes fichajes? ¿Cuál es el límite económico (y ético) para ganar títulos?

El segundo caso, y en contraposición a conjuntos como el del PSG, lo encontramos en el Mirandés, un club con uno de los presupuestos más modestos de la categoría de plata del fútbol español que se quedó a las puertas de primera división.

Y, finalmente, está el caso de los equipos más humildes del fútbol catalán (Sant Andreu, Sabadell, Nàstic…), que han sido capaces de movilizar y animar a todo un barrio o toda una ciudad. La fuerte afluencia de vecinos, sobre todo en el tramo final de la temporada, demuestra que, como todo en esta vida, los recursos económicos son importantes, pero que no lo son todo.

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Su actitud y las declaraciones de sus principales responsables han ido siempre en la misma línea: condenar la agresión y ofrecer ayuda militar y humanitaria al país presidido por VolodímirZelenski. Las continuas visitas de jefes de gobierno a Kiev o a otros municipios ucranianos que han sufrido el horror de la guerra evidencian que este compromiso se alargará hasta que un acuerdo justo de paz sea una realidad.

Además, buena parte de las capitales y de las grandes ciudades del continente han acogido a refugiados procedentes del país invadido porque han entendido que era una cuestión de solidaridad, fraternidad y humanidad ante un ataque sin precedentes a las puertas de la Unión Europea. La respuesta política comunitaria, teniendo en cuenta la situación de conflicto bélico, las aspiraciones imperialistas e imprevisibles del presidente ruso y las contradicciones propias de sociedades cada vez más complejas, ha sido bastante notable. La prueba más evidente de este hecho es que, sin la ayuda occidental, hoy Putin controlaría buena parte del territorio ucraniano.

Por el contrario, y teniendo presente la definición que ofrece el diccionario de la palabra “indiferencia”, se puede asegurar que un grueso importante de la clase política del continente ha mostrado poco interés por la situación de sufrimiento o desesperación por la que están pasando centenares de miles de palestinos en Gaza. Unos palestinos que ven con sus propios ojos cómo las bombas israelíes están matando a sus familiares y cómo la falta de comida o de medicamentos está condenando a muchos niños a la malnutrición o a la muerte.

Es cierto que el injustificado y mortífero ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023 contra población israelí ha sido el desencadenante de la actual situación, pero nada explica o avala una respuesta política como la que tiene el ejecutivo ultraconservador y extremista de Netanyahu, y menos hacia población civil. El odio sólo engendra más odio.

En todo caso, es una realidad que desde hace demasiados meses nos hemos acostumbrado a ver en directo a través de los informativos televisivos el genocidio que está llevando a cabo el primer ministro israelí. Las imágenes que aparecen en nuestros plasmas, no obstante, han tenido un efecto prácticamente imperceptible en el mostrador político internacional y en la actitud de buena parte de los máximos responsables de las administraciones comunitarias.

Es decir, muchos lamentan la situación que sufren los palestinos, pero no ponen sobre la mesa medidas plausibles que paren los pies a Netanyahu. El mismo sentido de la humanidad, solidaridad y apoyo que han mostrado figuras como Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, hacia Ucrania ha brillado por su ausencia en Gaza.

Lo resumía bien JosepBorrell la semana pasada tras recibir un prestigioso galardón: “Europa tiene capacidad y medios no sólo para protestar, sino para influir en la conducta. Y no lo hace. Suministramos la mitad de las bombas que caen sobre Gaza. Y si de verdad creemos que hay demasiados muertos, la respuesta natural sería suministrar menos armas y utilizar la palanca del acuerdo de asociación para exigir que se respete el derecho internacional humanitario y no sólo lamentar que no se haga.”

Putin, pese al apoyo de varias autocracias, ha fracasado en su mal llamada “operación militar especial” en Ucrania. Netanyahu, en cambio, se siente impune (también gracias al apoyo de Trump) para hacer lo que quiera con la población que (sobre)vive en la Franja.

¿La diferencia entre los dos casos? El papel de las instituciones y de los gobiernos europeos. El flirteo con la indiferencia tiene consecuencias para las personas y, muy especialmente, para aquellas que no tienen ni voz ni voto. Más vale que los líderes europeístas tomen nota antes de que sea -si es que ya no lo es- demasiado tarde.

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He pensado en este hecho leyendo Mi dolor, un libro escrito por la periodista rusa Katerina Gordéieva que contiene el testimonio sobre cómo vivieron o, mejor dicho, sobre cómo se les hundió la vida a más de una treintena de ciudadanos ucranianos después de que Vladímir Putin decidiera invadir su país en 2022.

La mayor parte de estas personas, originarias de municipios como Mariúpol, Kiev, Khárkiv o Irpín, han perdido familiares directos; sufren lesiones graves; han experimentado el infierno con sus propios ojos después de estar semanas y semanas en sótanos de edificios sin agua ni comida; o han visto como su hogar, símbolo máximo de su proyecto vital, ha sido destruido por las llamas. Está pronto dicho. Algunos se han refugiado en ciudades europeas o rusas y otros han preferido quedarse en Ucrania porque quieren defenderse ante los injustificados bombardeos o orque no quieren marcharse del país donde han vivido siempre.

Señalaba la anécdota futbolística porque una parte de los testimonios recogidos en el libro son originarios de Donetsk, una provincia ucraniana a quien Putin reconoció -sin legitimidad alguna- su independencia como República Popular en 2022. El mandatario, gracias a su propaganda, ha convencido a buena parte de la población prorusa de esta zona de que, con Ucrania, su modelo de prosperidad estaba en peligro. Así lo expresa Galina Lvovna, vecina de Donetsk que actualmente vive en Rusia: «Nosotros esperábamos que viniera Rusia, lo soportábamos, enterrábamos a nuestros hijos con la esperanza de que llegaría el mundo ruso…».

Me preguntaba, en este sentido si Lvovna, su familia u otros entrevistados de esta área geográfica estaban ese día en el campo viendo el Xakhtar-Barça. Un partido de fútbol que representaba antes del inicio de la guerra (para algunos empieza en 2014, para otros en 2022) la normalidad de un país cuya ciudadanía iba al teatro, viajaba de vacaciones a Mariúpol por sus bonitas playas o, simplemente, vivía con la tranquilidad de saber que la paz sobre la que se fundamentaba su paradigma vital duraría para siempre. En otras palabras, su vida era feliz. Una felicidad que ahora se ha transformado en dolor u odio: «Nuestros hijos odiarán a sus hijos. Y así hasta siete generaciones. Y no podemos hacer nada. Todo lo malo que han hecho no se puede perdonar», remarca Ielena, una bailarina originaria de Dnipró que actualmente vive en Italia.

Sus voces, muchas de ellas impactantes, son la demostración de que toda guerra tiene una dimensión humana, y que detrás de cualquier acción militar siempre hay una población civil que se ve afectada. Es prematuro indicar qué desenlace le espera a este conflicto bélico, pero lo que está claro, a día de hoy, es que el presidente ruso y sus ambiciones imperialistas han cercenado centenares de miles de familias ucranianas, pero también algunas rusas.

Es interesante porque Gordéieva no sólo ofrece un fuerte pluralismo social, político y geográfico de los testigos entrevistados, sino que también da voz a las familias de los soldados rusos. Muchos fueron enviados a la guerra sin ni siquiera saberlo y buena parte de su entorno familiar sufre porque no recibe información por su parte ni de las autoridades. Ira, una de las madres, expresa el sentimiento de algunas de ellas: «Por cada palabra, por cada pregunta de una madre, te amenazan con la cárcel o con el desprecio público. Pero tendrán que declarar traidora a cada una de nosotras.»

El papel de la autora tampoco es fácil. Muchos de los protagonistas la ven con recelo, cuando no con antipatía, por el hecho de haber nacido en Rusia a pesar de que Gordéieva siempre se ha opuesto a la invasión. El libro es, a pesar del dolor que rezuma, un llamamiento a la esperanza por un futuro de paz y convivencia. Un futuro que únicamente llegará si Putin pierde la guerra, ya que será el mejor antídoto para evitar que otras personas tengan que sufrir el dolor que han sufrido los testimonios del libro y tantas y tantas otras familias.

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El primero es Catalanisme o nacionalisme, del veterano periodista Rafael Jorba. Es una recopilación de artículos que, aunque fue publicado en el año 2004, presenta algunos elementos que están plenamente vigentes. Dicho de otro modo, una de las cuestiones que más me ha interesado del libro es que, a pesar de los cambios políticos y sociales, los elementos de fondo son prácticamente los mismos.

Rafael Jorba remarca que el catalanismo «no ha sido históricamente nacionalista – cuando menos en su corriente mayoritaria- y que puede ser hoy un antídoto contra los nacionalismos excluyentes que levantan el vuelo en este tercer milenio», y que ha sido «el mínimo denominador común de los partidos catalanes y ha propugnado, además, un proyecto alternativo y plural de España». El periodista igualadino, además, añade que es urgente la recuperación de este mínimo consenso. Este es uno de los elementos centrales del texto porque sintetiza la política catalana de las últimas décadas y, al mismo tiempo, porque demuestra que los debates han variado poco desde entonces. Es cierto, no obstante, que la transformación del nacionalismo en independentismo y que las consecuencias del procés dificultan el logro de este punto de unión, pero, al mismo tiempo, evidencian la necesidad imperiosa de alcanzarlo.

Este mínimo denominador común parece hoy en día imposible y, a mi entender, sólo se conseguirá, teniendo en cuenta la actual aritmética, si el socialismo catalán es capaz de preservar la centralidad política, si el independentismo entiende que el elemento que puede unir a una amplia mayoría de ciudadanos es un autogobierno más fuerte, y si el PPC ve que la unidad española adquiere sentido únicamente desde el reconocimiento a un pluralismo social, lingüístico y cultural que en Cataluña, en buena medida, representa el catalanismo. Este debate, tal y como señalaba Jorba, debe hacerse sin exclusiones ni apriorismos.

El libro, asimismo, aborda otras cuestiones que podrían haber sido escritas en la actualidad como la importancia de la culminación federal del Estado, la relevancia de la Carta Magna como un punto de encuentro («esta fórmula de convivencia, basada en una ciudadanía compartida, pide que la Constitución no sea utilizada como arma política contra aquel que piensa diferente») o su anhelo -también el mío- que la nación pase a ser una cuestión del ámbito privado y que, en todo caso, lo que articule la convivencia sean los derechos y los deberes.

A los lectores que no hayan leído esta compilación de artículos les querría alentar a comprarla por un último motivo: aporta elementos de reflexión en torno a dos temáticas muy actuales: la lengua y la inmigración. («Es necesario que los partidos democráticos suscriban un pacto de Estado que impida el uso partidista de los retos y los problemas que plantea la nueva ola migratoria»).

El segundo ensayo que querría recomendarlos es Autocracia S.A., de Anne Applebaum. La escritora norteamericana aborda, con todo tipo de detalle, el funcionamiento de los países que tienen un ejecutivo autocrático (Rusia, Irán, Corea del Norte, China, Venezuela, Bielorrusia…). Applebaum ejemplifica de forma detallada cómo las estructuras gubernamentales de estos estados se alían y se ayudan entre sí a todos los niveles para, en palabras suyas, «privar a sus ciudadanos de cualquier influencia real o voz pública, de oponerse a cualquier forma de transparencia o rendición de cuentas y de reprimir a quien los desafíe dentro o fuera del país». Lo más curioso, por no decir preocupante, de todo ello es que el único aliciente que mueve a estos gobernantes es permanecer en el poder a cualquier precio (pérdida de vidas humanas incluidas), enriquecerse al máximo y/o desprestigiar continuamente a las sociedades liberales.

Cuando acabé de leer Autocracia S.A. tuve dos sensaciones: la primera es que, a pesar de algunos déficits, los europeos tenemos la suerte de vivir en democracias bastante sólidas y, la segunda, que aquellos partidos comprometidos con los valores democráticos tienen el deber de unirse para buscar fórmulas que limiten las políticas autocráticas (la respuesta a la invasión rusa de Ucrania es el ejemplo más claro). En todo caso, ¡feliz Sant Jordi!

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El covid-19 supuso un punto de inflexión muy importante. Como en todas partes, hubo dirigentes políticos que estuvieron a la altura y otros que se vieron superados por las circunstancias adversas con las que tenían que trabajar o que aprovecharon para enriquecerse. Así es el ser humano.

Poco nos podíamos imaginar entonces que Rusia invadiría Ucrania, que Hamás mataría a más de 1.000 ciudadanos israelíes, que Netanyahu llevaría a cabo un genocidio en Gaza (más de 46.000 muertos), que el País Valenciano sufriría una DANA inédita, que la UE se encontraría al límite a raíz del ascenso de formaciones extremistas y populistas o que Donald Trump volvería a la Casa Blanca.

En todo caso, a la vista de este panorama, resulta evidente que algo falla cuando, en un contexto mundial de inestabilidad y de incertidumbre, la mayor parte de los líderes políticos defienden unos postulados que oscilan entre la irresponsabilidad y la venganza.

El problema es que algunos de estos dirigentes públicos han pasado de ser percibidos como una minoría ruidosa que propugna unas ideas excéntricas a convertirse en el eje central del sistema político de su comunidad. Con todo, hay que evitar caer en generalizaciones, ya que hay políticos con una enorme capacidad y vocación para ejercer su tarea. Políticos que, desde el respeto a la diversidad social y con la convicción de que el servicio público no es otra cosa que la capacidad de forjar acuerdos entre diferentes, trabajan para mejorar y facilitar la vida de sus conciudadanos. De ejemplos hay muchos y diversos: desde los alcaldes y las alcaldesas (de varias formaciones políticas) de las localidades afectadas por la DANA a Salvador Illa o Aitor Esteban pasando por Angela Merkel, Joan Baldoví o Bernie Sanders.

Precisamente, aquellas opciones políticas que más irradian irresponsabilidad o venganza son las que desean (y trabajan) para que se coloquen todos los cargos públicos en un mismo saco con el fin de situarse ellos como la única alternativa que garantiza la libertad y los derechos. Por eso, precisamente, es tan relevante que tanto los líderes políticos responsables y rigurosos como los medios de comunicación pongan en valor a los candidatos y a los dirigentes que hacen bien su trabajo porque de lo contrario todo acabará absorbido por el virus de la antipolítica.

En todo caso, el problema actual es que una buena parte de los gobiernos regionales y estatales europeos, imbuidos por la fuerza y las políticas de la extrema derecha, han sucumbido a la irresponsabilidad política. Una irresponsabilidad que, lejos de ser castigada en las urnas, en ocasiones es premiada. Es el caso, sin ir más lejos, de la gestión de Díaz Ayuso de las residencias de ancianos durante la pandemia. Y ya veremos si el PP valenciano mantiene, por la misma regla de tres, la presidencia autonómica en las elecciones de 2027. La gran consecuencia de la irresponsabilidad es que los propios políticos acaban perdiendo de vista la dimensión pública de su tarea. Y esta concepción del poder perjudica a aquellos servidores públicos que, con mejor o menor acierto, intentan servir correctamente a sus conciudadanos.

El otro gran paradigma político actual es el de la venganza. Es lo que ha hecho Netanyahu con la población civil de Palestina o lo que está haciendo Donald Trump con el personal de la administración que no le es afín.

Este es el mundo en el que vivimos y, más allá de denunciar estas actitudes y conductas, la única herramienta que tenemos los demócratas es la capacidad de convencer a los votantes que confían en estos partidos de que los postulados de estas opciones, lejos de aportar seguridad, orden y certeza, lo que acaban llevando es más enfrentamiento, división y sufrimiento. Parece que a día de hoy no hay otro camino.

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El error de cálculo, tanto del partido de Feijóo como del de Puigdemont viene, sobre todo, por el hecho de que pensaron más en las consecuencias políticas de la derrota del ejecutivo que del contenido de las medidas del texto legal. En otras palabras, no calibraron del todo el hecho de que dos de las medidas del decreto, la revalorización de las pensiones y la bonificación de los precios del transporte público, afectaban al bolsillo de millones de personas. Y en política se puede jugar con prácticamente todo pero no con los recursos económicos de la ciudadanía. Sólo hay que echar un vistazo a las redes sociales o hablar con personas de los colectivos afectados para entender que la no convalidación de este decreto no fue una votación más de la legislatura.

Soy de los que piensa que marcó un punto de inflexión. Está por ver, sin embargo, hacia dónde. Supongo que en el núcleo duro del líder del PP pensaron que la votación, en caso de que el partido de Puigdemont la rechazara, serviría para evidenciar la fragilidad parlamentaria del gobierno español. En Junts per Catalunya, en cambio, con su voto contrario, querían demostrar que las amenazas del presidente de su formación iban en serio. Es evidente que la no aprobación del decreto mostró la fragilidad política del bloque de la investidura y el hecho de que el gobierno central se tenga que replantear cómo afrontar el futuro de la legislatura, pero vista la reacción social parece que han perdido mucho más el Partido Popular y Junts per Catalunya.

Las dos fuerzas conservadoras se afanaron rápidamente, visto el error de cálculo, en hacer declaraciones a los medios de comunicación para dejar bien claro que ellos estaban a favor de la revalorización de las pensiones y de la rebaja del transporte público. Incluso los populares, emulando la recogida de firmas contra el Estatuto, pusieron en marcha una campaña de firmas para demostrar su apoyo a los pensionistas. A veces, la realidad política supera la ficción. Con todo, lo más interesante de aquella jornada parlamentaria es que quedó patente la impotencia tanto de Puigdemont como de Feijóo: uno por no haber llegado a la presidencia del Gobierno de España y el otro por no haber sido reelegido presidente de la Generalitat. En el primer caso, el líder conservador corre el riesgo de ser percibido para la ciudadanía como un político que se mueve entre el pasado y un futuro que no acaba de llegar. Dicho de otra manera, el presidente del PP bascula entre repetir constantemente que ganó las elecciones y la necesidad permanente de celebrar unas nuevas para ver si ahora con Vox suma mayoría absoluta. En un momento dado pareció que Feijóo quería acercarse al PNV y a Junts per Catalunya para alejarse de la extrema derecha, pero las declaraciones subidas de tono de Miguel Tellado y otros responsables de la formación hacen presagiar que, en un futuro a corto y medio plazo, es muy difícil un entendimiento con los nacionalistas vascos.

Y todo ello sin tener en cuenta el peso de Isabel Díaz Ayuso y del PP de Madrid… En cuanto a Puigdemont, él se pensaba que, tras las elecciones autonómicas del año pasado, Pedro Sánchez forzaría al entonces candidato Salvador Illa a abstenerse en una investidura para que gobernara Junts y, en consecuencia, que el presidente español disfrutaría de una mayor estabilidad en el Congreso de los Diputados. O, dicho de otra manera, el líder y máxima figura de la formación heredera del espacio post-convergente aún no ha acabado de asumir que su fuerza política no preside la máxima institución del país. Por ello, su estrategia actual está tan focalizada en la desestabilización del nuevo gobierno catalán.

En todo caso, como suele ocurrir en votaciones como la del decreto ómnibus ahora ya es cuestión del relato y de la capacidad de cada formación de imponer el suyo. Eso sí, queda en el aire saber si Junts per Catalunya repetirá (con PP y Vox) una operación política similar en el futuro más inmediato.

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Esta situación, ciertamente, es imaginada, pero parte de la premisa real de que en las ciudades hay bancos o elementos del espacio público donde hay basura que la gente deja. Estoy seguro de que algún lector que esté leyendo este artículo habrá visto algo parecido con sus propios ojos. Es cierto, y vale la pena remarcarlo, que estamos hablando de comportamientos y conductas minoritarias, pero que tienen un impacto negativo en la convivencia y en la calidad del espacio público de las localidades.

En líneas generales, la limpieza del espacio que compartimos suele ser una cuestión que preocupa al conjunto de la ciudadanía. Así lo reflejan los barómetros municipales de las grandes ciudades. Porque a nadie le gusta pasearse, por ejemplo, por unas calles o unas plazas llenas de suciedad. En este tipo de situaciones el ciudadano suele exigir una mayor limpieza por parte de los servicios de su ayuntamiento. Y es cierto que en algunas ocasiones determinadas ciudades o pueblos necesitan mejoras o cambios en el servicio de limpieza. Pero no nos engañemos: por mucho que un consistorio duplique o triplique su inversión en esta materia, si un colectivo minoritario continúa con sus prácticas incívicas, ese municipio seguirá teniendo siempre sus calles un poco sucias y, en este caso, la responsabilidad no será de la clase política.

Lo señalo porque desde hace un cierto tiempo hemos tendido a centrifugar la responsabilidad de cualquier problema ciudadano en las personas que ostentan cargos de gobierno, en este caso de carácter municipal. Hemos acabado integrando aquella vieja idea promovida por opciones políticas ultraconservadoras de que los políticos sólo son fuente de conflictos. Y, por eso, ahora en Valencia estas formaciones han hecho correr la conocida frase de «Solo el pueblo salva al pueblo». Como cualquier dificultad o problemática en esta vida, todo es mucho más poliédrico que el blanco o negro que defienden estos partidos.

Es cierto que en determinadas localidades las políticas y los planes impulsados en materia de reciclaje y limpieza no han funcionado como se preveía y, por tanto, en estos casos la ciudadanía es la que debe valorar si la gestión local merece un cambio o no. Pero es falaz pensar, en un tema como este, que el problema viene únicamente de las decisiones de los responsables políticos. En una cuestión de administración compleja como esta son necesarias, seguramente, mayores campañas de sensibilización social.

En una ocasión, una veterana alcaldesa de un pequeño municipio me explicó que todo iría mejor si viéramos la superficie de las calles que nos rodean como parte de nuestra vivienda. De esta manera, subrayaba, si velamos por tener limpio nuestro piso, haremos lo mismo con el espacio público que nos rodea.

En cualquier caso, pienso que el problema de fondo viene, sobre todo, del hecho de que hemos perdido de vista, como sociedad, que además de tener unos derechos también tenemos unos deberes. Unos deberes que son inherentes al hecho de vivir en una comunidad de ciudadanos que ha hecho del civismo la mejor garantía para tener calles limpias y arregladas y, en consecuencia, para garantizar una cierta paz social.

Al fin y al cabo, los deberes, en una sociedad democrática como la nuestra no dejan de ser la clave para que los demás puedan ejercer sus derechos con plena libertad. Por lo tanto, los derechos y los deberes son términos que si no van de la mano tienen poco sentido. Asimismo, sería necesaria una reflexión ciudadana y política sobre las consecuencias de todo ello, ya que quien saca más rédito del incumplimiento de los deberes y, en consecuencia, quien señala con más fuerza que otros colectivos no pueden ejercer sus derechos son las fuerzas políticas de extrema derecha. Para pensar en ello y buscar soluciones realistas ante una realidad que cada vez es más compleja.

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Señalo todo esto porque desde hace un tiempo -quizás hay que retroceder hasta el 15M-, y a la vista de los resultados de los sucesivos procesos electorales, la desafección política se ha instalado en la vida pública española. Quizás el síntoma más evidente (y más angustioso) de esta deriva es el aumento de formaciones políticas extremistas y nacional-populistas que hacen una enmienda a la totalidad a los consensos democráticos de las últimas décadas y que anhelan el retorno a sistemas autoritarios del pasado; el auge, promovido por estas opciones, del insulto y la descalificación hacia quien piensa diferente y de noticias falsas que buscan que el sistema salte por los aires; la sensación de que los partidos más tradicionales no ofrecen respuesta a los retos actuales; y el aprovechamiento, por parte de las fuerzas de derecha y extrema derecha, del desencanto y de la sensación de abandono para profundizar aún más en la actual dinámica de polarización política y convertir el debate público, que debería ser un ágora de contraposición de argumentos, en un espacio que se asemeja más a un ring de boxeo o a un campo de fútbol.

Otro de los indicios, en este caso positivo, de esta nueva situación es el incremento de la oferta política y, en consecuencia, un mayor pluralismo, lo que en la práctica dificulta la gobernabilidad en la mayoría de administraciones públicas, pero que al mismo tiempo obliga a las diferentes formaciones democráticas a armonizar posturas y a llegar a un mínimo de acuerdos.

En este contexto, desde hace algunos años algunas voces intelectuales defienden la necesidad de renovar el contrato político y social forjado con el retorno de la democracia. Un nuevo gran acuerdo, ciertamente, que debe construirse sobre las bases de un consenso entre las fuerzas políticas, la ciudadanía, los agentes económicos y sociales y la sociedad civil, y que debe buscar volver a unir una parte importante de población con las instituciones públicas.

La devastación que provocó la DANA en la provincia de Valencia es el último gran ejemplo sobre la necesidad imperiosa de que se forje este gran consenso. Una de las patas de este contrato debería ser reforzar y afianzar el papel de las instituciones públicas. Como se ha visto, por ejemplo, en la gestión de la crisis de los aguaceros en Valencia, es importante el papel de la ciudadanía, pero quien tiene la legitimidad y el deber de liderar, coordinar y dirigir las acciones a llevar a cabo son las administraciones.

Por otra parte, y no está de más recordarlo, una de las grandezas y fortalezas de la democracia es que los líderes políticos se someten periódicamente a la evaluación pública, por lo que la ciudadanía siempre puede mostrar su conformidad o disconformidad hacia su gestión o propuestas en unos comicios.

Son varias las patas que debería tener este pacto, pero hay dos imprescindibles: el reforzamiento y la mejora de los servicios públicos (con la pandemia y la DANA ha quedado patente que sin ellos no somos nada); y la lucha contra el cambio climático (nos va en ello el presente y el futuro como puede verse con los últimos fenómenos meteorológicos).

Soy consciente de la dificultad de la empresa, vista la crispación existente y las mayorías parlamentarias en el Congreso, pero las fuerzas políticas democráticas, especialmente las progresistas, tienen el deber de liderar cambios ordenados y transformadores si no quieren que la antipolítica lo embarre todo.

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Las palabras de la dirigente conservadora alemana son altamente preocupantes porque evidencian que, a día de hoy, el proyecto europeo corre el riesgo de desaparecer si esta es la deriva que se impone en los años que vienen. En este sentido, no está de más recordar que el plan migratorio propugnado por la mandataria italiana contraviene uno de los valores sobre los cuales nació y pivota la Unión Europa y que no es otro que la inviolabilidad de la dignidad humana.

Con todo, lo más alarmante de esta medida controvertida, pero también del conjunto del debate migratorio, es el marco que se emplea para abordarlo. Es decir, lo más grave no son las políticas adoptadas, sino los prismáticos que se utilizan para llegar a la conclusión de que aquella política es la mejor solución para combatir la inmigración. Dicho de otro modo, actualmente una parte importante de la clase política europea (y los resultados de las últimas elecciones comunitarias lo avalan) habla de los inmigrantes como si estos fueran una mercancía que se tiene que expulsar o trasladar a otros puntos del país o del continente porque, según defienden, solo aportarán elementos negativos. Obvian, premeditadamente, que muchos de ellos lo han dejado todo y se han jugado la vida para intentar tener lo que cualquier persona anhela: un futuro mejor.

Resulta evidente, en este sentido, que ningún ser humano deja su hogar y a su familia si percibe que en su comunidad o en su país tiene un horizonte de progreso, bienestar y prosperidad. Y, desgraciadamente, los que finalmente llegan a un país europeo y tienen la opción de emprender una nueva vida allí reciben el rechazo, cuando no el odio, de una parte de la ciudadanía que se hace sede el discurso extremista y falaz de las formaciones ultraconservadoras.

Por otro lado, y no menos importante, cuando se aborda esta temática se suelen pasar por alto dos elementos: el primero es que la población de origen extranjero suele llevar a cabo las tareas o los trabajos que los autóctonos no queremos hacer (desde trabajar en el sector de la construcción o cuidar a personas mayores pasando por limpiar domicilios u oficinas); y el segundo es que la inmensa mayoría de estudios elaborados aseguran que necesitaremos a la inmigración para revertir la bajada demográfica que está sufriendo Europa si queremos mantener el actual modelo de vida.

¿Y cuál es el papel de la izquierda en todo este debate público? Soy del parecer de que estos sectores políticos se equivocan cuando enfatizan la importancia de endurecer las fronteras. Sin ir más lejos, es lo que está ocurriendo en Alemania. Por este motivo, no está de más recordar que justamente el proyecto comunitario nació para derribar los muros y para crear un espacio de derechos y libertades que destacara, precisamente, por unir la diversidad social, política, religiosa, cultural y lingüística de los Estados que lo componían.

Por eso, precisamente, los líderes progresistas no solo se tienen que oponer a las políticas de Meloni, sino que tienen que capitanear la construcción de una nueva narrativa política y social que tiene que pivotar sobre diferentes patas: una mayor redistribución de la riqueza (cuando esta no existe tienden a crecer las desigualdades y a aumentar los adeptos al discurso contrario a la inmigración); la integración de los recién llegados (la administración tiene que garantizar que pueden acceder a todos los servicios públicos y que tienen los mismos derechos, deberes y oportunidades que los ciudadanos nacidos aquí); una apuesta por la convivencia y la paz social (hay que reconocer el pluralismo existente y explicar de forma pedagógica todo lo que aportan a nuestra sociedad los ciudadanos venidos otros puntos geográficos); y, finalmente, una mayor inversión pública en los países de origen para que estas personas no tengan que irse de su casa para emprender su proyecto de vida.

En conclusión, la izquierda tiene que vertebrar una alternativa de modelo en esta materia si no quiere quedar absorbida por el marco mental de unas fuerzas políticas conservadoras que están cada vez más a la derecha y que ponen en peligro el paradigma de convivencia entre diferentes que ha ayudado a construir la Unión Europea.

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La unidad no debe entenderse como la uniformidad sino como la capacidad entre diferentes de ponerse de acuerdo con una serie mínima de elementos y, en consecuencia, como la fórmula para tratar de impedir que las opciones políticas ultraconservadoras lleguen al poder. Sin embargo, querer evitar que las formaciones de extrema derecha accedan a las administraciones públicas es una condición necesaria pero insuficiente, puesto que lo que realmente puede conseguir que en un futuro estos partidos tengan menos peso político es la capacidad de articular un programa de gobierno ambicioso que haga frente al principal problema que tienen en la actualidad las democracias liberales y que es el aumento desbocado de las desigualdades.

Los tiempos políticos actuales, aunque parezca paradójico viendo determinadas conductas públicas, requieren enormes dosis de generosidad y unidad. En este sentido, el caso actual quizás más flagrante es el francés. Pienso que Macron se ha equivocado escogiendo al conservador Michel Barnier como nuevo primer ministro del país. El presidente francés ha tomado una decisión legítima, pero en mi opinión equivocada por tres motivos: el primero es que ha obviado los resultados electorales (la familia política de la que procede el exnegociador del Brexit sólo tiene una cincuentena de diputados mientras que quien ganó las elecciones, la coalición de izquierdas, sacó 182); el segundo es que ha dado un papel y una relevancia política al Reagrupamiento Nacional de Marine Le Pen que pudo evitarse; y el tercero, y consecuencia del segundo, es que ha evitado recordar que su formación y las de izquierdas habían sido generosas y retirado candidatos de cara a la segunda vuelta de los comicios para evitar un triunfo de la extrema derecha.

Es cierto, sin embargo, y vale la pena subrayarlo, que la actitud de algunos candidatos del Nuevo Frente Popular, sobre todo aquellos provenientes del espacio político de la Francia Insumisa, no ha ayudado nada, pero habría sido más acertado y con mayor proyección a largo plazo que Macron hubiera nombrado alguna figura de perfil moderado, socialdemócrata o reformista del frente progresista como primer ministro del país. Una figura con capacidad de llegar a acuerdos con el resto de grupos de la Asamblea Nacional y con vocación por reducir la fuerte polarización que vive el país. Evidentemente, como paso previo tanto los macronistas como la candidatura de izquierdas deberían haber acordado un mínimo programa de gobierno. En cualquier caso, resulta evidente que ha carecido de generosidad. Pero lo que parece más claro, en estos momentos, es que el mandatario francés ha antepuesto salvar su carrera política por encima de frenar el auge de la formación que preside Le Pen y, en consecuencia, darle gasolina política de cara a las presidenciales del año 2027.

Sin embargo, y levantando ya la mirada al conjunto del continente europeo, se hace muy difícil preservar una mínima unidad política cuando la mayor parte de los partidos de matriz conservadora o democristiana están haciéndose suyos los postulados de la extrema derecha en cuestiones primordiales, desde el punto de vista humanitario, político y ético, como son la migratoria o la capacidad de integrar socialmente a las personas que llegan de otros lugares del mundo, o permitiendo la entrada de estas formaciones en los gobiernos locales, regionales y estatales.

Es probable que el camino de la generosidad, que no deja de ser el esfuerzo político de mirar lo que une a un partido con sus adversarios, sea un trayecto menos atractivo para las formaciones, pero a la larga es lo que garantiza la continuidad y el buen funcionamiento de las instituciones públicas. Sería bueno que las opciones políticas que defienden los valores democráticos no lo perdieran de vista si se quiere evitar otro caso como el francés.

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Y, ciertamente, esto es el verano. Pero sólo es una vertiente del verano. Una vertiente con la que, ciertamente, me siento bastante identificado porque siempre me ha gustado viajar y conocer otras realidades, pero que, sin embargo, no se puede reducir ni simplificar únicamente a eso. En otros términos, el verano, como cualquier otra cuestión social o económica, es una realidad mucho más plural, diversa y poliédrica. Una realidad como una biblioteca pública de Barcelona llena de usuarios a mediados de agosto. Una biblioteca en la que, por ejemplo, hay personas mayores que no tienen aire acondicionado en su domicilio y que van a leer el periódico; estudiantes que están preparando la selectividad o unas oposiciones y que no tienen el espacio o las condiciones en casa para concentrarse; niños cuyos padres no tienen ingresos económicos suficientes para ni siquiera irse unos días fuera; familias que acuden para utilizar un ordenador, ya que no pueden permitirse comprar uno; o simplemente conciudadanos que utilizan este espacio público como refugio climático.

Esta dimensión de la realidad, a menudo obviada o minimizada en los medios de comunicación, forma parte también de cómo vive el período estival una parte de la ciudadanía. Una parte de la ciudadanía que, a pesar de tener menor incidencia en el debate público y mediático que la que puede disfrutar de unas vacaciones fuera de su domicilio, también forma parte de nuestra comunidad y, por tanto, que necesita que la administración pública le garantice unos servicios públicos de calidad como el resto del año. De lo contrario, esto mermaría la cohesión social, agravaría unas desigualdades ya muy disparadas y alejaría la cultura a unos colectivos que, ya de por sí, por cuestiones socioeconómicas, tienen un difícil acceso.

En un momento en que en Cataluña y en todas partes están creciendo los discursos nacional-populistas y extremistas, hay que velar por que los poderes públicos sigan garantizando este tipo de servicios, sobre todo pensando en las capas sociales más invisibles de nuestra sociedad. Unos servicios públicos, por otra parte que, paradójicamente, toman protagonismo político cuando el gobierno competente los elimina o suprime. Basta recordar, en este sentido, que se da la coincidencia de que aquellas opciones políticas, como Aliança Catalana, que más alertan sobre el «peligro» que corre su comunidad, serían las primeras que, con la pretendida defensa de la nación por encima de todo, pondrían, precisamente, en peligro el acceso a los equipamientos públicos, y especialmente a los del ámbito cultural.

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La situación de cierta deslegitimación que está sufriendo el candidato del PSC, curiosamente, no se produjo ni con la investidura de Artur Mas, Carles Puigdemont o Quim Torra. Con ellos al frente del ejecutivo autonómico estaba garantizado el futuro y el progreso de Catalunya. Con Pere Aragonès ya no fue lo mismo, porque Junts había quedado por detrás de ERC, por lo que hicieron sudar tinta china al candidato republicano para demostrarle que si no presidían ellos el Consell Executiu, Catalunya no avanzaba ni tan bien ni tan rápido hacia la secesión. Incluso, el partido de Puigdemont salió del gobierno catalán pensando que en los siguientes comicios recuperaría la hegemonía en el campo soberanista y podría liderar un ejecutivo de matriz independentista sin problemas. Pero eso, como es sabido, no ha sucedido. Si bien es cierto todo esto, también hay que recordar que ERC limitó mucho sus opciones de gobierno después de acordar, junto al resto de fuerzas secesionistas, que no pactaría ningún ejecutivo con los socialistas tras los comicios del 14-F.

En cualquier caso, la conclusión es clara: si gobierna o, mejor dicho, si manda Junts, Catalunya va de forma espléndida. En cambio, si otros obtienen la confianza de la ciudadanía y del Parlament para gobernar el país, entonces estos son unos «traidores», unos «botiflers«, «unos malos catalanes» y «unos españolistas».

Además, es preciso tener presente, a diferencia de otros tiempos, que hoy en día las redes sociales suelen amplificar todos estos mensajes. Y, en una situación política inédita como la actual, los seguidores y votantes independentistas más irredentos tienden a multiplicar sus consignas, lo que provoca la sensación de vivir en un país que realmente no existe.

Se ha escrito y debatido mucho sobre los retos más urgentes que tendrá el gobierno de Illa y la oposición que deberá fiscalizar su acción política. Sin embargo, hay uno del que a menudo no se habla y es, precisamente, sobre el que pivotarán todas sus futuras políticas públicas. Y éste no es otro que la importancia de recuperar un debate político sereno, respetuoso, civilizado, que entienda que las diferencias se resuelven desde la palabra y la deliberación y no desde el ataque personal o identitario. Quienes también tienen una gran responsabilidad en esta labor son los medios de comunicación y, muy especialmente, los públicos, que tienen el deber cívico de contribuir a la configuración de un clima político más habitable y donde las diferencias no supongan un muro, sino una constatación del pluralismo y de la diversidad y, por tanto, de la relevancia de alcanzar acuerdos que contribuyan a la paz social.

Sin embargo, en caso de prosperar el camino que dictaron las urnas el 12-M, sería ingenuo pensar que será sencillo. Al contrario, hay múltiples organizaciones políticas y sociales que anhelan que descarrile. Declaraciones como las de Laura Borràs en las que señala que «ERC ha cambiado de bando» son un claro ejemplo, y eso que Illa aún no ha sido nombrado presidente.

En todo caso, y visto el panorama político, será primordial que el futuro gobierno catalán tenga enormes dosis de audacia y diálogo y, sobre todo, de paciencia e inteligencia política para pasar página a una etapa que ha enturbiado la convivencia y para poner punto final a una concepción patrimonialista del poder que es todo menos democrática.

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En este sentido, soy de los que piensa que la línea divisoria de la clase política de los próximos años, más allá del tradicional eje izquierda-derecha, será entre transigentes e intransigentes. O dicho de otro modo: entre cargos electos que se creen poseídos por la verdad absoluta (con el peligro que esto supone para las sociedades a las que representan) o los que, a pesar de defender unas ideas y trabajar por unos ideales, creen que para dar estabilidad a las instituciones públicas es necesario hablar, negociar y llegar a acuerdos para alcanzar unos objetivos compartidos. Esto no quita, sin embargo, que con colectivos como Vox o Aliança Catalana es necesario poner una línea roja y evitar cualquier tipo de transacción porque su discurso contra la inmigración y contra la convivencia entre diferentes es un peligro para el desarrollo de una comunidad con valores democráticos.

Sin embargo, y volviendo a la cuestión inicial, es evidente que la desaparición de las mayorías absolutas y los necesarios acuerdos entre diferentes partidos suelen ir en detrimento de la estabilidad que necesitan las administraciones para funcionar con cierta normalidad. Es curioso, en este sentido, porque los ciudadanos exigimos instituciones fuertes, pero al mismo tiempo anhelamos que se respete la diversidad surgida de las urnas. ¿Son compatibles los dos elementos? Les pondré diferentes ejemplos recientes.

Un caso es el del actual gobierno español, donde la aritmética parlamentaria obliga a Pedro Sánchez a negociar cualquier iniciativa legislativa con los múltiples grupos que apoyaron su investidura. Esta dinámica, en mi opinión, es positiva porque provoca que el ejecutivo incorpore enmiendas y aportaciones de otras formaciones. Sin embargo, esta situación va en detrimento de la necesaria estabilidad que requiere cualquier ejecutivo para sacar adelante su programa de gobierno. Cabe decir que en este caso se añade un elemento específico y es el hecho de que en determinadas negociaciones los grupos independentistas catalanes confunden la gimnasia con la magnesia, lo que resta credibilidad a la política porque el ciudadano percibe que hay partidos que hablan siempre de las mismas carpetas con independencia de que los temas sean económicos, fiscales, sociales o medioambientales.

Otro caso paradigmático es el de MarianoRajoy cuando era presidente del gobierno y disfrutaba de una mayoría absoluta que le permitía gobernar sin necesitar otros apoyos. Una de las críticas que se le hacía -y con razón- era que no tenía en cuenta al resto de grupos políticos del hemiciclo y, por tanto, que obviaba que la oposición también representaba una parte importante de la ciudadanía española.

Asimismo, es muy paradigmático el caso de Catalunya, donde las sucesivas mayorías parlamentarias independentistas -en la práctica no lo eran- eran casi una enmienda a la totalidad a la aceptación que había media Cataluña que no comulgaba con sus postulados. En cambio, quizás el caso actual que mejor representa la necesaria síntesis entre la estabilidad y el pluralismo es el acuerdo firmado hace unos días en el País Vasco entre el PNV y el PSE. Es un pacto que suma mayoría absoluta y que tiene en cuenta las distintas almas que coexisten en Euskadi. No sé si éste es el camino a seguir en Catalunya, pero estoy seguro de que muchos ciudadanos firmaríamos un acuerdo de gobierno que recogiera esta estabilidad y este pluralismo.

Así pues, ¡aurrea!

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Lo constaté hace unos días en una conversación informal con unos amigos en la que la inmensa mayoría de ellos afirmó que no sabía ni siquiera si iría a votar. Esta dinámica puede deberse a diferentes elementos: la percepción que, independientemente de depositar o no la papeleta en la urna, su situación ni mejorará ni empeorará; la sensación de lejanía de las instituciones comunitarias; el desconocimiento y la falta de información sobre la acción política de la Eurocámara; la poca información que dedican los medios de comunicación a lo que ocurre en Bruselas…

Es una constante repetir que éstas son las elecciones más importantes de los últimos años. Pero éstas realmente lo son. Y lo son por un motivo fundamental: la ciudadanía determinará si cree que tiene utilidad política un proyecto que es capaz de derribar fronteras para unir y buscar denominadores comunes de personas que pertenecen a distintos países, hablan diferentes lenguas, profesan distintas religiones, tienen rasgos culturales muy divergentes…

La historia de la Unión Europea, a pesar del fracaso en algunas materias (la migratoria es un ejemplo de ello), es una historia eminentemente de éxito. Ha sido capaz de poner de acuerdo a familias políticas tan distintas como son la democristiana y la socialdemócrata (y más recientemente la liberal o la de los verdes). Sin embargo, en los últimos años el mal precedente del Brexit y los acuerdos regionales y estatales de formaciones conservadoras con fuerzas políticas de extrema derecha o euroescépticas hacen saltar todas las alarmas sobre la propia continuidad de las instituciones comunitarias. El hecho de que estos últimos partidos defiendan derogar principios básicos de la construcción europea como la unión en la diversidad o una gestión responsable del pluralismo y el hecho de que estos grupos puedan tener un papel primordial en la negociación de la futura Comisión Europea hace presagiar que el voto ciudadano será más importante que nunca porque decantará claramente las mayorías e, incluso, porque marcará la continuidad de la Unión tal y como la hemos conocido hasta ahora.

Todo esto, además, sin tener en cuenta un elemento de especial relevancia como es la invasión rusa de Ucrania. Si bien es cierto que el presidente Zelenski ha reclamado a los países europeos y a las instituciones comunitarias más recursos económicos y militares para luchar contra la agresión de Putin, también lo es que la Unión Europea se ha tomado muy en serio esta guerra (mucho más que la tragedia humanitaria de Palestina). Lo señalo porque es una gran incógnita saber cuál sería la política de seguridad y defensa de una alianza entre la derecha y la extrema derecha. Mi sensación es que dejaría de apoyar a Ucrania (no debemos perder de vista que buena parte de los partidos ultranacionalistas apuestan por debilitar el proyecto europeo en detrimento de una mayor soberanía de los estados), lo que tendría terribles consecuencias para el país y el continente.

Por otra parte, en España el PP quiere convertir estos comicios en una suerte de plebiscito sobre la acción política del gobierno Sánchez. Es una realidad, y cada vez mayor, que cualquier cita electoral tiene una lectura en clave estatal. ¿Pero de qué sirve convertir unas elecciones tan relevantes en una segunda, tercera o cuarta vuelta de las elecciones generales? Es cierto que de los comicios europeos pueden salir más perjudicados los partidos que están en el ejecutivo, pero pensar que una lectura nacional de las elecciones permitirá encontrar soluciones a retos cada vez más complejos como la inmigración, la lucha contra el cambio climático o la desinformación es hacerse trampas en el solitario.

Y lo peor es que esto únicamente da alas a las opciones políticas que no creen ni en la política como instrumento para resolver los problemas ni en Europa como un gran espacio de derechos y prosperidad.

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Por este motivo, aviso de entrada al lector de que en este breve ensayo no identificará ninguna novedad política desconocida ni nada que sea extraordinario. Y es que, precisamente, la grandeza de este texto radica en que, sin decir que sea nada del otro mundo, Puig apela a una forma de entender la vida en comunidad que, en un contexto como el actual, suena a revolucionaria. El también exsenador habla de valores como el respeto, la pluralidad, el diálogo, el acuerdo, la cooperación o el entendimiento. También de la palabra, de la que dice que, frente al grito, la ofensa o el insulto, es la que sirve para superar los conflictos, y para construir puentes y después cruzarlos. O de los peligros de la división. En este sentido, recuerda que de muy joven comprendió que «una sociedad dividida era capaz de causar la muerte entre vecinos, antiguos alumnos de colegio, o entre compañeros que boxeaban juntos en un gimnasio».

Del ensayo querría resaltar dos cuestiones. La primera es la concepción que el expresidente autonómico tiene del autogobierno valenciano. Y es que Puig entiende la Generalitat como una institución con un bagaje y un trasfondo histórico, pero que adquiere pleno sentido político si es capaz de generar bienestar social, impulsar el modelo productivo y generar cohesión territorial. Es decir, el ex líder valenciano no entiende el autogobierno como una herramienta para apelar a un pasado histórico glorioso, pero tampoco como una mera gestoría. Me atrevería a decir que lo ve como un pacto cívico entre ciudadanos sobre una serie de derechos y deberes. En sus palabras, defiende que «el Estatuto de Autonomía se ha convertido en una realidad mucho más trascendente y transformadora que aquella primera expresión medieval de convivir juntos entre el Sénia y el Segura. Hoy el autogobierno es más que una bandera, más que un himno, más que un mapa. El autogobierno es una palanca de progreso, una garantía de derechos, un instrumento útil para vivir mejores, con mayores cuotas de libertad, igualdad y solidaridad.»

El segundo elemento que quisiera resaltar es su apuesta por el federalismo. No es ninguna novedad, puesto que ha sido una de sus banderas políticas. Él hace un llamamiento a una gestión del «poder más polifónica, más policéntrica y con menos dictados.» Quizás esta legislatura, dado el fuerte acento territorial que tiene desde su inicio, debería permitir un debate sereno y sosegado sobre, por ejemplo, una eventual descentralización de algunas instituciones del Estado. Sin embargo, me temo que habrá otras prioridades más importantes y que este debate quedará relegado en la agenda pública. Es cierto, asimismo, que tampoco ayudan a las actuales mayorías políticas ni la distribución del poder territorial autonómico.

Al mismo tiempo, Puig habla de la necesidad de modificar el actual modelo de financiación autonómica y recuerda que la Comunidad Valenciana sufre una «infrafinanciación injusta, crónica y desproporcionada» de 1.300 millones de euros anuales. Es una lástima que ni Puigdemont, ni Torra, ni Aragonés hayan aprovechado la oportunidad de sumar esfuerzos con él para intentar resolver esta cuestión o, al menos, para coordinar estrategias y situar este tema en la agenda política. Ahora en campaña electoral todo son promesas, pero la realidad es que no han hecho apenas nada en este ámbito durante sus presidencias. En cualquier caso, el próximo presidente de la Generalitat deberá abordar esta cuestión. Y lo peor es que lo hará en un contexto político mucho menos propicio que hace un año. En fin… esperemos que después del 12M se imponga, como defiende Puig, el diálogo, escuchar, la negociación, el pacto y, sobre todo, el entendimiento. Nos jugamos el futuro… y la esperanza.

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Por el contrario, el crecimiento desbocado de noticias falsas y desinformación está provocando que, paradójicamente, estemos menos informados que nunca. Sin embargo, no tengo por objetivo centrar este artículo en esta cuestión. El objeto de estas líneas es poner de manifiesto que el imparable ascenso de las redes sociales es un factor que no está favoreciendo el funcionamiento de las democracias liberales. En otras palabras, nuestra dependencia de aplicaciones como Instagram, Twitter o TikTok, y la falta de mayor control democrático de las redes sociales está provocando que prácticamente todo sean eslóganes, fotos y vídeos y que se haya reducido mucho el contraste y el debate sobre las ideas políticas. Está claro que quienes salen más beneficiados de esta realidad son los partidos populistas, ya que tienden a simplificar y reducir mucho las soluciones a problemas muy complejos.

Por poner un ejemplo conocido: la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, obtuvo una mayoría absoluta tras reducir su campaña electoral al eslogan ‘comunismo o libertad’ y después de que su comunidad autónoma, como el resto de regiones y de países del mundo, hubieran salido de una pandemia con miles de víctimas mortales diarias.

Sin embargo, sería falaz atribuir únicamente el auge de formaciones de carácter populista a las redes sociales. También ha contribuido la incapacidad de los partidos de tradición más clásica a la hora de dar respuestas a los problemas de la ciudadanía, el aumento de la desafección política, el impacto social de las crisis más recientes o el crecimiento disparado de las desigualdades. Tampoco ha ayudado a la puesta en marcha de fórmulas tecnocráticas en determinados lugares del mundo. En Italia, por ejemplo, y pese a la experiencia política de Mario Draghi, la constitución de su ejecutivo no evitó que la ultraconservadora Giorgia Meloni acabara convirtiéndose en la primera ministra italiana.

Paradójicamente, y en paralelo a todo este magma, existe una ciudadanía dispuesta a escuchar propuestas políticas que ofrezcan, aunque sea desde el punto de vista teórico, soluciones a sus problemas. Lo hemos visto recientemente en las elecciones gallegas, donde buena parte del éxito del BNG ha sido centrar su campaña en cuestiones como la sanidad, la educación o la vivienda. Y esto no va a cambiar. Por eso, soy de los que piensa que la salida de esta crisis de las democracias liberales sólo vendrá de más y mejor política. De un reforzamiento de la (buena) política como instrumento para mejorar la calidad de vida de las personas. Porque no existe (buena) política sin ideas. Las ideas y propuestas son la base para las posteriores estrategias (y no al revés).

La actual incertidumbre exige que las fuerzas políticas, especialmente las que creen en el progreso y en los avances colectivos, ofrezcan un horizonte de futuro a 15 años vista. ¿Cómo quieren que sea su ciudad o su comunidad en 2040? ¿Qué proponen a sus vecinos para alcanzar ese objetivo? La construcción de esta perspectiva de futuro es una de las fórmulas para combatir aquellas opciones que se aprovechan de las rendijas del sistema político democrático y, por otro, para que la ciudadanía perciba que la política tiene una utilidad pública indispensable. Probablemente, uno de los grandes logros de Pasqual Maragall como alcalde de Barcelona fue la capacidad para construir un proyecto político a medio-largo plazo. Quizá sea la hora de recuperar ese espíritu. Es verdad que hace 30 años existían mayorías políticas mucho menos fragmentadas que ahora, pero el aumento de la pluralidad debe ser un estímulo para ofrecer propuestas que reúnan mayorías mucho más amplias.

No hay otra.

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Soy de los que piensa que los europeos tenemos un deber ético en ese ámbito. Lo justifican varios elementos, pero sobre todo uno: que hemos tenido la suerte de nacer en un continente que, pese a las dificultades y tensiones propias del tiempo que nos toca vivir, es sinónimo de prosperidad económica, estado del bienestar, derechos y libertades. Del mismo modo, las personas que han nacido en países como Sudán, Camerún o Senegal tampoco han escogido nacer en un entorno social y político que puede significar pobreza, miedo, hambre, carencia de oportunidades… Por eso, las instituciones públicas de los países europeos y las comunitarias, pero también la sociedad civil y la ciudadanía, tiene la responsabilidad de igualar las oportunidades que el código postal o el lugar de nacimiento han desequilibrado. Además, cabe recordar que el artículo 1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos indica que «todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos.»

Todo esto lo señalo después de días de escuchar y leer comentarios que vinculan delincuencia con inmigración y después de ver la lectura que determinados sectores independentistas han hecho del pacto alcanzado entre el PSOE y Junts para transferir las competencias de inmigración al gobierno catalán. Resulta evidente que la formación de Carles Puigdemont quería dos cosas: la primera, demostrar al electorado secesionista que negocia mejor que ERC y la segunda, y más peligrosa desde el punto de vista social y democrático, competir con Aliança Catalana en una materia tan sensible como la migratoria y donde lo que está en juego es la esperanza y la opción de progresar de tantas y tantas personas venidas de todas partes.

No es de sorprender la actuación política de Silvia Orriols en Ripoll. Está aplicando punto por punto el programa propio de un partido ultraconservador. Nada que sea distinto a Orbán o Trump. Lo más sorprendente es que a la vista de lo que podría ocurrir Junts no se sumara a una alianza con el resto de grupos políticos para evitar que Orriols se hiciera con la vara de alcaldesa el día de la constitución del consistorio. Ahora bien, dado que el pasado es el que es y no se puede modificar, a las formaciones políticas con representación en la capital del Ripollès sólo les queda la moción de censura como instrumento para evitar que la dramática situación que están sufriendo los vecinos, sobre todo los de origen extranjero, se prorrogue en el tiempo.

Hay quien ha escrito que parte del relato del proceso está degenerando en un discurso xenófobo y racista. A la vista están las declaraciones confusas y contradictorias de parte de los dirigentes de Junts en esta materia. En cualquier caso, es una realidad, teniendo en cuenta los hechos, que el ‘procés’ (como consecuencia de su fracaso político y de su carácter excluyente y divisivo) está pasando de señalar al que piensa diferente a poner el dedo en la llaga a esa parte de la sociedad que ha venido a Cataluña a ganarse la vida. Y, no perdamos de vista, haciendo a menudo tareas laborales que los nativos a menudo no queremos hacer, como trabajar en el sector de la construcción, cuidar a las personas mayores, limpiar habitaciones de hotel o fregar domicilios particulares.

En fin, la clave de todo ello está en aceptar Cataluña tal y como es; es decir, como una tierra plural, diversa, mestiza y plurilingüe o refugiarse en una Cataluña uniforme que, afortunadamente, ni existe ni existirá.

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Siempre he pensado que cuando uno va a ver un partido de fútbol sabe que existe la opción de que su equipo pierda. Es paradójico pero, precisamente, esta es la gracia de un sistema que se ha construido sobre la base de la victoria y la derrota y sobre la convicción colectiva de la aceptación de una y de otra. Además, es importante recordar que ganar o perder no es permanente: es efímero como prácticamente todo en esa vida.

Algo similar sucede en los sistemas políticos democráticos. Ahora bien, la gran diferencia entre el deporte y la política radica en que el insulto y el cuestionamiento de las reglas del juego es una práctica extendida desde hace mucho tiempo mientras que en el segundo ámbito estos fenómenos se están extendiendo como una mancha de aceite, lo que está provocando que muchas sociedades estén entrando en una espiral de difícil salida. Lo hemos visto en nuestro país, donde parte de los electores de PP y Vox creen que la investidura de Pedro Sánchez no fue legítima. O en Estados Unidos, donde Donald Trump sigue diciendo que la elección de Joe Biden fue un fraude electoral. Cataluña, en menor medida, tampoco se ha escapado de estas dinámicas: durante el proceso se ha cuestionado la legitimidad de determinadas elecciones (la más reciente la de Jaume Collboni como alcalde de Barcelona por no ser partidario de la secesión).

El crecimiento exponencial de fuerzas políticas ultraconservadoras y nacionalistas explica, en buena medida, el auge de este tipo de fenómenos políticos. Es un error que las formaciones clásicas, sobre todo las conservadoras, estén adoptando el lenguaje y las conductas que propugnan estos grupos políticos extremistas. Caer en la tentación del insulto y la descalificación, como hacen algunos aficionados del fútbol y cómo están haciendo, por ejemplo, PP y Vox en el ámbito doméstico, debilita, en el primer caso, el prestigio de este deporte como base para la cohesión social y el aprendizaje de valores, siendo demoledor, en el segundo caso, para la propia democracia. En la esfera política esto fortalece a los partidos que quieren erosionar o derogar la democracia. Unos partidos que, no lo perdamos de vista, convierten a los adversarios en enemigos, cuestionan la legitimidad de las instituciones públicas, y dificultan la búsqueda de soluciones a problemáticas cada vez más complejas y la convivencia entre diferentes.

En su libro La libertad democrática, el filósofo Daniel Innerarity señala que el aumento del odio “obedece a que la falta de un sentimiento de pertenencia hace que la sociedad se disperse en un archipiélago de grupos que buscan afirmarse independientemente de los demás, en el mejor de los casos y, en el peor, contra los demás”, pero remarca que “quizás nos permitamos odiar tanto porque sabemos que -por la solidez de nuestras instituciones, el Estado de Derecho o la amenaza del castigo de la ley- es muy improbable que ese desprecio mutuo desemboque en violencia.” Ojalá tenga razón y el odio no desemboque en violencia. Sin embargo, este 2024 tenemos el reto colectivo de poner remedio a esta espiral. Solo depende de nosotros. Las elecciones europeas y estadounidenses serán un buen termómetro para medirlo. ¡Ah, y ojalá el Girona gane la Liga!

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Por otra parte, la progresiva sustitución del progreso por el retroceso como vector social y político y el crecimiento de regímenes autoritarios e iliberales están comportando el aumento del gasto en defensa. En consecuencia, muchos países han incrementado, de forma muy clara, la partida económica destinada a esta materia a la hora de hacer frente a fenómenos cada vez más recurrentes como atentados terroristas, pero también para apoyar, por ejemplo, a Ucrania tras la invasión rusa. Ha sido, justamente, la guerra iniciada por Vladimir Putin la que ha provocado, según el Instituto Internacional de Estudios para la Paz de Estocolmo, el mayor incremento del gasto militar en Europa en los últimos 30 años. Sin embargo, soy de la gente que piensa que es un error el planteamiento que hace una parte de la izquierda española y europea en cuanto al envío de armas a este país de la Europa del Este. Es decir, es compatible, desde un punto de vista progresista, cuestionar e incluso reprobar el aumento de la militarización en el mundo y, al mismo tiempo, señalar que la ciudadanía ucraniana tiene derecho a defenderse de un ataque como el que está sufriendo y que, de forma indirecta, está evitando que el conflicto se extienda por el resto del continente.

El crecimiento de la munición es inquietante, porque implica que, 80 años después de la Segunda Guerra Mundial, la humanidad no ha sido capaz de sustituir del todo las armas por la palabra y el diálogo. O, dicho de otra forma, no hemos tenido el coraje de reemplazar definitivamente el odio y el resentimiento por el respeto al pluralismo y el entendimiento colectivo. Lo estamos viendo estos días con las imágenes que llegan de Palestina y de Israel. La religión, que debería ser un elemento de unión en la diversidad, se ha convertido, con el paso de los años, en un factor de división que, agudizado en las últimas semanas por los atentados de Hamás y por la respuesta absolutamente desproporcionada y vengativa del gobierno de Netanyahu, ha sido letal para la población civil. ¿Cuántas generaciones de israelíes y de palestinos pasarán, una vez se alcance una mínima paz, para que se puedan dar la mano y cicatrizar las heridas de sus antecesores?

Por eso y, a pesar de los avances, aspectos como el aumento del gasto militar o la incapacidad (o falta de voluntad) de muchos ejecutivos a la hora de gestionar asuntos como la llegada de personas refugiadas representan un fracaso colectivo que debería hacer reflexionar a las instituciones de carácter supranacional. Las elecciones del próximo año en el Parlamento Europeo marcarán, para bien o para mal, un punto de inflexión en esta materia. Por ahora, los comicios en España, con la derrota del bloque de PP y Vox, y el previsible nuevo gobierno liderado por el europeísta Donald Tusk en Polonia divisan un pequeño horizonte de esperanza antes de esa cita.

En juego hay muchas cuestiones, pero hay una que no es menor: si la derecha europea secunda la estrategia de establecer alianzas con la extrema derecha (tal y como defiende el líder del Partido Popular Europeo, Manfred Weber, y tal y como ha aplicado Núñez Feijóo en España) o bien si pone distancia y no acuerda la constitución de gobiernos (postura que propugnaba Angela Merkel). Será primordial ver qué visión se impone porque el proyecto europeo, más allá de las diferencias entre las izquierdas y las derechas, se ha construido sobre la base de grandes acuerdos entre socialdemócratas y conservadores, que han entendido que la preservación de este enorme espacio de derechos y libertades es básico para orientar un mundo que cada vez está más perdido.

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