Para hacer frente a esta nueva realidad, el Gobierno de la Generalitat ha puesto en marcha el Observatorio de la Inundabilidad, presidido por la catedrática de Física de la Atmósfera Carmen Llasat y formado por 25 expertos. Su objetivo es asesorar en la prevención de los riesgos provocados por las danas y las tormentas de gran intensidad.

Uno de los equipamientos críticos que hay que proteger de esta amenaza letal son los centros hospitalarios, donde los pacientes están privados de movilidad. El pasado mes de julio, una fuerte tormenta causó la inundación parcial del hospital comarcal del Alt Penedès, que tuvo que trasladar a los enfermos y permanecer cerrado durante tres semanas para poder reparar los desperfectos causados por el agua.

Con estos antecedentes, resulta inverosímil que tres administraciones locales –los ayuntamientos de Girona y la Seu d’Urgell y el Consell Comarcal del Baix Empordà– hayan propuesto la construcción de nuevos centros hospitalarios en zonas que la Agencia Catalana del Agua y la Confederación Hidrográfica del Ebro consideran inundables. La Generalitat, que es quien tiene que construirlos, ha aceptado, de momento, su tramitación.

Situados en este punto de la historia, y con las amargas experiencias que hemos vivido últimamente, hay que ser especialmente serios y responsables. No puede ser que por intereses políticos miopes se culmine la barbaridad de hacer estos tres hospitales en zonas con riesgo de inundación.

Las consejeras Olga Pané (Salud) y Sílvia Paneque (Territorio) tienen que pararlos de inmediato. También en Tortosa estaba previsto construir el nuevo hospital universitario en una zona inundable y, finalmente, se ha optado, con buen criterio, por cambiar su ubicación.

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Pero si algo hemos aprendido de Donald Trump es que es una persona caprichosa e inestable, que miente sin ningún pudor y que, por lo tanto, no es de fiar. Su supuesto “no intervencionismo” en la política internacional es, como podemos constatar, una falacia, y está permanentemente vulnerando y alterando el orden mundial, con un estilo grosero, provocador y autoritario.

El presidente de Estados Unidos ha decidido convertirse en el emperador de la Tierra y, esta vez, ya no engaña a nadie. Se ha cargado la tradición del Partido Republicano -que fue quién le apoyó–, ha destruido los equilibrios democráticos y sociales de su país y ha convertido el movimiento MAGA, que cuenta con ramificaciones internacionales, en su bastión político particular, al servicio de sus obsesiones y de su delirio imperialista.

No nos equivoquemos: MAGA es el partido nazi del siglo XXI y Donald Trump, si no le paramos los pies, quiere ser el nuevo führer planetario. Esta historia ya nos la conocemos y sabemos muy bien las catastróficas consecuencias que tuvo la condescendencia inicial de los países democráticos con Adolf Hitler.

La respuesta tiene que ser sencilla, clara y contundente: fascismo nunca más, ni aquí ni en ninguna parte. Por eso, hay que apoyar las movilizaciones cívicas que se están organizando en Estados Unidos contra la deriva tiránica de su presidente y combatir de cara a las filiales de MAGA que nos aparecen a escala local. En nuestro caso, Aliança Catalana y Vox.

En el avance de la civilización hacia una humanidad unida y fraternal, nos vuelve a aparecer el monstruo del fascismo. Hoy como ayer: cortémosle los pies y el cuello.

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La burla a la esencia democrática del club es inconmensurable. Se impide otra vez que los socios compromisarios puedan intervenir y preguntar, cara a cara, a la junta directiva, y se adultera la asamblea detrás de un opaco dispositivo telemático que nadie, más allá de Joan Laporta y de su círculo de confianza, puede controlar. En estas condiciones, la participación de los socios y el sentido de las votaciones pueden ser fácilmente alterados y manipulados.

Si exceptuamos la buena racha de resultados de la temporada pasada, gracias al entrenador Hansi Flick y a los jugadores salidos del plantel de la Masía, el balance de estos últimos cuatro años de Joan Laporta al frente del Barça es terrorífico e indigno de la historia centenaria del club azulgrana. La lista de despropósitos acumulados da asco, y solo el silencio cómplice de los grandes medios de comunicación catalanes explica que este abogado sin escrúpulos continúe en el cargo de presidente.

La deuda neta que a efectos de LaLiga dice Laporta que es de 469 millones, para los expertos es de 2.000 millones, si se resta el disponible (tesorería, clientes, etc.) de la deuda bruta actual de 2.600 millones. Además, se apunta como segura la posibilidad que Goldman Sachs imponga nuevas garantías en forma de retención de los ingresos de explotación del Spotify más allá de los 75 millones que, a partir de esta temporada, empieza a detraer obligatoriamente para el retorno del préstamo de 1.500 millones.

A este escenario hay que añadir el 25% menos de ingresos anuales de los derechos de TV de la Liga hasta el 2047, la imposibilidad de mejorar los ingresos de Nike hasta el 2038, con Spotify por el Naming Right hasta quién sabe cuándo –ya se está cociendo una prórroga gracias a la mediación de Darren Dein– y, entre otras fuentes de ingresos congeladas, como los asientos VIP por 30 años, el catering de todo el Espacio Barça cedido a favor de Aramark también por un periodo de tiempo no definido, a pesar de que se supone que ligado a su permanencia como accionista de Barça Produccions (antes Barça Vision).

Con los 157,7 millones también pendientes de deteriorar de la plusvalía fantasma (o sea falsa) de la operación con Sixth Street y los 45 millones de la multa de la UEFA, la deuda de Laporta roza el abismo, para desgracia para el Barça.

Las obras de reforma del Camp Nou que hace Limak llevan un año de retraso y ahora se ha destapado que la oferta que presentó la empresa turca al concurso convocado por el Barça era la peor. Además, Joan Laporta no les ha aplicado, de manera incomprensible e irresponsable, la penalización prevista de 1 millón de euros por cada día de retraso en la finalización del estadio.

El Barça lo gobierna hoy un reducido clan, formado por su familia, incluyendo a su excuñado, Alejandro Echevarría, y la familia de su jefa de gabinete, Manana Giorgadze. Todos los otros cargos que pululan por las oficinas del club son satélites de este núcleo sanguíneo de poder.

Hay que tener muy presente, también, la decisiva presencia de personajes turbios y tóxicos, ajenos a la estructura del club, que tienen una entrada y ascendencia directa sobre las decisiones de Joan Laporta. Destacan, en este sentido, el intermediario inglés Darren Dein, que se embolsó una comisión de 50 millones de euros en la operación del contrato con Nike, y el representante de jugadores Jorge Mendes, que controla el vestuario azulgrana e impone su voluntad.

Joan Laporta tiene una capacidad innata para atraer y hacer amistad con malhechores. Si en su anterior mandato se llenó los bolsillos, gracias al Barça y a su relación con Gulnara Karimova, hija del dictador corrupto de Uzbekistán -que acabó en prisión-, ahora le ha pasado lo mismo, pero en Azerbaiyán. Su gran amigo Adnan Ahmadzada, embajador internacional del Barça, ha sido arrestado por las autoridades de este país, acusado de una colosal estafa con el petróleo ruso. Ningún medio de comunicación catalán -salvo EL TRIANGLE– se ha hecho eco de este escándalo.

En este ambiente de amoralidad que rige en el Barça hay que añadir también el vergonzoso contrato de esponsorización, manchado de sangre y lágrimas, que Joan Laporta ha firmado con el gobierno de la República Democrática del Congo, un país devastado por la guerra y la miseria. Amnistía Internacional ha denunciado este acuerdo, que contempla el pago de 10 millones de euros anuales, a cambio que la camiseta de entrenamiento del Barça luzca el logo de este país africano.

El presidente Salvador Illa vivió en primera línea, como ministro de Sanidad, el drama del covid y la lucha titánica para hacerle frente. Las estrictas restricciones impuestas por el Gobierno para intentar restringir el contagio se levantaron, oficialmente, el 15 de diciembre del 2022, después del duro confinamiento que se impuso a la población.

Por eso, que el Barça de Joan Laporta se acoja todavía, tres años después, a las medidas extraordinarias que se establecieron en el marco de la pandemia para negar a los socios compromisarios una asamblea presencial es surrealista y absolutamente inaceptable. El presidente Illa no puede cerrar los ojos ante este enorme caos en que se ha convertido el Barça, la principal entidad deportiva de Cataluña y, de entrada, tiene que hacer anular, por improcedente, la convocatoria telemática de la asamblea de socios compromisarios.

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Ahora mismo, Cataluña tiene una urgencia perentoria: difundir y extender el uso de nuestra lengua para poder garantizar su vitalidad y continuidad a las generaciones futuras, por los siglos de los siglos. Solo hay que abrir los oídos para darnos cuenta que el uso social del catalán está en regresión, tal como señalan las encuestas.

Esto no es culpa de nadie. Tenemos una nueva realidad demográfica, que ayuda de manera decisiva a revitalizar la economía, pero los recién llegados no se han acostumbrado todavía a asumir y a emplear la lengua catalana como vehicular, en especial en las grandes aglomeraciones urbanas del país.

La oleada migratoria que tenemos en Cataluña es parecida, por su magnitud e impacto, a la que se produjo en los años 60-70 del siglo pasado. Buena parte de aquella migración aceptó y adoptó la lengua catalana, por múltiples razones. Una de ellas es que nuestra lengua había sido represaliada durante la dictadura y su aprendizaje y uso era una manera de reivindicar y defender la democracia.

El desafortunado proceso independentista, que intentó dividir y enfrentar a la sociedad, ha sido el principal enemigo del proceso de normalización del catalán. Se ha acabado extendiendo la sensación entre la gente castellanohablante y la recién llegada que el catalán es cosa de los indepes y esto ha producido y produce un daño terrible. Despolitizar radicalmente la lengua es el primer paso imprescindible para conseguir el bien supremo: recuperar e impulsar el uso del catalán en el día a día de nuestros pueblos y ciudades.

Conseguir el reconocimiento de la oficialidad del catalán en la Unión Europea es importante, pero no es determinante. Con la aplicación intensiva de la Inteligencia Artificial, las pesadas tareas de traducción desaparecerán y esto facilita la incorporación del catalán, del vasco y del gallego en el engranaje de la burocracia europea.

El combate que tenemos es otro: familiarizar el catalán entre la migración y hacerlo atractivo. Los grandes instrumentos que se desplegaron en la década de los años ochenta para conseguirlo (inmersión lingüística en las escuelas, TV3 y Catalunya Ràdio, Consorcio de Normalización Lingüística…) hoy, en la era de la digitalización y de las redes sociales, son totalmente insuficientes.

Ante esta evidencia, el Gobierno de la Generalitat ha impulsado, con buen criterio, el ambicioso Plan Nacional por la Lengua (PNL), con el objetivo de incorporar 600.000 catalanoparlantes en el horizonte del 2030. Pero esta tarea, titánica e imprescindible, nace coja: ni Junts x Catalunya, ni la CUP, ni Aliança Catalana, ni el PP (con la loable excepción de Xavier García Albiol, alcalde de Badalona) ni Vox han querido apoyarlo en el Parlamento. Decepcionante e incomprensible.

Por supuesto, todavía están a tiempo de sumarse y espero que así lo hagan. Numerosas entidades empresariales, sindicales, municipales, sociales… ya se han adherido al PNL, pero el peligro es que todo quede en un puro formalismo para quedar bien y que las dinámicas que nos han llevado a este estado de alarma lingüística persistan, implacables.

O nos tomamos seriamente el PNL, que prevé una dotación presupuestaria anual de 200 millones de euros para hacer avanzar la normalización lingüística, o perderemos un combate decisivo para salvar la lengua que nos han legado nuestros padres. Es ahora o nunca. Y también por eso es fundamental aprobar los Presupuestos de la Generalitat para el 2026.

¿Cómo hacer comprender a los recién llegados que es importante aprender y emplear el catalán? No con imposiciones, que siempre generan rechazo. En Cataluña tenemos magníficos sociólogos, psicólogos, creativos publicitarios, comunicadores, prescriptores en las redes sociales… con capacidad para desplegar una formidable e inteligente estrategia que seduzca e invite a aprender y a hablar en catalán a quienes no lo hacen.

A la vez, los ayuntamientos, en colaboración con las entidades sociales y los sindicatos, tienen que poner a disposición de los recién llegados los instrumentos de proximidad, como aulas abiertas, para facilitarles el aprendizaje de nuestra lengua. En YouTube hay infinidad de cursos que enseñan los conceptos básicos para poder acceder al uso del catalán y sería bueno que las empresas invitaran a sus trabajadores a seguirlos.

Situados en 2025, primer cuarto del siglo XXI, la sociedad catalana afronta otro reto crucial: el avance del fascismo, disfrazado de trumpismo. Con la excusa de la emigración, esta oleada populista e identitaria que está sacudiendo a Occidente pretende secuestrar la democracia e imponernos un régimen autoritario, como vemos que pasa en Estados Unidos.

Del mismo modo que el catalán se convirtió en un baluarte y un símbolo contra la dictadura franquista, ahora también lo tiene que ser contra el nuevo totalitarismo que nos llega con el huésped de la Casa Blanca y sus aliados locales en la Unión Europea. En este mar de populismos facciosos que ahoga al Viejo Continente, Cataluña es una isla singular donde las ideas, los valores y los partidos progresistas son rotundamente hegemónicos y nos tenemos que sentir orgullosos de ello.

No hay ningún otro lugar en Europa como Cataluña, donde la izquierda gobierna en la gran mayoría de ciudades, la institución autónoma de autogobierno y las principales administraciones supramunicipales. Este «triángulo rojo» es un foco de resistencia activa contra el embate fascista y, a la vez, un referente en el cual tiene que reflejarse toda la izquierda democrática europea e internacional.

Con una particularidad: aquí tenemos nuestra lengua propia, la queremos y la defendemos. En los tiempos que corren, identificar el catalán como el idioma que representa los valores democráticos, fraternales y progresistas, frente al fascismo rampante acercaría su interés a los migrantes -chivo expiatorio de los movimientos identitarios de ultraderecha- que no lo hablan y que, de entrada, desconocen.

Este es el «clic» que hay que hacer. El catalán tiene que dejar de ser la lengua que identifica a los independentistas para convertirse en la lengua del antifascismo y del antirracismo. También es la manera de cerrar el paso a Aliança Catalana, que intenta apropiárselo para hacer bandera de su estrambótica y tóxica cruzada xenófoba y reaccionaria.

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El mundo está en una situación peligrosísima. La producción y el comercio mundial de armas, cada vez más sofisticadas y letales, alcanza volúmenes nunca vistos. Tres países con un gran arsenal nuclear están inmersos en guerras y conflictos de conquista y de expansión territorial: Vladímir Putin quiere quedarse Ucrania; Benjamin Netanyahu, la Franja de Gaza, y Donald Trump ya ha desplegado fuerzas militares en el Caribe para capturar Venezuela.

La Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948) es el documento que ha marcado el camino de la civilización en las últimas décadas. Es un texto que recoge lo bueno y lo mejor de la condición humana y que nos conduce a construir un mundo en paz y armonía, con alimentos, educación y atención sanitaria para todos.

Todos los grandes filósofos, todos los grandes líderes religiosos y todas las ideologías transformadoras que han surgido a lo largo de la historia de la humanidad han pregonado y pregonan el amor y la fraternidad entre las personas, que es la clave para el surgimiento y la continuidad de la vida. Esta es la pulsión y el ideal que albergamos, todos y cada uno de nosotros, en nuestro corazón.

Pero la exaltación del amor y la solidaridad está hoy subyugada por la atracción y el negocio de la muerte. El amor ha perdido el pulso con la muerte. Hemos permitido que tres poderosos psicópatas asesinos y genocidas sean los amos de nuestros destinos. Además, las redes sociales, que se han convertido en el gran medio de comunicación de masas, son un pozo infecto donde los mensajes de odio intoxican y degradan la convivencia entre las personas.

La 80ª Asamblea General de las Naciones Unidas, que se celebra en Nueva York, llega en un momento extremadamente delicado. Vladímir Putin viola el espacio aéreo de la Unión Europea con aviones de guerra y drones, buscando una provocación arriesgadísima. El chispazo puede desatar una catástrofe inminente si la OTAN contraataca.

Benjamin Netanyahu, protegido por Donald Trump, ha lanzado el asalto final contra la indefensa población de Gaza, prisionera del horror y del hambre, y no duda en bombardear Irán, Siria, Qatar, Líbano y Yemen, sin ningún respeto por la legalidad internacional. La ONU aprobó en 1947 la creación del Estado de Israel, y ahora Israel desafía y se enfrenta a la ONU. Una abrumadora mayoría de países, encabezados por Francia y Arabia Saudí, son partidarios de reconocer la creación del Estado palestino, pero Benjamin Netanyahu se niega: el hijo mata al padre.

El presidente de la primera potencia militar, Donald Trump, está totalmente ido, está fuera de control y es capaz de cometer todas las barbaridades. Ha hundido a los Estados Unidos en una situación manicomial: persigue con ensañamiento a los inmigrantes, a los periodistas, a los humoristas, a las universidades, está en guerra a muerte contra el movimiento “woke”, militariza las grandes ciudades, ha trastocado todo el sistema mundial de comercio… Después de intentar quedarse con Groenlandia y Canadá -provocando el estupor y ser el hazmerreír de todo el mundo-, ahora quiere provocar, con la amenaza de las armas, la caída del régimen de Nicolás Maduro en Venezuela y controlar sus enormes reservas petroleras.

La humanidad afronta un momento crítico, tal vez el más grave desde la crisis de los misiles de Cuba, del año 1962. Por eso, esta 80ª Asamblea General de las Naciones Unidas tiene una importancia trascendental. Se trata de identificar, de denunciar y de aislar el peligro criminal que representan estos tres jinetes del Apocalipsis para la supervivencia y la coexistencia en paz de la comunidad humana: Vladímir Putin, Benjamin Netanyahu y Donald Trump.

En las Naciones Unidas están representados 193 estados, además de Palestina y el Vaticano, que tienen el estatus de observadores. Las actitudes belicistas y expansionistas de Rusia, de Israel y de Estados Unidos concitan un rechazo mayoritario entre los miembros de la Asamblea General. Lo podemos constatar en las votaciones indicativas que se han realizado durante los últimos días.

La exclusión de Palestina –Donald Trump ha denegado el visado a sus representantes para viajar a Nueva York- ha sido rechazada por 145 países y solo cinco la han apoyado: Israel, Estados Unidos, Paraguay y las minúsculas islas de Palau y Nauru. La resolución del Consejo de Seguridad exigiendo un alto el fuego en Gaza obtuvo 14 votos a favor y solo Estados Unidos votó en contra, ejerciendo su derecho a veto. ¡Qué vergüenza para los padres fundadores de la gran democracia norteamericana!

La correlación de fuerzas es clara y contundente: una inmensa mayoría de países del mundo, que representan a más del 95% de la población humana, están contra la guerra y quieren una convivencia en paz. Este es el mensaje potente y poderoso que tiene que transmitir la Asamblea General de las Naciones Unidas y que tiene que calar en la opinión pública mundial. Tenemos que boicotear, arrinconar y enviar a Vladímir Putin, Benjamin Netanyahu y Donald Trump a la papelera de la historia. O ellos o nosotros.

En esta coyuntura de caos y desolación, tenemos que mantener las ideas firmes: defensa de la voluntad mayoritaria de los estados miembros de las Naciones Unidas; apoyo incondicional a su secretario general, António Guterres; rechazo de los genocidas y asesinos que matan a la población civil en Palestina y Ucrania; reivindicación de la Carta Universal de los Derechos Humanos como fundamento y guía de la civilización; y confirmación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) que nos tienen que encaminar hacia un mundo mejor, más justo y más igualitario.

Esta semana nos jugamos el futuro del planeta y de la humanidad en Nueva York. Amor o muerte.

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Uno de estos proyectos encallados que clamaba al cielo es la recuperación y valorización del magnífico patrimonio romano que atesora la ciudad de Tarragona, la antigua capital imperial Tarraco. Finalmente, se ha constituido el consorcio, presidido por Salvador Illa, que reúne a la Generalitat, al ministerio de Cultura, al Ayuntamiento de Tarragona, a la Diputación y al Arzobispado, que tiene que emprender las inversiones y los trabajos necesarios para que Tarraco vuelva a resplandecer y sea–a pesar de la destrucción y la mutilación que ha sufrido– el gran epicentro arqueológico e histórico de Cataluña.

¿Queréis más escarnio que, ya en periodo democrático, el Ayuntamiento y la Generalitat convergente de la época autorizaran la construcción de un centro comercial sobre los restos de la necrópolis romana? Increíble. Además, esta operación encubrió un sucio caso de corrupción política, que desde EL TRIANGLE denunciamos extensamente y en solitario.

Para el oprobio colectivo también queda la decisión del Ayuntamiento de Calella de Mar (Maresme) de aprobar, en 2019, la edificación de un centro comercial Aldi y de un bloque de pisos sobre la importante villa romana del Roser. ¿Cómo es posible que una sociedad tan arraigada y orgullosa del pasado y de las tradiciones, como es la catalana, permita estas aberraciones contra el patrimonio arqueológico?

La historia de la Cataluña y de la España de hoy empieza, de hecho, con la llegada de los hermanos Gneo y Publio Escipión a la actual Tarragona, en el año 218 a. C., que significó el inicio de la ocupación y de la romanización de la península Ibérica. La lengua, el derecho, las costumbres, las infraestructuras, las urbes… que nos legaron los romanos son los cimientos -para bien y para mal- de nuestra civilización y es de justicia mantener presente su memoria.

A lo largo de milenios, por la península Ibérica han transitado muchos pueblos y se instalaron importantes comunidades foráneas, de culturas y lenguas diversas. Pero ningún hecho histórico no ha dejado una impronta más profunda en nuestro carácter colectivo que la conquista y la colonización hecha por los romanos.

Como capital de la Hispania Citerior y de la provincia Tarraconense, la antigua Tarraco fue una pieza fundamental de la organización territorial del imperio romano. Incluso, durante la estancia, durante dos años, del emperador Augusto se convirtió en su capital de facto. Desde la base militar de Tarraco se catapultó la expansión del dominio romano por toda la península Ibérica.

La posterior decadencia, destrucción y reconstrucción de la ciudad provocaron la desaparición de la mayor parte del patrimonio arqueológico de Tarraco. Quedan pocos o ningún rastro del templo de Augusto, del circo, del teatro, del foro… De hecho, los vestigios mejor conservados que restan de pie son las murallas, el anfiteatro, una parte del enorme foro y la necrópolis.

Las administraciones con responsabilidad sobre la preservación y proyección de este valioso tesoro del legado histórico no han estado, hasta ahora, a la altura del reto que tenían encomendado, a pesar de la declaración de este conjunto monumental como patrimonio mundial de la UNESCO, desde el año 2000. El Museo Nacional Arqueológico de Tarragona (MNAT) está cerrado y en obras desde hace 17 años y la necrópolis tampoco se puede visitar.

«Tarragona es la capital cultural de Cataluña y de España. No lo estábamos haciendo suficientemente bien», admitió el presidente Salvador Illa en el acto de constitución del Consorcio de Gestión del Patrimonio Romano de Tarragona, el pasado día 4. Este nuevo organismo de coordinación, que contará con 90 empleados, dispone ya de un compromiso presupuestario de 39,7 millones de euros por parte de la Generalitat, del ministerio de Cultura y del Ayuntamiento de la ciudad. Además, la Diputación de Tarragona también se ha mostrado dispuesta a aportar recursos.

La necesidad de la creación de este consorcio ya se planteó en 1993. Ha habido que esperar 32 años para que sea una realidad. Este es uno de los grandes males de Cataluña: conocemos los problemas, conocemos las soluciones, pero, después, la lucha partidista y la burocracia lo retardan todo de manera exasperante. El presidente Salvador Illa ha entrado en la Generalitat con el objetivo de poner orden y apretar el acelerador.

El renacimiento de Tarraco es un proyecto estratégico ambicioso y alentador. Pero en el territorio se levantan otras iniciativas muy interesantes, preñadas de futuro. Por ejemplo, la reivindicación de Tortosa como capital del Sur, segregada de la dependencia provincial de Tarragona. Por su capacidad de influencia y atracción de las comarcas de las Tierras del Ebro, Tortosa merece constituirse, con todos los atributos institucionales, en una gran urbe de referencia.

Hay que poner fin a la aberración de los trasvases hídricos y energéticos. Las industrias y las ciudades tienen que crecer allá donde están el agua y la electricidad, no al revés. En este sentido, la cuenca catalana del río Ebro, con capital en Tortosa, a medio camino entre Barcelona y València, se prefigura como la gran zona de expansión de Cataluña. La gigafactoría proyectada en Móra la Nova puede ser la piedra angular para la confirmación del Sur como la nueva tierra de promisión.

Por su parte, los seis alcaldes de las capitales de comarca del Pirineo y del Arán (Puigcerdá, la Seu d’Urgell, Sort, Tremp, el Pont de Suert y Vielha) se han coordinado para defender en red los intereses comunes. Este nuevo espacio de cooperación política y estratégica tiene como objetivo combatir y corregir los endémicos azotes que sufre la alta montaña: despoblación, envejecimiento, malas comunicaciones, dependencia del turismo…

En la Cataluña del siglo XXI, el Pirineo también espera su hora. De ser un cul-de-sac, condenado a la marginación, puede convertirse en la columna vertebral que una a Cataluña con Occitania, en el marco de la Eurorregión Pirineos-Mediterráneo. Tiene los recursos naturales indispensables para recuperar la prosperidad perdida, pero no tiene la gente ni la visión ni la ambición que hacen falta para potenciar la actividad. El grito de los seis alcaldes puede ser el revulsivo que se esperaba para despertar estos valles dormidos.

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En este sentido, las Naciones Unidas -que celebran su 80ª Asamblea General este mes de septiembre- son la gran y la única esperanza que tenemos para construir este planeta posible y mejor que todos anhelamos desde el fondo del corazón y de los tiempos.

Hoy, la escena internacional está, desgraciadamente, condicionada por tres asesinos, con sed de sangre y de rapiña: Donald Trump, Vladímir Putin y Benjamin Netanyahu. Estos tres jinetes del Apocalipsis intentan romper el curso de la historia y hundirnos en una era oscura, dominada por las armas, la violencia y el autoritarismo.

Vladímir Putin quiere conquistar Ucrania; Benjamin Netanyahu quiere arrebatar Gaza y Cisjordania a los palestinos y Donald Trump quiere convertirse en el amo del mundo y de sus recursos naturales. Lo hacen sin ni un atisbo de sensibilidad humana por todo el inmenso dolor que provocan sus enfermizos delirios expansionistas.

Hay que combatir a estos tres psicópatas enemigos de la humanidad, hasta desposeerlos de su soberbia y de su poder. En este nuevo curso que empieza, la disyuntiva es clara: o ellos o nosotros. En el mundo hay 193 países y la inmensa mayoría estamos en contra de estos monstruos y de sus cómplices, que nos quieren tiranizar, esclavizar y aplastar. ¡Plantemos cara y confrontémoslos!

¿Hacia dónde va Europa? El proyecto de construcción y vertebración comunitaria está en una delicada encrucijada. La debilidad y la desunión de los principales líderes europeos han hecho que el Viejo Continente se haya convertido en un sándwich, emparedado entre las ambiciones criminales de Donald Trump y de Vladímir Putin. El presidente norteamericano nos quiere sangrar por partida doble -aranceles y rearme de la OTAN- y el presidente de Rusia amenaza con atacarnos si continuamos apoyando a Ucrania.

Los valores socialdemócratas, democristianos, liberales y ecologistas, que son los cimientos de la Unión Europea y del modelo de Estado de Bienestar que tenemos, están siendo carcomidos por una “quinta columna” fascista, que conecta directamente con la ideología y los intereses espurios de la Casa Blanca, el Kremlin y Tel Aviv. Gobernantes europeos, como Viktor Orbán o Giorgia Meloni, operan en esta órbita.

La excusa es la emigración que ha llegado durante los últimos años al Viejo Continente, procedente de países pobres o en guerra. La crisis demográfica y de envejecimiento de la población que sufrimos las sociedades europeas hace necesaria la incorporación de migrantes para rejuvenecer la pirámide generacional y cubrir la demanda laboral de las empresas.

El problema de la mezcla y la integración es siempre pesado y lento, como pasa históricamente con todas las migraciones, pero tenemos que encarar y ganar este reto. Es cuestión de dos o tres generaciones para conseguirlo y, en esta tarea, la educación pública y obligatoria tiene una función capital.

Los brotes fascistas y xenófobos que proliferan en varios países europeos, impulsados por el descontrol de las redes sociales (en especial, X y Telegram), tienen que ser bloqueados y erradicados sin contemplaciones con las armas de la política, la policía, la justicia y los medios de comunicación. Con la democracia y la libertad no se juega.

La Unión Europea necesita ser más fuerte, más autónoma y más valiente. Ya hemos constatado, con consternación, que Donald Trump y Vladímir Putin son unos embusteros compulsivos y que hay que evitar establecer relaciones y vínculos con ellos, más allá de los estrictamente diplomáticos.

El mundo es muy grande y diverso. La Unión Europea -prescindiendo de los Estados Unidos, de Rusia y de Israel- tiene la oportunidad de estrechar sus relaciones políticas y comerciales con el Reino Unido, Latinoamérica (en especial, Brasil y México), Canadá, China, India, Australia, los países musulmanes, África… en beneficio mutuo.

El modelo de libertad, democracia y bienestar social que hemos logrado en Europa es admirado en todo el planeta. Tenemos que reivindicar y sentirnos orgullosos de estos adelantos, conquistados durante décadas y siglos de combate político y sindical. Hay países que anhelan formar parte de la Unión Europea (Ucrania, Albania, Bosnia-Herzegovina, Serbia, Macedonia, Moldavia, Montenegro, Islandia…): ¡facilitemos su adhesión y ampliemos la zona de implantación del euro!

El gran problema de Europa es nuestra dependencia de los hidrocarburos y del gas. No tenemos y debemos proveernos en países terceros. Por eso, es prioritario conseguir la soberanía energética del Viejo Continente y, entre otras medidas, hacer una transición intensiva hacia la movilidad eléctrica.

Las instituciones europeas están a medio hacer. Hay que convertir el actual puzle de 27 países interdependientes en unos verdaderos Estados Unidos de Europa, con unos poderes legislativo, ejecutivo, fiscal, judicial y militar con plena jurisdicción competencial sobre los 450 millones de habitantes.

En este sentido, Ucrania es nuestra piedra angular. Hay que ejercer toda la presión necesaria para conseguir que Vladímir Putin deje de matar y respete las fronteras que han dejado estos tres años de guerra absurda y sanguinaria. La Unión Europea se tiene que involucrar a fondo en la defensa y la reconstrucción de este país y acelerar su integración.

¿Hacia dónde va España? La DANA de Valencia y los incendios forestales de este verano han puesto trágicamente de manifiesto la incapacidad del bloque PP-Vox para gobernar. Por eso, el único liderazgo viable es el del presidente Pedro Sánchez, siempre que continúe contando con el apoyo de los partidos que lo invistieron.

Hay un objetivo irrenunciable: la presentación y aprobación de los Presupuestos para el año 2026. Si Pedro Sánchez no lo consigue, entonces la lógica democrática obliga a la disolución de las Cortes y a la convocatoria de elecciones anticipadas.

La pelota está en el tejado de dos formaciones políticas: Junts x Catalunya y Podemos, que son las más reticentes, de entrada, a aprobar las cuentas. Sobre los hombros de Carles Puigdemont y de Ione Belarra recae la responsabilidad histórica de dar oxígeno a Pedro Sánchez o de acelerar la llegada de Alberto Núñez Feijóo, con el apoyo de Vox, a la Moncloa. Sus votantes no entenderían la segunda opción.

Pero sobre la vida política española plana una variable incontrolada: la tirria y el odio manifiesto de un sector -minoritario, pero muy poderoso- de las fuerzas policiales y de la judicatura contra Pedro Sánchez. Después del estallido de los casos Álvaro García Ortiz, Koldo García, José Luis Ábalos, Begoña Gómez y David Sánchez, ¿qué otros “conejos” guardan en la chistera el “Deep State” y los supuestos “guardianes de las esencias patrias” para derrocar a este Gobierno? ¿Conseguirán forzar la dimisión de Pedro Sánchez?

Hay un denominador común que une al PSOE y a las fuerzas políticas del bloque de investidura: la transformación de España en un verdadero Estado federal, que incluye la conversión del Senado en una Cámara de representación territorial. Los desastres climatológicos obligan a replantear el funcionamiento del Estado y el impulso del presidente Salvador Illa para ordenar el sistema de financiación autonómica dinamiza este debate imprescindible.

¿Tendrán inteligencia y responsabilidad política los grupos que confirmaron a Pedro Sánchez como presidente del Gobierno para aparcar sus arrebatos particularistas y hacer de esta legislatura la culminación de la transición democrática, comenzada hace 50 años con la muerte del dictador Francisco Franco? Esta es la cuestión que les interpela.

¿Hacia dónde va Cataluña? Salvador Illa conduce con mano firme y prudente la Generalitat. En solo un año, ha devuelto el prestigio y la solvencia a nuestra institución de autogobierno, a pesar de que el PSC está en minoría en el Parlament. Los grandes y los pequeños problemas de la sociedad catalana han sido diagnosticados y abordados por el potente equipo de mando que le rodea.

El Gobierno de Cataluña transmite hoy una imagen de seriedad y de profesionalidad. Los buenos datos de la economía catalana ratifican que el camino emprendido es el correcto. Es obvio que hay grandes retos (integración de la inmigración, falta de vivienda asequible, bajo nivel de la educación, disfunciones en el sistema sanitario, mal funcionamiento de Cercanías…), pero ya se han activado las estrategias y los mecanismos para solucionarlos.

Ahora, es importante mantener el ritmo y los compromisos adquiridos, en permanente diálogo con los representantes empresariales y sociales. Pero, para eso, hay que aprobar los Presupuestos de la Generalitat para el año próximo, que no dudo que el presidente Illa conseguirá llevar a buen puerto.

¿El independentismo tiene futuro político? No, ha quemado su credibilidad pública. ¿La lengua catalana está en peligro? No, pero hay que impulsar, de manera empática, su conocimiento entre los recién llegados.

Cataluña tiene dos grandes asignaturas pendientes: su organización interna y su proyección exterior. Con 947 municipios, 42 comarcas y el Arán, ocho ámbitos funcionales territoriales, más cuatro diputaciones provinciales y el Área Metropolitana de Barcelona es un laberinto administrativo y competencial que hay que racionalizar con criterios del siglo XXI.

El presidente Salvador Illa, recogiendo la antorcha encendida por Pasqual Maragall, tiene que apostar fuerte por la dimensión eurorregional de Cataluña. El hecho que el PP gobierne en Aragón, las Baleares y la Comunidad Valenciana no ayuda, pero hay que perseverar en la estrategia de diálogo, entendimiento y colaboración con los vecinos. La región de Occitania, que preside la socialista Carole Delga, es receptiva a “romper” la barrera de los Pirineos y hay que aprovechar esta sintonía para intensificar la cooperación transfronteriza.

Como bastión del Mediterráneo, Cataluña tiene también una misión histórica en clave de futuro: promover la integración de Portugal -fachada atlántica- en el proyecto de valorización y revitalización de Iberia, como “hub” privilegiado donde convergen cuatro continentes. Los justificados recelos portugueses hacia la dinámica centrípeta de Madrid tienen que ser contrapuestos con los enormes beneficios que implica una alianza inteligente entre el Atlántico (Portugal) y el Mediterráneo (Cataluña), que daría equilibrio a la península.

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Desde finales de julio, más de 40 fuegos están devastando grandes masas forestales de Portugal y, desde el inicio del 2025, se calcula que ha quedado destruido por las llamas el 2,35% del territorio del país vecino. No hay frontera más porosa que la que divide España y Portugal y, desgraciadamente, los incendios de estos días así nos lo demuestran.

No podemos hablar, por tanto, de la catástrofe que afecta a los bosques y pueblos de España y/o Portugal, sino de un pavoroso cataclismo ecológico que está arrasando una parte muy importante de Iberia. Esta zona coincide con la Raya, que son las comarcas situadas a ambos lados de la frontera, flageladas desde hace décadas por la soledad y el olvido.

La entrada de España y Portugal en la Unión Europea, en 1986, significó, “de facto”, la supresión de las barreras físicas y aduaneras entre ambos países. Pero, inopinadamente, 39 años después de la entrada en vigor del Tratado de Adhesión, persisten las fronteras mentales y prácticas. ¿Queréis un ejemplo más absurdo que, para ir de un país al otro, hay que avanzar o atrasar el reloj una hora?

Los incendios de este verano nos demuestran dos cosas: que la naturaleza no conoce fronteras y que tiene las mismas raíces y la misma savia en Portugal y en España; y que el “efecto frontera” -que se traduce en el abandono y la despoblación de las zonas limítrofes- continúa 39 años después de su desaparición formal, a pesar de las buenas palabras de los políticos democráticos de Madrid y de Lisboa.

El drama del fuego es común, pero a la hora de prevenirlo, de atacarlo y de extinguirlo, cada cual va por su lado. En el caso de España, el desbarajuste operativo entre el Gobierno central y las comunidades autónomas, que tienen transferidas las competencias de la lucha contra los incendios, ha sido una de las causas de su fulgurante expansión e ineficacia en su extinción.

La gran profesionalidad y especialización de los Bomberos de la Generalitat -conseguida después de décadas de graves siniestros forestales en Cataluña- lo han convertido en un cuerpo de referencia europeo. Lo hemos podido constatar con la extraordinaria diligencia mostrada en la liquidación de los dos peligrosos incendios que nos han afectado este verano, en la Segarra y en el Baix Ebre.

Contrasta el grado de excelencia y de medios de los bomberos catalanes con la precariedad de los recursos que dedican los gobiernos autonómicos de Extremadura, Castilla y León y Galicia a las tareas de extinción del fuego. Ha sido gracias a la intervención de la Unidad Militar de Emergencias (UME) y a la llegada de convoyes de bomberos procedentes de otros lugares -con especial mención a la participación de los Bomberos de la Generalitat- que se ha podido contener y atacar esta feroz oleada de incendios.

En Portugal, el gobierno de Luis Montenegro ha recibido duras críticas por la lentitud y la falta de medios para hacer frente a este tsunami de fuego. ¿Por qué si el problema es común a ambos lados de la frontera no nos ponemos de acuerdo para resolverlo conjuntamente?

El año 2020, los gobiernos de España y Portugal aprobaron la Estrategia Común de Desarrollo Transfronterizo (ECDT), que preveía la revitalización económica y social de la zona de la Raya, que ahora ha quedado asolada por los incendios. Las buenas intenciones que contiene este documento han quedado en papel mojado, por la desidia de las autoridades políticas encargadas de su concreción.

Tenemos unas estructuras institucionales, las eurorregiones, que podrían actuar de paraguas común y de mecanismo de coordinación operativa en casos de emergencia como este. En concreto, la Eurorregión Norte de Portugal-Galicia y la Eurorregión EUROACE (Alentejo, Extremadura y Centro de Portugal) reúnen buena parte de los territorios, a ambos lados de la frontera, que han quedado calcinados estos días.

Pero estos organismos, que cuentan con la bendición y el impulso de Bruselas, están lejos de desplegar todas sus potencialidades competenciales. La península Ibérica es un espacio paradigmático para implementar las organizaciones eurorregionales, rompiendo las viejas y perniciosas dinámicas impuestas por la antigua frontera entre España y Portugal.

Con el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca, el mundo está sometido a una terapia de choque. La Unión Europea se ha convertido en la víctima propiciatoria de las ambiciones hegemónicas de  Estados Unidos y de Rusia. La débil reacción de la presidenta Ursula von der Leyen y de su equipo envía inquietantes signos de desorientación y de resignación.

Sin embargo, hay un proyecto geopolítico y geoeconómico que puede actuar como revulsivo para revertir el europesimismo reinante: la Confederación Ibérica y la dimensión americana y africana que comporta. En el mundo hay más de 800 millones de personas que hablan español o portugués, dos lenguas hermanas, prácticamente idénticas y fácilmente intercomprensibles.

Los terribles incendios de estos días en España y Portugal también tienen que servir para “iluminar” esta realidad escondida que tenemos ante nuestras narices: las llamas no conocen de fronteras e Iberia es una contundente unidad geográfica, anacrónicamente y desgraciadamente descuartizada, que hay que reivindicar con más convicción que nunca. Hoy estamos unidos en la desgracia; ¿por qué no nos unimos para construir un futuro de esperanza?

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Incluso dio cobertura financiera y mediática a un “think tank” de intelectuales y periodistas (Joan B. Culla, Pilar Rahola, Vicenç Villatoro, Marta Pesarrodona, Valentí Puig, Francesc-Marc Álvaro, David Madí…) que proclamaban, en catalán, las razones y las bondades del proyecto sionista. Jordi Pujol, cuando era presidente de la Generalitat, realizó tres viajes oficiales al Estado hebreo (1987, 1994 y 2003) y su “encargado” Artur Mas, otro en 2013.

La modernización de los Mossos d’Esquadra, de la mano de Miquel Sellarès, se hizo con el asesoramiento de especialistas israelíes en seguridad. La Generalitat pujolista también contrató servicios de contrainteligencia judíos para protegerse de la amenaza de injerencias externas.

Afortunadamente, este delirio de intentar hacer de Cataluña un segundo Estado hebreo -pero poblado con catalanes de religión católica, misa dominical y “tortell”- fracasó estrepitosamente con la caída del pujolismo y quedó barrido por el viento de la historia. Es más: Cataluña es uno de los lugares del mundo donde la causa palestina cuenta con más simpatías y adhesiones de la sociedad.

Desde que las Naciones Unidas aprobaron la partición de Palestina y la creación del Estado de Israel, en 1947, los sionistas no han parado de ocupar más y más territorios, a base de masacrar y de expulsar a la población local. Paradójicamente, desde hace décadas, la misma ONU que dio vida al Estado hebreo ha aprobado, por abrumadora mayoría, un montón de resoluciones que obligan a Israel a cesar su política expansionista y a devolver a los palestinos las tierras ocupadas.

En balde. Los Estados Unidos han convertido a Israel, “de facto”, en su 51º estado y ejercen su derecho de veto en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para bloquear, de manera sistemática, todas las resoluciones que puedan perjudicar los intereses de los sionistas.

La brutal y desmesurada reacción de Benjamin Netanyahu al atentado y a la toma de rehenes de Hamás del 7 de octubre del 2023 ha tenido un efecto bumerán que ha provocado, como nunca, el rechazo de la comunidad internacional al genocidio que se está perpetrando, ante los ojos y el horror de todo el mundo, en la Franja de Gaza. El asesinato premeditado de seis periodistas ante el hospital de Al-Shifa, el pasado domingo, ha sido la gota que ha colmado el vaso.

Benjamin Netanyahu ha justificado el asesinato de Anas al-Sharif afirmando que, en realidad, este respetado periodista de la cadena Al-Jazeera era un “terrorista de Hamás”. ¿Y Mohammed Qreiqeh, Ibrahim Zaher, Moamen Aliwa, Mohammed Noufal y Mohammed al-Khaldi, los otros periodistas muertos en este ataque de las FDI, también eran terroristas? ¿Un terrorista a cara descubierta, con un micrófono y ante una cámara, dónde se ha visto tal cosa? El primer ministro israelí ha dado un paso más en su aberración amoral, en su degeneración criminal.

En este largo y sanguinario conflicto que se arrastra desde 1947, las palabras son importantes y tienen que ser empleadas de manera precisa. No es lo mismo un semita, que un judío, que un israelí, que un sionista o que un ultraortodoxo. Hay muchos judíos e israelíes que están totalmente en contra de la barbarie genocida de Benjamin Netanyahu en la Franja de Gaza. También hay grupos de ultraortodoxos que denuncian la militarización de Israel y la “limpieza étnica” de los palestinos.

Las generalizaciones son erróneas y peligrosas y son utilizadas por los sionistas para confundir a la opinión pública. Hay que focalizar la ira en Benjamin Netanyahu y su partido Likud, que solo tiene 32 de los 120 escaños de la Knéset, pero que gobierna mediante precarios e inestables pactos con grupos minúsculos de extrema derecha. Benjamin Netanyahu ya fue primer ministro entre 1993-9 y ahora lo es, ininterrumpidamente, desde el 2005, a pesar de los numerosos casos de corrupción y las investigaciones judiciales que lo asedian.

Él y su gobierno -no los judíos y los israelíes, por antonomasia- son los responsables directos del exterminio de 60.000 gazatíes, de los cuales 18.000 niños, del hambre extrema e inhumana que provocan en la población recluida en la Franja y de la agresiva e impune expansión de los colonos en Cisjordania. Desgraciadamente, los nuevos aires que soplan en el mundo, desde el retorno de Donald Trump a la Casa Blanca, favorecen la pulsión genocida de Benjamin Netanyahu y abonan su plan de invadir militarmente la ciudad de Gaza.

En homenaje a los 238 periodistas que han sido asesinados por el ejército israelí en la Franja de Gaza desde el aciago 7 de octubre del 2023, hay que ser más objetivos y valientes que nunca y decir las cosas por su nombre. El mundo ha caído en manos de tres peligrosos criminales que amenazan gravemente a la humanidad por intereses absolutamente despreciables: Donald Trump, Benjamin Netanyahu y Vladímir Putin.

La respuesta tiene que ser clara y contundente: solidaridad consciente con las víctimas de esta agresión concertada -palestinos, ucranianos y todos nosotros- y ningún tipo de trato ni comercio con los gobiernos de los Estados Unidos, Israel y Rusia. Ante la magnitud de la tragedia colectiva que provocan estos jinetes del Apocalipsis, no hay ningún gobernante del mundo que les apoye (salvo Kim Jong-un, Aleksandr Lukashenko y Javier Milei): están solos y tienen que catar el profundo rechazo y desprecio de la comunidad internacional. A la vez, hay que promover y ayudar a la disidencia y a la oposición interna en estos países para provocar la caída de estos seres desgraciados y prepotentes, enemigos declarados de la condición humana.

Desde EL TRIANGLE hemos apoyado y nos hemos añadido a la manifestación de los profesionales de la información, convocada en la plaza de Sant Jaume este miércoles, para mostrar nuestra indignación y nuestra repulsa por el asesinato de 238 compañeros en la Franja de Gaza. No es corporativismo. Los periodistas podemos y debemos hacer mucho para contribuir a descabalgar y derrotar a estos jinetes del Apocalipsis.

¿Cómo? Pensando globalmente, actuando localmente: denunciando y confrontando a los grupos de extrema derecha -aquí, Vox y Aliança Catalana- que están alineados con las estrategias criminales de Donald Trump, Benjamin Netanyahu y Vladímir Putin y que repiten como loros, sirviéndose y abusando de las redes sociales, sus tóxicas mentiras y manipulaciones.

Nos quieren arrebatar las libertades y la democracia y los periodistas, como testigos y portavoces de los anhelos sociales y humanitarios, no lo permitiremos. Esto no es una “guerra cultural”, esto es un combate sin cuartel por la supervivencia y el progreso de la civilización.

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Los principales protagonistas de la red catalana de poder están en sintonía y alineados con el liderazgo de Salvador Illa. Es un presidente que escucha a todo el mundo, pero que actúa con rapidez y decisión. No tiene una mayoría estable en el Parlament, pero sabe negociar con unos y con otros para sacar adelante los proyectos del Gobierno. En comparación con la dramática situación política que se vive en Madrid, en Cataluña se respira sensatez, pragmatismo y determinación.

Claro que hay problemas de todos conocidos (migración, vivienda, delincuencia…), pero también la firme voluntad de encararlos y de resolverlos de la manera más eficaz y solvente, con escrupuloso respeto a los preceptos democráticos de una sociedad madura como la catalana. La coordinación leal entre las instituciones (Generalitat, Gobierno central, diputaciones y ayuntamientos) es ahora evidente -rompiendo décadas de enfrentamientos políticos y recelos estériles- y esto hace que todo funcione de manera más fluida, en beneficio del ciudadano.

Es de cajón: administrar una sociedad europea y próspera de 8 millones de habitantes, como Cataluña, con criterios de rigor y equidad no es difícil. Solo hace falta que en el Gobierno haya personas capacitadas, empáticas, con vocación de servicio, honestas y resolutivas. Si esto es posible en China, con 1.400 millones de habitantes -como ha podido constatar el presidente Salvador Illa en su reciente viaje a este país-, aquí tiene que ser totalmente factible.

En esta Cataluña encarrilada y optimista solo hay un “agujero negro”: la presidencia del FC Barcelona. Joan Laporta encara la temporada 2025/26 sin poder inscribir a los jugadores que ha fichado y sin saber a ciencia cierta cuándo el equipo podrá volver a jugar en el estadio remodelado del Camp Nou. En el colmo de la improvisación y de la ineficacia, la institución deportiva más representativa de Cataluña vive instalada permanentemente en la crisis y la zozobra desde que este abogado de tres al cuarto volvió a ser elegido presidente en 2021.

En estos cuatro años, Joan Laporta las ha hecho muy gordas. Rey de las mentiras, de las martingalas, de las comisiones, de los despropósitos y de las traiciones, ha convertido el Barça en una entidad absolutamente desprestigiada y arruinada. Nada que ver con el club ordenado y solvente que le dejaron Sandro Rosell y Josep Maria Bartomeu.

Lo que resulta más sorprendente y escandaloso es la falta de crítica ante la catastrófica y nefasta gestión de Joan Laporta. Los medios de comunicación -salvo EL TRIANGLE– le conceden una immerecida credibilidad y le profesan una incomprensible adulación y veneración, totalmente viciada y perversa. Se diría que, en el caso del Barça hoy, estamos reviviendo los “años de plomo” de Jordi Pujol, cuando nadie -salvo EL TRIANGLE– osaba denunciar la corrupción reinante en la Generalitat.

Joan Laporta ha secuestrado la democracia en el FC Barcelona, que es la esencia del club. Los socios viven en el limbo, sin ser informados ni ser conscientes de la gravísima situación financiera y patrimonial que sufre la entidad. Las asambleas de compromisarios, en formato telemático, son una burla a la decencia democrática y nadie dice nada.

Los profesionales que hacían funcionar la maquinaria del club han sido expulsados o se han iddo asqueados por el caos y la incompetencia del “búnker” familiar que se ha apoderado del Barça y que toma las decisiones del día a día. ¿De qué vive Joan Laporta? ¿Cuál es el origen de los ingresos que le permiten vivir como un pachá? Esta pregunta, que no tiene respuesta, es la punta del iceberg del colosal despropósito en que se ha convertido, en los últimos cuatro años, la entidad fundada por Joan Gamper.

En este escenario de los horrores -que no salva ni la brillante temporada pasada, protagonizada por Hansi Flick y los jóvenes de la Masía-, se acaba de producir un hecho que rompe todas las líneas rojas de la decencia y de la honorabilidad que se le supone al club azulgrana, resistente y superviviente de dos dictaduras. Joan Laporta ha firmado un acuerdo de esponsorización con la República Democrática del Congo. A cambio de 40 millones de euros en las próximas cuatro temporadas, el Barça y el Gobierno de Kinshasa han establecido un amplio acuerdo de colaboración que llena de oprobio la historia del club azulgrana.

Con una población de 110 millones de habitantes y bajo el impacto de dos sangrientas guerras civiles y la agresión militar de Ruanda, la República Democrática del Congo sufre brutales episodios de violencia, desigualdades y déficits sociales. En este país falta de todo: alimentación, infraestructuras, recursos para la educación, la sanidad… El PIB per cápita de la población es de solo 647 dólares anuales y la esperanza de vida de 62 años.

El Gobierno del presidente Félix Tshisekedi ha decidido emprender una campaña internacional de lavado de imagen y no ha tenido una idea mejor que firmar acuerdos de esponsorización con equipos de fútbol europeos para difundir la supuesta “normalidad” que se vive en este país, flagelado por la pobreza y la violación sistemática de los derechos humanos. Tres equipos han aceptado el dinero de la República Democrática del Congo: el AC Milan, el AS Monaco y el FC Barcelona.

Es dinero manchado de sangre y de sufrimiento. Allá ellos con los escrúpulos humanitarios de los directivos del AC Milan y el AS Monaco. Pero el Barça, que se vanagloriaba del acuerdo que subscribió en 2006 con la UNICEF y en 2022 con la ACNUR, nunca tendría que haber firmado este vergonzoso contrato de esponsorización con la República Democrática del Congo.

Estos 40 millones de euros son absolutamente necesarios para atender, de manera prioritaria, a la población de este país africano. Cada euro que ingresa el Barça de este acuerdo se sustrae a las innumerables urgencias que sufren los congoleños.

Por decencia, dignidad y honestidad, el club azulgrana no puede aceptar de ninguna forma que el eslogan RDC-Coeur de Afrique figure estampado en las camisetas de entrenamiento del primer equipo. Es un atentado y una burla a los “valores” que han fundamentado la trayectoria y el relato que acompaña la historia del club azulgrana.

Pero Joan Laporta, como ha quedado sobradamente demostrado durante su primer y segundo mandato, es una persona absolutamente amoral, sin principios, ética ni deontología. Es un oportunista, un populista y un farsante que se ha dedicado a saquear las finanzas del Barça en beneficio propio y que no merece continuar ni un minuto más al frente de la entidad azulgrana.

¿Cuándo se darán cuenta los socios del Barça que “el rey va desnudo” y que Joan Laporta ha convertido el club en un espectáculo impresentable e inaceptable? ¿Cuándo echarán los socios a este sinvergüenza que, en un acto supremo de cinismo, ha vendido la imagen del FC Barcelona a la República Democrática del Congo (sea dicho con todo el respeto y apoyo a la castigada y sufrida población congoleña), profundizando la miseria de este país africano?

En esta Cataluña de orden y progreso que hemos emprendido con el presidente Salvador Illa, Joan Laporta y la corte que lo rodea son los culpables del desorden y la ruina, económica y moral, del Barça. Los socios, solo los socios azulgrana, tienen la palabra y el poder para cambiar el rumbo de este desastre, sin parangón en la centenaria historia del club.

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Donald Trump ha decidido saquear la Unión Europea y, ante esta agresión letal contra nuestro modelo de Estado del bienestar, los europeos no nos podemos quedar con los brazos cruzados ni convertirnos en víctimas de este sátrapa. En este contexto, adquiere gran relevancia el viaje que ha hecho el presidente Salvador Illa a China, donde ha establecido múltiples contactos políticos y empresariales y ha cerrado algunos acuerdos, como por ejemplo la colaboración de nuestro sincrotrón ALBA con el laboratorio HEPS de Pekín.

La diferencia entre Cataluña (8 millones de habitantes) y China (1.400 millones) es abismal. Pero Cataluña ocupa un lugar geográfico privilegiado en el continente europeo y tenemos potentes infraestructuras (puertos, aeropuerto, autopistas, tren de alta velocidad…) que nos conectan en todas las direcciones. En este sentido, Cataluña puede ser una magnífica puerta de entrada de las inversiones y de las exportaciones chinas a Europa y esto puede ser un factor que incremente exponencialmente nuestra prosperidad, si sabemos compartir y aprovechar los fabulosos avances tecnológicos y científicos que se están produciendo en la patria de Mao Tse-tung.

Ya sabemos la política internacional que practica Donald Trump: sumisión o castigo. Esto es letal para los intereses de los ciudadanos catalanes, españoles y europeos, que hemos caído en una trampa que nos lleva a la autodestrucción. Necesitamos, con urgencia, abrir nuevos espacios de relación, de intercambio y de complicidad. La China del presidente Salvador Illa, pero también la Sudamérica de Pedro Sánchez.

Y es que ante la avalancha de informaciones domésticas que nos abruman estos días, ha pasado muy inadvertida la cumbre que han celebrado en Santiago de Chile los presidentes del Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva; Colombia, Gustavo Petro; Chile, Gabriel Boric; Uruguay, Yamandú Orce, y el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez. Fruto de este encuentro, que tenía por lema «Democracia siempre», los cinco líderes han aprobado una declaración política que plantea la necesidad de promover el multilateralismo, reformar el sistema de gobernanza mundial, fortalecer una democracia diplomática activa e impulsar una narrativa que haga frente a la actual oleada reaccionaria.

Esta cumbre tendrá su continuidad el mes de septiembre, coincidiendo con la celebración de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Otros países, como México, el Reino Unido, Canadá, Suráfrica, Dinamarca, Australia y Honduras, ya han manifestado su intención de sumarse a esta alianza contra la pujanza de la extrema derecha y la xenofobia.

Es interesante constatar que el grupo promotor de esta coalición en defensa de la democracia habla en español y en portugués, las lenguas originarias de la península Ibérica, además del catalán, el vasco y el gallego. El protagonismo de Luiz Inácio Lula da Silva y de Pedro Sánchez da, por primera vez, dimensión política a la iberofonía, que es el concepto empleado para definir a estas dos lenguas ibéricas. Estamos hablando de una comunidad mundial de 900 millones de personas que hablan y se entienden con estos dos idiomas vecinos, que tienen una misma raíz y que son prácticamente idénticos.

La iberofonía es la expresión de una manera de vivir y de entender las relaciones humanas basada en la convivencia pacífica, la alegría y una alimentación sana. Su extrapolación a la política internacional nos llevaría, sin duda, a un mundo más tranquilo y armónico.

Por eso, no se entiende la hostilidad de algunos países de la Unión Europea a firmar el acuerdo comercial con el Mercosur, el embrión de la unión económica latinoamericana, fundado por Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay. ¿Nos tenemos que tragar los aranceles del 15% que nos impone los Estados Unidos -0% en el caso de las importaciones norteamericanas- y rechazamos un acuerdo de libre intercambio con los países del Mercosur? ¡Increíble!

En esta hora en que los Estados Unidos, Israel y Rusia ponen en peligro la estabilidad del planeta, es cuestión de buscar nuevos paradigmas y nuevas alianzas que permitan a la Unión Europea zafarse de este ahogo que nos atenaza. El viaje de Salvador Illa a China y la cumbre de Pedro Sánchez en Santiago de Chile son puertas abiertas que tenemos que saber interpretar y aprovechar.

Además, Donald Trump, Benjamin Netanyahu y Vladímir Putin son los exponentes y referentes de la internacional reaccionaria que quiere destruir los cimientos de la democracia. Cuentan con una legión de bobos admiradores en muchos países europeos, que militan en las filas de partidos de extrema derecha y xenófobos.

La acción de rapiña de Donald Trump contra los intereses y el bienestar de los europeos tiene que ser el gran motivo y argumento para combatir y erradicar la amenaza ultra que hace tambalear muchos países democráticos. Más que nunca: los amigos de mis enemigos también son mis enemigos.

El trumpismo nos ha declarado la guerra económica y los partidos de extrema derecha son su «quinta columna». Vox es Donald Trump, Aliança Catalana es Donald Trump, Chega es Donald Trump. Tengámoslo claro, plantemos cara y pasemos al ataque.

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Estos últimos días hemos tenido la oportunidad de constatar la cara y la cruz del tarradellismo. Por un lado, el Parlament de Cataluña, con el único voto en contra de los diputados de Vox, ha aprobado la ley del Estatuto de los municipios rurales. Este texto, largamente negociado con los representantes de las entidades municipalistas y los ayuntamientos concernidos, quiere evitar que haya dos Cataluñas: la que vive en concentraciones urbanas y la que está dispersa en pequeños núcleos de población, con sus ventajas (tranquilidad, naturaleza, aire limpio…) y sus desventajas (aislamiento, falta de servicios, comunicaciones deficientes…).

De los 947 municipios que hay en Cataluña, 608 se consideran municipios rurales. El nuevo Estatuto aprobado prevé, entre otras medidas, una línea específica de inversiones para que estos pueblos hagan frente a la regresión demográfica y al envejecimiento de la población; también la aplicación de incentivos fiscales para favorecer la compra y la rehabilitación de viviendas o la reducción de la carga burocrática de los pequeños ayuntamientos con la creación de un portal único en la sede electrónica de la administración.

Por nuestras dimensiones geográficas y los avances en las infraestructuras y las telecomunicaciones, Cataluña -mar y montaña- tiene que ambicionar y planificar su plena integración en una sola realidad social y económica, a partir de una red con unos nódulos muy definidos y potentes: Barcelona metropolitana, Tarragona metropolitana, Girona, Lleida y Tortosa. (El Pirineo tiene una capital, Andorra, pero la miopía de los poderes fácticos andorranos, con su negativa a integrarse plenamente en la Unión Europea, impide que pueda ejercer esta función).

En este sentido, la plena integración tarifaria de todos los medios de transporte públicos de alcance territorial catalán será un paso simbólico e imprescindible para crear esta conciencia -ahora, sí; así, sí- de «un solo pueblo«. Es un proyecto a medias que, a buen seguro, podremos concretar con el traspaso completo de la red de Cercanías a la Generalitat y la entrada en servicio de la enorme estación intermodal de la Sagrera, que será el nuevo centro de gravedad de Barcelona y, por extensión, de Cataluña.

La cruz de esta nueva Cataluña imparable que estamos construyendo ha sido el fracaso del decreto para el despliegue de las energías renovables y las baterías presentado por el Gobierno de Salvador Illa, al retirar ERC a última hora su apoyo parlamentario. El partido de Oriol Junqueras es a menudo un pozo de sorpresas, pero en una cuestión estratégica crucial de país como es la transición energética –¡donde estamos en la cola de Europa!– hay que exigir a ERC coherencia, responsabilidad y sentido de Estado.

La energía es un factor clave para el desarrollo y el crecimiento de Cataluña. En los últimos 50 años, hemos estado «drogados» por la decidida apuesta nuclear que, en su momento, hizo Jordi Pujol, primero desde Banca Catalana y después desde la Generalitat. Este ha sido un error estratégico muy grave que estuvimos a punto de pagar con la desaparición, por contaminación radiactiva, de Cataluña, a raíz del incendio de la central nuclear de Vandellòs I, en 1989. Además, los reiterados incidentes que sufren las tres plantas que continúan en funcionamiento -Ascó I, Ascó II y Vandellòs II- aconsejan que se ejecute su cierre, según los plazos previstos por el Gobierno central.

Un segundo error muy grave ha sido la pasividad irresponsable de la Generalitat ante Endesa, que es la titular de la mayoría de las centrales hidroeléctricas del Pirineo. Según la ley de Aguas, las concesiones de muchas de estas centrales ya hace años que están vencidas y tendrían que ser de dominio público. La Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE), con sede en Zaragoza, siempre ha eludido afrontar esta cuestión, pero seguro que una acción decidida de la Generalitat habría provocado que la ley se cumpliera y que estas centrales -que tienen una potencia equivalente a la de un reactor nuclear- fueran hoy el gran activo de L’Energètica, nuestra empresa pública eléctrica.

La realidad es que, por culpa de la «drogodependencia» de las nucleares -que acumulan una montaña de residuos radiactivos que no saben qué hacer- y la supeditación a los intereses hidroeléctricos de Endesa -que obtiene energía a coste cero de los ríos pirenaicos-, el despliegue de las energías renovables sufre un retraso vergonzoso e inaceptable en Cataluña. Comunidades «atrasadas» como Aragón, Castilla y León o Andalucía nos dan una lección de responsabilidad en la transición energética que pone en evidencia y desacredita, por inútil, a la clase política catalana.

El panorama es patético y deprimente. En la Unión Europea, el 45% de la energía producida ya es de origen renovable y en España sube al 57%. En cambio, en Cataluña tenemos que el 59% de la energía nos viene de las centrales nucleares y solo un 20% es renovable, a pesar de que tenemos unas condiciones óptimas para el aprovechamiento eléctrico del Sol y del viento. Y, en este contexto de máxima alarma, los «señoritos» de ERC no tienen mejor idea que bloquear en el Parlamento, por motivos fútiles, la aprobación del decreto que preveía la aceleración de la transición energética, con la agilización de las autorizaciones de los proyectos de parques solares y eólicos, y que regulaba la implantación de las imprescindibles baterías para dar estabilidad y resiliencia al suministro eléctrico. Desesperante.

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Focalizar, como hacen Sílvia Orriols y Vox, la alarma, el rechazo y el odio contra esta minoría del 3% es totalmente exagerado e injusto. Lo mismo podemos decir de los menores no acompañados (menas): en los últimos cinco años, a Cataluña han llegado unos 10.000, que son atendidos por la Generalitat en centros de alojamiento y formación, a la vez que hay un centenar que viven con familias de acogida.

Con los migrantes magrebíes pasa como en todos los colectivos humanos: la inmensa mayoría son personas que practican la convivencia pacífica con los vecinos y que trabajan duro para poder prosperar, pero siempre hay algunas excepciones que rompen la norma y se comportan de manera asocial. Atribuir hechos delincuenciales (robos, agresiones, violaciones…) a la comunidad magrebí –así, en general– es una injuria y una infamia.

La adolescencia es una edad complicada, en todos los países y civilizaciones. Hay una conflictividad objetiva en nuestras ciudades, asociada a pequeños grupos de adolescentes marroquíes, pero estas actitudes provocativas y hostiles siempre se acaban curandocon el crecimiento y el apareamiento.

Hay aspectos de la religión y de la cultura musulmana que, en su expresión más rigorista, chocan con las tradiciones y convenciones de la mayoría de la sociedad catalana y española. La ablación genital y los matrimonios forzados, por ejemplo, son totalmente incompatibles con nuestro ordenamiento jurídico, de obligado cumplimiento para todo el mundo, con independencia de las creencias de cada cual, y tienen que ser perseguidos y castigados penalmente.

En cambio, hay rituales inherentes al islam, como el ayuno del Ramadán o la prohibición de beber alcohol o de comer carne de cerdo, que son opciones perfectamente respetables e, incluso, saludables. Llevar hiyab también es muy lícito, siempre que la mujer lo asuma por voluntad propia o por costumbre.

Los clichés, desconfianzas y malentendidos que hoy provoca la presencia de un número importante de magrebíes en Cataluña se irá diluyendo con el paso de los años. Como pasa en todos los procesos migratorios, la interacción y la mezcla se empieza a forjar en la escuela y se consolida, posteriormente, en el ámbito laboral y familiar.

En este sentido, tengo mucha confianza en la fuerza de cambio de las jóvenes y mujeres musulmanas. Estoy convencido que serán ellas, si cuentan con nuestro apoyo incondicional, las que romperán las normas más retrógradas que todavía encorsetan la cultura y la religión musulmana y que no se avienen con los adelantos de la civilización humana del siglo XXI.

También hay que prestar mucha atención a los imanes, enviados para controlar a las comunidades marroquíes que se han instalado en nuestros barrios y ciudades. Además de enseñar los preceptos del Corán, actúan como una «policía de la moral» que reprime e impide las interacciones entre los musulmanes y los no musulmanes y obstaculizan el necesario e irreversible proceso de integración.

Para poner a cada cual en su lugar, hay que vigilar y expulsar del país a los imanes que coarten las libertades democráticas a las cuales tenemos derecho todos los ciudadanos que vivimos en la Unión Europea, profesemos las creencias que profesemos. Las funciones de mantenimiento del orden están perfectamente regladas en el marco constitucional y es inaceptable que nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad, muy bien formadas profesionalmente, tengan que ver entorpecida o solapada su tarea por esta «policía de la moral».

No es cuestión de rememorar el fantasma del criminal imán Abdelbaki es Satty, que manipuló sectariamente a un grupo de jóvenes de Ripoll, autores de los trágicos atentados del 17-A, en Barcelona y Cambrils. La libertad religiosa es, desde el siglo XVI, un pilar fundamental de las sociedades modernas y un factor clave de su progreso.

Ahora bien, las religiones, todas, se tienen que amoldar a la existencia superior del Estado y respetar el marco jurídico que emana de él, decidido por voluntad democrática mayoritaria. Hay que responder, con la fuerza de la ley, a los excesos, contrarios a los derechos humanos y a las libertades públicas, de todas aquellas pulsiones y expresiones de raíz religiosa.

A los ciudadanos que forman parte de la comunidad magrebí de Cataluña se les tiene que dejar madurar y evolucionar. Desde el máximo respecto a sus creencias y tradiciones, se les tiene que invitar y ayudar a salir de la cultura de ghetto, que es un reflejo de sus miedos e inseguridades, totalmente comprensibles, de entrada, en todos los migrantes que marchan a vivir a un país nuevo y extraño.

No hay que repetir, porque es obvio, que necesitamos la presencia de la emigración para rejuvenecer y reconstruir la pirámide demográfica, muy deteriorada en Cataluña por la baja tasa de natalidad de los autóctonos. Por lo tanto, los magrebíes son necesarios y tenemos que agradecer su participación en el proyecto común de sacar adelante el país.

Aliança Catalana y Vox azuzan la paranoia contra la población magrebí, acusándola de todos los desmanes, para hacerse un hueco electoral. Parece que esta miserable estrategia de división y de confrontación les funciona, según constata el último informe del CEO. Una consecuencia de este clima de hostilidad xenófoba que ha creado la extrema derecha es, por ejemplo, el lamentable incendio que ha sufrido la nueva mezquita de Piera.

Tanto Aliança Catalana como Vox son partidos soufflés, muy ligados al hiperliderazgo de Sílvia Orriols y Santiago Abascal. Su ascensión es coyuntural y después vendrán la gran bajada y las disputas internas. Desde la profundidad de los tiempos, la humanidad busca la paz y la armonía en justicia social. Quienes promueven el enfrentamiento entre hermanos, por razón del color de piel, de la lengua o de la religión están condenados, de antemano, al fracaso. La historia avanza hacia la unidad.

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Ante incendios de esta extrema virulencia –que, a causa del cambio climático, nos alertan que serán cada vez más frecuentes– los bomberos no pueden combatir las llamas con las técnicas tradicionales. Tienen que ensayar nuevas estrategias y, a la vista de los resultados, hay que felicitar efusivamente la capacidad y la eficacia mostrada por los bomberos de la Generalitat, con el apoyo de la UME y de los Agentes Rurales, en la tarea de rodear, atacar y liquidar los fuegos que se han ido produciendo.

Lo ha dicho el presidente Salvador Illa, y el consejero de Agricultura, Òscar Ordeig, lo ha expuesto ampliamente ante los sindicatos del sector primario. Cataluña tiene una tarea titánica pendiente: esponjar los bosques y reducir la masa forestal, creando valor con la explotación de la madera y fomentando la ganadería extensiva. Hay que ordenar el territorio de manera planificada, haciendo que los campos de cultivo y los bosques convivan como en un mosaico.

Esta es la única fórmula para evitar que el polvorín que tenemos en nuestras montañas, a causa del lamentable estado de abandono que sufren desde hace décadas, estalle por los cuatro costados. El Gobierno de la Generalitat tiene que hacer frente a muchas urgencias y emergencias, pero la preservación del territorio ante la amenaza del fuego es una prioridad esencial.

Sin naturaleza no hay vida, no hay agua, no hay actividad económica y no hay progreso. Con los incendios de sexta generación, la némesis llama a la puerta.

Hace falta una disciplina social y política para aceptar y hacer frente a esta amenaza vital. Tenemos un hándicap: somos mediterráneos, tenemos una visión relativa de las cosas y nos cuesta organizarnos para acometer grandes proyectos colectivos.

Pero, si queremos preservar el país, tenemos que cambiar urgentemente de chip. Sería positivo fijarnos en el espíritu y la determinación del pueblo chino. Objetivamente, no hay ninguna otra sociedad en el Mundo que haya protagonizado un milagro económico y tecnológico como el de China, desde el triunfo de la revolución de Mao Tse-Tung, el 1 de octubre de 1949.

Hace 75 años, China era un país devastado, después de años de guerra contra el colonialismo occidental, la invasión japonesa y una fratricida confrontación civil entre el Partido Comunista Chino y el Kuomintang. Desde entonces, el Imperio del Medio ha experimentado un fulgurante e imparable crecimiento y se ha convertido en la sociedad más avanzada del planeta.

Con todos los gravísimos errores, carencias y críticas que se quieran, pero la gesta heroica de la sociedad china -hoy, líder mundial en tecnología, infraestructuras, energías renovables, nueva movilidad…- es digna de admiración y de reconocimiento. La planificación y el pragmatismo son las herramientas que han fundamentado este incontestable éxito colectivo.

Legítimamente, pienso: ¿cómo abordarían las autoridades chinas el problema de la suciedad y expansión incontrolada de los bosques, la regresión y abandono de la agricultura y la amenaza permanente de sequía que tenemos en Cataluña? A buen seguro, habrían estudiado el problema a fondo, implicando a los mejores especialistas; habrían elaborado un plan exhaustivo para resolver este desequilibrio estructural y lo habrían acompañado con un cronograma; y habrían movilizado, en consecuencia, los recursos humanos y económicos necesarios para su implementación, con una constante vigilancia del cumplimiento de los plazos.

Para un país que ha sido capaz de hacer una colosal muralla verde para detener el avance de la desertificación o que ha solucionado el problema de la polución con una gigantesca apuesta por las energías renovables y la electrificación de la movilidad, los males endémicos que sufrimos en Cataluña y que amenazan nuestra supervivencia existencial son como coser y cantar.

Pero hay una diferencia sustancial. En China elaboran planes quinquenales, muy trabajados y debatidos y con unos objetivos claros y racionales. En Cataluña, por politiquería mal entendida, ni tan solo somos capaces de aprobar los presupuestos de la Generalitat o los del Ayuntamiento de Barcelona.

Inteligencia, responsabilidad y disciplina. Solo así salvaremos el país y salvaremos la democracia. Los incendios de estos días nos demuestran que tenemos un cuerpo de bomberos excepcional, y les debemos felicitar y debemos felicitarnos por su magnífica tarea. Pero el problema de fondo no es la demostrada capacidad de apagar los fuegos: el problema es el abandono de los bosques y de la agricultura.

Hay cuestiones capitales que hay que poner sobre la mesa, debatir y decidir: por ejemplo, la propiedad privada de los bosques, herencia de un pasado que ha dejado de tener sentido y que es un obstáculo para la gestión eficaz de la naturaleza; o la necesidad de eliminar el pino blanco -una “bomba” incendiaria- de nuestras montañas y su sustitución por especies más resilientes y propias del país, como la encina.

La conciencia catalana que tanto proclamamos y reivindicamos es esto. Somos una comunidad que confronta una amenaza ecológica sin precedentes. ¿Tenemos la convicción, tenemos la energía y tenemos la voluntad de hacerle frente y reaccionar? Ser patriota no es ondear una bandera estelada o hablar en catalán a la dependienta del Vivari: es, antes que nada, proteger y defender la integridad del territorio que hemos recibido y que se nos está quemando ante nuestra pasividad y pereza colectiva (después, todo son llantos y crujir de dientes).

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En la perspectiva que da el tiempo, el proceso fue un enorme engaño/alucinación colectiva que afectó, aproximadamente, a unos 2,5 millones de catalanes, espoleados por una potentísima y sofisticada maquinaria mediática engrasada desde la Generalitat. Se han escrito ríos de tinta sobre el origen y las causas de esta fiebre secesionista, pero yo lo tengo claro.

Además de la influencia del Brexit, el momento 0 del proceso fue la imputación, en 2013, de Oriol Pujol –destinado a ser el heredero de la dinastía pujolista en la Generalitat– por el caso de corrupción de las ITV. Fue entonces cuando el padre padrone Jordi Pujol decidió desenterrar el hacha de guerra contra el Gobierno del PP de Mariano Rajoy y la Casa Real. Si no había dinastía pujolista en Cataluña, entonces tampoco habría dinastía borbónica en España: el “gran pacto” de la Transición había saltado por los aires.

Ahora, con la validación por el Tribunal Constitucional de la Ley de amnistía ha culminado el constructo jurídico para cerrar este penoso episodio de la historia de Cataluña. La gente se ha sentido burlada (“¡lo tenemos a tocar!”), los dirigentes independentistas hicieron un ridículo espantoso, pero Mariano Rajoy y su “policía patriótica”, activada para intentar parar el proceso, también.

Según los cálculos de Alerta Solidària, hasta ahora han sido amnistiadas 367 personas, incluyendo 129 policías, y todavía quedan por resolver 69 peticiones. La “carpeta Puigdemont” es un caso aparte, porque está sujeta al tira y afloja entre el Tribunal Constitucional y los magistrados del Tribunal Supremo. También quedan flecos pendientes que pasan por el veredicto del Tribunal de Justicia de la UE y el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos.

¿Podrá volver a Cataluña Carles Puigdemont? Volverá, pero su aura de “independentista rebelde” se ha ido apagando con el paso de los años y hoy ya ha perdido toda su fuerza, credibilidad y carisma. Además, sus tratos secretos con el exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán -ahora en el epicentro de un asqueroso caso de corrupción, junto con el ex-ministro José Luis Ábalos y su asesor Koldo García– pueden acabar estallándole en la cara.

De ser el protagonista central del proceso, Carles Puigdemont ha acabado en un papel marginal del “santoral” independentista. Su apoyo a la investidura de Pedro Sánchez, a cambio de una amnistía que, de momento, lo ha dejado fuera de su aplicación, es un pésimo negocio que, sin duda, le pasará factura si se vuelve a presentar a unas elecciones.

Pero el verdadero punto final de esta tragicomedia será el juicio por corrupción contra el ex-presidente Jordi Pujol y sus hijos, que está fijado para el 10 de noviembre próximo en la Audiencia Nacional. Fue el propio Jordi Pujol, con su confesión del 25 de julio del 2014 sobre el dinero oculto en el extranjero, quien provocó su imputación y la de toda su familia.

Este es el “nudo gordiano” de todo el lío del proceso. Aunque la familia Pujol hizo gestiones para intentar ser incluida en el perímetro de la amnistía, es evidente que no era el caso. De todas maneras, la “música” de la Ley Orgánica de amnistía para la normalización institucional, política y social en Cataluña resonará en este procedimiento judicial, donde la Fiscalía pide nueve años de prisión para el ex-presidente de la Generalitat y 29 para su primogénito, Jordi Pujol Jr., además de las condenas solicitadas para los otros hijos.

Jordi Pujol ya ha cumplido 95 años y, por razones humanitarias, no es cuestión que se le obligue a viajar a Madrid para asistir al juicio. Previsiblemente, el abogado defensor, Cristóbal Martell, logrará un pacto previo con la Fiscalía, que evitará el trance de la vista oral, con una sensible rebaja de penas para toda la familia. Según se especula, solo Jordi Pujol Jr. entrará una temporada en la cárcel, como hizo su hermano Oriol.

Entonces, el círculo iniciado el 2013 se habrá cerrado. Tal como pasó con la quiebra de Banca Catalana, la justicia española acabará perdonando a Jordi Pujol por los trapicheos corruptos que mancharon su mandato como presidente de la Generalitat. Tal como pasó con Banca Catalana, la movilización y la presión de las masas nacionalistas en la calle también habrá sido determinante para ayudar a eludir las responsabilidades penales de Jordi Pujol y su familia.

El proceso, en resumidas cuentas, ha sido una enorme cortina de humo organizada para distraer y esconder las miserias de un régimen corrupto que, afortunadamente, ya ha pasado a la historia. La última página se escribirá el próximo 10 de noviembre.

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En estas comarcas meridionales se instalaron, durante el siglo XX, cuatro centrales nucleares –la de Vandellòs I está desactivada después de sufrir un gravísimo incendio en 1989– para proveer de energía eléctrica los grandes centros industriales de Barcelona y de Tarragona. De la mano del ex-presidente Jordi Pujol también se extrajo el agua del Ebro para abastecer el polígono petroquímico del Campo de Tarragona y, además, tuvo la desvergüenza de pactar con el PP de José María Aznar un gran trasvase hacia València, que fue parado gracias a la combativa movilización de estas comarcas y a la masiva solidaridad del resto de Cataluña.

Siempre he pensado que, además de la lacra de la corrupción que infestó a la Generalitat, Jordi Pujol cavó su tumba política a las Tierras del Ebro. No solo fue el gran promotor de la nuclearización de este territorio, sino que hizo todo lo posible para llevarse el agua del río, hurtando el principal tesoro de este territorio y poniendo en peligro la integridad del magnífico espacio natural del delta del Ebro, afectado por la regresión.

Su hijo, Jordi Pujol Ferrusola, hizo uno de sus grandes “pelotazos” con la instalación y reventa del enorme vertedero de residuos de Tivissa (Ribera d’Ebre). Además, cuando se ha planteado la necesidad de promover las energías renovables, la solución que se adoptó desde la Generalitat convergente fue destrozar la comarca de la Terra Alta, llenándola de aerogeneradores, mientras que en la demarcación de Girona -la “reserva espiritual” del pujolismo- todavía no hay ningún parque eólico, a pesar de que sopla la potente tramontana.

Con la presidencia de Salvador Illa, el desafortunado destino de Cataluña Sur puede dar un giro copernicano. Si el polígono El Molló de Móra la Nova acoge esta gigafactoría, donde se prevé una inversión de 5.000 millones de euros, el deprimido panorama de este territorio cambiará radicalmente, a mejor. Con la implantación de este gran centro de inteligencia artificial se prevé que todo el entorno se convierta en un “hub” para la ciencia y la tecnología avanzada, con la creación de miles de puestos de trabajo altamente cualificados.

La potencia y el prestigio de las empresas que forman parte del consorcio promotor del proyecto -Telefónica, ACS, MasOrange, Nvidia, Submer, Multiverse Computing, así como la Sociedad Española para la Transformación Tecnológica (SETT), organismo público dependiente del Ministerio de Transformación Digital y de la Función Pública- son una garantía que no se trata de un “cuento de la lechera”. El pacto entre el Gobierno español y la Generalitat para defender la gigafactoría de Móra la Nova ante Bruselas es total e irreversible.

La llegada de este macrocentro de inteligencia artificial coincidirá, además, con el anunciado cierre de las nucleares de Ascó I (2030), Ascó II (2032) y Vandellòs II (2035), a pesar de que los peligrosos residuos radiactivos que han excretado se quedarán durante décadas al pairo. Es decir, la Región del Ebro pasará de ser la Cenicienta de Cataluña a la zona más puntera y quedará conectada con las infraestructuras más avanzadas del país, como el Barcelona Supercomputing Center, el Consorcio de Servicios Universitarios de Cataluña, el sincrotrón del Parque del Alba, la Barcelona Cable Landing Station o el Centro Nacional de Análisis Genómico.

Para hacer funcionar la gigafactoría será imprescindible el suministro eléctrico de las grandes centrales de energía eólica y solar que existen en Aragón. Una razón de más para desmontar los intentos de separar y enfrentar a Cataluña con Aragón –actualmente, a cuenta de las pinturas murales de Sixena, depositadas en el MNAC–, cuando la interdependencia y la colaboración entre ambas comunidades es imprescindible para afrontar grandes proyectos conjuntos de progreso.

La Cataluña Sur comienza una nueva etapa histórica y, en consecuencia, hace falta que disponga de la arquitectura institucional necesaria para desplegar todas sus enormes potencialidades. Es el momento de revitalizar la dormida reorganización territorial de Cataluña y, en concreto, de implementar, de una vez, la Región del Ebro, con capital en Tortosa.

La provincia de Tarragona es una ficción que no encaja con las nuevas dinámicas económicas y sociales que están en marcha. Siete municipios -Tarragona, Reus, Cambrils, Salou, La Canonja, Valls y Constantí- han decidido vertebrar el Área Metropolitana de Tarragona, destinada a convertirse en el segundo gran polo de actividad y de atracción de Cataluña.

En este nuevo mapa que se está dibujando, las Tierras del Ebro quedan “muy lejos” del Camp de Tarragona. El proyecto de la gigafactoría de Móra la Nova tiene que servir para redefinir y fortalecer la identidad propia de Cataluña Sur que, a buen seguro, experimentará un gran crecimiento económico y demográfico en los próximos años.

En espera de que se aclare la organización de la Cataluña Central y el futuro de la quimérica Vegueria del Penedès, no podemos perder el tiempo. La Región del Ebro, donde viven 200.000 personas, se tiene que convertir ya en una nueva “provincia” y Tortosa tiene que devenir, de facto, la quinta capital de Cataluña. El futuro pasa por aquí y hay que dotarlo de una administración poderosa y de proximidad que confirme este acto de justicia histórica.

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Una vez entre en vigor este acuerdo, Gibraltar, a pesar de mantener la soberanía británica, pasará a formar parte del espacio Schengen, del Mercado Único y de la Unión Aduanera. Esto quiere decir que desaparecerá, por siempre jamás, la reja que separaba el peñón de La Línea de la Concepción y se suprimirán los controles terrestres para ir y venir de Gibraltar. Las aduanas internacionales del puerto y del aeropuerto estarán controladas, conjuntamente, por funcionarios del Reino Unido y de la Unión Europea, concretamente españoles.

A efectos prácticos, esto quiere decir que Gibraltar se integrará, cada vez más, en la vida cotidiana de Andalucía y de España y Portugal, creando una comunidad abierta y conjunta. Desde ahora, la única aduana que quedará en pie si viajamos en coche entre el peñón y el Polo Norte será… la de Andorra: una muestra de la miopía histórica y de los miedos de los «señores feudales» del Principado, que no quieren perder sus privilegios cortoplacistas.

La historia de Gibraltar ha desatado pasiones en los últimos 300 años. El hecho que la Union Jack ondee en lo alto del peñón ha provocado urticaria a toda la extrema derecha patriótica española y la dictadura del general Franco lo aprovechó como excusa para atacar políticamente a la Gran Bretaña, el paradigma de la democracia liberal, y a las Naciones Unidas.

Considerado como territorio en vías de descolonización, los llanitos votaron masivamente (99,6%) a favor de permanecer bajo soberanía británica en el referéndum celebrado el 10 de septiembre del 1967, fecha que ha pasado a ser la Fiesta Nacional de Gibraltar. Como represalia por esta voluntad autodeterminista, el régimen franquista bloqueó los accesos al peñón, con la implantación de la verja.

Estas restricciones fueron levantadas en 1985 por el gobierno de Felipe González, en vigilias de la entrada de España a la Comisión Europea. Pero el referéndum del Brexit de 2016 y su implementación volvieron a dejar a Gibraltar en un repentino aislamiento, a pesar de que la abrumadora mayoría de los llanitos (95,4%) había votado en contra.

Ha habido que esperar a la victoria de los laboristas de Keir Starmer para que la razón y el sentido común vuelvan a la diplomacia británica en relación con el peñón y los anhelos objetivos de sus 30.000 habitantes. Desde su conquista en 1704 por tropas inglesas y holandesas, con la ayuda de voluntarios catalanes, en el contexto de la Guerra de Sucesión, la geopolítica mundial ha experimentado cambios abismales.

También la industria y la estrategia militar, que justificaba su ocupación por parte del Reino Unido. Hoy, el tráfico marítimo está controlado por satélites y la existencia de una base naval, forzosamente pequeña, en una punta de la bahía de Algeciras ha dejado de tener interés operativo para la Armada británica. Además, a cuatro pasos, los Estados Unidos y la OTAN tienen el enorme complejo militar aeronaval de Rota.

Este acuerdo a cuatro bandas significa la plena reintegración de la península Ibérica -con la lamentable excepción de Andorra-: tres territorios de soberanía diferenciada (española, portuguesa y británica) por herencia histórica, pero abiertos y unidos económicamente, socialmente y culturalmente, y sin ningún impedimento para trabajar juntos por un futuro común.

Esta semana pasada celebramos el 40 aniversario de la firma de la adhesión de España y Portugal a la Comisión Europea (Unión Europea). Y, de manera coincidente, hemos recibido la buena nueva que Gibraltar acepta, de facto, formar parte de la península Ibérica, renunciando progresivamente a los privilegios fiscales que justificaban su aislamiento.

El Tratado de Utrecht y el Brexit han quedado en papel mojado en Gibraltar.

Ahora toca la tarea titánica de unir las columnas de Hércules, con la construcción de la estructura fija que tiene que conectar la península Ibérica con Marruecos y, por lo tanto, el continente europeo con África. Este túnel forma parte del proyecto de la Franja y la Ruta de la Seda, que impulsa China, país que puede ser un formidable aliado en la vertebración de un nuevo Mundo, en orden y en paz, que todos los humanos (salvo algunos, desgraciadamente con mucho de poder) deseamos desde el fondo del corazón y desde la profundidad de los siglos.

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En presencia del rey Felipe VI y del presidente Pedro Sánchez, el buen quehacer del equipo de Presidencia de la Generalitat ha salvado un match ball en un momento muy complicado de la vida política española, europea y mundial. Si la Conferencia de Presidentes hubiera degenerado en un pim-pam-pum entre territorios, habríamos entrado en una peligrosa dinámica balcánica y, afortunadamente, no ha sido así.

La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ha intentado dinamitar esta cumbre con una boutade –“el Estado plurinacional no existe”–, pero sus correligionarios del PP no le han seguido la cuerda. El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, se ha expresado en gallego, y la presidenta del Gobierno balear, Margalida Prohens, lo ha hecho en catalán, dejando en ridículo la pataleta de la presidenta madrileña de salir de la sala por no querer oir hablar en vasco al lehendakari Imanol Pradales y en catalán al presidente Salvador Illa.

La derrota de Isabel Díaz Ayuso, que se ha quedado más sola que la una en el Palacio de Pedralbes, es un canto a la esperanza en una España razonable y posible. Una España plural y diversa que tiene su expresión en el Estado de las autonomías, pero que hay que mejorar y perfeccionar con su evolución hacia un Estado federal.

Dado el clima cainita que se vive en Madrid, esta legislatura ya se puede dar por perdida, tanto en el intento de conseguir un consenso sobre la cuestión de la financiación autonómica como el inicio de los trabajos para la conversión del Senado en una verdadera cámara de representación territorial, hecho que nos acercaría al modelo federal. Esta habrá sido la legislatura de la reconducción del conflicto independentista catalán, con el colofón de la amnistía de los protagonistas del 1-O y el retorno de los tres dirigentes que permanecen en Bélgica.

Pero, como mínimo, el hilo conductor no se ha perdido y habrá que esperar al 2027, con la celebración de las próximas elecciones autonómicas y generales, para ver qué pactos de gobernabilidad se establecen y, en función de esto, encarar, ahora sí, las grandes reformas que necesita la arquitectura constitucional del Estado español para llegar a ser plenamente moderno y que requieren amplias mayorías de dos tercios en el Congreso de los Diputados y en el Senado. Esta es la gran virtud que ha tenido la XXVIII Conferencia de Presidentes de Pedralbes: allanar el camino.

Hay una España imaginada, pero que es necesaria y factible. Nos acercamos a ella y la tocamos con los dedos con la I y la II República, dos breves experiencias que fueron brutalmente aniquiladas. Es una España que reconoce y normaliza su pluralidad cultural y lingüística; que valora y fortalece la soberanía de sus instituciones territoriales; y que abandona su esquema centrípeto para consolidar un funcionamiento y una organización en red. Para entendernos: una España “alemana”, más que no “francesa”; una España heredera de la tradición de la dinastía austríaca, más que no de la borbónica.

A grandes rasgos, el PSOE, una parte del PP y los partidos nacionalistas periféricos comparten esta visión federalizante -que requiere mucha letra pequeña y mucha negociación- que subyace en la historia de España a lo largo de los siglos. Al otro lado de la balanza, el PP de Isabel Díaz Ayuso y Vox representan la España uniforme y centralista, heredera de una tradición que tuvo su última expresión en la dictadura franquista.

Sociológicamente, hay una mayoría muy amplia a favor de la España descentralizada y autonómica. Otra cosa es que tenga, de momento, una traducción política y electoral practicable. El bloque, muy precario, que ha constituido Pedro Sánchez con Sumar y los partidos nacionalistas en el Congreso de los Diputados se confronta con los pactos de gobierno, también muy precarios, entre PP y Vox en las comunidades donde suman la mayoría absoluta. Ambas son coaliciones muy inestables y que se tambalean de manera permanente.

En la Unión Europea, nuestro referente obligado, y en Alemania, la principal potencia continental, hay una fórmula de gobernabilidad muy clara, basada en el entendimiento entre democristianos y socialdemócratas y la exclusión de la ecuación de los llamados partidos identitarios, populistas o patrióticos, que son la nueva versión de la extrema derecha xenófoba y autoritaria de siempre. En el caso de España, los pactos entre PP y Vox resultan totalmente inaceptables desde la percepción mayoritaria de Bruselas y, esto, Alberto Núñez Feijóo lo sabe muy bien.

Paradójicamente, el desencadenante de la ruptura definitiva entre PP y Vox puede venir del otro lado del Atlántico, de los convulsos Estados Unidos de Donald Trump. Hasta ahora, el presidente norteamericano era el tótem y el principal inspirador e impulsor de los pujantes partidos de extrema derecha europeos. Pero su política de bandazos en la cuestión de los aranceles, su ruptura con Elon Musk (el exponente del corriendo libertariano), y su complicidad hacia Vladímir Putin han desconcertado y descolocado a sus admiradores y seguidores en el Viejo Continente y también en América Latina.

Donald Trump ha provocado una fuerte crisis de identidad en Vox y ha abierto un abismo entre el partido de Santiago Abascal y el PP. Además, los Estados Unidos, que vive conflicto “guerracivilista” cada vez más virulento, se está convirtiendo, en todos los órdenes, en un pésimo ejemplo a ojos del mundo. Y esto, los partidos trumpistas europeos lo pagarán muy caro. El PP, con la excepción de la histriónica Isabel Díaz Ayuso, no se puede permitir ir a remolque de Vox.

En este camino para adecuar la acción política a la realidad, desde EL TRAPEZIO, publicación hermana de EL TRIANGLE, hemos hecho una aportación capital: la publicación del libro Ocho objetivos para fortalecer la Alianza Ibérica, donde se marcan las prioridades para avanzar hacia una mayor confraternización entre España y Portugal, ahora que se cumplen 40 años de nuestra entrada conjunta a la Comunidad Europea (Unión Europea). Lo podéis comprar a nuestra plataforma TRIALLIBRERIA.EU.

En Portugal, la coalición de centroderecha AD, ganadora de los últimos comicios, celebrados el pasado 18 de mayo, se ha negado a establecer ningún tipo de pacto de gobernabilidad con Chega, que es el equivalente de Vox en el país vecino. Una vez más, los portugueses nos dan una lección de inteligencia política.

Federalismo e iberismo. Civilización o barbarie.

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Cataluña y Aragón tenemos una fértil historia en común, que se consolida con el matrimonio, en 1137, de Petronila, hija del rey Ramiro II de Aragón, con Ramon Berenguer IV, conde de Barcelona. Este es el origen de la potencia militar y comercial de la Corona de Aragón, que llegaría a ser hegemónica en buena parte del Mediterráneo durante la Edad Media.

La construcción del monasterio de Sijena es la primera obra magna de esta dinastía catalanoaragonesa, que se prolongó hasta el año 1410, con la muerte del rey Martín el Humano, que no dejó descendencia. Confirma su importancia capital el hecho que fuera, durante los primeros tiempos, panteón real, cámara del tesoro y archivo de la nueva dinastía, y que disfrutara de la protección especial del rey Jaime I. También que su gestión fuera confiada a la rama femenina de la orden de San Juan de Jerusalén o de Malta, que reunía a la crême de la crême de la aristocracia cristiana.

En los últimos siglos, el monasterio de Sijena ha sufrido una inexorable decadencia y degradación, a pesar de haber sido declarado monumento nacional en 1923. Pero ahora, el Gobierno de Aragón está firmemente decidido a emprender su completa rehabilitación y restauración, cosa de la cual los catalanes tenemos que estar satisfechos, puesto que es una joya remarcable de nuestro pasado en común.

Desde esta perspectiva, y dejando de lado los innumerables y desgraciados pleitos judiciales cruzados, Cataluña tiene que colaborar al máximo y con espíritu positivo en la recuperación del esplendor perdido del monasterio de Sijena. Por eso, la reposición de los frescos que están depositados en el MNAC de la sala capitular es un gesto que honora nuestro pasado y nos honora.

Obviamente, la última palabra en el traslado de estas pinturas debe tenerla una comisión independiente de expertos al más alto nivel, consensuada entre la Generalitat y el Gobierno de Aragón. Si el desmontaje comporta un riesgo cierto de destrucción de estos delicados frescos medievales, que sufrieron los efectos de un incendio en 1936, entonces lo más sensato sería que se quedaran en el MNAC.

Un científico originario de Villanueva de Sijena, Juan Naya, ha hecho un extraordinario trabajo de investigación histórica y ha conseguido la reproducción digital de las pinturas originales de la sala capitular del monasterio, que están inspiradas en la Biblia de Winchester. El maravilloso colorido de estos frescos reconstruidos digitalmente no tiene nada que ver con los deteriorados restos que quedan en el MNAC. Recomiendo, en este sentido, que visualicéis el magnífico documental, accesible por YouTube, El sueño de Sigena, donde explica todo el proceso de investigación y reproducción de las pinturas de la sala capitular.

Una solución a todo este áspero y largo contencioso judicial y político podría ser la proyección permanente en el monasterio románico de los Monegros de la precisa reconstrucción digital de las pinturas de la sala capitular realizada por Juan Naya y la completa reposición del artesonado mudéjar que también sucumbió en el incendio del 1936, que ya ha sido reproducido parcialmente. Algo parecido pasa con las pinturas de las iglesias románicas del Valle de Boí, expuestas en el MNAC, pero que disfrutan de una perfecta reproducción digital in situ.

Los vecinos organizados en la plataforma Sijena sí no quieren oir hablar de esta posible alternativa y reclaman, sí o sí, el retorno de los restos que están depositados en el MNAC, en cumplimiento de la sentencia del Tribunal Supremo. Pero hace falta que entiendan y acepten el veredicto final de la comisión independiente de expertos que hay que crear, para evitar el riesgo hipotético de destrucción durante el desmontaje y traslado de los frescos.

Se ha hablado mucho estos días, a cuenta del conflicto de Sijena, de la supuesta animadversión y anticatalanismo de la población de Aragón. Es cierto que, en el pasado, las relaciones entre Cataluña y los vecinos de Poniente han pasado por situaciones de tensión, como por ejemplo las consecuencias de la segregación del obispado de Lleida en favor del de Barbastro, decidida por el Vaticano, en beneficio de los intereses del Opus Dei.

Pero no tenemos que olvidar otros episodios. Por ejemplo, cuando, en las postrimerías del franquismo, se propuso un gran trasvase del Ebro hacia la conurbación de Barcelona, para alimentar su expansión industrial y económica. En aquella época, Aragón era una zona empobrecida, hecho que forzó la emigración de muchos de sus habitantes, en buena parte hacia Cataluña.

El agravio era clamoroso. En vez de aprovechar el agua del Ebro para generar riqueza en Aragón (nuevos regadíos, nuevas industrias…) y parar la sangría de la emigración, los poderes fácticos de la Barcelona franquista, aliados con Madrid, intentaban robar el agua para hacer crecer, todavía más, la capital catalana.

Algo parecido pasó con el proyecto franquista de llenar el valle del Ebro de centrales nucleares, una de las cuales estaba prevista en la localidad aragonesa de Escatrón. La oposición y la resistencia de los vecinos y de los ecologistas impidió su construcción, ante la certeza que la energía que produciría no serviría para el progreso de Aragón, sino para satisfacer la demanda de Barcelona, como ha pasado con las nucleares de Ascó y Vandellòs.

Aragón tiene motivos para sentirse agraviada por Cataluña y viceversa. Pero hay que poner punto final a este absurdo enfrentamiento y, después de la fallida candidatura conjunta por los Juegos Olímpicos del Pirineo, la restauración del monasterio de Sijena puede ser un gran nexo de encuentro y reconciliación.

No solo está la reivindicación de los restos de los frescos de la sala capitular que están en el MNAC. La decadencia de este gran monasterio románico, acelerada por la desamortización del siglo XIX, provocó la dispersión de sus tesoros artísticos, una parte de los cuales fueron a parar al Museo Diocesano de Lleida, hasta que finalmente fueron devueltos, bajo custodia de la Guardia Civil, en 2017, durante el periodo excepcional de vigencia del artículo 155.

Uno de los hitos tendría que ser la recuperación del gran retablo del altar mayor, del cual hay algunas partes en museos de Dallas (Estados Unidos) y Argentina. Los gobiernos de Aragón y Cataluña podrían hacer una presión conjunta y concertada para conseguir, como mínimo, que las dos pinturas del retablo, propiedad del Estado español, que están depositadas en los museos del Prado y de Santa Cruz de Toledo, regresen al monasterio.

Si cambiamos la confrontación por el entendimiento y la colaboración, Aragón y Cataluña podemos salir ganando en un win win y esto depende solo de la buena voluntad política de los presidentes Salvador Illa y Jorge Azcón, que se han reunido recientemente en Zaragoza. Hay muchos proyectos industriales, agroindustriales, energéticos… que son complementarios y que podemos desarrollar en común, en beneficio de todos.

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El paradigma de este resurgimiento del aislacionismo es la consigna de Make America Great Again (MAGA), puesta en práctica por el presidente Donald Trump. Pero también en la Unión Europea, los partidos identitarios y populistas, con la excusa de detener la emigración de los parias planetarios, propugnan el restablecimiento de las fronteras internas, que son la antítesis del espíritu fundacional del proyecto comunitario.

La exacerbación de esta exaltación de las fronteras y de la división lleva inexorablemente a la guerra. Lo estamos viendo ante nuestros ojos incrédulos con la agresión criminal de Vladímir Putin contra Ucrania y el genocidio y expulsión del pueblo palestino que está ejecutando Benjamin Netanyahu en Gaza y Cisjordania.

¿Quién y cuándo organizará la movilización global de la humanidad en repulsa contra estos dos execrables asesinos?

En todo el mundo, las fronteras se están «endureciendo». Lo explican los viajeros y turistas que quieren entrar en los Estados Unidos desde el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca. India y Pakistán han comenzado una peligrosa escalada bélica, a cuenta de la frontera que divide a ambos países, en Cachemira. Turquía, Kurdistán, Armenia, Azerbaiyán, Siria, Líbano…, también viven episodios de violencia a causa de sus límites territoriales.

El ascenso al poder de las derechas que vivimos en el actual ciclo histórico conlleva una agudización de las medidas securitarias y, en consecuencia, el establecimiento de más controles y barreras. Tradicionalmente, la derecha se ha asociado al capitalismo y al liberalismo -por contraposición a los modelos socialistas- y, se supone que esto tendría que favorecer los intercambios comerciales y la relajación de los regímenes aduaneros y fronterizos.

Pero no. Bajo la influencia de Donald Trump, la derecha actual es proteccionista y fomenta la autarquía. Y, paradójicamente, son China y sus aliados del Tercer Mundo los más partidarios del libre comercio y del levantamiento de las penalizaciones aduaneras.

A pesar de todo, las «fronteras duras» están condenadas a la desaparición. El signo inexorable de la evolución, con la ayuda de los adelantos tecnológicos, nos lleva a la aparición de una nueva civilización fundamentada en los intercambios, la intercomprensión y, en definitiva, la fraternidad humana, dejando atrás las rivalidades, las amenazas y los enfrentamientos entre comunidades y países.

Estos días hemos tenido dos pequeñas muestras que alimentan la esperanza. Según informa el diario ibérico EL TRAPEZIO (eltrapezio.eu), que edita nuestro grupo mediático, la Junta de Castilla y León ha aprobado el Plan Socioeconómico de la Raya, el territorio fronterizo con Portugal, para dinamizar su resurgimiento y prosperidad, en colaboración con las instituciones del país vecino.

La Raya es la frontera más antigua y más larga (1.234 kilómetros) del continente europeo. Desde la entrada de España y Portugal en la Unión Europea (1986), esta barrera ya no existe formalmente, pero continúa perviviendo económica y mentalmente.

El llamado «efecto frontera» ha provocado que las zonas española y portuguesa a banda y banda de la Raya sean las más despobladas y empobrecidas de la península. Tienen valiosos recursos naturales y paisajísticos para poder prosperar, pero durante siglos ha sido «tierra de nadie» y esta maldición ha continuado hasta hoy, a pesar de la desaparición física de los perniciosos obstáculos fronterizos.

Los gobiernos de Lisboa y Madrid aprobaron en 2020 una Estrategia Común de Desarrollo Transfronterizo para revitalizar la zona de la Raya. Pero, desgraciadamente, esta voluntad política avanza a paso de tortuga a la hora de traducirse en inversiones concretas y los pueblos afectados continúan vaciándose, envejeciendo y muriendo.

Cabe esperar que el Plan Socioeconómico de la Raya que ahora impulsa la Junta de Castilla y León tenga más éxito en su implementación. Ayuda a ello el hecho que este proyecto se hace en coordinación con las instituciones que trabajan directamente sobre el territorio (ayuntamientos y diputaciones).

El devastador «efecto frontera» también castiga a los Pirineos, histórica línea divisoria entre España y Francia. Solo hay que pasear por los pueblos de alta montaña del Ariège, de los Pirineos Orientales, del Ripollès o del Pallars Sobirà para constatar su decadencia demográfica y económica.

El pasado sábado, en Campllong (Gironès), se reunieron representantes de 60 municipios del Principado y de la Cataluña francesa para estrechar sus vínculos y coordinar actividades conjuntas. Es el cuarto encuentro que organizan y es la expresión que, más allá de las fronteras políticas heredadas, está la fuerza indestructible de la complicidad entre vecinos y de las raíces culturales comunes.

En el mundo hay quienes siembran la cizaña de la división, del odio, del enfrentamiento y de la violencia y levantan y fortifican fronteras, para defenderse y atacar a los enemigos. Nunca como ahora, por ejemplo, la industria armamentística de la muerte había vivido un momento tan expansivo y provechoso. Gracias al auge de la derecha dura, los pedidos se acumulan.

Pero en el mundo, también están los constructores de puentes, comprometidos en la tarea de armonizar la convivencia entre las personas y los pueblos. Es así como ha progresado la humanidad a lo largo de los siglos y no desfalleceremos. Ablandar y borrar las fronteras, para convertirlas en almohadas de diálogo y de unión es la tarea de los constructores.

En este sentido, me place anunciaros la edición de un nuevo libro de EL TRAPEZIO, en español y portugués: «Ocho objetivos para fortalecer la Alianza Ibérica/Oito objetivos para fortalecer a Aliança Ibérica». Se trata de un volumen donde explicamos, de manera práctica, cómo podemos avanzar unidos hacia la consolidación de la península Ibérica como una tierra de oportunidades y de esperanza y, a la vez, en un actor geopolítico europeo y mundial de referencia que rompa la espiral bélica en la cual hemos caído.

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El presidente Salvador Illa se ha rodeado de un equipo de gobierno muy potente y ha hecho del diálogo permanente con los agentes económicos, sociales y culturales su divisa de actuación. De este modo, ha podido desarrollar un primer año de mandato firme y tranquilo, aunque le faltan dos instrumentos fundamentales para poder desplegar su programa: una mayoría sólida que le dé estabilidad en el Parlament y unos presupuestos aprobados para emprender las políticas prioritarias para la recuperación del país.

Formado políticamente bajo la tutela de Romà Planas, que fue la persona de confianza del presidente Josep Tarradellas, el actual presidente de la Generalitat es el genuino continuador del legado tarradellista y de su mensaje de unidad. El Pacto Nacional por la Lengua, firmado la semana pasada, es el paradigma de la buena política que, históricamente, permite los grandes avances de Cataluña.

Tres partidos -PSC, ERC y Comunes- apoyan este acuerdo, que tiene que permitir el impulso definitivo para garantizar la normalización y plenitud del catalán. Lo han subscrito, de momento, una veintena de entidades: la Coordinadora d’Associacions per la Llengua Catalana, la Plataforma per la Llengua, Institut d’Estudis Catalans, Òmnium Cultural, el CIEMEN, Fundació.cat, la Confederació d’Associacions Veïnals de Catalunya, Associació de Mestres Rosa Sensat, la Taula d’Entitats del Tercer Sector Social, la Federació Catalana de Municipis, el Col·legi Oficial de Doctors i Llicenciats en Filosofia i Lletres i en Ciència, el Consell dels Il·lustres Col·legis d’Advocats, la Confederació de Cooperatives, Unió de Pagesos, UGT, PIMEC, Consell General de les Cambres Oficials de Comerç, Indústria i Navegació de Catalunya, Foment del Treball, CCOO, USOC y La Intersindical.

Es un abanico muy transversal y ampliamente representativo que da una extraordinaria fuerza y credibilidad al plan elaborado por el consejero de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila, e impulsado por el Gobierno. El pacto fija el año 2030 como horizonte estratégico para lograr sus objetivos y se estructura en nueve líneas de trabajo y 21 ámbitos de actuación: desde la educación y la universidad hasta el mundo laboral, pasando por la salud, la cultura, la tecnología y la cohesión social, entre otros.

Los nueve objetivos estratégicos que recoge el pacto son: una política lingüística que permita superar los retos a los que se enfrenta la lengua catalana; una lengua que crezca en número de usuarios para llegar a 600.000 nuevos hablantes; una lengua plenamente oficial en las instituciones públicas, empresas y servicios; un modelo educativo y universitario que garantice el pleno acceso a la lengua e impulse la cohesión social.

En quinto lugar, está el aprendizaje y el uso de la lengua entre la población adulta; un mundo del trabajo que incorpore plenamente el uso, el aprendizaje y la acreditación de la lengua; una oferta cultural y comunicativa que refuerce el uso de la lengua y facilite la identificación; una lengua compartida, reconocida y equipada para los retos contemporáneos; y una sociedad comprometida con el uso y la promoción de la lengua.

El desarrollo del Pacto Nacional por la Lengua contará con una dotación presupuestaria mínima anual de 200 millones de euros. Para este año 2025 ya se ha activado un primer paquete de acciones inmediatas, con un presupuesto inicial de más de 255 millones de euros, la cifra más alta nunca destinada a la política lingüística en Cataluña.

Esto se traducirá en iniciativas diversas, como por ejemplo una campaña de bienvenida de las personas recién llegadas para informarlas de la realidad lingüística del país y facilitarles el acceso inmediato a los recursos para aprender catalán desde el primer día. En el mundo laboral, se pondrá en marcha el grupo de trabajo del Consejo del Diálogo Social encargado de desarrollar un plan específico de fomento de la lengua como competencia profesionalizadora.

En el ámbito municipal, se pone a disposición de los ayuntamientos un modelo de gestión lingüística para que desarrollen sus líneas de trabajo, además de una línea de subvención para incentivar el aprendizaje y el uso de la lengua. En el sector comercial, se despliega un plan específico de información, formación in situ y asesoramiento y apoyo a los establecimientos para facilitar el cumplimiento de la normativa; y en el fomento general del uso, prevé una nueva campaña de gran alcance para estimular el uso del catalán entre los que ya lo hablan y promoverlo entre los nuevos hablantes.

Salvador Illa ha afirmado que «tenemos el deber compartido de llevar el Pacto del papel a la calle. El catalán es una lengua con una historia milenaria, pero sobre todo queremos que sea una lengua del siglo XXI de pleno derecho, un elemento indispensable de prosperidad, cohesión, disfrute y convivencia«. Según el presidente de la Generalitat, este Pacto Nacional por la Lengua «es de todos y de todas y tiene las puertas abiertas a todos los que se quieran sumar».

El presidente Josep Tarradellas, a buen seguro, estaría muy feliz con la firmeza y pluralidad que se ha logrado con este Pacto Nacional por la Lengua, que reúne a organizaciones y entidades independentistas y no independentistas, hasta hace poco enfrentadas a muerte. Es un ejemplo de su manera de entender y de hacer política. Josep Tarradellas tenía una convicción, confirmada por la experiencia: Cataluña es un país demasiado pequeño para pelearnos y solo avanza cuando se consiguen grandes consensos. Entonces, somos imparables.

Del mismo modo que el principal adversario político de Josep Tarradellas fue Jordi Pujol, que estaba dispuesto a todo para satisfacer su agresiva ambición de poder personal, la estrategia pactista y unitaria de Salvador Illa tiene su cruz en Carles Puigdemont. Hay dos modelos antagónicos de gobernar Cataluña: el tarradellista, del cual es tributario el actual presidente de la Generalitat, y el pujolista, que encarna el ex-presidente residente en Waterloo.

Desde esta óptica, hay que interpretar la llamativa renuncia de JxCat a sumarse al Pacto Nacional por la Lengua, junto con la CUP, PP y Vox. El modelo mesiánico pujolista-puigdemontista se basa en el autoritarismo y la obediencia debida al líder; la fórmula de Salvador Illa, en el diálogo, la negociación y los resultados. Las dos Cataluñas.

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A parte de esto, la OPA del BBVA sobre el Banco Sabadell no es ningún drama para Cataluña, como sí lo fue la desaparición de las cajas de ahorros, a raíz de la crisis del ladrillo. Las cajas de ahorros tenían, además del negocio bancario, una voluntad, más o menos atinada, de retorno de sus beneficios a la sociedad, a través de sufragar actividades culturales y sociales en los territorios donde tenían más implantación y arraigo.

En cambio, Banco Sabadell siempre ha sido una entidad reseca y antipática, dedicada solo al dinero y sin ningún tipo de sensibilidad altruista. Eso sí, esponsoriza cada año el elitista torneo de tenis del conde de Godó… y poca cosa más.

CaixaBank es un banco. Banco Sabadell es un banco. ¡Pero qué diferencia más abismal que existe entre la ingente obra cultural, social, artística…, que desarrolla la Fundación “la Caixa” de Isidre Fainé con la nula empatía social que ha tenido siempre el Banco Sabadell de Josep Oliu!

Según la CNMV, los principales accionistas del Banco Sabadell son Blackrock (6,6%), Zurich (4%), Dimensional Fund (3,8%), Goldman Sachs (2,8%) y UBS (2%): inversores norteamericanos y suizos a la caza de plusvalías. Y los principales accionistas del BBVA son Blackrock (6,6%), The Capital Group Companies Inc. (5%), Goldman Sachs (3%) y UBS (2,2%): inversores norteamericanos y suizos a la caza de plusvalías.

Es decir, Blackrock, Goldman Sachs y UBS son, a la vez, importantes accionistas tanto del Banco Sabadell como del BBVA y son ellos, en función de sus intereses especulativos, los que decidirán si les conviene culminar la OPA o no. La comedia patriótica de Josep Oliu (que vive en Madrid) es de muy mal gusto.

Hubo un tiempo, diez años atrás, en que Banco Sabadell sí se podía considerar una entidad catalana. Entre sus principales accionistas estaban Isak Andic (Mango), José Manuel Lara (Planeta) y Joaquim Folch-Rusiñol (Titán). Pero la nefasta gestión de Josep Oliu  provocó un catastrófico agujero económico, los accionistas catalanes perdieron hasta la camisa y la entidad acabó cayendo en manos de “tiburones” internacionales sin escrúpulos, que son los que controlan el banco actualmente.

Yo puedo entender que los sindicatos se opongan frontalmente a la OPA del BBVA sobre el Banco Sabadell para defender los puestos de trabajo. Pero resulta patético y ridículo el cortejo de entidades empresariales, como Fomento del Trabajo, Pimec o el Círculo de Economía -presidido por el ex-consejero delegado del banco, Jaume Guardiola-, que han montado una defensa numantina alrededor de Josep Oliu, con el argumento de salvaguardar la supuesta “catalanidad” del Banco Sabadell.

Estamos hablando de dinero, solo de dinero. De presionar al presidente del BBVA, Carlos Torres, para que ponga más dinero sobre la mesa para culminar la OPA y que los inversionistas del Banco Sabadell puedan ganar más dinero a la hora de vender las acciones (y los trabajadores, que les zurzan).

Blackrock, Zurich, Dimensional Fund, Goldman Sachs y UBS, principales accionistas del Banco Sabadell, están encantados con las fuerzas vivas de Cataluña (patronales, políticos, medios de comunicación…), que han salido en tromba en defensa de la “independencia” del banco. La “sociedad civil” catalana les está calentando gratuitamente (?) el valor de la acción en la Bolsa y, por lo tanto, engordando exponencialmente los beneficios que estos “tiburones” piensan sacar de la OPA del BBVA.

Falta por ver si Carlos Torres mantiene viva la subasta que se ha organizado o abandonará esta timba de póker. En todo caso, la farsa de Josep Oliu tiene muy poco recorrido, a pesar de la brillante ejecutoria de su consejero delegado, César González-Bueno, que ha sido capaz de resucitar al muerto.

Por volumen y cuota de mercado, Banco Sabadell es carne de OPA o de fusión. Si, finalmente, fracasa el envite del BBVA, hay otras operaciones corporativas que esperan a la esquina.

Me sabe mal que, presionados y manipulados por Josep Oliu y sus terminales empresariales y mediáticas, el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, y el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, se hayan visto envueltos a participar a la fuerza en este sainete de mal gusto, donde los verdaderos autores y beneficiarios finales viven muy lejos de aquí. Espero que el ministro Carlos Cuerpo, encargado de dar el veredicto final sobre la OPA del BBVA, actúe con ponderación, profesionalidad y velando por el interés público.

No estamos hablando de Cataluña. Estamos hablando de acciones y de dinero.

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