Mañana, lunes 3 de noviembre a las 10:00 horas, todos los teléfonos móviles inteligentes que se encuentren en la veguería de Barcelona recibirán una prueba de alerta de Protección Civil de la Generalitat de Cataluña. El ensayo, que es el último de este 2025, se dirige a los residentes y visitantes del Barcelonès, Baix Llobregat, Maresme, Vallès Occidental y Vallès Oriental. El mensaje —que se enviará en catalán, castellano e inglés— informará de que se trata de una prueba e irá acompañado de un sonido estridente, diferente al de las notificaciones habituales.

El sistema de alertas, conocido como ES-Alert, permite enviar mensajes masivos a teléfonos móviles en un tiempo muy reducido y se activa en situaciones de emergencia real, como accidentes químicos e inundaciones, para dar instrucciones inmediatas a la población. Protección Civil recuerda que, al recibir la alerta, no se debe llamar al 112, sino solo leer el mensaje y apretar la tecla indicada para silenciar el sonido. Las personas que no quieran recibirlo pueden poner el móvil en modo avión o apagarlo.

Como el sistema es anónimo y no verifica automáticamente la recepción, la Generalitat habilitará una encuesta en línea para que la ciudadanía indique si ha recibido el mensaje, en qué idioma y con qué compañía. Durante 2025, en las comarcas de Barcelona se han enviado ocho alertas a través de la ES-Alert: cuatro por simulacros, dos por incendios forestales (plan INFOCAT) y dos por el plan INUNCAT debido a lluvias intensas.

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El Ayuntamiento de Figueres ha multado a dos establecimientos por no cumplir la normativa que obliga a rotular en catalán y ha abierto expediente a doce más, que deberán adaptar la señalización. Las sanciones pueden llegar hasta los 3.000 euros. La campaña ha comenzado en el centro de la ciudad, donde se han detectado letreros solo en castellano o árabe y el consistorio ofrece asesoramiento lingüístico gratuito a través del Consorcio para la Normalización Lingüística para facilitar la traducción de los carteles.

El concejal de Lengua Catalana, Josep Maria Bernils, ha afirmado: «Encontramos establecimientos que no utilizan el catalán y eso no lo podemos tolerar en una ciudad como la nuestra». La concejala de Urbanismo, Núria Bartrolich, ha explicado que, al tramitar una licencia de apertura, se informa a los titulares de la obligación de cumplir la normativa lingüística. «Primero avisamos, pero si no se hace el cambio, el Ayuntamiento puede actuar subsidiariamente y retirar el rótulo», ha añadido.

La campaña forma parte de las primeras medidas de la nueva concejalía de Lengua Catalana, que impulsa acciones para reforzar el uso del catalán también en la atención sanitaria y en el comercio. Entre ellas hay proyectos con la Fundación Salud Empordà y la campaña Comercios aprendices, con formaciones y charlas para facilitar el uso del catalán. El Ayuntamiento también garantiza que los servicios municipales, las actividades deportivas y de ocio utilicen la lengua con naturalidad, reforzando así la identidad y la cultura catalana.

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Las entidades y organizaciones que apoyan el partido de fútbol entre Cataluña y Palestina insisten en que el partido debe jugarse en el Estadio Olímpico Lluís Companys. Han anunciado un proceso de prereserva de entradas para demostrar que se puede llenar el estadio y alertan de que, a quince días del partido —previsto para el 18 de noviembre a las 18:30 horas—, todavía no se han puesto a la venta las entradas ni se han realizado actos de promoción. También denuncian que se quiere trasladar el encuentro a un recinto con menor capacidad.

En un comunicado, las entidades remarcan que en la web del Ayuntamiento de Barcelona el partido está anunciado con fecha y hora, pero sin ningún llamamiento a la participación. Comparan esta situación con el partido entre Palestina y Euskadi, previsto tres días antes en San Mamés, donde —afirman— «instituciones y administraciones han entendido la importancia del evento» y se vendieron 35.000 entradas en un solo día. «Aquí, el partido no ha recibido ni el cuidado ni la atención que se merece», lamentan.

Las entidades defienden que «no solo no renunciamos al Estadio Olímpico, queremos demostrar que el país está preparado para llenarlo». Aseguran que «tenemos los equipos, las aficiones, el pueblo, la historia y, sobre todo, el deber. Tenemos quince días para hacer historia. ¡Llenemos el Estadio!». Estas entidades se articulan en torno a Act x Palestine, una campaña impulsada por organizaciones palestinas en favor derechos humanos, ayuda humanitaria, construcción de paz y culturales.

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El Gobierno de Salvador Illa ha anunciado una rehabilitación integral del Palacio de Pedralbes con una inversión de 28 millones de euros, con el objetivo de solucionar sus deficiencias estructurales y transformarlo en la segunda sede institucional del ejecutivo. El proyecto incluye la restauración de fachadas, cubiertas y espacios interiores, así como la mejora de la accesibilidad y la eficiencia energética. El concurso de ideas, que se licitará este lunes, definirá el nuevo uso del edificio, que combinará funciones institucionales, administrativas y culturales. Las obras se realizarán por fases y se prevé que finalicen en el verano de 2030.

Según la secretaria general de la Presidencia, Eva Giménez, hay que poner el Palacio «en condiciones» porque es un Bien Cultural de Interés Nacional y ha defendido su nueva función como sede institucional y espacio para actos culturales e internacionales. El proyecto prevé que la planta baja acoja espacios de representación, la primera planta funciones institucionales como el despacho del presidente de la Generalitat, y la segunda planta oficinas y dependencias de la Unió per la Mediterrània (UpM). El último piso será residencial y el sótano alojará servicios técnicos.

El concurso de ideas, con un presupuesto de 2,3 millones de euros, incluirá el diseño final y la dirección de obras, además de una compensación para los tres proyectos finalistas. El jurado estará integrado por representantes del Departamento de Presidencia, el Departamento de Cultura, el Ayuntamiento de Barcelona y el Colegio de Arquitectos de Cataluña. El Gobierno catalán prevé adjudicar el proyecto en la primavera de 2026, iniciar las obras en 2028 y empezar a utilizar la planta noble a finales de 2029.

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Unos 900 jóvenes catalanes se han beneficiado del programa ‘Préstamo Emancipación’ impulsado por el Instituto Catalán de Finanzas (ICF) para ayudarles a financiar la entrada de su primera vivienda. En solo tres meses, el ICF ha recibido 4.129 solicitudes, de las que 1.852 han sido elegibles y ha concedido ayudas por un importe medio de 36.000 euros, que oscila entre 39.500 euros en el área de Barcelona y el Penedès y 23.000 euros en les Terres de l’Ebre. En total, las ayudas otorgadas suman 31,6 millones de euros, casi un tercio del presupuesto previsto para el primer año del programa.

La consejera delegada del ICF, Vanessa Servera, ha destacado que la medida «está gustando y era necesaria», con un interés transversal en todo el territorio. Más de la mitad de las ayudas se han concedido a la demarcación de Barcelona (57%), seguida de Girona (11%), el Penedès (9%), el Camp de Tarragona y la Cataluña Central (7%), Lleida (6%) y les Terres de l’Ebre (3%). Los préstamos permiten cubrir hasta el 20% del valor del inmueble, con un tope de 50.000 euros y las viviendas adquiridas se considerarán protegidas de manera permanente para aumentar el parque de vivienda social.

El programa, dotado con 500 millones de euros hasta 2029, está gestionado por el ICF y la Agencia de la Vivienda de Cataluña, en colaboración con varias entidades financieras. Los requisitos establecen que los solicitantes deben tener entre 18 y 35 años, estar empadronados en Cataluña y acreditar ingresos inferiores a 6,5 veces el IRSC. Según Servera, «el joven cambia un alquiler a menudo superior al que paga de hipoteca y además puede vender el piso sin perder poder adquisitivo».

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Profesor de instituto. Escritor de novelas negras ambientadas en el barrio de Canillejas, al este de Madrid, que tratan sobre temas universales, como la desesperanza, la marginalidad… Autor de una docena de títulos, el primero fue Yonqui, que es la historia de un chico de 16 años en los 80 explicada por él mismo. Ahora sale en las librerías Fondo buitre (Alrevés Editorial).

Fondo buitre, conciso, sin apellidos, ¿para explicar qué?

Es mi duodécima novela, un número simbólico, significativo. Por eso, de entrada, quiero hacer un homenaje a mis personajes y a mis lectores. He convocado a todos mis protagonistas de novelas anteriores. Fondo buitre va de un tema que está de gran actualidad aquí, en Madrid. Me imagino que también en Barcelona y en muchos otros lugares. Los fondos buitre compran edificios con vecinos dentro, y acaban echándolos. Después los venden y obtienen unos beneficios muy altos. Uno de mis personajes vive en uno de estos pisos. Cuando ve que lo quieren echar se junta con sus colegas del barrio, que, en definitiva, son una cuadrilla de matados, e intentan luchar contra el fondo buitre.

¿Los fondos buitre sobrevuelan sólo sobre las casas o también (como pone de manifiesto la serie El dinero de los otros) alrededor de cualquier cosa que huela a lucro?

Supongo que su instinto carroñero los conduce allí donde haya dinero. Pero, en Madrid, y ahora concretamente por el centro, compran edificios para dedicarlos a pisos turísticos. Veo que profesores, médicos y gente que tiene la posibilidad de pedir un traslado están abandonando la ciudad, porque los alquileres son carísimos. En Madrid, tomarte un café, una caña o un vino se ha convertido en un atraco. Vas a Soria o a Guadalajara a vivir, que están aquí al lado, y el sueldo te rinde el doble. Los venezolanos están adquiriendo, sobre todo, edificios señoriales del centro. Mantienen las fachadas, pero, por dentro, hacen tiendas de marcas prohibitivas y pisos para ricos.

¿Tienen apellidos, más o menos conocidos, los fondos buitre?

Si, el más conocido es Blackstone, una empresa norteamericana considerada la más grande del mundo. Yo me he inventado uno para el libro, Feldix. Lo que hago es emparentar a su amo con las familias de Madrid relacionadas con la derecha. Tampoco voy muy descaminado, porque el yerno de Aznar es uno de sus principales exponentes.

El caso de Ana Botella, mujer de Aznar y alcaldesa de Madrid: 1.860 viviendas protegidas vendidas en 2013 a 68.000 euros la unidad a Blackstone, juicios, condenas millonarias y, al final, todo revocado…

No seguí especialmente el caso, pero salió en los medios. En definitiva, lo que hicieron es lo que hace esta gente de la derecha: coger dinero público y meterlo en sus bolsillos. Eran viviendas VPO que vendió el yerno de Aznar sacando una pasta por cada piso. Esta gente tiene en nómina a mucha otra gente. Así, los delitos que cometen acaban impunes o, si van a la cárcel, como pasó con Urdangarin, van con todos los lujos. Tendrán que formar una peña en Soto del Real, donde supongo que las celdas deben estar mejor que mi piso. Y lo más preocupante es que la gente, no sólo los ricos, sino gente de los barrios, están votando masivamente al PP y Vox, y no saben muy bien por qué.

¿Concretamente, también en Canillejas, hay mucha especulación?

Aquí en Canillejas, cuando yo vine a vivir, con 3 años, mis padres compraron el piso antes de haber aceras y carreteras. Salíamos al barro, no había farolas. Una vieja aspiración de los vecinos era el metro. Construyeron una estación a dos kilómetros del último bloque, en el campo. ¿Por qué, se preguntaban, si el barrio no está allí? Porque alrededor del metro construyeron Las Rosas, con institutos, centros de salud y toda la pesca. Todo ello, fruto de la especulación, claro.

¿El fenómeno trasciende países y fronteras? ¿Es, digamos, lo que ahora se denomina tendencia global?

La mayoría de los fondos buitre son internacionales con no sólo grandes accionistas, sino también miles de pequeños depositarios… Tienen un poder enorme. Contratan bufetes de abogados que se las saben todas. Está pasando en todos los barrios de Madrid (supongo que en Barcelona debe pasar lo mismo), que los locales comerciales, que eran fruterías, droguerías…, los están convirtiendo en viviendas. De esta manera, se cargan los espacios que eran de uso público, y con ello la convivencia. Se alojan dos o tres familias emigrantes y lo pagan a medias, a un precio desorbitado.

¿En qué consiste el plan de Banderines, personaje de tu relato, contra el fondo buitre?

Banderines vive en el edificio, se reúne con los matados del bar, e intenta desmontar la operación. Es verdad que consiguen movilizar a los antidesahucios, al sindicato de inquilinas… Eso está bien, pero no consiguen pararlo. Entonces, Banderines (que había sido el protagonista de mi novela Cinco jotas), yonqui, muy inteligente, monta un plan para que el fondo buitre se eche atrás. Un plan similar a un atraco, pero con una finalidad diferente. Y se lía la cosa. Empieza por quemarle el coche, con pequeñas argucias, y como el especulador es egoísta y está acostumbrado a hacer lo que le da la gana, no cede. Y al final tienen que ir más allá.

Continuando con ese perfil actual de Madrid que dibujabas, ¿cómo se explica lo de la libertad para tomarse una birra, y cosas por el estilo, de Isabel Díaz Ayuso y su corte?

Es una cuestión compleja. La derecha ha ganado la batalla en las redes, sobre todo entre la gente joven. Por ahí circulan mensajes acuñados por ellos y la gente se lo ha creído. Expertos en técnicas de control mental les han comido el coco. Y la gente no se da cuenta de que han sido abducidos, como cuando se entra en una secta. Pero para salir de la secta hace falta un tratamiento, una terapia… Lo mismo pasa con Trump, Bolsonaro… Sin embargo, ahora hay un cambio. Empiezan a verse tantos perfiles de izquierdas como de derechas, denunciando lo que hace ésta. Ya lo veremos, quizás todavía hay esperanza… Madrid tenía un poso de lucha obrera. Barrios como Carabanchel, San Blas… ahora votan al PP. Hay mucha ignorancia, y si en Madrid ha habido un poco de prosperidad ha sido, sobre todo, gracias al Gobierno central. No olvidemos que hasta hace poco el salario mínimo era de 600 euros y ahora es de 1.200. En mi barrio hay gente que vive de la pensión del Estado y vota a Vox. Esta gente se ha dado cuenta de que no importan los hechos, sino el relato. Lo digo en la novela: el fondo buitre contrata a guionistas. Se encargan de explicar cómo las operaciones especulativas beneficiarán al barrio, porque vendrá gente de clase media y se irán los indeseables.

¿Canillejas, con casi 30.000 habitantes, ahora es una pieza especialmente codiciada para los especuladores, o más bien un melting pot, similar a otras de las grandes ciudades?

Hay de todo. Sigue habiendo gente de la primera generación, la de mis padres, y ahora ya hay hijos y nietos que, más o menos, hemos prosperado económicamente un poco. Es verdad que somos la primera generación que hemos podido estudiar, pero en el fondo no deja de ser un engaño. Hemos salido ingenieros, filólogos… pero seguimos siendo obreros. Hay muchos sudamericanos, rumanos… En el barrio de Las Rosas viven más profesionales autónomos, médicos, profesores, periodistas… Cuando vas por el barrio ves a la peña con ropa de los mercados… Cuando pasas a Las Rosas, hay ropa de Decathlon, pulsómetros… El más marginal sigue siendo San Blas, la parte más grande, donde más VPO se construyeron durante el franquismo. Hay un espacio de marginalidad en el que se mezclan autóctonos y emigrantes. Aunque aquí autóctono es un eufemismo, porque son gente que vino de Andalucía, Extremadura…

¿Fondo buitre y novela negra parece que riman muy bien?

Escribo de lo que me gusta, es mi estilo. Mis héroes son en realidad antihéroes. En la novela, los lectores verán lo que hago siempre: plantear un reto a una cuadrilla de matados. Y entonces se lía la cosa, porque los matados no tienen nada que perder y, digamos, tienen huevos. Una mezcla muy peligrosa. No ven que el reto les viene grande hasta que se meten, y la arman gorda. En mi novela negra no hay investigación. Ni un policía, un guardia civil, ni nada por el estilo. Gente de barrio, politoxicómanos reconvertidos en alcohólicos…

¿Los fondos buitre recurren a la fuerza bruta o son cada vez más refinados?

Se están volviendo muy sutiles, porque se han dado cuenta de que el recurso a la violencia crea problemas. Se gastaban el dinero en abogados. Ahora se acercan a los vecinos de renta antigua, les dicen que les buscarán una vivienda, con una ayuda… 2.000 o 3.000 euros que algunos no han visto nunca juntos. Y eso funciona. Resulta más barato que contratar desokupas.

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Jair Domínguez, presentador del programa Està passant. Lo ha manifestado en dos mensajes sucesivos en la red X el pasado lunes 27 de octubre. En el primero comentaba la intervención en la que el presidente de Junts anunció que su partido rompía con el gobierno progresista español: «Os gustará más o menos Puigdemont, pero el gusto de oír a un político que no habla como un deficiente mental es liberador».

El segundo es la respuesta a Joan Segura, un usuario de X que le replicó: «¡¡¡Tus tuits cada día son más de un deficiente mental!!». «100€ que miro la bio y dice que es militante de ERC», contestó Domínguez. Efectivamente, si miráis el perfil de Segura en esta red social leeréis «Catalán, casteller, deportista jubilado y militante en ERC y VIA FORA».

El post a favor de Puigdemont ha recibido división de opiniones, pero son mayoritarias las que se extrañan de su defensa del presidente de Junts. El post contra Segura ha tenido casi unanimidad de críticas al partido de Oriol Junqueras.

El Libro de Estilo de la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales (CCMA) dice que sus profesionales no pueden hacer intervenciones públicas y en las redes sociales que comprometan su neutralidad. Domínguez hace como quien oye llover. Y la CCMA, tres cuartos de lo mismo.

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Además de Cristina Baldoví y Lluís Morales, educadores del barrio del Raval e impulsores de Per Elles, compartí mesa con personas muy comprometidas, con las que me unen experiencias profesionales y años de militancia y amistad. La periodista Mónica Bernabé, que fue corresponsal en Afganistán durante años; la escritora Najat El Hachmi, autora del ensayo imprescindible Siempre han hablado por nosotras (2019); la incansable abogada paquistaní Huma Jamshed, que ayuda a las jóvenes que huyen de las implacables garras del patriarcado, desde ACESOP (Asociación de Mujeres Pakistaníes del Raval); Esther Sánchez, la actual coordinadora de Valentes i Acompanyades, asociación afincada en Girona que lucha desde hace años contra los matrimonios forzados y todo lo que los rodea. Todas, sin excepción, personas progresistas luchando contra las desigualdades que afectan a las niñas y a las mujeres.

Tres décadas después de convertirnos en país receptor de migraciones y no solo de paso hacia otros lugares de Europa, ¿por qué sigue conociéndose tan poco la realidad vivida por las niñas, adolescentes y jóvenes de origen inmigrante? ¿Por qué es necesario que se constituya una asociación que se preocupe solo por ellas? ¿Por qué falla la administración?

Es lamentable reconocer que, como sucede en el resto de Europa, a pesar de la abundante investigación en migraciones que hay en Cataluña y en el Estado, el interés por las desigualdades que afectan específicamente a las niñas y las jóvenes de entornos inmigrantes, musulmanes y otros, ha sido muy escaso. Esto es altamente problemático porque es necesario conocer su realidad para entender en profundidad las situaciones que enfrentan estas niñas y jóvenes; un conocimiento que solo puede aportar la investigación social. Si no se conoce la realidad en su complejidad, las intervenciones políticas que pretendan remediar su situación pueden tener consecuencias imprevistas e incluso contraproducentes, siendo cómplices de la conculcación de sus derechos, como de hecho ya ha pasado.

¿A qué se debe esta falta de datos y estudios específicos sobre las niñas y jóvenes migrantes? Pues paradójicamente y en parte, el inequívoco compromiso antirracista de la investigación en migraciones ha soslayado cuestiones que pudieran abundar, convenientemente manipuladas, en el prejuicio contra los inmigrantes, por ejemplo, el control ejercido sobre las niñas y las mujeres. Como consecuencia, a pesar del esfuerzo por hacer oír las voces de las personas inmigrantes en la investigación, el silencio sobre las experiencias y las circunstancias de niñas y adolescentes hablando por sí mismas y de forma crítica, es clamoroso. En segundo lugar, se viene dando una clara supeditación de la perspectiva feminista a la perspectiva antirracista tanto en la academia como en la política, como si la primera no luchara también contra la discriminación y la exclusión, en este caso de las mujeres en cualquier circunstancia y contexto. Se han ocultado, así, las desigualdades sufridas por ellas, recogiendo sus voces críticas con el racismo de la sociedad mayoritaria, pero no con el machismo de sus familias y entornos, o bien poniendo el foco exclusivamente en lo que resulta innegociable para la sociedad receptora, como el uso del velo. Estas cuestiones no son menores, pero desvían el foco de sus condiciones y expectativas de vida.

Esta supeditación de la perspectiva feminista ha coincidido, además, con la práctica desaparición de lo poco que se había avanzado en la coeducación en el sistema educativo, sin mensajes ni acciones explícitas orientadas a educar para la igualdad. Por ejemplo, abordando explícitamente desde la escuela la extensión del control comunitario que ejercen otras alumnas y alumnos sobre el comportamiento de las chicas. Mientras, ha ganado terreno la simplificación conceptual fruto de la tergiversación de conceptos como el de interseccionalidad. A pesar de la suspicacia que levanta por sus malos usos, el concepto de interseccionalidad tal como fue acuñado por Kimberlé Crenshaw es muy útil para entender la complejidad de la opresión que se articula y refuerza en las mujeres a partir de otros factores además del sexo (la clase social, el origen, la edad, etc.). Pero las teorías posmodernas lo han convertido en una herramienta de división entre supuestas privilegiadas y oprimidas sin contexto ni historicidad, ocultando el sistema que nos condiciona a todas. El resultado es obvio: quién gana es el patriarcado neoliberal, porque esta simplificación contribuye a debilitar y dividir la lucha feminista compartida.

En definitiva, se investiga poco y a menudo se priorizan las historias consideradas de éxito que no interpelan a nadie y, peor aún, no se compara la situación de las niñas y jóvenes de origen inmigrante con la del resto de sus compañeras, lo que nos daría una medida sobre las desigualdades que experimentan. Ante este vacío de conocimiento, abundan quienes desde la administración tildan de alarmista la preocupación por la exclusión y reclusión de las niñas expresada por las y los profesionales que están trabajando en entornos como el barrio del Raval.

También desde el movimiento feminista existen dificultades para incidir políticamente en este sentido. Parece existir un acuerdo tácito para ignorar el discurso feminista. Me explico. En Feministas de Cataluña tenemos un lema: por una vida digna, libre y segura para todas las niñas y mujeres del mundo. Esto significa que nuestra principal preocupación es la desigualdad que sufrimos las mujeres y las niñas de todas partes y en todas partes, sin confusiones ni fronteras. Pero el debate entre diversidad cultural y derechos de las mujeres y las niñas está polarizado y se presenta como si sólo hubiera dos posiciones: o la extrema derecha o la izquierda posmoderna, ambas centradas en lo identitario (o supuestamente identitario) a través de lo visible, como el velo. Pues bien, hay una tercera posición, la feminista, que los medios contribuyen a ocultar en esta y en otras cuestiones. Veamos.

La posición antiinmigración de la extrema derecha dice que “no quiere ver velos” en su barrio, su escuela o su ciudad, arguyendo una supuesta defensa de “nuestra cultura” frente a “su cultura”, pero no le interesan las mujeres y las niñas bajo los velos. No muestra preocupación alguna por su exclusión de las actividades y de las relaciones sociales, lo que ha impulsado la creación de Per Elles. O bien que una parte importante de ellas no siga estudiando al terminar la ESO, como hemos mostrado en nuestra investigación, ni lo que les suceda después. De la misma forma que tampoco denuncia la sobrerrepresentación de la infancia de origen inmigrante en el vergonzoso 30% de pobreza infantil de nuestro país. Su posición contra la inmigración es meramente discursiva porque su objetivo es hacer aceptable la existencia de trabajadores pobres y su explotación, ignorando cualquier consideración relacionada con los derechos más elementales.

La izquierda posmoderna, por su parte, ha sustituido la igualdad por la diversidad y defiende lo que le parecen símbolos de lo diverso como si fueran evidencias de inclusión social. Hemos visto recientemente al alcalde de Blanes reunido con la “comunidad musulmana”, al parecer, compuesta exclusivamente por hombres, y agradeciendo a las mujeres, ya ausentes, que se hubieran encargado de traer la comida para todos ellos. O al primer ministro británico escenificando su apoyo a la comunidad musulmana ante los ataques racistas recibidos, flanqueado por dos adolescentes, una chica cubierta de pies a cabeza “mostrando modestia” y un chico vestido a la “moda occidental”. Perdida entre identidades, esta izquierda se alía, en este caso, con la extrema derecha islamista y presenta como resistencia cultural antirracista la exhibición del sometimiento de las mujeres.

En las antípodas de una y otra posición estamos las feministas. Exigimos todos los derechos para todas las mujeres, pero también que se apliquen todos los recursos disponibles para ejercerlos. Sin aceptar confrontaciones ni debates en los términos que quiere la extrema derecha, ni confusiones como las que inhiben a la izquierda posmoderna. Nuestra lucha es común y universal, contra el patriarcado y todas sus máscaras. Porque no va del pañuelo u otros marcadores, sino de la limitación vital y la conculcación de derechos que denunciamos junto a Per Elles.

Tenemos leyes y planes de igualdad en todos los niveles de la administración y en todos los ámbitos desde hace muchos años, y el mandato claro de educar para la igualdad, así como las y los profesionales para hacerlo real y efectivo. Solo hace falta hacer cumplir la ley, pero asistimos a una grave negligencia institucional hacia estas niñas y jóvenes.

Termino con un ejemplo de mi trabajo de campo: ¿por qué no hace nada la inspección educativa cuando una alumna brillante de 4º de ESO pide ser suspendida para poder disfrutar un año más de la libertad que supone para ella poder ir al instituto?

Dejémoslo claro una vez más: solo garantizando los derechos de todas las niñas y las mujeres se lucha de verdad contra el racismo y la desigualdad.

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El conseller de Empresa y Trabajo, Miquel Sàmper, ha abierto la puerta a una posible prórroga de la vida útil de las centrales nucleares catalanas, aunque recordar que la decisión final es competencia del Gobierno de España. Sàmper ha subrayado que, para asegurar la viabilidad de las nuevas inversiones industriales, es necesario disponer tanto de suelo como de energía suficiente: «Queremos tener energía. ¿De dónde venga? Diría que prácticamente nos da igual«, ha afirmado desde Gandesa, donde ha participado en la Fiesta del Vino y en la campaña ‘Plan de Gobierno en el territorio’.

El conseller ha explicado que la posible prórroga dependerá de si las empresas gestoras, como la Asociación Nuclear Ascó-Vandellós (ANAV), presentan la solicitud formal ante el gobierno estatal, como ya ha hecho la central de Almaraz. A pesar de reiterar la apuesta del Gobierno catalán por las energías renovables, Sàmper ha advertido de que el tejido económico necesita «energía intensa» para impulsar proyectos como centros de datos o nuevas industrias, y que «no se pueden sacar adelante si no hay una base energética sólida«.

Durante su visita a la Terra Alta, Sàmper ha destacado también los resultados de los fondos de transición nuclear, con 150 millones de euros en ayudas destinadas a compensar el impacto económico del cierre de las centrales. Estos fondos han movilizado 73 millones de inversión privada, llegado a 1.500 empresas y creado 656 puestos de trabajo. El conseller ha remarcado que el Gobierno catalán quiere trasladar el 50% de las nuevas inversiones industriales fuera del área metropolitana de Barcelona, con una previsión de captar 6.000 millones de euros e impulsar 600 proyectos hasta 2030.

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La consellera de Territorio, Sílvia Paneque, ha anunciado la puesta en marcha de un Plan de ordenación de plantas de biogás para la veguería de Lleida, con el objetivo de garantizar una implantación ordenada y equilibrada de estas instalaciones. Paneque ha descartado una moratoria, pero ha asegurado que el Gobierno catalán velará para que el despliegue se haga con criterios técnicos y medioambientales claros. Desde Mollerussa, donde se ha reunido con los alcaldes de Pla d’Urgell, la consellera ha anunciado también recursos para mejorar caminos y accesos que puedan deteriorarse por el paso de camiones vinculados a las plantas.

El nuevo plan establecerá criterios basados en las deyecciones y recursos reales del territorio y contará con un grupo de trabajo interadministrativo que celebrará su primera reunión en diciembre. Paneque ha subrayado que las plantas de biogás son «necesarias» para la gestión sostenible de residuos, pero que el Gobierno catalán quiere asegurarse de que su ubicación responda a necesidades reales y no a intereses puramente económicos.

El presidente del Consejo Comarcal de Pla d’Urgell, Carles Palau, ha valorado positivamente el compromiso del Gobierno catalán de ayudar a los ayuntamientos a ordenar la implantación de estas infraestructuras. Palau ha recordado que en la comarca ya se tratan unas 300.000 toneladas de deyecciones y ha advertido de que hay que evitar «una avalancha de proyectos». Además, la consellera ha anunciado un estudio sobre el transporte público comarcal y un refuerzo de la oficina de vivienda para movilizar viviendas vacías en el territorio.

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El Gobierno catalán ha puesto en marcha una herramienta de inteligencia artificial (IA) generativa que ha permitido resumir en lenguaje llano más de 16.000 normas jurídicas en el Portal Jurídico de Cataluña, disponibles en catalán y castellano. El proyecto, impulsado por la Secretaría del Gobierno y la Secretaría de Telecomunicaciones y Transformación Digital, tiene como objetivo «romper barreras y empoderar a la ciudadanía» facilitando la comprensión de los textos legales y promoviendo una participación más activa en el sistema jurídico.

Esta iniciativa forma parte de la estrategia del Gobierno catalán para reformar la Administración y avanzar hacia unos servicios públicos más ágiles, transparentes y accesibles. Según el ejecutivo, el lenguaje complejo de las normas genera a menudo desconfianza y aleja a la ciudadanía del marco legal. Con esta nueva herramienta, cada norma incorpora un resumen que responde a tres preguntas clave: para qué sirve, a quién se dirige y cómo se aplica. Los resúmenes se generan de manera automática cada vez que se publica una nueva disposición.

El proyecto, elaborado con la colaboración de juristas, lingüistas, técnicos y comunicadores, ha recibido reconocimiento internacional tras ser finalista en los 2024 Best Cases Awards de la Comisión Europea. El observatorio Public Sector Tech Watch lo ha destacado como un ejemplo de innovación y modernización en el uso de tecnologías emergentes dentro del sector público europeo.

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Las empresas eléctricas Iberdrola, Endesa y Naturgy han advertido de que el cierre de la central nuclear de Almaraz podría restar «competitividad» y «economías de escala» al parque nuclear catalán, ya que comparten la misma tecnología. La Asociación Nucleares Ascó-Vandellòs (ANAV) confirma que las plantas catalanas están «preparadas técnica y humanamente» para continuar operando más allá de las fechas previstas de cierre –2030 por Ascó I, 2032 por Ascó II y 2035 por Vandellòs II– y confía en que el acuerdo pueda «revertirse».

Según ANAV, la clausura de Almaraz afectaría a «todo el tejido empresarial y la sociedad«, al perder profesionales cualificados y sinergias con otras plantas. El sector defiende que la energía nuclear es esencial para mantener la industria catalana y que no sería posible sustituirla por renovables antes de 2035. En cambio, Ecologistas en Acción rechazan la prórroga y le acusan de «prolongar una agonía«, afirmando que «no hay precedentes en el mundo» de ampliar tanto la vida de una central y que el verdadero objetivo de las operadoras es «obtener beneficios económicos«.

La petición de prórroga de Almaraz ha sido bien recibida por los municipios catalanes nucleares, que confían en que pueda retrasar el calendario de cierre y dar estabilidad al suministro. La alcaldesa de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant, Assumpció Castellví, ha celebrado que se mantenga la producción mientras los municipios continúan preparando la transición postnuclear con los Fondos de Transición Nuclear, destinados a impulsar renovables y crear nuevos puestos de trabajo.

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El Gobierno municipal de Barcelona, encabezado por Jaume Collboni, ha recuperado la figura de comisionada de Educación, que ya existía durante la etapa de Ada Colau. La nueva responsable será Marta Sendra Ibáñez, nacida en Barcelona en 1956, titulada en Magisterio por la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) y con posgrados en Educación Especial y Educación Física. Con una larga trayectoria en este ámbito, Sendra ha sido secretaria de Educación de la Federación de Barcelona del PSC y consejera del distrito del Eixample. Según el Ayuntamiento, el nombramiento responde a la voluntad «de fortalecer las políticas educativas municipales».

El consistorio defiende que la educación es «una política clave para la transformación social, la cohesión comunitaria y el desarrollo sostenible de la ciudad». En este sentido, subraya que las políticas educativas municipales son «una herramienta esencial para garantizar la igualdad de oportunidades y la participación de toda la ciudadanía».

La comisionada de Educación dará apoyo político a la Concejalía de Educación, de la que dependerá orgánicamente, y reforzará la coordinación con los agentes educativos de los diez distritos. Entre sus funciones principales está impulsar la colaboración con los centros educativos, articular relaciones con entidades del tercer sector y asociaciones de familias y planificar proyectos educativos municipales. La última persona que ocupó este cargo fue Maria Truñó, entre 2019 y 2023, durante el segundo mandato de Ada Colau.

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El Ayuntamiento de Puigcerdá ha aprobado una modificación clave del planeamiento urbanístico municipal que reactiva el desarrollo de la zona del Camí de la Pedragosa, un proyecto estancado desde hace veinte años. La iniciativa, que cuenta con el apoyo del nuevo consistorio formado por ERC y dos ex-concejales de Futur, ha sido elevada a la comisión de Urbanismo del Alt Pirineu y se considera fundamental para el futuro de la capital ceretana.

El nuevo desarrollo urbanístico prevé la construcción de un centro comercial de Bonpreu y una promoción de 134 viviendas de protección oficial, además de vivienda libre. El Camí de la Pedragosa es una zona estratégica, punto de confluencia de los accesos hacia la Alta Cerdaña, la Guingueta d’Hix y el resto del valle.

Las obras contemplan una serie de actuaciones clave para el municipio, como la creación de una gran bolsa de vivienda de protección oficial y la construcción de la nueva depuradora de aguas residuales que necesita Puigcerdá, que pagará la empresa Bonpreu. La actual depuradora está ya saturada, hecho que imposibilitaba la construcción de obra nueva de vivienda en la capital ceretana.

El alcalde de Puigcerdá, Joan Manel Serra (ERC), ha destacado que el nuevo planeamiento prevé cambiar vivienda de renta libre por vivienda protegida como respuesta a la gran necesidad de servicios y alojamiento de la ciudad y la comarca.El proyecto también incluye el replanteamiento de todo el tráfico de la zona. Con ello se busca desvincular el acceso al centro comercial de la carretera nacional que cruza Puigcerdá. Los nuevos accesos se tendrán que compatibilizar con viales paralelos de paseo y de tráfico agrario, facilitando la movilidad y mejorando la calidad de vida de los vecinos.

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La ruptura puede parecer un gesto de fuerza, pero en realidad puede convertirse en un error de envergadura. Hasta ahora, Puigdemont había conseguido situarse en un espacio de influencia real: condicionar el gobierno español, hacer valer los votos de Junts y mantener vivo el relato del diálogo sin renunciar al conflicto. Con la ruptura, sin embargo, este equilibrio se rompe. Si la decisión precipita elecciones, el riesgo es claro: que la irritación del votante progresista y la fragmentación del bloque de izquierdas acaben devolviendo el poder a PP y Vox. Y entonces, lo que hoy se presenta como una victoria moral podría convertirse en su derrota más práctica —y en la del conjunto de Cataluña, que vería cerrada de nuevo cualquier brecha de negociación.

Detrás de esta ruptura también hay miedo. No solo el miedo a perder la coherencia o el relato, sino la más inmediata: la de perder votos. Las encuestas apuntan a que la Aliança Catalana de Sílvia Orriols está mordiendo terreno a Junts, sobre todo entre los sectores más desencantados con la política de acuerdos y concesiones. En este contexto, Puigdemont necesita marcar perfil, recuperar el epicentro del discurso soberanista y demostrar que no es ninguna muleta de Sánchez. Pero esta huida hacia adelante tiene un precio: refuerza el relato de confrontación que la derecha española —y ahora también la extrema derecha catalana— utilizan para dividir y desgastar. El riesgo es que, al querer esquivar el fuego de Aliança Catalana, acabe alimentando un fuego mucho mayor, el de PP y Vox.

Puigdemont ha querido vestir la decisión con argumentos de fondo: los supuestos incumplimientos de Sánchez en tres frentes: la aplicación de la ley de amnistía, la oficialidad del catalán a la Unión Europea y el traspaso de competencias en inmigración. Pero ninguno de estos obstáculos depende solo del PSOE. La amnistía la ha frenado el Tribunal Supremo, el catalán ha topado con la reserva de Alemania y el traspaso de inmigración se ha encallado por el voto decisivo de Podemos. Lo menos relevante, al fin y al cabo, es que los socialistas hayan aceptado una ley hecha a medida, se hayan esforzado por obtener apoyos en el Consejo Europeo o hayan votado a favor del traspaso. El trasfondo es otro: la necesidad de Junts de marcar perfil ante la presión de Aliança Catalana. Y es aquí donde la coherencia se confunde con el cálculo, y el riesgo de perder el relato puede acabar convirtiéndose en el riesgo de perderlo todo.

Como en toda tragedia, el desenlace no depende solo del protagonista, sino también del contexto que lo rodea. Puigdemont puede pensar que rompe para preservar su causa, pero corre el riesgo de acabar siendo el personaje que, al querer mantener la pureza del relato, abre la puerta al retorno de los que querían hacerlo desaparecer. Si la política es el arte de gestionar los posibles, su decisión parece más próxima al gesto simbólico que a la estrategia. Y ya se sabe: en política, como en Shakespeare, los gestos simbólicos acostumbran a tener consecuencias irreversibles.

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Cuando se trata de gestionar la vida ordinaria del Barça, Joan Laporta suele hacer ostensible una probada incapacidad que exhibe corregida y aumentada cuando surge alguna cuestión imprevista como la reciente y frustrada posibilidad de jugar contra el Villarreal en Miami.

Los mensajes y las explicaciones han sido del todo contradictorios, empezando por el relato de Laporta ante la asamblea. «No sabemos qué cantidad ingresaremos, no tenemos toda la información de LaLiga. Pero habrá ingresos, seguro, y compensarán los que no tendremos en el Johan», dijo por la reducción al mínimo del aforo en los partidos de Liga iniciales ante Valencia y Getafe. «Los ingresos serán muchos más que si el encuentro fuera en Villarreal, donde no ingresaríamos nada. Todos los clubs se beneficiarán con este encuentro, pero más los que iremos a jugar allí», aseguró el presidente azulgrana.

Al día siguiente, el presidente de LaLiga, Javier Tebas, hubo de salir a aclarar que LaLiga no le pagaba un solo euro a ninguno de los dos equipos, ni Villarreal ni Barça. En todo caso, precisó, el organizador, la empresa norteamericana Relevent, sí que compensaba al local, el Villarreal, por la taquilla del Estadio de la Cerámica, una asignación que el equipo groguet habría destinado íntegramente a los pasajes de sus socios hasta Miami y a una reducción del precio anual de sus abonos a quienes no hubieran viajado. El Barça, dijo Tebas, podía recaudar lo que pudiera por acciones de marketing, comerciales y de merchandising sobre el terreno en Miami.

Con esas declaraciones, como es sabido, Laporta hizo saltar todas las alarmas al apuntar directamente a LaLiga como la que le había prometido un fijo por acceder a jugar a miles de kilómetros contra el criterio y el deseo del cuerpo técnico y del propio vestuario. Si era verdad, o no, nunca se sabrá, pero el efecto de esa bravata de Laporta en la asamblea para justificar el partido de Miami fue que, desde EEUU, las agencias federales se echaron encima de Relevent al día siguiente con el resultado se que se abortó el experimento.

Ahora, dos semanas más tarde, desde el club, también contradictoriamente, se ha filtrado tanto que la cancelación no suponía ningún contratiempo económico como que era perentorio inventarse alguna otra fuente de ingresos para subsanar el tremendo error que supuso no volver desde el primer día a Montjuic a principio de esta temporada.

En esta línea, se ha trascendido que el Barça ha descartado jugar en Libia y en Marruecos sendos amistosos y que estudia seriamente ir a Perú a disputar un amistoso prenavideño ante la desesperada y precaria situación de la tesorería. Una alternativa aún peor que la de Miami, pues supone cargar igualmente las piernas de los jugadores con un desplazamiento desaconsejable -un partido extra- y del todo contraproducente a los ojos de Hansi Flick y de los jugadores.

El (no) partido de Miami le pasa a factura a Laporta, dejando entrever nuevamente que, lejos de vivir un estado de recuperación económica, la locura de montar un amistoso prenavideño en Perú, o donde sea, se ha convertido en una urgencia.

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El director general de Cultura de Aragón, Pedro Olloqui, ha acusado este viernes al gobierno español de tomar parte en el conflicto de Sijena y lo ha calificado de «inaceptable». Todo ello después de que el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, haya cargado contra el cuestionamiento que ha hecho el gobierno de Aragón a los técnicos del MNAC por el traslado de las obras de Sijena: «Cualquier crítica está completamente fuera de lugar», ha remarcado el ministro.

Olloqui ha insistido en que la responsabilidad de la «falta de diligencia» de la conservación de las obras es de la dirección del museo, la cual no debe esconderse detrás de «falsos relatos» que colocan en primer lugar a los técnicos del equipamiento catalán.

Urtasun ha defendido esta mañana el trabajo de los trabajadores del MNAC, y ha insistido en que no le ha gustado que algún responsable del ejecutivo de Aragón les haya criticado. Asimismo, ha pedido «trabajar juntos» con todas las administraciones para decidir los próximos pasos y evitar así que cada una haga informes diferentes con conclusiones diversas.

En el marco de una atención a los medios, el ministro ha reiterado que los técnicos trabajan con una «profesionalidad exquisita» y un «trabajo impecable». Asimismo, el ministro ha pedido «consenso» a la hora de continuar las tareas con el calendario sobre el traslado de las obras de Sijena. «Hay que trabajar juntos», ha aseverado el dirigente de Sumar al gobierno español.

A raíz de estas declaraciones, Olloqui ha comparecido para denunciar la posición del gobierno español, que a su juicio, ha decidido posicionarse a favor de las instituciones catalanas. «Debería situarse al lado de la legalidad para favorecer que estas pinturas vuelvan en las mejores condiciones a Aragón, de donde no deberían haber salido», ha añadido.

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La Audiencia Nacional ha ordenado evaluar el estado de salud del expresidente de la Generalitat Jordi Pujol para valorar si puede participar en el juicio contra él y su familia que empieza el 24 de noviembre.

La sala ha admitido, así, la petición de la defensa de Pujol, la cual había pedido que lo visitara un médico forense para que evalúe su estado de salud y valore si puede o no someterse a juicio. Según ha avanzado El País, la defensa de Pujol ha presentado tres informes en la Audiencia Nacional, donde está previsto que el juicio contra el expresidente, de 95 años, y su familia comience a partir del próximo 24 de noviembre.

Los documentos médicos aportados describen el estado de salud del expresidente catalán, incluyendo sus capacidades físicas y cognitivas, para que el tribunal valore si lo ve apto o no para afrontar el proceso judicial. Según el medio citado, Pujol habría rechazado que su defensa pida su expulsión del proceso por «demencia sobrevenida», como ocurrió con su esposa, Marta Ferrusola, que sufría alzheimer y murió el 8 de julio de 2024.

En caso de que la Audiencia considere que Pujol está en condiciones de someterse al proceso judicial, deberá decidir sobre la presencia del expresidente en Madrid. En la primera jornada del juicio, todos los acusados deberán estar presentes en la sede del tribunal, en San Fernando de Henares, y el entorno de Pujol ya habría reservado una habitación de hotel a la espera de lo que decida la Audiencia. No obstante, la defensa del expresidente catalán habría pedido al tribunal que no acuda físicamente al juicio y que pueda seguir las sesiones por videoconferencia.

Los Pujol se enfrentan a acusaciones de asociación ilícita, blanqueo de capitales, falsificación de documento mercantil, contra la hacienda pública y frustración de la ejecución. La Fiscalía pide 9 años de prisión para Jordi Pujol, y penas que van de los 8 a los 29 años para sus hijos y Mercè Gironès, expareja de Jordi Pujol Ferrusola.

El titular del juzgado de instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, acordó la apertura de juicio oral hace de cuatro años, en 2021. Se sentarán en el banco de los acusados el expresidente Pujol, si así lo avala la Audiencia, sus siete hijos y 16 personas más, entre ellas empresarios como Luis Delso, Carles Sumarroca y Carles Vilarrubí. Se prevé que los acusados declaren al final del juicio, en abril de 2026.

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El Síndic de Greuges ha recibido «numerosas» quejas de familias vulnerables con niños a cargo a las que la Generalitat de Catalunya reclama pagos indebidos de ayudas que percibían. Se trata de ayudas en el marco del compromiso socio-educativo (COSE), un instrumento dirigido a las familias que elaboran los servicios de atención a la infancia cuando detectan una situación de riesgo que afecta a un niño y que incluye una ayuda económica.

En concreto, el Síndic expone el caso de una familia a la que se le reclama el reintegro de 19.000 euros. La institución recuerda que estas cantidades percibidas cuando no tocaba son fruto del «cálculo erróneo» de la prestación por parte de la administración, como en los casos de la renta garantizada y de los jóvenes extutelados.

En el caso concreto de esta familia, el Departamento de Derechos Sociales e Inclusión abrió en 2020 un expediente de reintegro porque detectó que los importes concedidos entre 2016 y 2018 no habían tenido en cuenta una reducción de la prestación prevista en la normativa aplicable en aquel momento. La síndica, Esther Giménez-Salinas, recuerda que esta situación es comparable con los casos de pagos indebidos de la renta garantizada de ciudadanía y de los jóvenes extutelados.

En una resolución emitida en junio, la institución consideró una contradicción grave que familias que reciben ayudas para cubrir las necesidades básicas de los hijos «se vean obligadas» a devolver importes, ya que esto, además, incrementa su precariedad y expone a los niños a un riesgo social más elevado. Por ello, defiende que hay que ponderar la proporcionalidad entre el derecho de la administración y la protección de los niños.

Además, apunta que hay jurisprudencia del Tribunal Supremo y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que sostiene que no se puede exigir la devolución si supone una carga desproporcionada para los beneficiarios. «Una vez más, el error es de la administración y, por tanto, este error no puede recaer en las familias, que recordemos que son vulnerables», ha manifestado la síndica.

Derechos Sociales anunció ya que no reclamaría los importantes a los beneficiarios de la renta garantizada ni a los jóvenes extutelados vulnerables. La síndica se ha mostrado satisfecha con esta decisión, pero pide que se comunique «sin demora» a todas las personas afectadas, la mayoría de las cuales, asegura, aún no tienen conocimiento.

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El pleno del Ayuntamiento de Barcelona ha aprobado este viernes una ordenanza para regular precios asequibles para los equipamientos de alojamiento dotacional y residencias de estudiantes ubicadas en suelos de zona.

Esta norma pretende facilitar el acceso y favorecer una oferta de calidad, inclusiva y con igualdad de oportunidades, concretando criterios de selección de los usuarios en estancias temporales, según la tipología del equipamiento y del colectivo que hará uso de ella.

La ordenanza, que también fija un baremo de precios, ha salido adelante con el voto a favor del PSC, Junts per Barcelona, BComú y ERC, y ha recibido el voto en contra del PP y la abstención de Vox.

Con el nuevo texto, los alojamientos siempre deberán acoger a personas con necesidades temporales que tengan dificultad de emancipación y otros requisitos de acogida, como jóvenes, personas mayores o colectivos en situaciones de vulnerabilidad. También se prevé que los alojamientos dotacionales puedan tener usos relacionados con la asistencia sanitaria, con la afectación por una actuación urbanística y por razón de estudio o de trabajo.

Se prevén, asimismo, tres tipologías de alojamientos dotacionales: los completos, con espacios comunitarios y residencial colectivo. En el caso de los precios máximos otros que por razón de estudio, serán los mismos que las viviendas de protección oficial en régimen general de alquiler. Los criterios de selección para el uso de los alojamientos dotacionales se podrán perfilar desde las convocatorias correspondientes a cada equipamiento.

En cuanto a los alojamientos dotacionales por motivos de estudio, las residencias de estudiantes, la normativa evita que se instalen de grandes dimensiones en zonas saturadas.

Precios

El precio máximo de las plazas concertadas en residencias de estudiantes se fija en 705 euros mensuales en habitación individual y 633 euros en habitación doble cuando las residencias tengan menos de 200 plazas. Por otro lado, se establece en 645 euros en habitación individual y de 574 euros en habitación doble en residencias de entre 200 y 350 plazas. Los criterios de selección de las plazas se fijarán desde el Ayuntamiento. En el caso de las residencias de estudiantes, la ordenanza también contempla que, con la aprobación del consistorio y mediante convenio, un máximo del 50% de las plazas puedan ser no concertadas.

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El juez del Tribunal Supremo (TS), Leopoldo Puente, ha acordado este viernes enviar a la Audiencia Nacional (AN) el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre el patrimonio de José Luis Ábalos y los datos aportados por el PSOE sobre su financiación.

La AN debe decidir ahora si considera que hay motivos para abrir una investigación. En los últimos días han declarado al TS Ábalos, su exasesor Koldo García y algunos responsables del PSOE, en interrogatorios donde, según el magistrado Puente, no se esclareció el funcionamiento de las compensaciones en efectivo que se pagaban en Ferraz.

El presidente del Gobierno español y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, defendió ayer desde el Senado la financiación «legal y regular» del partido, pero admitió que se liquidaban gastos en efectivo, siempre contra factura.

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El Ministerio de Cultura ha comunicado a la Fundación Francisco Franco el acuerdo para su extinción. El ministro, Ernest Urtasun, ya ha firmado el procedimiento de acuerdo con la ley de memoria democrática. Se trata de un paso previo al cierre de la entidad franquista, fundada en 1976, y dedicada «primordialmente» a la difusión de la «dimensión humana y política» del dictador, según sus estatutos.

Cabe remarcar que la ley de 2022 indica la apología del franquismo que enaltezca el golpe de estado y la dictadura, o enaltezca a sus dirigentes son actividades «contrarias al interés general». Corresponde al Ministerio de Cultura instar la extinción judicial de las fundaciones donde concurra esta causa.

Según la ley de fundaciones, el procedimiento previo a la extinción judicial comienza con el acuerdo de inicio y la notificación a la fundación. Después tiene lugar el trámite de alegaciones de la fundación durante 10 días hábiles y, acto seguido, comienza el periodo de prueba. Después llega la propuesta de resolución que se notifica a la fundación, y un nuevo trámite de alegaciones con 10 días hábiles más.

Acto seguido la Abogacía del Estado elabora un informe, y posteriormente se resuelve el acuerdo para instar la extinción judicial. Seguidamente, se traslada la resolución a la Abogacía del Estado para que lo tramite a la autoridad judicial. Y se firma la resolución judicial que acuerda la extinción. Finalmente, el último paso es la liquidación de los bienes de la fundación en cuestión, que se destinan a otra entidad sin ánimo de lucro.

El Ministerio de Cultura ha ido siguiendo estos pasos. Y el 24 de octubre Urtasun firmó el acuerdo de inicio del procedimiento previo a la extinción judicial. De acuerdo con la documentación recogida, se elaboró el acuerdo de inicio del procedimiento.

Y, a la vista de los informes recibidos, se apreció la concurrencia indiciaria de la causa de extinción prevista en la ley de memoria democrática, que motiva, por tanto, acordar el inicio del procedimiento. Finalmente, se ha notificado a la Fundación Francisco Franco este miércoles.

Reforma de la ley de asociaciones

El pleno del Congreso aprobó el 10 de abril, con los votos de la mayoría de la investidura, la abstención del PP y el no de Vox la modificación de la ley de asociaciones con el objetivo de disolver cualquier entidad que enaltezca el franquismo o que menosprecie y humille a las víctimas del golpe de estado de 1936 y la posterior dictadura.

La ley quiere dar el paso a la Fundación Francisco Franco, que ya tenía un proceso abierto por el Ministerio de Cultura para su disolución y que podría buscar una vía de escape convirtiéndose en asociación.

La reforma que se aprobó en comisión el pasado 25 de marzo, busca impedir que la Fundación Franco esquive el proceso de disolución iniciado por el ministro de Cultura, pasando de ser una fundación a una asociación.

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