Además de Cristina Baldoví y Lluís Morales, educadores del barrio del Raval e impulsores de Per Elles, compartí mesa con personas muy comprometidas, con las que me unen experiencias profesionales y años de militancia y amistad. La periodista Mónica Bernabé, que fue corresponsal en Afganistán durante años; la escritora Najat El Hachmi, autora del ensayo imprescindible Siempre han hablado por nosotras (2019); la incansable abogada paquistaní Huma Jamshed, que ayuda a las jóvenes que huyen de las implacables garras del patriarcado, desde ACESOP (Asociación de Mujeres Pakistaníes del Raval); Esther Sánchez, la actual coordinadora de Valentes i Acompanyades, asociación afincada en Girona que lucha desde hace años contra los matrimonios forzados y todo lo que los rodea. Todas, sin excepción, personas progresistas luchando contra las desigualdades que afectan a las niñas y a las mujeres.

Tres décadas después de convertirnos en país receptor de migraciones y no solo de paso hacia otros lugares de Europa, ¿por qué sigue conociéndose tan poco la realidad vivida por las niñas, adolescentes y jóvenes de origen inmigrante? ¿Por qué es necesario que se constituya una asociación que se preocupe solo por ellas? ¿Por qué falla la administración?

Es lamentable reconocer que, como sucede en el resto de Europa, a pesar de la abundante investigación en migraciones que hay en Cataluña y en el Estado, el interés por las desigualdades que afectan específicamente a las niñas y las jóvenes de entornos inmigrantes, musulmanes y otros, ha sido muy escaso. Esto es altamente problemático porque es necesario conocer su realidad para entender en profundidad las situaciones que enfrentan estas niñas y jóvenes; un conocimiento que solo puede aportar la investigación social. Si no se conoce la realidad en su complejidad, las intervenciones políticas que pretendan remediar su situación pueden tener consecuencias imprevistas e incluso contraproducentes, siendo cómplices de la conculcación de sus derechos, como de hecho ya ha pasado.

¿A qué se debe esta falta de datos y estudios específicos sobre las niñas y jóvenes migrantes? Pues paradójicamente y en parte, el inequívoco compromiso antirracista de la investigación en migraciones ha soslayado cuestiones que pudieran abundar, convenientemente manipuladas, en el prejuicio contra los inmigrantes, por ejemplo, el control ejercido sobre las niñas y las mujeres. Como consecuencia, a pesar del esfuerzo por hacer oír las voces de las personas inmigrantes en la investigación, el silencio sobre las experiencias y las circunstancias de niñas y adolescentes hablando por sí mismas y de forma crítica, es clamoroso. En segundo lugar, se viene dando una clara supeditación de la perspectiva feminista a la perspectiva antirracista tanto en la academia como en la política, como si la primera no luchara también contra la discriminación y la exclusión, en este caso de las mujeres en cualquier circunstancia y contexto. Se han ocultado, así, las desigualdades sufridas por ellas, recogiendo sus voces críticas con el racismo de la sociedad mayoritaria, pero no con el machismo de sus familias y entornos, o bien poniendo el foco exclusivamente en lo que resulta innegociable para la sociedad receptora, como el uso del velo. Estas cuestiones no son menores, pero desvían el foco de sus condiciones y expectativas de vida.

Esta supeditación de la perspectiva feminista ha coincidido, además, con la práctica desaparición de lo poco que se había avanzado en la coeducación en el sistema educativo, sin mensajes ni acciones explícitas orientadas a educar para la igualdad. Por ejemplo, abordando explícitamente desde la escuela la extensión del control comunitario que ejercen otras alumnas y alumnos sobre el comportamiento de las chicas. Mientras, ha ganado terreno la simplificación conceptual fruto de la tergiversación de conceptos como el de interseccionalidad. A pesar de la suspicacia que levanta por sus malos usos, el concepto de interseccionalidad tal como fue acuñado por Kimberlé Crenshaw es muy útil para entender la complejidad de la opresión que se articula y refuerza en las mujeres a partir de otros factores además del sexo (la clase social, el origen, la edad, etc.). Pero las teorías posmodernas lo han convertido en una herramienta de división entre supuestas privilegiadas y oprimidas sin contexto ni historicidad, ocultando el sistema que nos condiciona a todas. El resultado es obvio: quién gana es el patriarcado neoliberal, porque esta simplificación contribuye a debilitar y dividir la lucha feminista compartida.

En definitiva, se investiga poco y a menudo se priorizan las historias consideradas de éxito que no interpelan a nadie y, peor aún, no se compara la situación de las niñas y jóvenes de origen inmigrante con la del resto de sus compañeras, lo que nos daría una medida sobre las desigualdades que experimentan. Ante este vacío de conocimiento, abundan quienes desde la administración tildan de alarmista la preocupación por la exclusión y reclusión de las niñas expresada por las y los profesionales que están trabajando en entornos como el barrio del Raval.

También desde el movimiento feminista existen dificultades para incidir políticamente en este sentido. Parece existir un acuerdo tácito para ignorar el discurso feminista. Me explico. En Feministas de Cataluña tenemos un lema: por una vida digna, libre y segura para todas las niñas y mujeres del mundo. Esto significa que nuestra principal preocupación es la desigualdad que sufrimos las mujeres y las niñas de todas partes y en todas partes, sin confusiones ni fronteras. Pero el debate entre diversidad cultural y derechos de las mujeres y las niñas está polarizado y se presenta como si sólo hubiera dos posiciones: o la extrema derecha o la izquierda posmoderna, ambas centradas en lo identitario (o supuestamente identitario) a través de lo visible, como el velo. Pues bien, hay una tercera posición, la feminista, que los medios contribuyen a ocultar en esta y en otras cuestiones. Veamos.

La posición antiinmigración de la extrema derecha dice que “no quiere ver velos” en su barrio, su escuela o su ciudad, arguyendo una supuesta defensa de “nuestra cultura” frente a “su cultura”, pero no le interesan las mujeres y las niñas bajo los velos. No muestra preocupación alguna por su exclusión de las actividades y de las relaciones sociales, lo que ha impulsado la creación de Per Elles. O bien que una parte importante de ellas no siga estudiando al terminar la ESO, como hemos mostrado en nuestra investigación, ni lo que les suceda después. De la misma forma que tampoco denuncia la sobrerrepresentación de la infancia de origen inmigrante en el vergonzoso 30% de pobreza infantil de nuestro país. Su posición contra la inmigración es meramente discursiva porque su objetivo es hacer aceptable la existencia de trabajadores pobres y su explotación, ignorando cualquier consideración relacionada con los derechos más elementales.

La izquierda posmoderna, por su parte, ha sustituido la igualdad por la diversidad y defiende lo que le parecen símbolos de lo diverso como si fueran evidencias de inclusión social. Hemos visto recientemente al alcalde de Blanes reunido con la “comunidad musulmana”, al parecer, compuesta exclusivamente por hombres, y agradeciendo a las mujeres, ya ausentes, que se hubieran encargado de traer la comida para todos ellos. O al primer ministro británico escenificando su apoyo a la comunidad musulmana ante los ataques racistas recibidos, flanqueado por dos adolescentes, una chica cubierta de pies a cabeza “mostrando modestia” y un chico vestido a la “moda occidental”. Perdida entre identidades, esta izquierda se alía, en este caso, con la extrema derecha islamista y presenta como resistencia cultural antirracista la exhibición del sometimiento de las mujeres.

En las antípodas de una y otra posición estamos las feministas. Exigimos todos los derechos para todas las mujeres, pero también que se apliquen todos los recursos disponibles para ejercerlos. Sin aceptar confrontaciones ni debates en los términos que quiere la extrema derecha, ni confusiones como las que inhiben a la izquierda posmoderna. Nuestra lucha es común y universal, contra el patriarcado y todas sus máscaras. Porque no va del pañuelo u otros marcadores, sino de la limitación vital y la conculcación de derechos que denunciamos junto a Per Elles.

Tenemos leyes y planes de igualdad en todos los niveles de la administración y en todos los ámbitos desde hace muchos años, y el mandato claro de educar para la igualdad, así como las y los profesionales para hacerlo real y efectivo. Solo hace falta hacer cumplir la ley, pero asistimos a una grave negligencia institucional hacia estas niñas y jóvenes.

Termino con un ejemplo de mi trabajo de campo: ¿por qué no hace nada la inspección educativa cuando una alumna brillante de 4º de ESO pide ser suspendida para poder disfrutar un año más de la libertad que supone para ella poder ir al instituto?

Dejémoslo claro una vez más: solo garantizando los derechos de todas las niñas y las mujeres se lucha de verdad contra el racismo y la desigualdad.

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Teatro sin Papeles lleva años representando con éxito la pesadilla de las víctimas de trata y explotación sexual con la obra Aquí nunca pasa nada, creada a partir del conocido caso Carioca en Galicia, destapado cuando una mujer migrante prostituida se decidió a poner una denuncia contra un cabo de la Guardia Civil por agresión sexual.

Los hechos han ido de la siguiente manera. Con motivo de la presentación del Informe 2024 del Observatorio de la Discriminación el Ayuntamiento de Barcelona contrató a la compañía amateur Teatro Sin Papeles, formada por mujeres inmigrantes de origen latinoamericano, para que representara partes de su espectáculo Esas Latinas, que se basa en experiencias de discriminación vividas por ellas mismas. Entre diversas situaciones que muestran la discriminación por sexo, origen y clase la obra incluye una sobre la dificultad de una mujer para entender un informe médico en catalán. El gag plantea si es más importante que hable en catalán o que sepa qué pasa con su salud.

A raíz de este gag, ha habido una fuerte reacción por parte de grupos políticos y entidades hasta el punto de que la obra, la directora, las actrices y la compañía han sido denunciadas en el Síndic de Greuges. Òmnium Cultural, Plataforma per la Llengua, ERC y Junts han trasladado su malestar al consistorio denunciando que el Ayuntamiento ampare «la ridiculización y el desprecio a los derechos lingüísticos de los catalanohablantes» y el Ayuntamiento de Barcelona ha pedido disculpas por «el espectáculo catalanófobo en un acto municipal». La CUP ha preguntado a la Conselleria de Política Lingüística si llevará el caso a Fiscalía, y el conseller ha pedido que se «respeten los derechos lingüísticos de la ciudadanía».

Que no guste el contenido, o se considere que el enfoque del gag distorsiona o simplifica la realidad, no invalida el hecho de que la situación representada también pasa. El teatro social pone el foco donde normalmente no lo ponen ni la sociedad ni las autoridades. Entiendo que este es también uno de los objetivos del Observatorio de la Discriminación.

El informe dice que «el racismo, el género, la salud, la orientación LGTBIQ+ y, en quinto lugar, la lengua catalana son los principales motivos de discriminación». Sobre lengua, la única entidad que aporta denuncias es la Plataforma per la Llengua y, por lo tanto, refleja las experiencias de personas catalanohablantes. Ninguna entidad aporta datos al informe sobre situaciones de discriminación a través de la lengua hacia personas inmigradas, de manera que acaba pareciendo que no existen. La cuestión está demasiado politizada, pasamos por encima para no desatar actitudes indeseables en todas direcciones.

Los datos del Informe coinciden con nuestra experiencia de campo: «El 13% del total de situaciones discriminatorias evidenció violencia institucional relacionada con racismo/xenofobia, salud y género. Del total de personas afectadas por esta situación, el 77% fueron mujeres». Debemos poder añadir la lengua, las lenguas.

Pero cuando se ha colgado en las redes el vídeo del gag en cuestión, el acoso se ha hecho viral en paralelo. Y si la denuncia por parte de partidos, entidades y autoridades me parece fuera de lugar, lo que es del todo inaceptable es el linchamiento machista y racista cargado de amenazas de violencia sexual que están sufriendo las actrices, la directora y la compañía, tanto es en qué lengua: putes estrangeres, sabem qui sou, us mereixeu que us violin.

Cuando el Observatorio de la Discriminación haga el próximo informe, con hechos de 2025, puede comenzar por registrar este caso.

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Consideramos, tanto el documento como el posicionamiento que defiende, totalmente contrarios a la protección de la dignidad y la integridad de las mujeres y los bebés gestados por medio de esta práctica degradante basada en una aplicación inhumana de la tecnología, en las antípodas de la ética de una sociedad igualitaria.

Sólo con la voluntad de aprobar un documento como el que ha visto la luz se puede crear un grupo de trabajo integrado por personas que se han mostrado públicamente favorables a legalizar este tipo de explotación reproductiva; así se entiende que el documento no se centre en analizar realmente el impacto de la mal llamada “gestación subrogada” sobre las mujeres y los bebés, sino en blanquear una práctica infame basada en la mercantilización y la explotación de la capacidad reproductiva de las mujeres y en el tráfico de seres humanos.

El documento apela a la libre elección de las mujeres que quieran hacer de vientre de alquiler. En un mundo desigual, en el que la precariedad y la pobreza están absolutamente feminizadas, hablar de libre elección en el caso de las mujeres que se ven abocadas a poner su cuerpo y su salud física y psíquica al servicio del mercado de la vida como último recurso para alimentar a su familia es abrazar el mito neoliberal que le da cobertura ideológica.

Los vientres de alquiler conculcan los derechos humanos básicos y sitúan deseos individuales e intereses económicos de las empresas por encima de los derechos humanos de mujeres y bebés. Este informe deshumaniza tanto a la madre como al bebé. La mujer no es tenida en cuenta como sujeto en sí misma, sino como un mero vehículo para acceder al objeto de deseo de los compradores: los bebés. Se deshumanizan los vínculos maternofiliales y la mujer se disocia no sólo de su propio cuerpo, sino también de su propio hijo.

De hecho, es clamoroso haber ignorado la mención en el informe de los riesgos a los que están sometidas las mujeres: no es “sólo” un embarazo, es una “ovodonación” de una mujer y la implantación de un embrión en otra mujer. No son sólo riesgos físicos, son riesgos psicológicos. Aducen el elevado coste de los vientres de alquiler en el extranjero para justificar su posición favorable, y rematan la argumentación diciendo que, ya que no se puede acabar con esta práctica en el extranjero, lo mejor es regularla en España.

Regularla en un hipotético modelo altruista donde las mujeres son las altruistas y el Estado proporciona todos los recursos sanitarios, sobrecargando aún más el sistema nacional de salud y desviando recursos a satisfacer deseos privados en lugar de destinarlos a necesidades médicas reales. Ser madre o padre no es un derecho y apelar aquí al art. 16 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos es puro cinismo.

Queda por saber quién asumiría “la justa compensación” a la mujer sometida a explotación reproductiva ni qué compensación se consideraría lógica si se tratara, como dicen, de un acto altruista. Finalmente, sorprenden e indignan los motivos considerados por el CBC para justificar su posición: “riesgos psicosociales y biológicos” de los compradores o “motivaciones personales”.

Esto quiere decir que, en realidad, cualquier motivo puede avalar a los explotadores de mujeres y traficantes de criaturas, una muestra palmaria de clasismo, en todos los casos, y de lo que podríamos llamar gaypatriarcado , en el caso de parejas de hombres que quieren tener descendencia genética negando la existencia de madres a las criaturas gestadas por contrato.

Las feministas impugnamos la totalidad de este informe y pedimos al gobierno la destitución de los miembros del Comité de Bioética. Primero, porque no protege ni a las mujeres ni a las criaturas de las implicaciones más graves de la mercantilización de la vida en Cataluña. Pero, sobre todo, porque seis de los diez firmantes del informe avalado por el Comité tienen obvios conflictos de intereses como profesionales y asesores en empresas y fundaciones vinculadas al negocio de la explotación reproductiva.

Hace unos años, Victoria Camps, catedrática de ética y miembro del Comité de Bioética de Cataluña, decía en una entrevista concedida a un diario de tirada nacional: “La ética no es una colección de normas, es una sensibilidad”. ¿Cuál es, ahora, la sensibilidad del Comité de Bioética de Cataluña? Necesitamos urgentemente un Comité de Bioética que proteja los Derechos Humanos, no el mercado de la vida.

(Este artículo lo firman Elena Escobar, Carme Abellán, María De la Coba, Mª Xosé González, Isabel Pérez-Molina y Silvia Carrasco, de Feministas de Cataluña)

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Por primera vez en Barcelona, este año las feministas radicales salen a las calles en una manifestación propia que se desmarca definitivamente de las convocatorias oficiales, como ya ocurre desde hace años en ciudades como Madrid. Denuncian que la convocatoria oficial pretende hacer pasar por feministas ideologías machistas y neoliberales que blanquean la explotación sexual de las mujeres en la prostitución como una “libre elección”, y que ponen en peligro a las mujeres al permitir la entrada de hombres en los espacios separados por sexo, como las cárceles o los deportes, convirtiendo las leyes de igualdad en papel mojado.

La convocatoria corre a cargo de la Coordinadora 8M Movimiento Feminista de Barcelona, de reciente creación y que ya incluye más de veinte organizaciones de todo el territorio, una lista abierta que va creciendo con nuevas adhesiones. Esta convocatoria alternativa a la manifestación oficial ya se empezó a gestar el 8 de marzo del año pasado, en una concentración que llenó la plaza Sant Jaume.

Entre las asociaciones y entidades feministas de la Coordinadora 8M de Barcelona más conocidas están Feministes de Catalunya, partidos feministas como Feministas al Congreso-PFAC y Partido Feminista de España-PFE, y sindicatos como CNT Barcelona y CATAC-CTS. La Coordinadora también agrupa a una multitud de colectivos de mujeres de Barcelona, Vallès Occidental, Vallès Oriental, Baix Llobregat, Garraf, Maresme, Baix Camp, etc., así como entidades de ámbito estatal como Docentes Feministas por la Coeducación, Somos Ellas (el colectivo de mujeres que denuncian los feminicidios vestidas de blanco), LGB estatal, y de ámbito internacional como Women’s Declaration International.

La manifestación centra sus reivindicaciones en cuestiones candentes de la agenda feminista, tales como un recuento real de víctimas de la violencia machista y una mayor protección para ellas, la lucha contra la violencia sexual y la pornografía, o la prohibición de la explotación reproductiva y el tráfico de criaturas gestadas por “vientres de alquiler”. Contrariamente a la manifestación oficial, la manifestación feminista considera la prostitución como la forma más grave y sistemática de explotación y violencia sexual, que lamentablemente lideran Cataluña y Barcelona, y reclama su abolición con una ley que persiga a proxenetas y puteros y proteja a las mujeres. La manifestación también abarca otras cuestiones, como acabar con la desigualdad salarial y la precariedad laboral de las mujeres e impedir la participación de los hombres en los deportes de las mujeres derogando las leyes que falsean el sexo. Por último, denuncian la persistencia de una justicia patriarcal, que desprotege a las madres y pone en riesgo a las criaturas frente a los padres maltratadores. Nota de prensa

La Manifestación saldrá a las 18.00 h de la Plaça Catalunya y seguirá por la calle Fontanella, la Via Laietana y la calle Jaume I, terminando en la Plaza Sant Jaume con la lectura del manifiesto y diversas actuaciones. Entre las participantes más conocidas, estarán las activistas y supervivientes del sistema prostitucional Amelia Tiganus, Kamila Ferreira y Vanesa Silva, la escritora feminista Coral Herrera, y muchas otras, además de una representación de las feministas francesas Amazonas de Aviñón, que han movilizado el apoyo internacional a Gisèle P., a quien también se rendirá homenaje. El 8 de marzo es el día más importante de la lucha histórica por los derechos de las mujeres, para reivindicar la agenda feminista.

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Tenemos un montón de ejemplos: en la economía, la política, el deporte, en el mundo de la cultura, y en todos los ámbitos de la sociedad. No avanzamos en las reivindicaciones más esenciales, como acabar con la brecha salarial, por lo que todavía tenemos que reclamar “igual salario por igual trabajo”, una desigualdad que acaba repercutiendo en mayores niveles de pobreza y en pensiones de jubilación más bajas. Las mujeres cobramos un 20% menos que los hombres por trabajos similares y, en cambio, somos las mujeres las que cuidamos en solitario del 80% de los hogares más precarios, de los niños y de las personas dependientes. Además, las mujeres tenemos mayores niveles de formación, especialmente las mujeres jóvenes y, en cambio, los sectores laborales más feminizados tienen los salarios más bajos. Sin tanta formación, los hombres cobran más.

La violencia contra las mujeres se lleva cada año más de 100 víctimas mortales, y cada vez más criaturas. Pero los jueces siguen dando custodias compartidas a hombres maltratadores de las madres y en Catalunya sólo se conceden la mitad de las órdenes de protección necesarias, mientras se gasta el dinero del Pacto de Estado contra la Violencia Machista en cosas que nada tienen que ver con ella. Las agresiones sexuales se han disparado más del 40% y se dice a las mujeres que denuncien, pero después no se ponen los medios para protegerlas, mientras crece el negacionismo de la violencia entre los chicos jóvenes -también entre muchas chicas- sin programas serios de sensibilización y prevención.

Se podría alegar que contra todo esto no se puede hacer demasiado, o bien que son cambios sociales y culturales muy lentos y que todo va a llegar. Pero no es así: vamos para atrás. Y si hablamos de leyes, el panorama es desolador. Estos días asistimos estupefactos a dos espectáculos indignantes. El Parlamento Europeo por fin ha aprobado una directiva para luchar contra la violencia machista ¡pero ha dejado fuera la violación! El motivo nos deja sin palabras: ¡los europarlamentarios no se han puesto de acuerdo sobre qué es el “consentimiento”! Y hemos visto cómo en el Congreso de los Diputados sí se han puesto de acuerdo sin problemas los partidos católicos y de derechas y los que se autodenominan de izquierdas -una izquierda cada día más difícil de reconocer- para votar contra una mínima modificación del código penal que, a pesar de ser insuficiente, habría permitido avanzar en la persecución de los proxenetas, los que se enriquecen prostituyendo a mujeres pobres en el tercer país del mundo con mayor explotación sexual (hay que decir que si la propuesta hubiera sido seria, el PSOE habría intentado pactarla antes de llevarla al Congreso y menos en medio de una campaña electoral). Las excusas, de vergüenza ajena: que si se dejaría sin ingresos a las mujeres, que si la culpa es de la ley de extranjería, que si las “trabajadoras sexuales” están en contra… Y miren, no, gracias, las mujeres no queremos tener derecho a ser violadas por dinero.

Además de ver cómo los famosos gobiernos «más feministas de la historia», que suerte que eran «de los nuestros», además de no avanzar en la abolición de la prostitución y la prohibición de los infames vientres de alquiler que se promocionan impunemente con el apoyo de ayuntamientos y universidades aunque formalmente ilegales, ahora nos han borrado del mapa como mujeres en las leyes. Cualquier hombre mediocre puede arrebatar premios deportivos y cinematográficos, ocupar cuotas reservadas a las mujeres, entrar impunemente en los espacios protegidos -como todos los baños de mujeres, incluidos los de los centros educativos-, obligar a las reclusas a compartir celda con agresores sexuales que ahora se declaran mujeres, y tergiversar todas las estadísticas para saber si avanzamos en igualdad. Y si discrepamos y protestamos, puede caernos una multa sin juicio. Es decir, nos han impuesto ideas anticientíficas que sólo sirven para enriquecer un negocio médico y farmacéutico de escala global basado en ideas contrarias a la ciencia y el sentido común.

La investigación sobre la cuestión trans y las nefastas consecuencias para la salud física y mental de niños y adolescentes, especialmente para las chicas (que representan un 75% de los casos), quiere mantenerse oculta o se nos boicotea cuando las investigadoras feministas la queremos dar a conocer. Y eso teniendo en cuenta que otros países europeos ya están dando marcha atrás y la propia Organización Mundial de Salud acaba de pronunciarse contra la hormonación y la mutilación de menores que rechazan su cuerpo sexuado.

Las feministas llevamos tiempo alertando de lo que está pasando, pero los medios de comunicación de masas que llegan a la mayoría de la población no informan ni nos dan voz. Y los partidos que dicen defendernos están legislando contra nosotras, aunque tengan el feminismo en la boca continuamente. Por eso nos hemos organizado y en estas elecciones europeas contamos con una candidatura feminista, progresista de verdad, la única de la Unión Europea. Esto tampoco ha sido noticia en los grandes medios y por eso he escrito este artículo para la prensa local. Para explicaros algunas de las muchas razones que han llevado a esta ciudadana sabadellense a incorporarse a la candidatura Feministas al Congreso en las elecciones del próximo 9 de junio, con la esperanza de que podamos avanzar y revertir todo este retroceso desde las instituciones europeas.

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