El Gobierno catalán ha puesto en marcha una herramienta de inteligencia artificial (IA) generativa que ha permitido resumir en lenguaje llano más de 16.000 normas jurídicas en el Portal Jurídico de Cataluña, disponibles en catalán y castellano. El proyecto, impulsado por la Secretaría del Gobierno y la Secretaría de Telecomunicaciones y Transformación Digital, tiene como objetivo «romper barreras y empoderar a la ciudadanía» facilitando la comprensión de los textos legales y promoviendo una participación más activa en el sistema jurídico.

Esta iniciativa forma parte de la estrategia del Gobierno catalán para reformar la Administración y avanzar hacia unos servicios públicos más ágiles, transparentes y accesibles. Según el ejecutivo, el lenguaje complejo de las normas genera a menudo desconfianza y aleja a la ciudadanía del marco legal. Con esta nueva herramienta, cada norma incorpora un resumen que responde a tres preguntas clave: para qué sirve, a quién se dirige y cómo se aplica. Los resúmenes se generan de manera automática cada vez que se publica una nueva disposición.

El proyecto, elaborado con la colaboración de juristas, lingüistas, técnicos y comunicadores, ha recibido reconocimiento internacional tras ser finalista en los 2024 Best Cases Awards de la Comisión Europea. El observatorio Public Sector Tech Watch lo ha destacado como un ejemplo de innovación y modernización en el uso de tecnologías emergentes dentro del sector público europeo.

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La Audiencia Nacional ha ordenado evaluar el estado de salud del expresidente de la Generalitat Jordi Pujol para valorar si puede participar en el juicio contra él y su familia que empieza el 24 de noviembre.

La sala ha admitido, así, la petición de la defensa de Pujol, la cual había pedido que lo visitara un médico forense para que evalúe su estado de salud y valore si puede o no someterse a juicio. Según ha avanzado El País, la defensa de Pujol ha presentado tres informes en la Audiencia Nacional, donde está previsto que el juicio contra el expresidente, de 95 años, y su familia comience a partir del próximo 24 de noviembre.

Los documentos médicos aportados describen el estado de salud del expresidente catalán, incluyendo sus capacidades físicas y cognitivas, para que el tribunal valore si lo ve apto o no para afrontar el proceso judicial. Según el medio citado, Pujol habría rechazado que su defensa pida su expulsión del proceso por «demencia sobrevenida», como ocurrió con su esposa, Marta Ferrusola, que sufría alzheimer y murió el 8 de julio de 2024.

En caso de que la Audiencia considere que Pujol está en condiciones de someterse al proceso judicial, deberá decidir sobre la presencia del expresidente en Madrid. En la primera jornada del juicio, todos los acusados deberán estar presentes en la sede del tribunal, en San Fernando de Henares, y el entorno de Pujol ya habría reservado una habitación de hotel a la espera de lo que decida la Audiencia. No obstante, la defensa del expresidente catalán habría pedido al tribunal que no acuda físicamente al juicio y que pueda seguir las sesiones por videoconferencia.

Los Pujol se enfrentan a acusaciones de asociación ilícita, blanqueo de capitales, falsificación de documento mercantil, contra la hacienda pública y frustración de la ejecución. La Fiscalía pide 9 años de prisión para Jordi Pujol, y penas que van de los 8 a los 29 años para sus hijos y Mercè Gironès, expareja de Jordi Pujol Ferrusola.

El titular del juzgado de instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, acordó la apertura de juicio oral hace de cuatro años, en 2021. Se sentarán en el banco de los acusados el expresidente Pujol, si así lo avala la Audiencia, sus siete hijos y 16 personas más, entre ellas empresarios como Luis Delso, Carles Sumarroca y Carles Vilarrubí. Se prevé que los acusados declaren al final del juicio, en abril de 2026.

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El juez del Tribunal Supremo (TS), Leopoldo Puente, ha acordado este viernes enviar a la Audiencia Nacional (AN) el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre el patrimonio de José Luis Ábalos y los datos aportados por el PSOE sobre su financiación.

La AN debe decidir ahora si considera que hay motivos para abrir una investigación. En los últimos días han declarado al TS Ábalos, su exasesor Koldo García y algunos responsables del PSOE, en interrogatorios donde, según el magistrado Puente, no se esclareció el funcionamiento de las compensaciones en efectivo que se pagaban en Ferraz.

El presidente del Gobierno español y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, defendió ayer desde el Senado la financiación «legal y regular» del partido, pero admitió que se liquidaban gastos en efectivo, siempre contra factura.

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El director general del Patrimonio Cultural, Joaquim Borràs, ha desmentido, en el marco del conflicto de Sijena, cualquier afirmación que ponga en duda la profesionalidad de los técnicos del MNAC o las medidas de prevención y conservación de las pinturas murales objeto de litigio. En un comunicado, Borràs ha defendido que los profesionales de los museos catalanes preservan las colecciones «sin tener en cuenta su procedencia».

De este modo, ha contestado a las acusaciones emitidas por el gobierno de Aragón el pasado martes, en las que acusaba de «dejadez» a los profesionales del MNAC con las pinturas murales porque no eran «patrimonio catalán». Borràs ha asegurado que no entrarán «en una dinámica de provocaciones y acusaciones cruzadas».

El Departamento de Cultura ha destacado en un comunicado que los museos son responsables del patrimonio natural y cultural, material e inmaterial que custodian y que «la primera obligación de un museo es proteger y promover este patrimonio, independientemente de su origen». Esta obligación viene establecida por el ICOM, que es el organismo internacional competente en el ámbito de los museos, ha señalado.

Ha remarcado que los profesionales de los museos catalanes, y los del MNAC entre ellos, tienen como referente el código deontológico del ICOM en el ejercicio de su responsabilidad y funciones. Por tanto, «toman todas las medidas posibles para conservar y preservar las colecciones que acogen sin tener en cuenta su procedencia», ha apuntado.

Dependiendo de la tipología de los museos es habitual que entre sus colecciones «existan piezas de procedencia diversa que son tratadas con el mismo cuidado, atendiendo a su importancia como testimonio de la memoria colectiva», ha asegurado.

En cualquier caso, Borràs ha manifestado que no entrarán en una dinámica de provocaciones y acusaciones cruzadas de que lo único que buscan es la confrontación.

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La Audiencia de Barcelona ha condenado a dos años de prisión, multa de 1.980 euros y 7.500 euros de indemnización a uno de los tres hombres juzgados por delito contra la integridad moral y delito de odio por las publicaciones hechas en la red X sobre los tres integrantes de una familia que pidiómás cuota de enseñanza en castellano en la escuela de Canet de Mar donde estudiaba su hija.

Además, la sentencia le inhabilita para cualquier labor docente, deportiva, cultural o de ocio durante cinco años. En cambio, absuelve de los mismos delitos a los otros dos juzgados, al entender que no se dan los elementos que identifican los tipos penales y que las manifestaciones quedan, pues, dentro de la libertad de expresión. El juicio se celebró los días 16 y 17 de octubre.

Tal y como se recoge en la sentencia, el Tribunal ha valorado el contexto social del momento, recordando que en diciembre de 2020 el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) obligó a la escuela Turó del Drac, de Canet, a impartir al menos el 25% del horario escolar en castellano en la clase de I5 donde iba la hija del denunciante. En marzo de 2021 el padre impugnó el proyecto lingüístico del centro ante el Departamento de Educación. Una vez desestimada la petición, el hombre pidió al TSJC medidas cautelares para aplicar la sentencia, algo que el tribunal acordó en octubre de 2021.

El Tribunal dice que «a raíz de esta petición legítima formulada, varias plataformas en redes sociales, en particular Twitter (actualmente X), se hicieron eco de la resolución, difundiéndose el 2 de diciembre de 2021 la noticia de que «la escuela había sido denunciada por una familia del grupo P5A, y que, a consecuencia de ello, el TSJC había dispuesto que el 50% de las horas lectivas de esta clase debían impartirse en castellano».

Esta publicación generó un amplio debate en la red social sobre el uso del castellano en el sistema educativo catalán, las posibles consecuencias de la aplicación de la sentencia para el resto del alumnado y la conveniencia o no de dar cumplimiento al hecho acordado. En el marco de este debate, muchos de los usuarios criticaron o discreparon de la decisión adoptada por la familia y debatieron sobre el uso del catalán y el castellano en las aulas.

Análisis de los mensajes

El Tribunal analizó varios mensajes de los acusados a X sobre este tema. «Entre los mensajes difundidos figuraban expresiones que contenían anuncios de causar un daño o perjuicio a la familia como represalia por la actuación de los denunciantes, o que instaban a aislarlos a ellos o a su hija, mensajes que, de manera evidente, tenían aptitud para generar en los destinatarios una profunda inquietud y temor».

Es por ello que el Tribunal entra, pues «en el análisis de si los mensajes atribuidos a los acusados constituyen un ejercicio legítimo del derecho a la libertad de expresión, o, por el contrario, integran los elementos necesarios para ser sancionados desde el ámbito penal, sin que nos corresponda evaluar la corrección de las conductas expresivas que se describen, sino si las mismas merecen reproche penal, ya que no todo lo que pueda considerarse inaceptable en términos discursivos y expresivos es penalmente relevante».

Para el Tribunal, «estos mensajes claramente tienen una aptitud intimidatoria y de incitación al hostigamiento, con la clara intención de imponer un resultado, como es hacer que la familia se marche, abandone el pueblo por el hecho de ser castellanohablante y sentirse españoles, y en consecuencia, deje de ejercer el derecho de escolarizar a su hija en un proyecto que respete el aprendizaje del castellano junto con el catalán».

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El juzgado de instrucción número 2 de Huesca ha rechazado que técnicos del Instituto del Patrimonio Cultural de España (IPCE) hagan un informe pericial sobre el traslado de las obras de Sixena., tal y como lo había pedido el Museo Nacional de Arte de Cataluña (MNAC).

El MANC había hecho esta petición ante las divergencias existentes entre las partes y teniendo en cuenta que el conjunto pictórico es un bien de interés cultural sometido a la tutela y protección del Estado.

La jueza, sin embargo, considera que no es pertinente «en el presente momento procesal». Por otro lado, y en otra resolución, la jueza estima un recurso presentado por el Ayuntamiento de Vilanova de Sixena contra la decisión inicial de permitir que la Generalitat se personera en la ejecución de la sentencia, y la deja fuera del procedimiento.

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El Barça de Joan Laporta puede acabar pagando los platos rotos del descuidado e inexplicable pago continuado a José María Enríquez Negreira, exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros, a lo largo de casi dos décadas, y luego a su hijo, Javier Enríquez, según el resultado de la causa que se sigue contra el FC Barcelona y solo contra los expresidentes Sandro Rosell y Josep Maria Bartomeu. La sensación es que el proceso se ha activado y acelerado, de forma que ya existe un calendario de testigos y de investigados que, si no hay novedades, podría concluir en febrero próximo, momento en que la jueza del caso, Alejandra Gil, deberá resolver si abrir juicio o archivar la causa.

Aunque Joan Gaspart puso la primera piedra poniendo en nómina a Negreira, siendo este miembro del Comité Técnico de Árbitros, y Joan Laporta fue quien le subió escandalosamente la asignación, ambos solo declararán como testigos y no como investigados por la prescripción de los delitos que maneja el Juzgado de Instrucción de número 1 de Barcelona, que acaba de citar al club a declarar el 27 de enero. En su nombre, acudirá la vicepresidenta Elena Fort, designada por la directiva como representante a todos los efectos legales.

Tras el paso por el juzgado de Rosell y de Bartomeu, para el día 6 de están citados como testigos Joan Gaspart y al asesor arbitral del club azulgrana Ricardo Segura. Antes, es el 12 de diciembre, Laporta y los exentrenadores del Barça Luis Enrique y Valverde también han sido citados ante el juez.

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El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el proyecto de la nueva Ley Orgánica de Enjuiciamiento Criminal, una propuesta con la que pretende ofrecer un sistema penal más «moderno y garantista» con un texto que sustituirá a la ley anterior, de 1882, y que será la primera normativa procesal penal de la democracia.

Entre los cambios previstos se contempla que la Fiscalía pase a ser la encargada de dirigir las investigaciones penales, como ya ocurre en la mayoría de los países de Europa. También se limita la figura de la acusación popular para excluir a los partidos y a las asociaciones vinculadas. Este punto no gusta al socio minoritario del Gobierno de España, Sumar, que ha advertido de que no lo apoyará.

El partido que lidera la vicepresidenta Yolanda Díaz ha asegurado que «trabajará para fortalecer la acusación popular e introducir más previsiones garantistas en la ley». El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, ha reaccionado a este hecho lamentado la «ingenuidad» de Sumar, que defiende que a lo largo de los últimos años «este instrumento se ha demostrado imprescindible para el control de la sociedad civil sobre los abusos del poder económico y político».

La reforma de la acusación popular, una de las novedades más controvertidas de la norma, pretende garantizar la participación ciudadana en los procedimientos que tengan una «repercusión social particular», siempre que se acredite un «vínculo legítimo» con el interés público que se pretende defender. No obstante, el Gobierno central apuesta por delimitar quién puede ejercer esta figura y dejar fuera a las personas jurídicas públicas, a los partidos políticos, a los sindicatos o a las asociaciones que dependan de ella.

Horizonte 2028

En caso de aprobarse, la propuesta que se envía al Congreso entraría en vigor el 1 de enero de 2028 y afectaría a los procedimientos iniciados a partir de esa fecha. Los que se hayan puesto en marcha antes del 1 de enero de 2028 se tramitarán según la ley actual. Por tanto, la nueva norma no afecta al actual fiscal general del Estado, cuyo segundo y último mandato finaliza en 2027.

Aparte de situar a la Fiscalía al frente de las instrucciones judiciales y de limitar la figura que puede ser acusación popular, la nueva ley prevé una simplificación de los procedimientos en cuestiones como los recursos, ya que se podrán impugnar los decretos más relevantes del fiscal directamente ante el juez de garantías. La organización y especialización de los fiscales, así como la flexibilidad para destinar a más de un fiscal investigador a determinadas diligencias, también aportarán más agilidad, según la previsión del ejecutivo central.

Además, la nueva ley incluye un refuerzo de las garantías procesales de la persona investigada en materia de medidas cautelares, especialmente la detención preventiva o la prisión provisional, con revisiones de oficio cada seis meses. También se aumentará la protección de los menores de edad, y de las personas con discapacidad o en situación de vulnerabilidad.

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El pleno del Tribunal de Cuentas ha acordado imponer una sanción a Aliança Catalana (AC) por haber superado en más de un 10% el límite de los gastos electorales en la campaña de las elecciones municipales de 2023, tras las cuales Sílvia Orriols, la líder de la formación, se convirtió en alcaldesa de Ripoll.

El pasado mes de marzo trascendió que, según un informe del Tribunal de Cuentas, AC había superado el tope de gasto de 3.516 euros con facturas que ascendieron hasta 3.875, un exceso del 10,23%. En cuanto a las aportaciones recibidas, el órgano fiscalizador señaló que una contribución privada de 500 euros incumplía la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG).

El partido de extrema derecha, al que se ha impuesto finalmente una multa de 431,45 euros, se encuentra entre las 14 formaciones a las que el órgano ha sancionado por incumplir el artículo 192.3 de la LOREG. Entre los otros amonestados figura la formación Ara Decidim Ripollet, multada con 1.007,65 euros.

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El juez del Tribunal Supremo Leopoldo Puente ha rechazado de nuevo la petición de excarcelación del exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, que se encuentra en prisión provisional desde el 30 de junio. En el auto, el magistrado considera que, a diferencia del exministro José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García, que quedaron en libertad tras declarar, Cerdán aún tiene capacidad para «alterar» datos o elementos esenciales de la investigación.

La defensa del exsecretario de Organización socialista considera «inaudito» que Puente haya adoptado la decisión sin escuchar a la Fiscalía Anticorrupción y a las partes y, aunque el juez «comprende la impaciencia» de Cerdán y su defensa, asegura que se mantienen las razones que le llevaron a decretar la prisión provisional. La petición de excarcelación presentada por el abogado Benet Salellas, indica el magistrado, no presenta ninguna «circunstancia o argumento diferente que permita modificar» la decisión.

En todo caso, Puente afirma que en el momento en el que «desaparezcan las razones que determinaron el ingreso en prisión» de Cerdán, «la situación se modificará de oficio».

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El fotoperiodista Joan Gálvez interpondrá una querella para que se investigue el disparo de un proyectil de foam de los Mossos d’Esquadra que recibió en el brazo durante las manifestaciones propalestinas del pasado 15 de octubre. Asuntos Internos de los Mossos, por su parte, ya ha abierto una investigación sobre estos hechos.

Según ha relatado la entidad Irídia, Gálvez sufrió el impacto mientras hacía su trabajo y en un momento en el que no se estaba produciendo ningún alboroto ni acto violento. El fotoperiodista se encontraba «claramente identificado» como periodista y el disparo se hizo «de manera totalmente injustificada», ha asegurado.

La entidad, además, ha recordado que el protocolo de uso de esta arma marca que debe apuntarse del abdomen hacia abajo, y que en ningún caso se puede disparar en la cabeza o en el cuello de la persona. Además, insiste en que el protocolo establece que debería existir una circunstancia de riesgo grave para las personas, que aseguran no se daba en ese momento.

«Se trata, por tanto, de una actuación que contraviene los protocolos de uso de este tipo de proyectiles», concluye Irídia, que impulsa la querella con el objetivo de que se depuren responsabilidades y se garantice una reparación.

El abogado de la entidad Ton Mansilla sostiene que se produjo un «rasgo antirreglamentario» contra un profesional de la información que estaba haciendo su trabajo, por lo que señala que los hechos fueron «especialmente graves».

«En un momento de cero tensión, un agente me apuntó y me disparó un proyectil foam a escasa distancia. El proyectil impactó directamente en el brazo, provocando una herida abierta y un dolor insoportable», ha relatado Gálvez.

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Un juzgado de lo penal de Barcelona ha juzgado este lunes al expresidente del BarçaJosep Maria Bartomeu y su mano derecha en el club, Jaume Masferrer, por supuestamente encargar la publicación de mensajes injuriosos contra el empresario audiovisual Jaume Roures.

Por ello, les pide una multa de 15.000 euros por injurias graves con publicidad y 100.000 euros de indemnización, que querría entregar al Casal d’Infants del Raval.

Roures ha lamentado que a pesar de ser socio del Barça y tener buenas relaciones y negocios, la junta del club intentase desprestigiarlo personal y profesionalmente. Bartomeu ha negado conocer el contenido de las cuentas ni los insultos.

Este caso se separó del proceso judicial que se sigue en un juzgado de instrucción por el llamado caso Barçagate de presunta administración desleal y donde también está investigado Bartomeu.

Entre 2018 y 2020, una cuenta en Twitter, Jaume de terror, y una de Facebook, Jaume, un film de terror, publicaron centenares de mensajes contra el empresario, basándose algunas veces en noticias publicadas contra él, y otros directamente con insultos, burlas y memes. Roures sostiene que detrás de estas cuentas en internet está el expresidente del FC Barcelona Josep Maria Bartomeu y quien fue su mano derecha, Jaume Masferrer.

Roures sostiene que estas dos cuentas fueron creadas, mantenidas y alimentadas por empleados de Nicestream (del grupo I3Ventures), que fue contratada por el FC Barcelona para monitorizar los mensajes vinculados al club azulgrana que se asomaban en las redes sociales y que está siendo investigada por el Barçagate. El escrito de acusación relata que estas cuentas en internet tenían como «único propósito» menoscabar «la fama y honor» de Jaume Roures.

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La sala de lo penal del Tribunal Supremo ha desestimado este lunes el recurso de apelación presentado por la Abogacía del Estado contra la decisión del magistrado instructor del caso del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, de fijar para él una fianza de responsabilidad civil de 75.000 euros.

El alto tribunal, además, ha rechazado que haya una falta motivación en la imposición de la fianza o que la cuantía finalmente impuesta, que se redujo de 150.000 a 75.000 euros, sea desproporcionada.

La Abogacía del Estado, que defiende a García Ortiz, enviado a juicio este mes de septiembre, sostenía que el fiscal general estaría exento de la prestación de fianza de acuerdo con la Ley de asistencia jurídica del Estado.

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La Audiencia Nacional investiga por delitos de contrabando y participación por complicidad en un delito de lesa humanidad o de genocidio al presidente de Sidenor, José Antonio Jainaga Gómez, y a otros dos directivos.

El juez Francisco de Jorge cree que vendieron partidas de acero a la compañía Israel Military Industries (IMSI) pese a que sabían que se trata de un fabricante de armas y que el material que suministraba tenía este fin. Según el magistrado, que hoy ha levantado el secreto de las actuaciones, la venta de acero se habría llevado a cabo sin haber solicitado la autorización correspondiente del Gobierno español y sin inscribirse en el registro pertinente.

La investigación se inició por una querella de la Asociación Comunidad Palestina de Cataluña-Tierra Santa. Los tres investigados han sido citados a declarar el próximo 12 de noviembre.

El magistrado De Jorge argumenta que en la medida en que los hechos ocurridos en Gaza son de dominio público y que, por tanto, eran conocedores del proceso abierto por el Tribunal Penal Internacional y las denuncias presentadas por la Relatora Especial de la ONU, Francesca Albanese, y por la UNRWA, entre otras personas y agencias de Naciones Unidas.

Según el magistrado, los hechos son constitutivos de un delito de contrabando y de otro de participación por complicidad en un delito de lesa humanidad.

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 1 de la Audiencia Nacional considera que los hechos también son imputables a la sociedad mercantil Clerbil SL, que ostenta el cargo de administrador único de Sidenor Holdings Europa.

Por el contrario, entiende que en este momento no se puede considerar como persona jurídica investigada a la sociedad mercantil Sidenor Aceros Especiales SLU, dado el papel activo de los trabajadores de esta empresa y su contribución a la denuncia pública.

En este caso, el magistrado aplica la directiva europea y la ley reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas que extiende la protección a las personas jurídicas que puedan tener la condición de informantes.

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La Fiscalía ha pedido al Tribunal Constitucional (TC) que mantenga vigentes las órdenes de detención contra el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont y el exconsejero Toni Comín. En dos escritos de 14 páginas, el fiscal Pedro Crespo responde así a la pregunta del Constitucional ante la petición de suspensión formulada por Puigdemont y Comín.

El TC ya había denegado hace unos días la posibilidad de suspender cautelarísimamente las órdenes de detención, porque no apreció una urgencia excepcional. Entonces, eso sí, dio un plazo a la Fiscalía para decidir si suspende cautelarmente las órdenes mientras estudia los recursos de Puigdemont y Comín contra la denegación de la amnistía por parte del Tribunal Supremo.

El presidente del Constitucional, Cándido Conde-Pumpido, no prevé que el tribunal pueda resolver los recursos de amparo hasta después de la Navidad, ya que las recusaciones de magistrados planteadas por las defensas, y finalmente rechazadas, retrasaron los plazos.

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El Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona ha procesado al exfutbolista del Espanyol Álvaro Aguado como presunto agresor sexual de una trabajadora del club, en 2024, en una discoteca de la capital catalana.

Aguado ha dicho que mantuvieron relaciones sexuales consentidas, pero la denunciante ha asegurado que el futbolista la tocó sexualmente mientras bailaban y la forzó a mantener relaciones en un lavabo del establecimiento.

La magistrada instructora ha apreciado la existencia de indicios suficientes para procesar al futbolista, que será citado a declarar, por la presunta comisión de un delito contra la libertad sexual.

Según la investigación, los hechos tuvieron lugar hacia las 5 de la madrugada del 24 de junio de 2024 en el lavabo de una discoteca del paseo marítimo de la Barceloneta, durante la celebración por el ascenso a Primera División del Espanyol.

La chica, que presenta síntomas compatibles con un trastorno por estrés postraumático y sigue terapia psicológica, denunció los hechos seis meses después, el 24 de enero de 2025, y su versión de los hechos ha sido corroborada parcialmente por testigos, indica el auto.

Al futbolista se le atribuye el hecho de haber presionado los pechos de la chica y el de haberle puesto la mano en la vagina, por encima de la ropa, mientras bailaban, sin el consentimiento de ella. Según el mismo relato, a continuación bajaron a los lavabos y allí el jugador la penetró vaginalmente con fuerza, aunque ella le decía que hablara, y también la forzó a hacerle una felación.

Además, presuntamente, el investigado habría impedido que nadie de fuera abriera la puerta del baño donde estaban encerrados y, al acabar, le habría dicho que no se conocían y que saldrían por separado del baño.

La instructora del caso ha decidido mantener al investigado en libertad provisional sin fianza.

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El Parlamento Europeo ha iniciado el proceso para retirar la inmunidad del eurodiputado español de Se Acabó La Fiesta (SALF), Alvise Pérez, a raíz de las investigaciones abiertas por el Tribunal Supremo.

Según ha anunciado este miércoles desde el hemiciclo de Estrasburgo la presidenta de la Eurocámara, Roberta Metsola, el Supremo ha enviado dos solicitudes para juzgar al dirigente por dos causas, una por delitos de odio y otra por supuesto fraude electoral y financiación irregular de su campaña en las elecciones europeas.

Metsola ha informado de que la solicitud será remitida a la Comisión de Asuntos Jurídicos del europarlamento, encargada de tramitarla.

Las dos solicitudes emitidas por el Tribunal Supremo son independientes y, por tanto, se estudiarán de manera individual.

En este sentido, Metsola no ha especificado a cuál de los dos procesos se ha referido cuando ha dado a conocer que el proceso para retirar la inmunidad de Alvise Pérez ya está en marcha.

Cooperación con los Estados Unidos

Por otra parte, el juez del TS que instruye la causa contra Alvise Pérez por difundir una prueba de covid falsa de Salvador Illa ha acordado solicitar la cooperación de las autoridades judiciales de Estados Unidos. La diligencia de cooperación internacional la había solicitado la Fiscalía alegando que se requería la asistencia de las autoridades judiciales de Estados Unidos como lugar de almacenamiento de datos de Twitter.

En una interlocutòria difosa aquest dimecres, el magistrat ho considera «oportú, pertinent i proporcional», atès que pot ajudar a recopilar informació rellevant sobre les condicions personals i temporals en les quals es van activar els canals de divulgació de continguts i documents que es reputen falsos i injuriosos.

Asimismo, el magistrado también ha acordado una nueva prórroga de la instrucción de seis meses a contar a partir del 17 de noviembre.

Estos hechos se remontan al año 2021, cuando Alvise hizo un guiño a la red social en la que difundió una prueba PCR falsa de Salvador Illa durante la campaña de las elecciones catalanas.

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La Audiencia de Barcelona ha rechazado amnistiar de momento a un agente de los Mossos d’Esquadra que disparó un proyectil de foam a un manifestante en 2019, durante las protestas por la sentencia del procés en Barcelona. El juzgado de instrucción número 4 concluyó que no se puede considerar que un impacto de un proyectil de foam sea tortura o trato degradante y archivaba el caso en aplicación de la ley de amnistía, pero la Audiencia cree que hay que seguir investigando y celebrar juicio oral para dirimir realmente si se trató o no de trato degradante, una de las excepciones de la medida de gracia.

El denunciante alega que primero recibió el impacto del foam en la pierna y que, después, otros agentes lo golpearon con las defensas y se marcharon. El juzgado, sin embargo, consideró que se trató de una actuación policial realizada para detener los altercados de las protestas y añadía que no se puede aplicar la excepción de la ley de amnistía que habla de torturas o tratos inhumanos o degradantes. En concreto, constataba que la actuación del mosso se limita al proyectil de foam y no al resto de golpes causados por otros mozos.

Ahora, sin embargo, la Audiencia ha estimado el recurso presentado por Irídia en representación del recurrente, y subraya que la resolución no concreta qué disturbio se estaba produciendo en aquel momento. También remarca que se autorizó el uso de foam, pero el permiso se estableció para ataques directos con piedras y otros objetos contundentes o pirotecnia. Por tanto, continúa la Audiencia, queda acreditado que se hizo un uso del instrumento policial «sin que se dieran las condiciones que autorizaban el mismo». Además, recuerda que el denunciante alega que no estaba participando en ninguna protesta, sino tomando algo con sus amigos.

En este sentido, la Audiencia señala que, aunque sí ha habido una «investigación eficaz» por parte del juzgado, es oportuno, «para poder examinar mejor la proporcionalidad de los medios policiales empleados, llevar el caso a juicio oral, donde podrá debatirse ampliamente si se trata o no de trato degradante». En opinión de Irídia, con esta decisión, el tribunal «rompe la hegemonía interpretativa sobre la aplicación automática de la ley de amnistía y abre la puerta a excluir de su cobertura los casos de violencia policial».

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La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha pactado con los principales acusados de la trama Gürtel después de que 20 de los 25 acusados hayan reconocido los delitos de fraude fiscal, blanqueo de capitales, falsedad documental y asociación,ilícita.

El principal imputado, Francisco Correa, y el exsecretario de organización del PP de Galicia Pablo Crespo (1995-2003) son dos de los 20 acusados que han reconocido los hechos. Así lo ha explicado la Fiscalía de la Audiencia Nacional durante la primera sesión del juicio oral. Todos ellos han presentado un escrito de reconocimiento de hechos, lo que les asegura una petición de penas más baja al reconocer los hechos.

El juicio de la pieza principal de la Gürtel se ha iniciado después de 16 años de investigación. La Fiscalía pedía 77 años de prisión para Correa y Crespo, que ya han cumplido parte de las condenas que les habían impuesto en anteriores juicios. Según el juez instructor, José de la Mata, ambos, junto con otros como los asesores fiscales Luis de Miguel y Ramón Blanco, obtuvieron beneficios multimillonarios fruto de la concesión de adjudicaciones irregulares, y cometieron un fraude a Hacienda de 24,8 millones de euros.

La de este lunes ha sido la primera sesión de la pieza principal del juicio por la trama Gürtel, que aborda los posibles delitos contra Hacienda por parte de los líderes de la trama. En concreto, la evasión fiscal y el blanqueo de capital de los beneficios de las actividades ilícitas que se han abordado en el resto de causas.

Entremado societario

Según la Fiscalía, entre 1998 y 2009 Correa lideró un entramado societario con empresas pantalla para ocultar las ganancias de la obtención de contratos públicos mediante sobornos.

En su declaración de este lunes, Correa ha esquivado parte de las preguntas de la Fiscalía y de las defensas del resto de los acusados afirmando que no recordaba unos hechos que tuvieron lugar hace más de 20 años.

Correa ha afirmado que compaginaba la dirección de empresas de eventos con una actividad de lobbi, aunque ha admitido que no pagaba impuestos por las ganancias que obtenía. Ha renunciado a su derecho de última palabra, y fruto del acuerdo el presidente del tribunal le ha comunicado que ya no tendrá que volver a la sala hasta el final del juicio.

La trama Gürtel creció durante el mandato de José María Aznar al frente del PP y del Gobierno de España y también sirvió para la financiación irregular del PP, ya que la trama se hacía cargo de los grandes devenires de la formación entre 1996 y 1999.

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El Juzgado de Instrucción 24 de Madrid ha admitido a trámite una querella de la entidad ultraderechista Hazte Oír contra el exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán por un supuesto delito de falso testimonio.

La titular del juzgado, Lidia María Paloma Montaño, cree que Cerdán habría podido faltar a la verdad en su comparecencia en la comisión de investigación del caso Koldo del Senado, cuando Cerdán negó conocimiento alguno sobre las actividades supuestamente delictivas de Koldo García, exasesor del exministro José Luis Ábalos.

La admisión a trámite de la querella se conoce una semana antes de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comparezca en la misma comisión.

En el auto, conocido este lunes, la jueza fija una fianza de 3.000 euros a Hazte Oír para poder ejercer de acusación popular, y pide al Congreso de los Diputados que confirme que Cerdán ya no es aforado.

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La defensa del exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán ha pedido su salida «inmediata» de Soto del Real, donde cumple prisión provisional por su supuesta implicación en el caso Koldo. Los representantes del exdirigente socialista han presentado esta petición a raíz de la decisión del magistrado del Tribunal Supremo Leopoldo Puente de dejar en libertad sin fianza al exministro José Luis Ábalos y a su exasesor Koldo García, ambos implicados en el mismo caso.

Según apunta la defensa de Cerdán en un escrito consultado por la ACN, es «difícil de entender» cuáles son las acciones «de ocultación o destrucción de pruebas» que podría hacer Cerdán y no el resto de la «supuesta trama» de corrupción que investiga el Supremo. «Al final, la percepción que produce esta situación incomprensible es que la pretendida justificación de la prisión provisional no es otra que la espera de la llegada del informe patrimonial definitivo del señor Cerdán, acordado hace meses. Sin embargo, la espera de un atestado de la Policía Judicial no es un motivo que ni la ley ni el intérprete de la Constitución hayan avalado en ningún momento como tal», alerta.

Ábalos y su exasesor han comparecido esta semana ante el juez Puente, que los citó tras recibir un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que señalaba un supuesto uso indebido de dinero en efectivo. Desde el PP, que lidera la acusación popular, sostienen que eso demostraría la existencia de una trama corrupta que conectaba el Ministerio de Transportes —donde trabajaban Ábalos y Koldo— con el PSOE, donde trabajaba Cerdán.

Ábalos y García optaron por no declarar durante las citaciones de este miércoles y jueves en el Supremo, y el juez Puente decidió mantenerlos en libertad sin fianza, como pedía la Fiscalía Anticorrupción. Las acusaciones, en cambio, habían reclamado prisión provisional para ambos.

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La Audiencia de Barcelona ha ordenado la elaboración de un informe sobre las llamadas y mensajes de los tres agentes de los Mossos d’Esquadra investigados por la huida de Carles Puigdemont, el 8 de agosto de 2024.

En concreto, quiere que se reflejen las comunicaciones entre ellos o entre los agentes y el expresidente de la Generalitat, durante el mes anterior y posterior del día de los hechos.

La Audiencia ha adoptado esta decisión tras haber estimado parcialmente un recurso presentado por la asociación ultraderechista Hazte Oír contra una resolución previa del Juzgado de Instrucción número 24 de la capital catalana.

«La medida parece útil y adecuada», según la resolución conocida este viernes, que estima que podría ser «relevante» para esclarecer los hechos. Por otro lado, ha decidido que el informe forme parte de una pieza separada y secreta.

En cambio, el mismo órgano jurisdiccional ha rechazado otras peticiones de Hazte Oír, como acceder a las grabaciones de drones de los Mossos de aquel día.

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