Los socios compromisarios del Barça están convocados este domingo 19 para participar en la asamblea anual ordinaria que tiene que validar las cuentas de la temporada pasada y el presupuesto de la actual 2025/26. Como ha pasado en los últimos años, Joan Laporta se refugia en un decreto que aprobó la Generalitat durante el covid, que restringía las reuniones presenciales, para hacer esta asamblea en formato telemático.
La burla a la esencia democrática del club es inconmensurable. Se impide otra vez que los socios compromisarios puedan intervenir y preguntar, cara a cara, a la junta directiva, y se adultera la asamblea detrás de un opaco dispositivo telemático que nadie, más allá de Joan Laporta y de su círculo de confianza, puede controlar. En estas condiciones, la participación de los socios y el sentido de las votaciones pueden ser fácilmente alterados y manipulados.
Si exceptuamos la buena racha de resultados de la temporada pasada, gracias al entrenador Hansi Flick y a los jugadores salidos del plantel de la Masía, el balance de estos últimos cuatro años de Joan Laporta al frente del Barça es terrorífico e indigno de la historia centenaria del club azulgrana. La lista de despropósitos acumulados da asco, y solo el silencio cómplice de los grandes medios de comunicación catalanes explica que este abogado sin escrúpulos continúe en el cargo de presidente.
La deuda neta que a efectos de LaLiga dice Laporta que es de 469 millones, para los expertos es de 2.000 millones, si se resta el disponible (tesorería, clientes, etc.) de la deuda bruta actual de 2.600 millones. Además, se apunta como segura la posibilidad que Goldman Sachs imponga nuevas garantías en forma de retención de los ingresos de explotación del Spotify más allá de los 75 millones que, a partir de esta temporada, empieza a detraer obligatoriamente para el retorno del préstamo de 1.500 millones.
A este escenario hay que añadir el 25% menos de ingresos anuales de los derechos de TV de la Liga hasta el 2047, la imposibilidad de mejorar los ingresos de Nike hasta el 2038, con Spotify por el Naming Right hasta quién sabe cuándo –ya se está cociendo una prórroga gracias a la mediación de Darren Dein– y, entre otras fuentes de ingresos congeladas, como los asientos VIP por 30 años, el catering de todo el Espacio Barça cedido a favor de Aramark también por un periodo de tiempo no definido, a pesar de que se supone que ligado a su permanencia como accionista de Barça Produccions (antes Barça Vision).
Con los 157,7 millones también pendientes de deteriorar de la plusvalía fantasma (o sea falsa) de la operación con Sixth Street y los 45 millones de la multa de la UEFA, la deuda de Laporta roza el abismo, para desgracia para el Barça.
Las obras de reforma del Camp Nou que hace Limak llevan un año de retraso y ahora se ha destapado que la oferta que presentó la empresa turca al concurso convocado por el Barça era la peor. Además, Joan Laporta no les ha aplicado, de manera incomprensible e irresponsable, la penalización prevista de 1 millón de euros por cada día de retraso en la finalización del estadio.
El Barça lo gobierna hoy un reducido clan, formado por su familia, incluyendo a su excuñado, Alejandro Echevarría, y la familia de su jefa de gabinete, Manana Giorgadze. Todos los otros cargos que pululan por las oficinas del club son satélites de este núcleo sanguíneo de poder.
Hay que tener muy presente, también, la decisiva presencia de personajes turbios y tóxicos, ajenos a la estructura del club, que tienen una entrada y ascendencia directa sobre las decisiones de Joan Laporta. Destacan, en este sentido, el intermediario inglés Darren Dein, que se embolsó una comisión de 50 millones de euros en la operación del contrato con Nike, y el representante de jugadores Jorge Mendes, que controla el vestuario azulgrana e impone su voluntad.
Joan Laporta tiene una capacidad innata para atraer y hacer amistad con malhechores. Si en su anterior mandato se llenó los bolsillos, gracias al Barça y a su relación con Gulnara Karimova, hija del dictador corrupto de Uzbekistán -que acabó en prisión-, ahora le ha pasado lo mismo, pero en Azerbaiyán. Su gran amigo Adnan Ahmadzada, embajador internacional del Barça, ha sido arrestado por las autoridades de este país, acusado de una colosal estafa con el petróleo ruso. Ningún medio de comunicación catalán -salvo EL TRIANGLE– se ha hecho eco de este escándalo.
En este ambiente de amoralidad que rige en el Barça hay que añadir también el vergonzoso contrato de esponsorización, manchado de sangre y lágrimas, que Joan Laporta ha firmado con el gobierno de la República Democrática del Congo, un país devastado por la guerra y la miseria. Amnistía Internacional ha denunciado este acuerdo, que contempla el pago de 10 millones de euros anuales, a cambio que la camiseta de entrenamiento del Barça luzca el logo de este país africano.
El presidente Salvador Illa vivió en primera línea, como ministro de Sanidad, el drama del covid y la lucha titánica para hacerle frente. Las estrictas restricciones impuestas por el Gobierno para intentar restringir el contagio se levantaron, oficialmente, el 15 de diciembre del 2022, después del duro confinamiento que se impuso a la población.
Por eso, que el Barça de Joan Laporta se acoja todavía, tres años después, a las medidas extraordinarias que se establecieron en el marco de la pandemia para negar a los socios compromisarios una asamblea presencial es surrealista y absolutamente inaceptable. El presidente Illa no puede cerrar los ojos ante este enorme caos en que se ha convertido el Barça, la principal entidad deportiva de Cataluña y, de entrada, tiene que hacer anular, por improcedente, la convocatoria telemática de la asamblea de socios compromisarios.
