La ruptura puede parecer un gesto de fuerza, pero en realidad puede convertirse en un error de envergadura. Hasta ahora, Puigdemont había conseguido situarse en un espacio de influencia real: condicionar el gobierno español, hacer valer los votos de Junts y mantener vivo el relato del diálogo sin renunciar al conflicto. Con la ruptura, sin embargo, este equilibrio se rompe. Si la decisión precipita elecciones, el riesgo es claro: que la irritación del votante progresista y la fragmentación del bloque de izquierdas acaben devolviendo el poder a PP y Vox. Y entonces, lo que hoy se presenta como una victoria moral podría convertirse en su derrota más práctica —y en la del conjunto de Cataluña, que vería cerrada de nuevo cualquier brecha de negociación.

Detrás de esta ruptura también hay miedo. No solo el miedo a perder la coherencia o el relato, sino la más inmediata: la de perder votos. Las encuestas apuntan a que la Aliança Catalana de Sílvia Orriols está mordiendo terreno a Junts, sobre todo entre los sectores más desencantados con la política de acuerdos y concesiones. En este contexto, Puigdemont necesita marcar perfil, recuperar el epicentro del discurso soberanista y demostrar que no es ninguna muleta de Sánchez. Pero esta huida hacia adelante tiene un precio: refuerza el relato de confrontación que la derecha española —y ahora también la extrema derecha catalana— utilizan para dividir y desgastar. El riesgo es que, al querer esquivar el fuego de Aliança Catalana, acabe alimentando un fuego mucho mayor, el de PP y Vox.

Puigdemont ha querido vestir la decisión con argumentos de fondo: los supuestos incumplimientos de Sánchez en tres frentes: la aplicación de la ley de amnistía, la oficialidad del catalán a la Unión Europea y el traspaso de competencias en inmigración. Pero ninguno de estos obstáculos depende solo del PSOE. La amnistía la ha frenado el Tribunal Supremo, el catalán ha topado con la reserva de Alemania y el traspaso de inmigración se ha encallado por el voto decisivo de Podemos. Lo menos relevante, al fin y al cabo, es que los socialistas hayan aceptado una ley hecha a medida, se hayan esforzado por obtener apoyos en el Consejo Europeo o hayan votado a favor del traspaso. El trasfondo es otro: la necesidad de Junts de marcar perfil ante la presión de Aliança Catalana. Y es aquí donde la coherencia se confunde con el cálculo, y el riesgo de perder el relato puede acabar convirtiéndose en el riesgo de perderlo todo.

Como en toda tragedia, el desenlace no depende solo del protagonista, sino también del contexto que lo rodea. Puigdemont puede pensar que rompe para preservar su causa, pero corre el riesgo de acabar siendo el personaje que, al querer mantener la pureza del relato, abre la puerta al retorno de los que querían hacerlo desaparecer. Si la política es el arte de gestionar los posibles, su decisión parece más próxima al gesto simbólico que a la estrategia. Y ya se sabe: en política, como en Shakespeare, los gestos simbólicos acostumbran a tener consecuencias irreversibles.

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El trauma que el robo ha dejado a la sociedad francesa —dicen— es solo comparable con el incendio de Notre Dame. Como entonces, los franceses se han sentido vulnerables. La comparativa es de la ministra Cultura, Rachida Dati. El ministro de Justicia francés, Gérald Darmanin –que antes lo fue de Interior–, entonó el mea culpa: «Lo que es seguro es que hemos fallado». Según él, la imagen vista en todo el mundo del pequeño camión con el elevador y el hecho de que, en pocos minutos, los ladrones consiguieran sustraer de las vitrinas, tras serrarlas, ocho joyas de tanta relevancia simbólica, «da una imagen deplorable de Francia».

Lo que queda claro es que Francia no está pasando por su mejor momento. Al día siguiente del robo, el expresidente Nicolas Sarkozy ingresaba en la cárcel de la Santé, de París, para cumplir la condena de cinco años de prisión que se le impuso el mes pasado por asociación de malfactores y el intento de conseguir financiación ilegal del dictador libio Muamar Gaddafi para la campaña electoral de 2007. Un hecho insólito en la V República, en un momento político muy delicado.

Francia parece vivir inmersa en una crisis de confianza colectiva. El robo al Louvre, más allá de su espectacularidad, es el reflejo simbólico de un país que hace tiempo que ha perdido el sentido de su propia invulnerabilidad. El desgaste institucional es evidente: la extrema derecha, más fuerte que nunca; un presidente, Emmanuel Macron, desconectado de la calle y acorralado por la impopularidad; una sociedad dividida entre la nostalgia de la grandeur y el miedo a un futuro que no sabe cómo afrontar. El ingreso en prisión de un expresidente por corrupción solo acentúa la sensación de que el sistema tropieza, que nada es sólido. En otros tiempos, Francia proyectaba orden, cultura y prestigio moral; hoy, parece vivir atrapada entre la impotencia y la vergüenza. Quizá por eso este robo duele tanto: porque recuerda a los franceses que incluso el Louvre, el último santuario de su grandeza, también puede ser vulnerado.

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Lo mismo ocurre a nivel estatal con Vox. Su obsesión por echar a Pedro Sánchez ha acabado uniendo —aunque sea a contracorriente— una mayoría heterogénea en el Congreso que, entre crisis y sustos, mantiene al actual presidente en el poder. La extrema derecha, en su cruzada contra «el sistema», acaba uniendo lo que quería dividir. Pero que esta paradoja juegue, de momento, a favor del progresismo, no quiere decir que sea eterna.

La estrategia de Illa y de Sánchez es clara: alimentar a la bestia. Hacerla visible, criticarla, confrontarla. Cada ataque es a la vez un arma de desgaste y un refuerzo para el relato propio. Pero aquí está la trampa: de tanto engordar a la bestia, un día puede ser que los acabe devorando. La historia europea está llena de ejemplos en los que las extremas derechas han pasado de ser una caricatura incómoda a un actor central capaz de condicionar gobiernos, leyes y sociedades. Y entonces, cuando la bestia es lo suficientemente grande, ya no hay manera de controlarla.

Aliança Catalana y Vox no crecen solo de la indignación, sino del vacío político y emocional que otros no han sabido llenar. El independentismo clásico, atrapado entre la retórica y la impotencia, deja paso a un discurso simplista y excluyente que se disfraza de radicalidad patriótica. El constitucionalismo, incapaz de ofrecer respuestas a la precariedad y al malestar social, permite que Vox capitalice la rabia. La extrema derecha no aporta soluciones, pero sabe hacer del miedo y la frustración un capital político rentable.

Por eso la crítica no puede ser solo reactiva, ni puede limitarse a mostrar el esperpento de sus discursos. Hay que construir alternativas creíbles y esperanzadoras. Hay que responder con políticas públicas que mejoren la vida de la gente, con discursos que no renuncien a la complejidad, con liderazgos que ofrezcan confianza y no solo retórica. Si no, el peligro es evidente: la bestia, engordada por unos y por otros, acabará siendo el único animal capaz de dictar las reglas del juego.

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Salvando distancias y temáticas, el despropósito me recuerda el caso del expresidente de Estados Unidos, Barack Obama, que en su día —cuando era presidente— se vio obligado a demostrar que, muy al contrario de lo que defendía el magnate Donald Trump —ahora presidente—, había nacido en Estados Unidos y no fuera, mostrando su certificado de nacimiento, que acredita que nació en Hawaii y que, por tanto, fue legítimamente presidente de los Estados Unidos no lo puede ser quien —no ha nacido en el país—.

¿Por qué debe ser Brigitte quien demuestre que es mujer —u Obama que es estadounidense— y no Owens —o Trump— lo contrario? La lógica debería ser inversa: quien acusa debería presentar pruebas sólidas, y no quien es víctima de la calumnia verse forzado a justificar la evidencia de su existencia. Este mecanismo de vuelco, tan propio del populismo, convierte a la víctima en sospechosa y al agresor en portador de una supuesta verdad alternativa. Es la victoria del ruido sobre la razón.

Nos encontramos ante un fenómeno que ya no es marginal y que erosiona la confianza colectiva en los hechos. Y cuando los hechos son cuestionados, la democracia queda desarmada. ¿Cómo se puede deliberar sobre políticas públicas, sobre decisiones de gobierno, si ya no hay acuerdo en lo más básico, en lo constatable y medible? La paradoja es que Owens, Trump y tantos otros no deben asumir ninguna responsabilidad por las falsedades que esparcen. La carga de la prueba recae sobre los demás, que pelean por desmentir lo que no debería ni ser escuchado. El resultado es perverso: los que mienten imponen el marco del debate y los que dicen la verdad son arrastrados a un terreno donde siempre salen perdiendo.

Por eso el caso de Brigitte —como el de Obama antes— es más que una anécdota grotesca. Es un aviso sobre la fragilidad del espacio público ante la desinformación organizada. No se trata solo de un ataque personal, sino de un mecanismo para desgastar instituciones, para erosionar la credibilidad de los líderes y, en última instancia, para hacernos dudar de todo. Y si dudamos de todo, todo vale. Quizás la pregunta de fondo no es por qué Brigitte debe demostrar que es mujer, sino por qué nosotros, como sociedad, toleramos que la mentira tenga el mismo rango que la verdad. Lo que hay en juego no es la identidad de una primera dama, sino la salud democrática de un mundo que parece dispuesto a dejarse gobernar por las sombras.

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Trump, abatido por la desgracia, acostumbra a olvidar el asesinato en junio de la congresista demócrata de Minnesota, Melissa Hortman, y su marido; la agresión con un martillo a Paul Pelosi, el esposo de la expresidenta de la Cámara de Representantes Nancy Pelosi; el complot para asesinar a la gobernadora de Michigan, Gretchen Whitmer, o el incendio provocado en mayo en la casa del gobernador demócrata de Pensilvania, Josh Shapiro. Como no son los suyos, pues no pasa nada, minucias. Eso sí, que no le toquen los suyos, que por ellos removerá cielo y tierra.

Por la muerte de Kirk, Trump ya ha señalado y condenado al culpable —más allá de quien presuntamente disparó, el tal Tyler Robinson—: la extrema izquierda. Según el presidente: «Los radicales de derechas solo quieren erradicar el crimen; el extremo izquierdo es el problema». Pues lo que decíamos, que el sol se pone por donde quiere Trump. Y ya ha avanzado que los piensa perseguir, a los radicales de izquierdas, claro. De momento, ya ha hecho despedir a Jimmy Kimmel, un destacado comediante y presentador norteamericano crítico con Trump.

Pero la política no puede reducirse a un juego de espejos deformantes, donde solo importa quién de qué parroquia era la víctima. Esta contabilidad sectaria del dolor no solo es inmoral, sino que erosiona la misma idea de comunidad política. Si las víctimas solo «valen» cuando sirven para apuntalar un relato, entonces hemos dejado de entender que el fundamento de la democracia es que la vida humana tiene un valor innegociable, independientemente del color de la papeleta o del canal de televisión que consumes.

El discurso trumpista, que enaltece el miedo y hace del enfrentamiento tribal una herramienta de movilización, no solo es tóxico para los adversarios políticos. Lo es, sobre todo, para sus propios seguidores, a los que alimenta con la idea de que todo es una guerra permanente, que no hay matices ni zonas grises, que el mundo se divide entre buenos y malos. Es el mismo esquema que se ha visto en otros lugares y momentos de la historia, y siempre con consecuencias funestas.

La paradoja es que Trump denuncia lo que él mismo promueve: el ambiente de violencia latente, de sospecha constante, de odio enquistado. Cuando criminaliza colectivamente a la izquierda, cuando anima a «tomar las armas» en sentido figurado (o no tanto), cuando sugiere que los jueces que lo investigan son enemigos del pueblo, está poniendo las bases para que la política se convierta en una sucesión de actos de venganza. Y eso ya no es democracia, es selva.

Quizás ha llegado la hora de que alguien le recuerde —y nos recuerde— que la política no es solo defender a los nuestros, sino, sobre todo, establecer reglas comunes que protejan a todos, incluso a quien nos repugna o a quien nunca votaría como nosotros. Esta es la diferencia entre un sistema democrático y una guerra civil fría: que en la primera hay normas y límites; en la segunda, solo hay bandos.

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Por poner un ejemplo reciente, ¿quién diríamos que, refiriéndose al gobierno de Pedro Sánchez, ha pronunciado la siguiente y repugnante frase: «Aquí podemos empezar a cavar la fosa donde reposan los restos de un gobierno que nunca debería haber existido en nuestro país»? ¿Lo ha vomitado un político de Vox o uno del PP? Pues, no ha sido otro que el secretario general del PP, Miguel Tellado. El interfecto nos tiene acostumbrados a las indecencias verbales que, con el tiempo, lejos de moderarse, se exacerban, complicando hasta el extremo su diferenciación con Santiago Abascal, por poner un ejemplo muy ilustrativo del perfil facha.

Las palabras de Tellado me han hecho pensar en un dibujo de Forges, en el que un señor, detrás de un mostrador y escribiendo en el ordenador, pregunta a otro: «¿Profesión?»: «Facha». «¿Estado civil?»: «Crecido». La razón es que, como el personaje de la viñeta, los fachas en España están cada día más crecidos. Se sienten más cerca del poder y, por eso, se crecen. Tellado es un buen ejemplo: se ve con suficiente impunidad para decir cualquier barbaridad, como la que nos ocupa.

Su frase denota una reprobable falta de respeto por las víctimas del franquismo. No es solo una metáfora desafortunada, es un escupitajo a la memoria histórica y a miles de familias que aún buscan a los suyos. Y si en democracia las palabras son importantes, aún lo son más cuando pretenden naturalizar el odio y el desprecio. Por eso, la respuesta más contundente ha venido del propio presidente Sánchez: «Un insulto a los miles de españoles cuyos familiares fueron o están todavía en una fosa. Una apelación encubierta a la violencia, un cuestionamiento de la democracia. Una prueba más de que el PP se ha rendido al odio de la ultraderecha y que no tiene nada positivo que aportar a nuestro país».

Y aquí es donde radica el problema de fondo: cuando el partido que aspira a ser alternativa de gobierno se expresa con el mismo lenguaje que la extrema derecha, no hay diferencias a encontrar. No hay siete diferencias, ni tres, ni siquiera una. Solo hay el mismo dibujo repetido dos veces, con el mismo trazo grueso y asqueroso.

Por si no fuera suficiente, el jefe de Tellado, Alberto Núñez Feijóo, ha colgado un vídeo recientemente en el que se le puede ver cantando Mi limón, mi limonero en un Karaoke gallego, que acompaña con la frase «me gusta la fruta», que acuñó la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, para salir del paso tras haber calificado en realidad al presidente Sánchez de «hijo de puta».

La degradación del debate político es evidente. El PP, lejos de marcar distancia con Vox, compite en un concurso grotesco para ver quién insulta más fuerte, quién rompe más puentes, quién enciende más deprisa el fuego del odio. Pero en este juego macabro no solo se juega la dignidad de las instituciones, sino también la salud de la democracia.

Como decía Machado: «En España, de cada diez cabezas, nueve embisten y una piensa».

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La suerte de Laporta es que no tiene rival o los que tiene son insignificantes. El acierto de Laporta es haberlo apostado todo a Hansi Flick. Con el alemán, como escribíamos aquí hace bien poco, el balón entra, y eso hace que, dentro de la gravedad, el Barça mantenga las constantes vitales. Pero, las facciones de Flick se empiezan a desencajar, y esa media sonrisa de regocijo permanente se empieza desdibujar. Empero, si el balón entra, se prorrogará la aventura. En Vallecas costó que entrara y lo hizo insuficientemente. Primer aviso.

La lista de despropósitos es larga. La construcción del nuevo estadio nunca termina, un bache de calendario, sin ni rastro de las penalizaciones a la constructora que el presidente había prometido con rostro solemne. La economía del club es un atolladero permanente: no hay margen salarial ni para inscribir con normalidad ni para retener estrellas, y cuando se vende, a menudo es a la baja, con la sensación de haber dañado patrimonios deportivos y económicos. A esto hay que sumarle el trato gélido o directamente hostil a figuras primordiales del barcelonismo: Messi despedido con un triste comunicado, Koeman esperando horas en el coche para saber si estaba cesado, Xavi convertido en un juguete de la comunicación presidencial. Decisiones tomadas más con voluntad de afirmar el liderazgo personal que con visión de club.

Pero los errores no acaban ahí. La aventura efímera del streaming del club, un invento tan caro como inservible, ha sido un monumento a la improvisación. La herencia judicial con el caso Negreira sigue salpicando a la institución sin que la directiva haya sabido establecer un relato sólido que la proteja. Y mientras se exhibe un discurso de grandeza, el Barça ha quedado reducido a depender de palancas de urgencia, adelantos televisivos e inventos financieros que tan solo maquillan la fragilidad estructural. Todo ello, una serie de heridas abiertas que, si vinieran de otro presidente, ya habrían sido letales.

Lluís Bassat lo encapsulaba hace poco en La Vanguardia: «Laporta me ganó en las elecciones a la presidencia del Barça porque hizo cosas que yo no sé hacer: explicó que había fichado a David Beckham, cuando no era cierto». Y en las últimas elecciones, el presidente prometió que retendría a Messi, y lo acabó despachando.

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Del PP de Alberto Núñez Feijóo no esperaba menos: empeñados en la idea de recuperar el poder al precio que sea, se empecinan en demostrar en todo momento un grado de inmadurez política mayúsculo. Tanto, que cualquier democracia con un mínimo de cultura institucional ya les habría inhabilitado como alternativa seria de gobierno. Pero en España, y este es el drama, la crispación y el bloqueo se han convertido en el combustible habitual del debate público. Su estrategia es tan simple como irresponsable: incendiarlo todo, aunque literalmente el país esté en llamas.

Pero no solo la estulticia anida a la derecha. Mención aparte merece la insistencia del ministro Óscar Puente en exhibirse como el más macarrónico de los socialistas. De tanto perseverar en esto, al final cuesta distinguirlo de los hooligans populares que dice combatir. Quizás es aquello de «si no puedes con el enemigo, unámonos a él». En todo caso, la manera de hacer de Puente —paradójico apellido…— es un síntoma preocupante: ante la ofensiva de una derecha radicalizada, el gobierno responde con un registro parecido, entrando en un barro que solo beneficia a quienes quieren dinamitar las instituciones.

El resultado es que, en medio de una crisis climática que ya no admite aplazamientos, la política española se entretiene en batallas estériles. Los incendios, que arrasan hectáreas enteras, ponen de manifiesto la debilidad de unos políticos incapaces de desplegar políticas eficaces de prevención y adaptación. No es solo un problema de falta de medios, sino sobre todo de falta de prioridades. La agenda política se consume en titulares y peleas, mientras la realidad se quema ante nuestros ojos.

Las comunidades autónomas son las responsables, en primera instancia, de apagar los fuegos. Una realidad que el PP trata de disfrazar. Interpone, de nuevo, los intereses partidistas a los de los ciudadanos que, impotentes, observan cómo se les queman las casas, los bosques, los cultivos. Pero el drama es más profundo: la falta de coordinación entre administraciones, la burocracia que retrasa las ayudas, la precariedad de unos equipos de emergencia que hacen milagros con recursos mínimos. Mientras tanto, los mismos que recortan presupuestos son los que luego salen a hacerse la foto con los uniformados que arriesgan la vida.

Lo que vemos es una metáfora dolorosa: el país quema, y con él también se calcina la credibilidad del sistema político. Cuando los discursos sirven más para dividir que para resolver, cuando el tacticismo electoral pesa más que el sentido de estado, el resultado es el de un país atrapado en una especie de loop autodestructivo. Los fuegos de hoy son también los de mañana, porque la falta de prevención y planificación condena el futuro a repetir la tragedia.

Y aquí está la pregunta incómoda que pocos quieren afrontar: ¿cuántos incendios más, cuántas sequías más, cuántas olas de calor devastadoras más tendremos que sufrir para que los políticos entiendan que la crisis climática no es una carpeta más en la mesa del despacho, sino la raíz misma de la supervivencia colectiva? La ciudadanía no necesita pifias ni reproches: necesita liderazgo, honestidad y capacidad de pensar más allá del ciclo electoral.

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Sin embargo, la insistencia del juez Juan Carlos Peinado en sacar adelante la instrucción acaba haciendo hueco. La cacería es feroz y sesgada. Y entiendo que muchos, ante tanta presión mediática y judicial, puedan dudar. Yo mismo he dejado de poner la mano en el fuego por ningún político. Pero una cosa es la desconfianza hacia la clase política y otra es el despropósito de un sistema judicial que permite convertir sospechas en condenas anticipadas.

Si finalmente se demuestra que Gómez no tiene nada que ver con ninguna de las acusaciones y que no hay pruebas sólidas contra ella, el juez Peinado debería asumir responsabilidades. Él y tantos otros que han abusado de su poder, amparados en la impunidad que les ofrece la toga.

No es un caso aislado. En Cataluña hay suficientes ejemplos, de despropósitos o desproporciones. Recordemos, por ejemplo, a la jueza Carmen Lamela, responsable de que Sandro Rosell pasara 645 días en prisión preventiva antes de ser declarado inocente. Una de las mayores infamias recientes de la justicia española. Rosell fue indemnizado con 230.000 euros: ridículo e insultante si lo comparamos con la vida arrebatada, los negocios perdidos y el estigma social. Lamela, mientras tanto, sigue ejerciendo con toda normalidad, sin tener que rendir cuentas. ¿Dónde queda aquí la justicia?

Es igualmente grave que tribunales den credibilidad a organizaciones como Hazte Oír, altavoces de una extrema derecha que se disfraza de sociedad civil mientras practica el lawfare. Si se demuestra que Gómez ha sido víctima de esta estrategia, tampoco bastaría con archivar la causa: habría que exigir responsabilidades, exigir reparación y poner límites claros.

Rosell no es el único encarcelado preventivamente siendo inocente. Gómez no será tampoco la única víctima del lawfare, si es que se confirma el caso. La justicia española acumula demasiados episodios en los que parece actuar más como instrumento de venganza política que como garante de derechos y libertades.

La razón es que, como escribió Montesquieu, «no hay peor tiranía que la que se ejerce a la sombra de las leyes y bajo el calor de la justicia». Desgraciadamente, en España hace tiempo que conocemos este bochorno tóxico.

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Escribo esto antes de su anunciado encuentro con Putin. Vete a saber qué resultado tendrá, pero hay algo seguro: su objetivo no es la paz, sino la imagen. La paz es solo el atrezo; él es el actor principal.

Y es aquí donde propongo los Antinobel de la Paz. No es ninguna idea original: la inspiración viene de los Golden Raspberry Awards, los populares Razzies, que desde 1980 premian lo peor del cine. Y lo hacen sin piedad. Ronald Reagan, antes de instalarse en la Casa Blanca, recibió a un Razzie a la peor trayectoria cinematográfica. George W. Bush, ya con el botón nuclear bajo la mano, también ganó uno, compartido con Donald Rumsfeld, por sus «interpretaciones» políticas registradas por los informativos.

El Antinobel de la Paz seguiría esta filosofía, pero en versión geopolítica: premiar a aquellos que hablan de paz mientras juegan al Apocalypse Now. Galardonar a los que ponen una sonrisa delante de la cámara mientras, fuera de plano, encienden mechas.

Y el primer ganador sería un candidato imbatible: Trump. Un personaje capaz de presentarse como el «único» que puede evitar la Tercera Guerra Mundial, mientras felicita a Putin por sus «buenas jugadas» y se fotografía con Benjamín Netanyahu en medio de una ofensiva militar. Como aquel bombero que llega al incendio con un bidón de gasolina…

Si se crea el Antinobel de la Paz, su nombre quedaría grabado en la primera placa. No como homenaje, sino como advertencia universal. Porque, como dijo Albert Einstein: «No sé con qué armas se luchará la Tercera Guerra Mundial, pero la Cuarta será con palos y piedras». Y Trump, si puede, querrá poner su nombre.

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No hay que hacerse trampas: a comienzos del pasado curso pocos apostaban por ver al Barça compitiendo de verdad. Se hablaba más de números, de palancas, de problemas con la Liga, que de lo que pasaba en el césped. Pero el equipo ha sabido crecer en medio de todo este ruido. Los jóvenes han dado un paso adelante, los veteranos han arrastrado cuando ha sido necesario y el técnico ha hecho de maestro de ceremonias sin reclamar protagonismo.

Ahora bien, que esto pueda convivir con la situación que vive el club en el ámbito institucional y económico es toda otra historia. Porque mientras la pelota entra, el presidente Joan Laporta sigue haciendo de Laporta. Declaraciones grandilocuentes, gesticulaciones, fotos buscadas, y una gestión económica que sigue generando más dudas que certezas. Todo ello, con el fiasco de Nico Williams, el enésimo retraso en las obras del nuevo estadio, y la crisis Ter Stegen, entre otros pufos. El optimismo que se vende desde el palco tiene mucho que ver con lo que pasa sobre el césped. Pero el día que esto se tuerza —porque el fútbol no es lineal— veremos qué queda de todo este relato de euforia.

Es perfectamente compatible elogiar lo que ha hecho el equipo y ser crítico con la gestión del presidente. De hecho, casi sería una obligación. El Barça ha vuelto a jugar bien al fútbol, pero el club sigue hipotecado, y la política de las palancas no se puede alargar eternamente. Hay un riesgo evidente de volver a caer en la huida adelante.

La gran paradoja de este Barça es esta: cuando más funciona el equipo sobre el campo, más se intenta tapar la inestabilidad que sigue fuera. Y como el balón entra, muchos se dejan llevar por la euforia. Pero no nos engañemos: la gestión económica sigue siendo opaca, los números no acaban de cuadrar y el club no puede vivir permanentemente instalado en la venta de activos y en el relato del «todo irá bien».

El día que el balón deje de entrar —porque todos los equipos pasan por momentos malos— veremos si la casa está lo suficientemente bien construida para aguantar. Ahora mismo, el fútbol salva el relato. Pero eso no puede ser la única base del proyecto. Hace falta más contención, más rigor, más seriedad en la gestión.

Mientras tanto, eso sí, disfrutemos de lo que pasa en el césped. El equipo se lo ha ganado, y los aficionados también. No cada temporada puedes ver como un grupo de jóvenes se cuadra delante de los grandes de Europa y les planta cara. Pero que eso no nos haga perder de vista lo que está pasando fuera. Porque cuando el balón no entre, todo este maquillaje saltará.

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La suerte de Sánchez contrasta con la mala estrella de Alberto Núñez Feijóo. El hombre, siempre tan convencido de que tiene la verdad en el bolsillo, se encuentra que, cuando la izquierda tropieza, la derecha se hunde por su propia inercia. No por arte de magia, sino porque arrastra un historial de prácticas dudosas que hacen que el discurso moralizador le explote en la cara cada vez que intenta capitalizar la indignación ciudadana.

Porque, seamos sinceros, en este país parece que a la derecha se le permite delinquir con una impunidad social que la izquierda no tiene. A la izquierda se le exige ejemplaridad, transparencia, penitencia pública y dimisiones exprés. A la derecha, se le disculpa el expolio con la condescendencia de un padre severo pero comprensivo: «No lo hagas más, Cristóbal».

Eso no exime a la izquierda de sus pecados, claro. El caso Cerdán es feo. Y no, no vale aquello de «el otro lo hace peor» o el «y tú más». Pero también es cierto que la reacción ante los escándalos parece seguir un patrón desigual: cuando hay sospechas a la izquierda, el relato pide dimisiones inmediatas y autocrítica pública; cuando las sombras caen sobre la derecha, el discurso se diluye entre tecnicismos, amnesias selectivas y excusas procesales. El problema no es solo la conducta de los partidos, sino la diferencia de tratamiento —político, mediático y judicial— según quien ocupa la silla. Y eso, a la larga, desgasta la credibilidad del sistema más que cualquier caso concreto.

Y en este clima de cinismo y desconfianza, uno no puede evitar recordar aquel chiste de Eugenio. El del coleccionista de mariposas que cae por un barranco de 3.000 metros y, en el último instante, se agarra a una rama. Y llama desesperado: «¿Hay alguien?… ¿Hay alguien?». Y finalmente, una voz profunda le dice: «Sí, hijo mío, soy Dios. Déjate ir. Te salvarán mis ángeles». Y él contesta, descreído: «¡De acuerdo! Pero… ¿Hay alguien más?».

Pues eso. Cuando la corrupción se generaliza y la justicia parece actuar según el viento político, el ciudadano cuelga del precipicio y se pregunta, espantado: ¿hay alguien más? ¿Hay alguien que realmente vele por el bien común? ¿Hay alguien que no juegue con las instituciones como si fueran cromos electorales?

Quizás no es que la gente haya dejado de creer en la verdad. Quizás es que, como decía Hannah Arendt, «cuando todo el mundo miente a la vez, el resultado no es que las mentiras sean aceptadas como verdades, sino que nadie cree nada».

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Este debate no es nuevo, pero reaparece con cada caso que trasluce las conciencias. Cuando la inmoralidad, el crimen o el abuso manchan la biografía de un creador, hay quien defiende que hay que borrar también su legado artístico. Cancelar, eliminar, silenciar. Es una reacción comprensible, pero es también un error profundo. Porque confunde la obra con el hombre. Y porque nos exige una pureza retrospectiva que la historia del arte —y de la humanidad— no puede ofrecer.

Separar la obra del autor no es indulgencia, sino madurez. Es reconocer que una creación puede tener valor estético, emocional o cultural incluso si quien la hizo es moralmente reprobable. Esto no quiere decir ignorar ni minimizar la gravedad de los hechos. Quiere decir, simplemente, que una obra no es la biografía del autor. Que puede sobrevivirlo, trascenderlo e incluso contradecirlo.

Es más fácil ver la complejidad cuando pensamos en nombres como Louis-Ferdinand Céline, autor de algunos de los pampeanos antisemitas más repugnantes del siglo XX y, al mismo tiempo, de Viaje al fondo de la noche, una novela que revolucionó la prosa europea por su crudeza, lucidez y estilo devastador. O Caravaggio, criminal fugitivo y maestro insuperable del claroscuro. O Roman Polanski, condenado por abuso sexual, pero aún hoy reverenciado por obras como El pianista o Chinatown. O Richard Wagner, compositor monumental que se convirtió en banda sonora ideológica del nazismo. Y así, tantos. Todos ellos nos ponen ante la misma disyuntiva incómoda: ¿qué hacemos cuando la grandeza artística convive con la miseria moral? ¿Qué parte pesa más? Y, sobre todo, ¿quiénes somos nosotros para decidir si una obra debe morir con el autor?

En el caso de Ortega Monasterio, el impacto emocional es más directo porque El meu avi forma parte de una liturgia sentimental catalana. Ahora bien, que la canción continúe interpretándose no quiere decir blanquear al autor. Quiere decir distinguir entre la música que nos acompaña y el hombre que presuntamente hizo daño. Podemos cantarla sabiendo quién la escribió, del mismo modo que podemos leer Voyage au bout de la nuit sabiendo quién era Céline: con conciencia crítica, con dolor, pero también con capacidad de discernimiento.

No se trata de defender nada ni a nadie, sino de entender que si solo conservamos las obras de los seres moralmente ejemplares, nuestro legado cultural quedará desmenuzado. La historia del arte, de la literatura, de la música, es una historia hecha por humanos: algunos brillantes, otros deplorables. Pero la cultura no es una ceremonia de expiación. Es un espacio de confrontación, de tensión, de preguntas difíciles.

Y esta es una de ello: ¿qué hacemos con las obras que queremos cuando descubrimos que el autor no merece nuestro respeto? La respuesta no puede ser sencilla. Pero tampoco puede ser la amnesia. La cultura no se construye con silencio, sino con memoria.

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Lo que podría haber sido un resbalón anecdótico es, en realidad, la culminación de una estrategia política cada vez más evidente. Feijóo no habla a la cámara, ni siquiera a sus electores convencionales; habla a un segmento radicalizado de la sociedad española, alimentado por el ecosistema mediático de la ultraderecha, donde la descalificación personal ha sustituido el argumento y donde cualquier desprecio es admisible si sirve para desgastar al rival. Esta es una deriva que ya habíamos visto con Pablo Casado y que ahora Feijóo reproduce, con la misma falta de miramiento institucional y la propia miopía estratégica.

La escena no es solo vergonzosa por el contenido: lo es por el momento y por el lugar. Que el jefe de la oposición utilice la tribuna del Congreso para vincular al presidente del gobierno con el mundo de la prostitución a través de vínculos familiares indirectos es un síntoma grave de empobrecimiento democrático; implica aceptar que cualquier táctica es válida si ayuda a mantener viva una narrativa de desprestigio personal, aunque sea desde lo más infame e insustancial.

En lugar de confrontar a Sánchez con propuestas, datos o modelos de país —por más distantes que sean—, Feijóo opta por una oposición que quiere ser escándalo antes que alternativa. Un discurso que no busca gobernar sino incendiar. Y eso, lejos de hacerle ganar centralidad, le empuja a un espacio de irrelevancia moral y estratégica. Porque quien todo lo reduce a la indignación, a la descalificación, acaba siendo incapaz de articular un proyecto propio.

Hay, además, una cuestión de fondo que no puede ser ignorada: este tipo de intervenciones suponen un retroceso flagrante en la lucha por la dignidad de las mujeres y la regulación de su cuerpo dentro del espacio público. El uso instrumental de la prostitución como arma política no solo es grosero, sino profundamente irresponsable. Con una ley sobre la abolición del sistema prostitucional sobre la mesa, que el Partido Popular ha contribuido a entorpecer, el mensaje lanzado por Feijóo es, como mínimo, cínico.

Es legítimo criticar, e incluso cuestionar duramente, al gobierno y sus decisiones. Lo que no es admisible es convertir la vida privada, o la de un familiar políticamente irrelevante, en munición. Eso no es política: es un asalto al respeto mutuo que debería sostener toda democracia madura.

Feijóo ya no es solo un líder desconcertado, es un actor peligroso dentro del sistema democrático. Porque cuando el jefe de la oposición cruza todas las líneas rojas por un titular, no solo pierde él: pierde la política. Y con ella, pierde el país.

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La cosa tendría un punto de humor negro si no fuera por la gravedad de lo que implica. Porque si Vox se atreviera a aplicar su idea con rigor, tendría que empezar por los suyos. Literalmente. Ignacio Garriga, secretario general del partido, hijo de una mujer guineana, sería uno de los primeros afectados. Como también Javier Ortega Smith, con madre argentina y pasaporte doble.

Si nos tomamos seriamente la propuesta —y no hay motivos para no hacerlo, vista la deriva cada vez más explícita del discurso de Vox—, deberíamos expulsar también a figuras como Ansu Fati, nacido en Esplugues de Llobregat, formado en La Masia del Barça e internacional con la selección española, su padre es originario de Larache, Marruecos, y su madre de Bata, Guinea Ecuatorial. O Nico Williams, nacido en Pamplona, hijo de ghaneses, uno de los jugadores más prometedores del fútbol europeo. Ambos, según Vox, serían candidatos a hacer la maleta.

Najwa Nimri también entraría en la lista. Actriz reconocida internacionalmente, nacida en Pamplona de madre navarra y padre jordano. Como ella, la cantante y actriz Berta Vázquez, de origen etíope y criada en Elche, o el músico Rels B, mallorquín hijo de madre chilena, son ejemplos de una realidad cultural que Vox no quiere ver.

La propuesta es, evidentemente, una obscenidad. Pero también es una mentira. En España, ni hay ocho millones de inmigrantes irregulares ni hay una invasión. Lo único que hay es un país que vive del trabajo de muchos de ellos que Vox quiere expulsar. El campo, la construcción, el cuidado de las personas mayores, la hostelería, las ciudades que funcionan gracias al trabajo de miles de personas de origen extranjero. Esta es la realidad que el fascismo disfraza de problema.

Y el Partido Popular, ¿qué hace? Mira hacia otro lado. Hace ver que no va con ellos, pero gobierna gracias a ellos. Da la mano a Vox en los gobiernos autonómicos mientras evita hablar de ello en los platós. Pero el silencio también es una elección. Y cuando se pacta con quien quiere limpiezas étnicas en nombre de la identidad, se está diciendo que todo esto es negociable.

Mientras tanto, quien se resiente es la decencia. Porque no se puede hacer política convirtiendo la vida de millones de personas en un debate sobre quién merece quedarse y quién debe marcharse. No se puede hacer política proponiendo deportaciones masivas en un país que, sin inmigración, hace años que habría entrado en colapso demográfico. No se puede, simplemente, ser tan cínico como para expulsar el futuro en nombre de un pasado inventado.

La gran mentira es hacer ver que España estaría mejor sin ellos. Cuando, en realidad, todo aquello que la hace más digna y más viva depende también de las vidas que Vox querría borrar. Como escribió Albert Camus, «no hay más que una manera de hacer frente a este mundo: no ser cómplice».

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Los datos son incontestables. Según el Servicio Meteorológico de Cataluña, la temperatura media ha subido más de 1,8 °C desde mediados del siglo XX, una cifra superior a la media global. Pero lo que espanta más no es tanto la subida sostenida como la velocidad del cambio. En junio de 2022, en Les Garrigues, se alcanzó una máxima de 43,1 °C, una temperatura que hace veinte años se asociaba a ciudades del norte de África, como Orán o Túnez. Hoy, estas temperaturas son cada vez más habituales aquí. En Lleida, este junio pasado, se han registrado temperaturas máximas similares a las de Fez, en Marruecos.

Aunque los pantanos han recuperado niveles destacables esta primavera, el campo agrícola —sobre todo en zonas de secano— continúa resintiéndose de los efectos acumulados de una sequía estructural. Los buenos datos de reservas no siempre se traducen en una mejora directa para los cultivos, que arrastran años de déficit hídrico, restricciones de riego y cosechas mermadas. La recuperación, si llega, será lenta y desigual.

El cambio climático ya no es una teoría científica, sino una realidad cotidiana. Las sequías, los incendios, las olas de calor y los fenómenos extremos se han convertido en compañeros habituales de viaje. Y, a pesar de todo, los negacionistas climáticos continúan con su cruzada de desinformación.

En lo más alto de esta ola negacionista sigue instalado, grotescamente, Donald Trump. El presidente norteamericano, que sacó a EEUU del Acuerdo de París y calificó el cambio climático de «mentira china», ha sido uno de los grandes aliados de las industrias contaminantes y de la ignorancia global. Pero no es el único. En Europa, partidos ultras y gobiernos populistas minimizan la crisis climática, posponen políticas verdes o incluso las deshacen. Aquí mismo, en nuestra casa, hay voces mediáticas y políticas que siguen diciendo que todo esto es «cíclico» o «natural».

No, señores. No es cíclico. Es sistémico. Es el resultado de décadas de un modelo económico basado en el petróleo, la explotación y el crecimiento sin límites. Lo que vivimos ahora es solo una cata de lo que nos espera si no ponemos freno. Y hay que decirlo claro: negar el cambio climático ya no es una opinión, es una irresponsabilidad criminal.

Es necesaria una acción decidida y valiente. Hacen falta gobiernos que dejen de mirar las encuestas y empiecen a escuchar a los científicos. Hacen falta medios que no den voz al negacionismo en nombre del «pluralismo». Y es necesaria una ciudadanía crítica, comprometida y exigente. El futuro no se escribe solo. Y si no queremos que este futuro sea asfixiante —literalmente—, hay que actuar ahora. Quizás no podamos evitar que haga calor este verano; pero sí podemos evitar que el siguiente sea aún peor. O como decía el sabio: «Si no puedes soportar el calor, no hagas cosquillas al dragón».

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No es el delito el que diferencia a los partidos, sino la manera en que lo gestionan. El PP institucionalizó la corrupción como una forma de engranaje interno, con sobresueldos, cajas B y silencio cómplice. El PSOE, cuando se le coge en falso, corre a hacer ver que todo ha sido cosa de un individuo aislado, un error, una traición puntual. Pero cada vez cuesta más sostener el relato.

La trama Koldo–Ábalos–Cerdán no es un caso aislado, es un tríptico de miserias. Koldo García, el chofer ascendido a hombre fuerte de las gestiones opacas; José Luis Ábalos, el político leal que miró hacia otro lado mientras todo pasaba en su despacho; y Santos Cerdán, el negociador silencioso del partido, que siempre ha sabido mover los hilos entre bambalinas.

Y mientras todo esto estalla, el PP se pone las manos en la cabeza y hace ver que acaba de descubrir la corrupción. «¡Mafia o democracia!», gritan solemnes, como si la Gürtel no hubiera existido nunca. Indignación repentina, hemeroteca olvidada. Y en medio, resuena todavía aquella frase atribuida a José María Aznar que lo condensa todo: «El que pueda hacer, que haga». No es un lapsus. Es todo un programa de gobierno.

Porque, seamos sinceros: el escándalo no es solo que haya corruptos. El escándalo es la hipocresía. Es Aznar denunciando al otro mientras protege a los suyos. Es Alberto Núñez Feijóo hablando de limpieza con el vestido salpicado. Es la derecha exhibiendo indignación cuando le conviene, y complicidad cuando toca callar.

Eso no exime a nadie. Si Pedro Sánchez ha tapado, conocido o aprovechado esta red de favores y cobros, que pague políticamente. Con contundencia, con dimisión o con urnas. Pero que no venga el PP a hacer sermones de virtud desde el púlpito de la Gürtel, Kitchen y compañía.

En este país, la corrupción no es patrimonio de un color. Lo que cambia es el oficio con el que se la gestiona. Unos la convierten en sistema, otros en naufragio. Pero si queremos limpiar la casa, hay que empezar por reconocer que todos los partidos tienen mierda bajo la alfombra. Al fin y al cabo, como decía Bertolt Brecht: «El ladrón pequeño entra en la cárcel; el ladrón grande entra en el gobierno».

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Por eso se plantó en la última Conferencia de presidentes. No para defender el castellano —que no necesita defensa en Cataluña ni en ningún sitio—, sino para consolidar su relato de España asediada. Un relato que le sirve para no tener que hablar de Madrid, porque cada vez que alguien le pregunta por la sanidad pública, por las colas en urgencias o por la escuela pública, ella responde con más catalán: “El español está siendo perseguido en Cataluña”, “en muchas aulas de Cataluña, el español está prohibido”…

No importa que sea mentira. Lo que importa es que funcione. Y funciona. No para informar, sino para deformar. Porque mientras los votantes se fijan en el mal que, según ella, hace el catalán a 600 kilómetros de distancia, no miran lo que hace su propio gobierno en la puerta de casa.

Pero la jugada de Ayuso va más allá. No se limita a explotar un falso agravio: banaliza el debate democrático. Cuando una presidenta autonómica utiliza la palabra apartheid para referirse a la inmersión lingüística —que, recordémoslo, ha sido avalada por instancias internacionales y garantiza la competencia en las dos lenguas oficiales—, no solo miente, también dinamita el respeto por la diversidad y alimenta un clima de odio que luego no sabe, ni quiere, controlar.

El catalán le es útil. Le sirve para erigirse en lideresa, para competir con Vox, para hacer ver que tiene un proyecto de España. Pero este proyecto no es nada más que un antiprocés permanente, una cortina de humo para esconder la ausencia de una política real que mejore la vida de los madrileños.

Pero este juego no puede durar siempre. Llegará un día que incluso los votantes más fieles aplaudirán menos los discursos sobre apartheid lingüístico y preguntarán más por qué no encuentran pediatra en su barrio, o por qué sus hijos estudian en aulas masificadas. Y entonces les importará muy poco si en Vic se dice bon dia o buenos días a la hora de entrar a escuela.

Cuando este día llegue —y acabará llegando—, Ayuso descubrirá que gobernar no es vivir de un enemigo imaginario. Y que no se puede tapar la realidad de Madrid con la lengua de otro territorio. Lo que sí se puede hacer es gobernar mejor. Pero para ello hace falta algo más que discursos y fantasmas.

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Pero el problema no desaparece con palabras. El caso Cerdán es devastador para la narrativa que ha construido Sánchez durante años. Aquella idea de una izquierda limpia, que lucha contra las cloacas del Estado y que no tolera malas prácticas dentro de las propias filas, ha saltado por los aires. Cuando el número tres del PSOE aparece salpicado, cualquier defensa moral tropieza. Aquí no vale decir que era “cosa de otro”. O Sánchez sabía qué pasaba en el corazón de su propia maquinaria de poder, o bien perdió gravemente el control del partido. Ambas opciones lo dejan muy tocado.

Es evidente que esta vez el golpe ha sido fuerte. Tanto, que la pregunta que muchos se hacen es si finalmente se han acabado las siete vidas de gato de Sánchez, aquel político capaz de sobrevivir a mociones, elecciones, pactos rotos y escándalos variados. Este caso, sin embargo, tiene un componente especialmente nocivo: erosiona la base moral de su liderazgo y debilita la confianza interna en el PSOE.

Ahora bien: aquí viene la paradoja. Como decía Eugenio en aquel chiste inmortal: “¿Hay alguien más?”. Cuando la ciudadanía mira la oferta política, el panorama no invita al optimismo. La alternativa más inmediata a un Sánchez tocado no es un proyecto renovador y tranquilizador, sino un posible gobierno de PP con Vox. Y eso, para muchos votantes progresistas y moderados, sigue siendo una perspectiva inquietante.

Esta situación explica por qué, pese a todo, el PSOE podría mantenerse como primera fuerza en las encuestas. Si el próximo barómetro del CIS vuelve a darles el liderazgo, será un toque de atención a Alberto Núñez Feijóo y a su entorno. Porque ni siquiera un escándalo de esta magnitud consigue consolidar una alternativa sólida a la Moncloa.

La situación es incómoda para todos. Sánchez intentará resistir, apelando al voto del mal menor. Pero su crédito se erosiona. La alternativa no genera confianza. Y la política española sigue atrapada en un círculo vicioso: se condenan los abusos de unos, pero no se construye una alternativa creíble por parte de los otros.

Mientras tanto, el gato de Sánchez hace de equilibrista sobre su último hilo. Si sobrevivirá o no, lo dirán las urnas. Pero si el PSOE vuelve a liderar las encuestas, quizá quien realmente tendrá que volver a hacerse mirar su estrategia será un PP que, con Vox en la mochila, sigue sin convencer a una mayoría de la sociedad.

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El desencuentro no debería sorprender a nadie. Ambos comparten una visión eminentemente transaccional de las relaciones personales y políticas: aliados cuando les conviene, rivales cuando el interés o la imagen pública lo exige. Su relación inicial parecía marcada por intereses coincidentes más que por una verdadera afinidad ideológica. Musk, entonces, no escondía una cierta simpatía por las políticas de desregulación que defendía la administración Trump, mientras este valoraba positivamente el peso y la influencia pública del empresario.

En los últimos meses, Musk ha optado por distanciarse políticamente de Trump, tal y como se desprende de algunas de sus intervenciones públicas y tuits. No está claro si esta decisión responde exclusivamente a convicciones personales, a estrategias empresariales o a consideraciones de imagen, pero el cambio de tono es evidente. Trump, fiel a su estilo combativo, ha respondido con reproches y descalificaciones, que se han hecho públicas y notorias.

Este intercambio, que podría ser anecdótico si no fuera por la prominencia mediática de ambos, contribuye a enrarecer aún más un espacio público ya bastante saturado de ruido y confrontación. Mientras problemas de gran alcance —como la crisis climática, el avance acelerado de la inteligencia artificial o el aumento de las desigualdades— piden liderazgos sólidos y reflexivos, asistimos a una pelea de patio de escuela entre multimillonarios obsesionados por su protagonismo.

Que una pelea entre estos dos personajes haya acaparado tantos titulares dice mucho sobre el estado de la esfera mediática actual. Pero también nos interpela como ciudadanos: no podemos permitir que disputas personalistas acaben marcando el pulso de la agenda política y social. Más allá de los reproches que se puedan dirigir mutuamente Trump y Musk, tenemos derecho a exigir que los grandes temas que afectan a la mayoría sean tratados con seriedad y responsabilidad.

Dos hombres ricos chillan. Millones escuchan. Quizás el verdadero espectáculo no son ellos, sino nuestra predisposición a escucharlos.

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El PP nunca ha escondido su voluntad recentralizadora. Su trayectoria política demuestra una oposición frontal a cualquier política lingüística que busque la normalización del catalán. En Cataluña, ha combatido la escuela en catalán; en el País Valenciano, favoreció la sustitución lingüística con el blaverismo institucional; y en las Illes, impusó el trilingüismo para debilitar el papel del catalán como lengua vehicular.

Al presidente del PP le gusta hacerse fotografías hablando gallego en su territorio. Pero cuando se trata de defender los derechos lingüísticos de otros pueblos del Estado, su discurso cambia radicalmente. Este doble estándar revela la instrumentalización política de la lengua: el gallego sí, porque es útil en Galicia; el catalán no, porque es útil a Pedro Sánchez. Así de simplista es su lógica.

La negativa del PP a reconocer el catalán como lengua oficial de la Unión Europea no se basa en razones técnicas ni económicas —como quieren hacer ver— sino en una revancha política por la alianza del gobierno español con partidos independentistas. Es una manera de hacer pagar al catalán el precio del pacto. ¿El problema? El PP no castiga a ningún partido: castiga a millones de catalanohablantes y la legitimidad de una lengua europea.

Hay líderes populares que defienden las lenguas propias en sus territorios (Baleares, Galicia, País Valenciano…) pero callan o aplauden cuando el partido en Madrid las ataca. Esta esquizofrenia discursiva no solo es incoherente, sino que pone en duda cualquier compromiso real del PP con el respeto a la diversidad lingüística. ¿De qué sirve decir que el valenciano es una riqueza si luego se vota en contra del catalán en Europa?

El PP ha convertido la lengua catalana en un campo de batalla ideológico. No por criterios lingüísticos, ni pedagógicos, ni culturales, sino como arma de confrontación política. Y lo hace con un discurso relleno de incoherencias, hipocresías y venganzas. Mientras esto continúe, su compromiso con la pluralidad lingüística será, como el catalán de Aznar, una cuestión puramente “íntima”. Y la democracia española, cada vez más pobre en palabras, y en valores.

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Israel, con la excusa del derecho a defenderse, ha impuesto sobre Gaza un castigo colectivo sistemático. No es sólo una operación militar. Es la destrucción calculada de una sociedad: sus viviendas, sus escuelas, sus hospitales, sus infraestructuras, sus sueños. Es el colapso premeditado de una vida civil, de una normalidad que ya era precaria, convertida ahora en ceniza. Y todo ello, bajo un paraguas de impunidad diplomática y apoyo armamentístico.

Europa, mientras tanto, dice estar “preocupada”. Emisarios que condenan con la boca pequeña, ministros que hablan de paz pero negocian armas, instituciones que esperan que pase la tormenta mientras la lluvia cae sobre los mismos de siempre. El pacifismo europeo es papel mojado cuando no se aplica a todos los pueblos por igual. Y lo que vemos hoy no es una excepción, sino una norma: hay muertos que escandalizan, y muertos que simplemente molestan la agenda.

Se ha normalizado el infierno a copia de palabras suaves. Hablamos de errores colaterales cuando se bombardea una escuela con niños dentro. De objetivos militares cuando se destruye un bloque de pisos. De derecho a la seguridad mientras se impone un bloqueo que convierte a Gaza en una cárcel a cielo abierto. El lenguaje no es inocuo. Es la herramienta con la que Occidente se espolvorea la conciencia y convierte la atrocidad en una nota de prensa.

Pero no podemos seguir así. No podemos seguir tolerantes con lo que, si tuviera otros protagonistas, ya habría sido calificado de crimen contra la humanidad. Si otro estado, en cualquier otra parte del mundo, hubiera actuado como Israel lo hace hoy, Europa ya habría exigido sanciones, embargos, rupturas diplomáticas. Pero aquí no. Aquí, el relato es más fuerte que la realidad.

Es hora de decir basta. Basta de complicidad, basta de relativismo, basta de mirar hacia otro lado. El pueblo palestino no necesita sólo solidaridad; necesita acción política, coraje diplomático y justicia internacional. Y Europa, si quiere recuperar un mínimo de credibilidad moral, debe empezar por llamar lo que pasa en Gaza por su nombre: no es una guerra, es una limpieza étnica encubierta por la burocracia del silencio.

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