El Gobierno de la Generalitat de Catalunya ha aprobado un decreto ley para hacer más competitivo, sostenible y seguro el sistema eléctrico del territorio.
El texto incorpora medidas en diferentes ámbitos del sector eléctrico, como el almacenamiento mediante baterías, las energías renovables, las infraestructuras de transporte y distribución o las comunidades energéticas, para hacerlo más resiliente y acelerar el proceso de transición energética que vive el país.
Conocido como el decreto de las renovables, el Gobierno tuvo que retirar el primer decreto de la votación de convalidación en el Parlament ante la negativa de ERC y Comuns de validarlo. Ahora, este segundo intento cuenta con el apoyo de las otras dos formaciones, por lo que la Cámara no debe tener problemas para votar afirmativamente.
Ahora, el nuevo decreto ley incorpora diferentes medidas para incrementar la participación de la ciudadanía en el sistema eléctrico. Se regula por primera vez la figura de las comunidades energéticas, es decir, las comunidades de personas que se unen para generar y gestionar su propia energía y servicios energéticos.
En este sentido, se crea un registro de estas entidades, y también se regula la participación de los entes locales en estas comunidades, y se las dota de más autonomía.
Encaje en el territorio
De esta manera, también se pretende mejorar el encaje de los proyectos de energías renovables en el territorio donde se instalan. Así, se prevé la creación de mesas de diálogo social en cada veguería, y se establecen mejoras en los procedimientos de participación local, para incentivar la participación ciudadana y aumentar la información disponible por parte de las personas.
Del mismo modo, también se articulan medidas para minimizar el impacto de las instalaciones energéticas en el entorno. Así, se restringe la instalación de energías renovables en suelos de regadío ya aprobadas o en desarrollo, y también se prevé la posibilidad de instalar líneas eléctricas en espacios próximos a la red viaria. La norma también regula la figura de las pérgolas solares.
El decreto ley avanza en la simplificación administrativa. Así, por ejemplo, se permite la transmisión de autorizaciones administrativas de proyectos no puestos en servicio, para minimizar las renuncias de promotores; también se incrementa el incremento hasta los 500 kW de la potencia mínima necesaria para requerir la autorización administrativa a un proyecto de generación eólica o fotovoltaica; y se agiliza la tramitación para mejorar o repotenciar la infraestructura de transporte y de distribución de electricidad.
También se regula por primera vez la instalación de baterías, que reducen el riesgo de apagón al sistema eléctrico y contribuyen a la rápida recuperación del suministro. Por ello, el decreto ley define la tramitación urbanística y energética que deberán seguir estas instalaciones, aclara su marco normativo y las dota de mayor seguridad jurídica.
Regulación
De esta manera, las empresas desarrolladoras de los proyectos, los ayuntamientos y la ciudadanía dispondrán de una regulación que despejará cualquier duda respecto de cómo hay que tramitar este tipo de instalaciones y que permitirá acelerar su implementación con plenas garantías para todos los actores implicados.
Actualmente, en Cataluña hay 134 proyectos de almacenamiento mediante baterías en tramitación de competencia de la Generalidad de Cataluña, de los que 125 son de baterías independientes (stand-alone) y 9 son proyectos de baterías hibridados con instalaciones renovables, que suman 1.096,79 MW.
