A estas alturas resulta más que evidente que estamos afectados de lleno por una seria crisis para acceder a una vivienda digna. Una crisis que ya está condicionando la vida de muchas personas, sobre todo de los jóvenes que ven muy difícil poder emanciparse y construir su independencia. Ahora, si no hay otros hechos que contaminen el debate político, cosa difícil últimamente, la crisis del acceso a una vivienda digna está presente en los medios de comunicación, en las tertulias, en las cámaras legislativas y en la negociación de los diferentes presupuestos. Podemos pensar que ya era hora, pero no, el momento del debate social y la acción debería haber sido mucho antes. Como se dice popularmente, desgraciadamente nos ha cogido el toro.
Esta es una crisis anunciada desde hace tiempo, que se veía venir, que daba bastantes señales de alerta y a pesar de ello todos, todos los grupos políticos sin excepción se han puesto de perfil. Las señales de alerta eran, y están. La sostenida subida del precio del alquiler, que en estos momentos puede significar entre el 39-40% de los ingresos de la unidad familiar cuando la media europea es del 22-23%, la falta de vivienda para alquilar sobre todo en las grandes ciudades, los desahucios por falta de pago de la renta y el encarecimiento del precio de las viviendas y del crédito eran señales evidentes de que el problema estallaría.
Por otro lado el poco parque de vivienda se va desplazando de forma sostenida. Según el sindicato CCOO, cada año entre 40.000 y 50.000 viviendas con algún tipo de protección púbica pasan al mercado libre con una reposición de sólo 8.000 viviendas anuales de esta categoría. El gobierno ha anunciado que tiene la intención de acabar con el retorno al mercado libre de las viviendas promovidas con el esfuerzo de todos, manteniéndolas de forma permanente en el ámbito público. Esta medida ya se contenía en el artículo 16 de la citada ley estatal 12/2023, de 24 de mayo por el derecho a la vivienda pero su regulación fue declarada inconstitucional por sentencia del Tribunal Constitucional (TC) 79/2024, de 21 de mayo, por invasión competencial por parte del legislador. En consecuencia, y teniendo en cuenta que esta ley se aprobó con los votos en contra del PP, Vox, C ́s, PNV, Junts per Catalunya, PdeCat y Coalición Canaria creo que se impone un esfuerzo sincero por parte de todos de consensuar un texto que supere el control del TC y haga posible la medida de protección pública permanente de las viviendas.
Recomiendo la lectura del preámbulo, o justificación de motivos de la ley 12/2023 ya que ofrece una información valiosa y en relación a la pérdida de patrimonio público de vivienda dice:
«Valga el dato de que, del total de las viviendas construidas entre el año 1962 y el año 2020, el 31,5% fueron viviendas protegidas; es decir, unos 5,7 millones de viviendas que se promovieron al amparo de algún régimen de protección pública, pero que en su mayoría y a pesar del importante esfuerzo público que se hizo en su promoción y construcción, han dejado de estar sujetas, en plazos relativamente cortos, a ningún tipo de límite de venta o alquiler«.
Parque de viviendas públicas construidas, en su mayor parte durante la dictadura franquista, cuestión a reflexionar. Imaginemos pues, por un momento, lo que significaría disponer ahora de 5,7 millones de viviendas para ayudar a hacer efectivo el acceso a uno digno. Recordemos también hechos como la venta en el año 2013 de 1.806 viviendas públicas por parte del ayuntamiento de Madrid, siendo alcaldesa Ana Botella, al fondo de inversión Blackstone. Los vecinos iniciaron acciones legales, pero finalmente, en el año 2022, la Audiencia Provincial de Madrid falló declarando que venta había sido legal y sin ocasionar perjuicio a los inquilinos. Otra forma de drenaje de vivienda protegida de titularidad pública a favor del sector privado.
En el año 2023 se publicó el informe «La promoción de Viviendas en los Planes Estatales y en los Fondos Next Generation. La insuficiencia de instrumentos y presupuestos» obra de los profesores García Montalvo, Raya y Sala Roca editado por la Cátedra Vivienda y Futuro de la Universidad Pompeu Fabra y por la Asociación de Promotores Constructores de Edificios (APCE) y accesible por internet. Con relación a la política de vivienda en la nueva época democrática, se dice:
«Desde la óptica de la promoción de viviendas, cabe mencionar que en los primeros Planes los incentivos para fomentar alquiler de protección oficial fue residual. De hecho, el Plan Estatal de Vivienda de 1981 ni siquiera lo contempla, básicamente porque el punto focal estaba en continuar promoviendo el acceso a una vivienda en propiedad, fórmula ampliamente potenciada en España a lo largo de la segunda mitad del siglo XX, y los estímulos para conseguirlo no eran exclusivamente los que constan en los diferentes Planes sino que, a partir del año 1979, se complementan con medidas fiscales que hacían más atractivo el mercado inmobiliario de compra de viviendas» (Álvarez Borja, N., 2014: 53).
Y añade: «El resultado muestra que las viviendas protegidas construidas en España desde 1981 llegarían a 2,4 millones y, desde el comienzo de la democracia serían 3,3 millones. En Cataluña estas cifras alcanzarían las 214.000 y las 318.000 respectivamente. Pero sin duda el gran impulso de la vivienda de protección oficial se produjo durante los años 50 y 60 donde, en algún año, todas las viviendas construidas eran de protección oficial. El cómputo de viviendas de protección oficial desde 1960 suma 6,2 millones para el conjunto de España y 800.000 en el caso de Cataluña».
Hay que tener en cuenta los siguientes datos actuales: En España el parque de vivienda pública representa el 2,5% del total, cuando la media europea es del 9,3%. Concretamente en Francia el porcentaje de viviendas sociales de alquiler es del 16,8%, en el Reino Unido del 17,6%, en Suecia del 19% y arriba del podio, Países Bajos con el 30%. Una forma eficaz de influir en el mercado privado del alquiler de viviendas. Estamos muy atrasados y llegar a cifras similares significa años de políticas públicas sostenidas. En un reciente informe, el Banco de España estima el déficit de vivienda de alquiler social en 1,5 millones de viviendas para llegar a la media europea. En resumen, los poderes públicos han actuado con desidia y la ciudadanía no ha salido a la calle ha reivindicado este derecho básico, hasta ahora.
Carme Trilla, presidenta del Observatorio Metropolitano de la Vivienda de Barcelona y una autoridad en la materia, en la entrevista concedida a La Vanguardia digital el pasado 28 de octubre, sostiene que en la crisis de 2009 dejó de construirse vivienda y de haber crédito accesible. Añade que, además, esta crisis provocó problemas para atender los alquileres y las cuotas hipotecarias y los consiguientes desahucios. En el año 2017, con la recuperación económica, no había mercado suficiente de vivienda, ni facilidades de acceso al crédito. De los datos contenidos en el informe mencionado, se comprueba que desde el año 2013 se produce un importante descenso en la construcción de vivienda protegida. Otro dato a tener en cuenta es el incremento de la población catalana en 1.753.331 personas entre el año 2000 y el 2024 y por tanto en la correspondiente necesidad de disponer de viviendas dignas y accesibles.
En febrero de 2007, el presidente de la Generalitat José Montilla ya reconocía que «la vivienda es una de las principales preocupaciones especialmente para los jóvenes» y anunció, en el marco de un Plan Nacional para la Vivienda, la construcción de 50.000 viviendas protegidas, la mitad de ellas de alquiler. La crisis de 2009 no hizo posible este propósito. Podemos decir, pues, que al menos desde la segunda mitad de la década del 2000 las administraciones empiezan a tener constancia de que el acceso a una vivienda digna podría llegar a ser un grave problema, pero esta preocupación no se tradujo en efectivas políticas públicas. Pero es que, además, las administraciones se han dotado de unas instituciones de autocontrol con el fin de atender las quejas de los ciudadanos ante la mala actuación de las administraciones públicas: los Defensores del Pueblo o Síndics de Greuges. Estas instituciones de control también pueden actuar de oficio cuando observen mal funcionamiento de los servicios públicos o falta de respeto de los derechos de la ciudadanía. En los informes anuales de las instituciones Síndic de Greuges de Cataluña y Sindicatura de Greuges del Ayuntamiento de Barcelona se hacen referencias constantes a los problemas para hacer realidad el respeto al derecho a la disposición de una vivienda digna y de forma más constante y enérgica, durante la última década. El Síndic de Greuges de Cataluña, en el año 2007, elaboró un informe extraordinario titulado El Derecho a la vivienda: Obstáculos y límites.
ae trata de un informe de 93 páginas y donde se formulan 42 conclusiones y sugerencias entre las que se pueden destacar la necesidad de disponer más suelo, más vivienda social y más dotaciones financieras, estimular la oferta de viviendas de protección en régimen de alquiler concertando la actuación de los diferentes agentes públicos y privados que intervienen y contemplar la posibilidad de ejercer por parte de las administraciones los derechos de tanteo y retracto para incrementar el parque público de vivienda. En diciembre del año 2012, en Oviedo, e impulsados por los problemas derivados de la crisis económica, se celebró una reunión de las diferentes defensorías de España con el fin de tratar específicamente el derecho a disponer de una vivienda digna. Entre otras consideraciones, instan a los poderes públicos a promover el alquiler social de viviendas como alternativa al desahucio y poner en marcha de forma urgente el Fondo Social de Viviendas y dotarlo de los suficientes inmuebles para dar respuesta a los adquirentes de buena fe que sean desahuciados por causas sobrevenidas. En el año 2013, el Síndic de Greuges de Cataluña recordó a las administraciones que deben liderar e impulsar la construcción de viviendas sociales y no vender este patrimonio a terceros.
En el año 2015, en un nuevo encuentro de los defensores autonómicos, estos solicitaron a las administraciones públicas que incrementarán y reforzaran el parque de vivienda pública de alquiler ante el incremento de problemas debido a la crisis económica. En junio del año 2020 denunció la falta de recursos públicos para hacer frente a las necesidades de vivienda, denuncia que va reiterando a lo largo de los años siguientes haciendo también referencia a los problemas de salud física y psíquica que ocasiona la falta de vivienda digna.
Por su parte, la Sindicatura de Greuges del Ayuntamiento de Barcelona, en el informe correspondiente al año 2011, denunció con contundencia lo que consideró «una política errática de todos los poderes públicos en materia de vivienda», el elevado precio de los alquileres y la falta de recursos públicos. «Todo el mundo debe tener un alojamiento digno compatible con la condición humana», añade. En el año 2012 volvió a recordar que la oferta de vivienda «es ínfima para absorber la necesidad actual» y que la situación ha empeorado. En el año 2015 recomendó «planificar y priorizar presupuestariamente a través del consorcio y con la Generalitat la provisión de pisos destinados a políticas sociales de vivienda que permitan alcanzar el objetivo de solidaridad urbana del 15% de viviendas principales en Barcelona en el plazo de 20 años desde la entrada en vigor de la Ley catalana 18/2007, de 28 de diciembre del derecho de vivienda». En el año 2016 recordó que «reiteradamente desde el año 2005, se ha instado al Consejo Municipal a tomar iniciativas concretas y efectivas para la realización del derecho a la vivienda digna que ya en aquella época no se atendía suficientemente desde los recursos para los pisos de protección oficial». Más adelante también se recordó que sin vivienda no es posible «poder programar a medio y largo plazo las necesidades personales y familiares o cuando se obliga a hacer un esfuerzo económico desproporcionado». En definitiva no se pueden atender otros aspectos por una adecuada realización personal en los diferentes aspectos de la vida personal, profesional y familiar. En los informes correspondientes a los años 2017 y 2018 se destaca de manera especial, sobre otras cuestiones, la dificultad para acceder a una vivienda digna.
Estábamos avisados y vamos tarde.
En tanto no den resultado las políticas que se puedan poner en marcha habrá que encontrar soluciones imaginativas y sobre todo eficaces. Ahora mucho más complicado que cuando, ya hace unos años,entre todos depositábamos la confianza en el funcionamiento supuestamente espontáneo y natural del mercado. El mercado ha acabado dictando sus reglas del juego incrementando los sectores de población vulnerable. Es inaplazable un pacto de las fuerzas políticas y la colaboración de la iniciativa privada para afrontar un gravísimo problema que, afecta al derecho de las personas y también a la buena marcha general de la economía.
