Cuando empezábamos a tener buenas noticias sobre el compromiso del Estado contra los vientres de alquiler, con sentencias del Tribunal Supremo que los califican como una explotación reproductiva de las mujeres que convierte a las criaturas en mercancía (sentencias 1626/2024, de 04/12/2024 y 496/2025, de 25/03/2025), el Comité de Bioética de Cataluña hace público su posicionamiento a favor de la llamada «gestación subrogada». Así lo hace patente en el documento » La gestación subrogada. Reflexiones y propuestas para una posible regulación», de marzo de 2025, elaborado por diez supuestos expertos en bioética.
Consideramos, tanto el documento como el posicionamiento que defiende, totalmente contrarios a la protección de la dignidad y la integridad de las mujeres y los bebés gestados por medio de esta práctica degradante basada en una aplicación inhumana de la tecnología, en las antípodas de la ética de una sociedad igualitaria.
Sólo con la voluntad de aprobar un documento como el que ha visto la luz se puede crear un grupo de trabajo integrado por personas que se han mostrado públicamente favorables a legalizar este tipo de explotación reproductiva; así se entiende que el documento no se centre en analizar realmente el impacto de la mal llamada “gestación subrogada” sobre las mujeres y los bebés, sino en blanquear una práctica infame basada en la mercantilización y la explotación de la capacidad reproductiva de las mujeres y en el tráfico de seres humanos.
El documento apela a la libre elección de las mujeres que quieran hacer de vientre de alquiler. En un mundo desigual, en el que la precariedad y la pobreza están absolutamente feminizadas, hablar de libre elección en el caso de las mujeres que se ven abocadas a poner su cuerpo y su salud física y psíquica al servicio del mercado de la vida como último recurso para alimentar a su familia es abrazar el mito neoliberal que le da cobertura ideológica.
Los vientres de alquiler conculcan los derechos humanos básicos y sitúan deseos individuales e intereses económicos de las empresas por encima de los derechos humanos de mujeres y bebés. Este informe deshumaniza tanto a la madre como al bebé. La mujer no es tenida en cuenta como sujeto en sí misma, sino como un mero vehículo para acceder al objeto de deseo de los compradores: los bebés. Se deshumanizan los vínculos maternofiliales y la mujer se disocia no sólo de su propio cuerpo, sino también de su propio hijo.
De hecho, es clamoroso haber ignorado la mención en el informe de los riesgos a los que están sometidas las mujeres: no es “sólo” un embarazo, es una “ovodonación” de una mujer y la implantación de un embrión en otra mujer. No son sólo riesgos físicos, son riesgos psicológicos. Aducen el elevado coste de los vientres de alquiler en el extranjero para justificar su posición favorable, y rematan la argumentación diciendo que, ya que no se puede acabar con esta práctica en el extranjero, lo mejor es regularla en España.
Regularla en un hipotético modelo altruista donde las mujeres son las altruistas y el Estado proporciona todos los recursos sanitarios, sobrecargando aún más el sistema nacional de salud y desviando recursos a satisfacer deseos privados en lugar de destinarlos a necesidades médicas reales. Ser madre o padre no es un derecho y apelar aquí al art. 16 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos es puro cinismo.
Queda por saber quién asumiría “la justa compensación” a la mujer sometida a explotación reproductiva ni qué compensación se consideraría lógica si se tratara, como dicen, de un acto altruista. Finalmente, sorprenden e indignan los motivos considerados por el CBC para justificar su posición: “riesgos psicosociales y biológicos” de los compradores o “motivaciones personales”.
Esto quiere decir que, en realidad, cualquier motivo puede avalar a los explotadores de mujeres y traficantes de criaturas, una muestra palmaria de clasismo, en todos los casos, y de lo que podríamos llamar gaypatriarcado , en el caso de parejas de hombres que quieren tener descendencia genética negando la existencia de madres a las criaturas gestadas por contrato.
Las feministas impugnamos la totalidad de este informe y pedimos al gobierno la destitución de los miembros del Comité de Bioética. Primero, porque no protege ni a las mujeres ni a las criaturas de las implicaciones más graves de la mercantilización de la vida en Cataluña. Pero, sobre todo, porque seis de los diez firmantes del informe avalado por el Comité tienen obvios conflictos de intereses como profesionales y asesores en empresas y fundaciones vinculadas al negocio de la explotación reproductiva.
Hace unos años, Victoria Camps, catedrática de ética y miembro del Comité de Bioética de Cataluña, decía en una entrevista concedida a un diario de tirada nacional: “La ética no es una colección de normas, es una sensibilidad”. ¿Cuál es, ahora, la sensibilidad del Comité de Bioética de Cataluña? Necesitamos urgentemente un Comité de Bioética que proteja los Derechos Humanos, no el mercado de la vida.
(Este artículo lo firman Elena Escobar, Carme Abellán, María De la Coba, Mª Xosé González, Isabel Pérez-Molina y Silvia Carrasco, de Feministas de Cataluña)
