El pleno del Ayuntamiento de Barcelona ha aprobado este viernes una ordenanza para regular precios asequibles para los equipamientos de alojamiento dotacional y residencias de estudiantes ubicadas en suelos de zona.

Esta norma pretende facilitar el acceso y favorecer una oferta de calidad, inclusiva y con igualdad de oportunidades, concretando criterios de selección de los usuarios en estancias temporales, según la tipología del equipamiento y del colectivo que hará uso de ella.

La ordenanza, que también fija un baremo de precios, ha salido adelante con el voto a favor del PSC, Junts per Barcelona, BComú y ERC, y ha recibido el voto en contra del PP y la abstención de Vox.

Con el nuevo texto, los alojamientos siempre deberán acoger a personas con necesidades temporales que tengan dificultad de emancipación y otros requisitos de acogida, como jóvenes, personas mayores o colectivos en situaciones de vulnerabilidad. También se prevé que los alojamientos dotacionales puedan tener usos relacionados con la asistencia sanitaria, con la afectación por una actuación urbanística y por razón de estudio o de trabajo.

Se prevén, asimismo, tres tipologías de alojamientos dotacionales: los completos, con espacios comunitarios y residencial colectivo. En el caso de los precios máximos otros que por razón de estudio, serán los mismos que las viviendas de protección oficial en régimen general de alquiler. Los criterios de selección para el uso de los alojamientos dotacionales se podrán perfilar desde las convocatorias correspondientes a cada equipamiento.

En cuanto a los alojamientos dotacionales por motivos de estudio, las residencias de estudiantes, la normativa evita que se instalen de grandes dimensiones en zonas saturadas.

Precios

El precio máximo de las plazas concertadas en residencias de estudiantes se fija en 705 euros mensuales en habitación individual y 633 euros en habitación doble cuando las residencias tengan menos de 200 plazas. Por otro lado, se establece en 645 euros en habitación individual y de 574 euros en habitación doble en residencias de entre 200 y 350 plazas. Los criterios de selección de las plazas se fijarán desde el Ayuntamiento. En el caso de las residencias de estudiantes, la ordenanza también contempla que, con la aprobación del consistorio y mediante convenio, un máximo del 50% de las plazas puedan ser no concertadas.

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Unos 300 técnicos superiores sanitarios se han manifestado este viernes por la mañana en Barcelona durante la segunda jornada de huelga convocada en España para luchar por las condiciones laborales y formativas de estos profesionales.

Los técnicos denuncian que, a pesar de estar catalogados como grupo B desde 2007, no perciben la retribución que correspondería a esta categoría, lo que les causa «unos 200 euros en la nómina de cada técnico» de perjuicio. Por otro lado, quieren que se equipare su formación a la del resto de Europa.

La protesta ha comenzado a las 9.30 horas en la Via Augusta de la capital catalana, frente a unas oficinas de la Agencia Tributaria, y tiene como destino la delegación del Gobierno de España, en el Eixample.

Los manifestantes han cortado la Vía Augusta una media hora en el inicio de la protesta, antes de comenzar la marcha, portando pancartas con demandas como la «homologación» académica en el ámbito europeo o un «estatuto marco que respete a los técnicos superiores sanitarios». Entre los carteles, muchos mensajes han querido hacer visible su papel clave en las pruebas diagnósticas.

Reivindicación de la figura del técnico

En este sentido, la secretaria del sindicato SIETeSS en Cataluña, Montserrat Marín, ha reivindicado este viernes el peso de estos profesionales en la sanidad: «No hay ningún facultativo, por eminencia que sea, que pueda dar un diagnóstico si no hay detrás un técnico haciendo las pruebas para que lo consiga».

La secretaria de SIETeSS ha recordado que los técnicos superiores sanitarios son los de laboratorio clínico que procesan analíticas de sangre o biopsias; los de imagen, que hacen TAC, resonancias, densitometrías o mamografías; los de dietética, que permiten que cada enfermo reciba la comida adecuada; los higiénicos bucodentales; y los de documentación sanitaria, entre otros.

Además, Martín ha criticado que en la negociación del nuevo estatuto marco, los técnicos superiores sanitarios «vuelven a quedar olvidados» y no se les reconoce como «profesión titulada y regulada». La representante sindical ha alertado de que este hecho abre la puerta al intrusismo. Por ello, reclaman que se les homologue la formación que se exige para su profesión a nivel europeo y sean reconocidos como titulación superior.

Finalmente, ha considerado que el seguimiento de la huelga es «muy bueno» en Cataluña. La convocatoria es de cuatro días de paro: este jueves y viernes, y el lunes y martes de la semana próxima.

SATSE carga contra Salud

Paralelamente, el sindicato de enfermería SATSE ha criticado este viernes que el Departamento de Salud de la Generalitat minimice el impacto de la campaña de vacunación de la gripe y la covid sin cita.

La organización ha pedido una reunión urgente para encontrar soluciones a la sobrecarga añadida por esta decisión de Salud que el secretario de Salud Pública, Esteve Fernández, defendió el jueves en el Parlamento de Cataluña, argumentando que es «asumible» por la primaria sin necesidad de refuerzos.

SATSE se ha mostrado indignado por estas declaraciones y creen que se está «despreciando» la voz de las enfermeras.

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Los Comunes han anunciado este jueves que condicionarán los presupuestos de 2026 de Barcelona a la prohibición de la compra especulativa de vivienda. La líder de BComú, Janet Sanz, lo ha comunicado en una rueda de prensa conjunta en la capital catalana con la presidenta del grupo parlamentario de los Comunes, Jéssica Albiach, y el ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy.

Sanz propondrá al pleno de este viernes que el alcalde, Jaume Collboni, aplique un plan urbanístico «sencillo» para prohibir la compra especulativa. «Lo puede hacer», ha subrayado la regidora, que ha añadido que ya no toca encargar más informes ni analizar propuestas, sino actuar sobre lo que ha considerado una «condición indispensable» para dar apoyos a las cuentas municipales del próximo año.

A su vez, el grupo parlamentario registrará este jueves por la tarde una proposición de ley para modificar la ley de Urbanismo, para que una persona solo pueda comprar una casa. Los Comunes pretenden dotar a los ayuntamientos de las herramientas para prohibir las compras especulativas.

La propuesta añade que cada persona puede comprar una vivienda a un familiar directo, o bien comprar un edificio de diferentes viviendas. Eso sí, en este segundo caso habrá que alargar el alquiler entre 5 y 7 años, si hay inquilinos en el edificio. Además, el precio debe estar en consonancia con el índice de referencia de los precios de alquiler. Finalmente, cada persona también podría comprar una segunda residencia siempre que sea fuera de su municipio.

Acuerdo para regular el alquiler de temporada

La Comisión de Territorio y Vivienda del Parlamento de Cataluña ha aprobado este miércoles el acuerdo entre el PSC, ERC, los Comunes y la CUP para regular el alquiler de temporada y que los propietarios no puedan utilizar la brecha legal para esquivar las limitaciones al precio del alquiler residencial. El PPC, sin embargo, ha anunciado que llevará la norma al Consejo de Garantías Estatutarias (CGE), lo que retrasará la aprobación del texto en el pleno de la cámara catalana.

El acuerdo entre socialistas, comunes, republicanos y cuperos define como vivienda permanente aquella que se destina a satisfacer la necesidad de vivienda «con independencia de su duración». De esta manera, se quiere evitar que se utilicen contratos temporales para esquivar los topes al precio del alquiler.

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Unos 2.500 trabajadores del metal de la provincia de Barcelona, según la Guardia Urbana, y 10.000 según los sindicatos, han vuelto a las calles de la capital catalana este jueves para exigir a la Unión Patronal Metalúrgica (UPM) «sentarse a negociar». Durante la segunda jornada de huelga del sector, convocada por CCOO y UGT, los manifestantes han cargado contra la patronal y han gritado proclamas como «el metal está en lucha».

El secretario general de Industria de CCOO, Josep Rueda, ha advertido de un «noviembre caliente» si no escuchan sus demandas. Por su parte, la secretaria general de UGT-FICA, Antònia Fuentes, ha recordado que hay «casi 200.000 trabajadores esperando un convenio, un incremento salarial», y ha instado a la patronal «a hacer un ejercicio de responsabilidad».

Rueda ha definido como un «éxito» la convocatoria, así como las dos jornadas de paro del sector, y ha detallado que en «más del 60%» de las empresas donde el sindicato tiene representatividad, la actividad se ha frenado «completamente» y también en «las grandes constructoras». En la misma línea se ha pronunciado Fuentes, que ha cifrado el seguimiento del 100%: «Se ha cortado la ronda y los polígonos industriales están totalmente vacíos para defender nuestros derechos», ha afirmado.

La sindicalista de UGT ha criticado a la patronal porque «todavía no se ha puesto en contacto con los trabajadores», y la ha tildado de «prepotente». «Miente y que dice que nosotros mentimos», ha lamentado, indicando que «desde el primer momento» ha querido «romper las negociaciones». Por este motivo, ha avisado de que si «no reacciona», continuarán con la presión en las calles.

Una vez disuelta la manifestación, el ambiente se ha calentado levemente con el lanzamiento de huevos y fruta a la fachada de Foment del Treball y al dispositivo de los Mossos d’Esquadra que había desplegado. También se ha deshecho una parte del montado de vallas para impedir el acceso a la sede de la organización y algunos agentes de la policía catalana han tenido que reajustarlo, protegidos con escudos.

Los Mossos evitan el corte de la ronda Litoral

Este jueves por la mañana, los Mossos han evitado que más de un centenar de trabajadores de Ebro y Silence cortaran la ronda Litoral. Los piquetes han probado acceder a la arteria viaria desde la factoría automovilística, pero se han encontrado con operativos de la policía catalana que les han impedido el paso.

El secretario general de CCOO de Industria ha afirmado a la ACN que querían repetir la imagen de este miércoles a primera hora, con la interrupción de la circulación, como muestra de que «el metal está en lucha». Rueda ha lamentado la presencia policial, pero ha dicho «no es ninguna frustración» y ha celebrado el «colapso» que ha provocado su presencia. Además, ha definido como un «éxito» el parón de la actividad en las grandes empresas.

Los piquetes han hecho marchas a lo largo de donde se encuentra la planta de Ebro, en la Zona Franca. Durante la movilización han quemado neumáticos frente a uno de los accesos al centro de trabajo y han tirado petardos. «La gran mayoría se han parado y eso denota con el nerviosismo» que ha mostrado la patronal que, según ha subrayado Rueda, ha dicho que «se siente maltratada por los trabajadores».

En este sentido, Rueda ha señalado que quienes se sienten «maltratados» son los empleados del sector ante la negativa a las mejoras laborales presentadas. El secretario general, sin embargo, confía en que en las próximas semanas «haya una reflexión interna» y se puedan sentar para «llegar a un acuerdo».

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El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, acompañado de la consejera de Derechos Sociales e Inclusión, Mònica Martínez Bravo, han presentado este miércoles el plan Futuro y transformación del barrio de La Mina 2025-2030. Este es un proyecto donde se prevén actuaciones para los próximos cinco años con unas inversiones por 113,2 millones de euros.

Este plan lo llevará a cabo la Generalitat conjuntamente con el resto de administraciones que forman parte del Consorcio del Barrio de la Mina, (Diputación de Barcelona y ayuntamientos de Barcelona y de Sant Adrià de Besòs).

En este sentido, el presidente catalán ha asegurado durante la presentación del proyecto de reforma de este barrio que «las administraciones públicas no dejarán la Mina, no marcharemos», y ha añadido que «con el plan que presentamos hoy daremos un salto adelante muy importante, pero no lo resolveremos todo, seguirá habiendo trabajo por hacer y nosotros seguiremos estando aquí».

En esta misma línea, Illa ha señalado que «la Mina, como todos los barrios de Cataluña, es un barrio con orden, con ley y con convivencia, un barrio donde el Gobierno invierte».

El presidente ha aprovechado para lanzar un mensaje de optimismo cuando ha dicho que en La Mina hay «orden, inversión, esperanza e ilusión». En este contexto, ha citado al presidente Jordi Pujol, señalando que «no podrá haber un país bien construido si entre todos no construimos un país válido para todos».

Cuatro grandes proyectos

El presidente ha detallado los proyectos previstos en este plan, cuyo presupuesto será asumido por diferentes departamentos de la Generalidad. En primer lugar, se prevé la construcción de un edificio de 66 viviendas de protección oficial (con un presupuesto estimado de 11,62 millones de euros), que será asumido por el Departamento de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica; un equipamiento para personas mayores (12,11 millones de euros), que corresponderá al Departamento de Derechos Sociales e Inclusión; la guardería (5,93 millones de euros), asumida por el Departamento de Educación, y el Centro Internacional de Luchas Olímpicas (6,65 millones de euros), a cargo del presupuesto del Departamento de Deportes. También se iniciará el próximo año la remodelación del centro cívico y comunitario, con un coste de 3 millones de euros.

Además, se reforzarán los programas sociales de acción comunitaria. La acción social, que se está definiendo junto con las entidades del barrio, aumenta su presupuesto hasta llegar a los 12 millones de euros en todo el periodo.

En el acto también ha intervenido la consejera Martínez Bravo, que ha destacado que»estamos hablando de una transformación integral, que actúa sobre el espacio urbano, pero también sobre las oportunidades de futuro, los vínculos comunitarios y las condiciones de vida de las personas que viven en el barrio».

Nueva estrategia para el edificio Venus

En el marco de este plan, también se presenta una nueva estrategia para adelantar el derribo del edificio Venus. El enfoque anterior preveía esperar a la construcción de nuevas viviendas protegidas, lo que aplazaba la actuación hasta 2030. Ahora se prioriza la adquisición de vivienda en el mercado secundario, con el objetivo de completar el realojamiento durante el año 2027.

Este cambio es posible gracias al incremento de la inversión de las administraciones que integran el Consorcio del Barrio de La Mina, que duplicarán su aportación económica. El presupuesto anual se amplía en 6,52 millones de euros, hasta los 13,34 millones de euros anuales.

El Consorcio del Barrio de La Mina ha adquirido, hasta ahora, 40 pisos para ofrecerlos a las familias del Venus y se comprarán, como mínimo, 15 más antes de que acabe el año.

Se seguirán adquiriendo viviendas para poder dar acogida a todo el vecindario que tenga derecho al realojamiento urbanístico o al realojamiento social, al ser familias vulnerables. El coste total de la gestión del edificio Venus será de 53,11 millones de euros.

Se prevén otras actuaciones más al futuro, entre ellas, la construcción de 240 pisos sociales en el marco del Plan de 50.000 viviendas del Gobierno, la construcción de un edificio con 50 viviendas dotacionales más, con un presupuesto aproximado de 8,8 millones de euros, y la instalación de la sede del Departamento de Derechos Sociales e Inclusión de la Generalitat en el barrio.

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Los sindicatos UGT, CCOO y CGT han convocado cinco jornadas de huelga en el Trambaix y en el Trambesós para los días 31 de octubre y 10, 17, 21 y 28 de noviembre, tras un año de negociaciones «sin resultados satisfactorios» sobre el convenio colectivo.

Los representantes de los trabajadores han asegurado en un comunicado que ha habido «reiterados intentos de diálogo» y reclaman una «negociación real». Además, acusan a la empresa de mostrarse «inflexible» y de proponer condiciones laborales que provocan un «retroceso de los derechos adquiridos por la plantilla».

Los sindicatos le han pedido que «reconsidere su posición y se avenga a retomar el diálogo de manera efectiva para evitar el alargamiento innecesario del conflicto».

Por todo ello, han defendido la convocatoria de la protesta «como herramienta legítima de presión para alcanzar un acuerdo justo, equilibrado y que refleje las reivindicaciones del conjunto de los trabajadores».

Por otro lado, los sindicatos con representación en el comité de empresa han expresado su «plena conciencia» de las posibles afectaciones de estas huelgas sobre los usuarios, y han pedido «comprensión y apoyo» a los usuarios ante las reivindicaciones con las que pretenden mejorar sus condiciones laborales.

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Al menos 69 personas sin hogar o que habían vivido en la calle han muerto este año en Barcelona, según los datos de la Fundación Arrels. Se trata de la cifra que corresponde a los fallecimientos registrados desde el mes de noviembre de 2024, cuando la entidad realizó el último acto de recuerdo a las personas sin hogar muertas.

Arrels ha concretado que un 34% de los fallecidos de este perfil contabilizados en 2025 vivían en la calle y que un 72,5% han fallecido por enfermedades y problemas de salud. Un 14,7% eran mujeres y un 85%, hombres.

La entidad ha recordado que «vivir en la calle acorta la vida» y ha especificado que una persona sin hogar tiene una esperanza de vida media 25 años inferior a la del resto de la población de la capital catalana.

Como hace cada año, Arrels ha recordado en un acto convocado ante la Catedral este jueves por la tarde a todas las personas sin hogar que han fallecido en las calles de la ciudad, en el que participan una veintena de entidades locales. Desde el año 2016, esta fundación ha contabilizado más de 600 muertes de personas sin techo.

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El fotoperiodista Joan Gálvez interpondrá una querella para que se investigue el disparo de un proyectil de foam de los Mossos d’Esquadra que recibió en el brazo durante las manifestaciones propalestinas del pasado 15 de octubre. Asuntos Internos de los Mossos, por su parte, ya ha abierto una investigación sobre estos hechos.

Según ha relatado la entidad Irídia, Gálvez sufrió el impacto mientras hacía su trabajo y en un momento en el que no se estaba produciendo ningún alboroto ni acto violento. El fotoperiodista se encontraba «claramente identificado» como periodista y el disparo se hizo «de manera totalmente injustificada», ha asegurado.

La entidad, además, ha recordado que el protocolo de uso de esta arma marca que debe apuntarse del abdomen hacia abajo, y que en ningún caso se puede disparar en la cabeza o en el cuello de la persona. Además, insiste en que el protocolo establece que debería existir una circunstancia de riesgo grave para las personas, que aseguran no se daba en ese momento.

«Se trata, por tanto, de una actuación que contraviene los protocolos de uso de este tipo de proyectiles», concluye Irídia, que impulsa la querella con el objetivo de que se depuren responsabilidades y se garantice una reparación.

El abogado de la entidad Ton Mansilla sostiene que se produjo un «rasgo antirreglamentario» contra un profesional de la información que estaba haciendo su trabajo, por lo que señala que los hechos fueron «especialmente graves».

«En un momento de cero tensión, un agente me apuntó y me disparó un proyectil foam a escasa distancia. El proyectil impactó directamente en el brazo, provocando una herida abierta y un dolor insoportable», ha relatado Gálvez.

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El teniente de alcaldía de Economía y Turismo de Barcelona, Jordi Valls, ha descartado este martes la petición del Gremio de Hoteles de mantener algunos pisos turísticos después de 2028. El presidente del Gremio de Hoteles de Barcelona, Jordi Clos, había hecho una petición en este sentido durante un acto celebrado en Foment del Treball, en el que ha pedido que se mantengan aquellos pisos turísticos que no son «individuales» y se encuentran en propiedades verticales. Valls, sin embargo, no se ha mostrado dispuesto a hacer excepciones y ha insistido en que todos los pisos turísticos pasarán al mercado residencial.

Pese a que el Gremio de Hoteles ve con buenos ojos la medida de eliminar en general los pisos turísticos, los cuales ha calificado de «cáncer», Clos ha defendido que se evalúe mantener aquellos que se encuentran en propiedades verticales al considerar que tienen un impacto parecido a los hoteles y no generan tantas molestias como los que se encuentran aislados en edificios con vivienda residencial. El presidente del Gremio de Hoteles ha argumentado la petición porque habrá una falta de oferta cuando se eliminen los pisos turísticos, por ejemplo, para acoger a las personas que vienen a Barcelona a ferias o congresos, y plantea que, cuando se aproxime la fecha de eliminación de los pisos turísticos, se evalúe los que son «convertibles o no convertibles» a vivienda residencial.

Valls, sin embargo, ha cerrado la puerta a esta petición y ha remarcado que «no se hará ninguna diferenciación» porque la medida también busca abordar «el principal reto de la ciudad que es la vivienda». «Tenemos que conseguir que la vivienda residencial vuelva al mercado residencial», ha subrayado el teniente de alcaldía. Cuando se eliminen los pisos turísticos, «quizás» puede haber un «choque» en la oferta, ha dicho Valls, pero ha defendido que en el ámbito hotelero hay que tener una visión metropolitana y «descentralizar» las plazas hoteleras.

Tasa turística

Por otro lado, Clos ha avisado de que la tasa turística está llegando al «techo» en la ciudad y Valls ha afirmado que llevarán al Ayuntamiento la «posibilidad» de subirla cuando la norma se apruebe en el Parlamento de Cataluña. Pese a que el presidente del Gremio de Hoteles ha remarcado que la tasa turística tiene un retorno positivo en la ciudadanía de Barcelona, ha avisado de que está restando «competitividad» a la ciudad en la celebración de ferias o congresos.

«Nos preocupa que nos pone en una posición de debilidad en la celebración de eventos importantes», ha insistido Clos, que defiende que estos grandes eventos queden exentos del incremento de la tasa porque «el sector del negocio genera menos conflicto, más riqueza y más imagen internacional». «Es aquí donde tenemos que hacer más esfuerzo. Es un tema que está sobre la mesa», ha afirmado.

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El sindicato de enfermeras SATSE ha convocado a las profesionales este lunes por la mañana a protestar a las puertas de los centros de atención primaria (CAP) de toda Cataluña para denunciar la «sobrecarga crónica» y la «improvisación» en la gestión de la vacunación de la gripe y el covid-19. En un manifiesto, el sindicato advierte de que la campaña ha sido «la gota que ha colmado el vaso» para un colectivo que hace tiempo que trabaja con «agotamiento», y apunta que el objetivo de las concentraciones es «hacer visible que toda la profesión estamos desbordados y que ya no podemos aguantar más«.

La protesta llega después de que el Departamento de Salud anunciara que las personas para quienes se indica la vacuna de la gripe y el covid podrían recibirla sin cita previa en franjas por la mañana y por la tarde en los CAP y puntos de atención continuada (PACS); un modelo que ha enojado sindicatos y el Colegio de Enfermeras de Barcelona (COIB). «Programar bien también es cuidar a la población», afirma la secretaria de Acción Sindical de SATSE Cataluña, Caterina Ródenas, que añade que «los sucesivos Departamentos de Salud han utilizado a las enfermeras como un recurso inestable para recortar costes y dar soluciones a los diferentes retos que se han ido encontrando».

En este sentido, Ródenas afirma que proyectos como la atención por motivos o la gestión de la demanda aguda, «no son malos de por sí, pero se han implantado sin plantearse cuestiones básicas del día a día de la asistencia en un centro de primaria».

Vacunar sin cita

A la situación de agotamiento crónico, explica SATSE, se ha añadido este año la improvisación en la campaña de vacunación, en la que se ha ampliado el horario a los sábados por la mañana y se ha promovido que los usuarios vengan a su CAP de referencia sin cita. «Vacunar es parte de nuestro trabajo, pero el problema es la falta de organización», señala Ródenas, que explica que «la profesional que vacuna debe atender, entre usuarios programados para vacunar, a toda aquella persona que venga a ponerse la vacuna sin cita», situación que causa «un descontrol».

«No se ha pensado en las consecuencias que tiene atender a estos usuarios espontáneos sobre una primaria ya sobrecargada. Tampoco lo que significa, a medio plazo, en cómo afectará el volumen de demora a la atención en los centros», lamenta la secretaria de Acción Sindical de SATSE Cataluña.

Programación por motivos

La organización del trabajo que se ha implantado progresivamente en los CAP en la última década, el modelo de «programación por motivos», es también uno de los causantes del malestar de las enfermeras. El modelo asigna a los pacientes a un profesional u otro según el motivo de su consulta, lo que «ha acabado reduciendo la labor de la enfermería a una herramienta de gestión de costes, con consecuencias negativas para las profesionales como para los pacientes».

Según una encuesta de SATSE Cataluña, el 85% de las enfermeras encuestadas considera que su carga de trabajo ha aumentado significativamente desde la implantación de este modelo, el 75% dispone de menos tiempo por paciente y un 92% constata que las visitas se duplican. Este funcionamiento, según el sindicato, no sólo genera ineficiencia, sino también frustración entre profesionales y pacientes.

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El mercado laboral sumó un nuevo récord durante el tercer trimestre en Cataluña, impulsado por la temporada alta del turismo. Según datos de la Encuesta de Población Activa (EPA), el número de trabajadores se mantuvo por encima de los 3,95 millones, y entre julio y septiembre el total de empleados creció en 5.800 trabajadores, un dato que supone un 0,15% más respecto al trimestre pasado. En comparación con el mismo periodo de 2024, la cifra de ocupados aumentó en 89.500 trabajadores (+2,32%).

En cuanto a la cifra de parados, en Cataluña incrementó en 3.800 personas durante el tercer trimestre de este año, una cifra que supone un 1,1% más que el trimestre anterior y que sitúa la tasa de paro en el 8,18%, con un total de 352.100 parados. Según la EPA, Cataluña es la séptima comunidad donde el incremento de personas desempleadas ha sido más pronunciado entre julio y septiembre.

Nuevo máximo histórico en España

En cuanto al conjunto de España, también se alcanzó un nuevo máximo histórico de ocupados, con 22,38 millones. Entre julio y septiembre las personas ocupadas aumentaron en 118.400, un 0,53% más respecto al segundo trimestre, y en el último año la cifra total de trabajadores ha crecido en 564.100 personas (+2,58%).

En cuanto al paro, la tasa se sitúa en un 10,45%, una décima más que el trimestre anterior y dos puntos por encima de la media catalana. Concretamente, entre julio y septiembre las personas desempleadas han incrementado hasta las 60.100, lo que supone un aumento del 2,35% respecto al anterior trimestre y que deja un total de 2,61 millones de parados.

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El Parlamento catalán ha aprobado una moción impulsada por ERC que reclama al Gobierno español que traspase las competencias en materia de migraciones. Ha sido aprobada con el voto a favor del PSC, Junts, ERC, Comunes, CUP y Alianza Catalana. Vox y PPC han votado en contra. De hecho, el texto propuesto por ERC ha sido pactado con los socialistas.

La diputada de Junts Ennatu Domingo ha afirmado que, con la moción, PSC y ERC piden que se apruebe la ley impulsada por Junts y que el Congreso de los Diputados tumbó en septiembre con el voto en contra de Podemos.

«Esperamos que hayan hecho los deberes en Madrid», ha añadido para después reprochar al portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, que calificara a Junts de «racistas».

El texto aprobado concreta que el traspaso de competencias debe incluir los permisos de residencia, trabajo y la política de acogida «tal y como ya había sido negociado y acordado» con los recursos económicos correspondientes. «Para garantizar una gestión directa, eficaz y justa que refuerce el Estado del bienestar y la cohesión social del país», añade la moción.

El diputado de ERC Jordi Viñas ha afirmado que no se defiende el traspaso de las competencias en inmigración para una formación política u otra, sino para Cataluña. Y ha hecho un llamamiento a «no caer en discursos que criminalizan la inmigración». En este sentido, ha defendido que «la mejor manera de integrar es garantizar derechos sin distinciones ni perjuicios».

El diputado de los Comunes Andrés García Berrio ha defendido que es necesario que Cataluña tenga las competencias para poder tener «mejores herramientas para garantizar la inclusión». Pero también ha añadido que su grupo no está de acuerdo con el planteamiento de Junts en la exposición de motivos de la ley que tumbó el Congreso.

Además, García Berrio ha señalado que las declaraciones de la diputada de Junts Míriam Nogueras hablando de «colapso y desborde» no ayudan a un imaginario de inclusión.

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Una menor de edad ha denunciado haber sufrido una agresión sexual por parte de tres menores en Gironella, en la comarca del Berguedà. Según ha avanzado Regió 7, en la denuncia se explica que dos de los presuntos agresores grabaron parte de los hechos, los cuales se habrían producido el pasado sábado por la tarde a orillas del río Llobregat. Cuando uno de los menores se marcharon del lugar, los otros dos llevaron a la víctima a casa de uno de los sospechosos, donde repitieron la agresión.

Según el medio citado, la víctima conocía a los supuestos agresores porque estudian en el mismo centro educativo, donde la menor habría sufrido bullying. Tras la segunda agresión en el domicilio, los agresores llamaron a una amiga de la chica para que la recogiera. La víctima fue atendida por el Sistema de Emergencias Médicas (SEM), y posteriormente trasladada al Hospital Sant Joan de Déu de Manresa.

Respecto a los presuntos autores de la agresión sexual, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) uno de los menores es inimputable, mientras que los otros dos, de 14 años, han quedado en libertad vigilada, con intervención terapéutica para uno de ellos, y orden de alejamiento debido a la inexistencia de antecedentes.

La Fiscalía de Menores y los Mossos d’Esquadra investigan la causa, que se mantiene abierta por agresión sexual.

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El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, ha anunciado que propondrá la creación de un fondo europeo «específico para la construcción de vivienda protegida», durante la primera cumbre europea sobre la crisis de vivienda.

A su llegada al Consejo Europeo, que se celebra este jueves, el jefe del ejecutivo español ha avanzado que planteará a los demás líderes comunitarios tres propuestas para afrontar «la emergencia habitacional».

Además, Sánchez reclama a Bruselas «medidas legales» para «frenar la especulación» inmobiliaria para «un uso no residencial» y «palancas» en la UE para «actuar en las zonas tensadas», sobre todo en ciudades bajo «presión turística».

«Esta es una cuestión central para el Gobierno de España y también queremos que lo sea a nivel europeo, porque estamos hablando de un problema europeo«, ha añadido.

La crisis de la vivienda llega por primera vez a la mesa de los líderes europeos. Con unos precios disparados en los últimos años en toda la UE, y habiendo constatado la Comisión Europea la necesidad de actuar en este ámbito, el presidente del Consejo Europeo, António Costa, ha decidido elevar la cuestión a los líderes.

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El Ayuntamiento de Barcelona ha activado este jueves por la mañana el Plan de Actuación Municipal por ventadas en la ciudad, y ha cerrado los parques y jardines. La decisión se ha tomado ante la activación del Plan VENTCAT en fase de alerta, con afectación en la comarca de El Barcelonès.

Ante la previsión de vientos fuertes en la ciudad, Protección Civil recomienda informarse de las condiciones meteorológicas previstas y atender las indicaciones que se den. También aconseja cerrar y asegurar puertas y ventanas; bajar las persianas y recoger los toldos; retirar tiestos y objetos de ventanas y balcones que puedan caer a la calle; y cuidar de los vehículos que estén aparcados en la calle.

En la calle es conveniente alejarse de cornizas, muros y árboles que puedan desprenderse y tomar precauciones ante edificaciones en construcción (bastidas, grúas) o en mal estado. También hay que extremar las precauciones en la realización de actividades al aire libre.

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El Parlamento de Cataluña ha aprobado la propuesta de resolución para crear una comisión de investigación sobre la represión y el maltrato contra las mujeres menores de edad del Patronato de Protección a la Mujer, entre los años 1941 y 1981.

Durante el debate de este miércoles, la diputada republicana Tània Verge ha denunciado una «violencia de Estado» ejercida en la institución de la dictadura franquista durante 40 años, y ha pedido perdón por «el olvido institucional». Por parte de los Comunes, Susanna Segovia ha constatado que hasta hace poco se desconocía el alcance de esta represión contra miles de mujeres. La presidenta del grupo de la CUP, Pilar Castillejo, por su parte, ha alertado de que la entidad convirtió mujeres libres en «objetos de control estatal y eclesiástico».

La iniciativa impulsada por ERC, Comunes y CUP ha recibido el aval del pleno este miércoles gracias a los votos a favor de estos partidos y de PSC, Junts, y Aliança Catalana, un total de 109, mientras que PPC y Vox han sumado 24 votos en contra.

Durante el debate, la diputada Natàlia Fabian (PSC-Units) ha reiterado que hay que curar heridas con «respeto y verdad», y ha remarcado que las mujeres fueron «víctimas de una injusticia»: «Digamos basta al silencio y al olvido». Laura Martínez, de Junts, ha dicho que el Patronato era una «herramienta del régimen» para conseguir la sumisión femenina y el control patriarcal de la conducta de las mujeres durante décadas, también durante la Transición. Por parte de Aliança, Sílvia Orriols ha subrayado que España no se ha disculpado ni ha hecho ninguna reparación a las víctimas de la entidad franquista.

La diputada del PPC Lorena Roldán ha criticado que a algunos grupos les preocupe más lo que pasó hace 80 años que hoy. Y el diputado de Vox Alberto Tarradas ha apostillado que la comisión es una «cortina de humo», además de asegurar que «a nadie» de los otros grupos le importa la libertad de las mujeres.

La propuesta de resolución remarca, en su exposición de motivos, que el objetivo de la comisión de investigación es conocer y dar a conocer la represión «aún desconocida» y el maltrato que sufrieron miles de chicas a manos del Patronato de Protección a la Mujer. El texto añade que es necesario abrir un proceso de reparación en el marco de la ley de memoria democrática en trámite en el Parlamento catalán.

Una vez formalizada la constitución de la comisión, se prevé elaborar y aprobar un plan de trabajo que determine y concrete los diversos aspectos de la investigación. La comisión tendrá la vigencia de un año desde su constitución.

Los grupos de ERC, Comunes y CUP, que registraron en mayo la propuesta de resolución para pedir la creación de la comisión de investigación, plantearon la comparecencia en el Parlamento de Cataluña de los responsables de las congregaciones religiosas que actuaron con el Patronato, además de expertos y testimonios tanto de mujeres que estaban allí encerradas o como de familiares.

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CCOO, UGT, CSIF y CGT se han concentrado este miércoles en la plaza Sant Jaume de la capital catalana para reclamar «un convenio digno» y mejoras para los trabajadores del Ayuntamiento de Barcelona, con motivo de la negociación del nuevo convenio con el consistorio. Una de las principales reivindicaciones de los sindicatos es la reducción de la jornada a 35 horas semanales. Desde el Ayuntamiento han valorado «positivamente» la concentración, y esperan que el nuevo convenio sea una realidad antes de acabar este 2025.

A partir de las doce del mediodía, buena parte de la plaza Sant Jaume se ha ido llenando por el llamamiento sindical. Un gran grupo eran miembros de los Bomberos de Barcelona, que han rociado la fachada del edificio con espuma. Entre las pancartas se han podido leer mensajes para reivindicar las 35 horas, tener derecho a la conciliación o a la desconexión digital, entre otros.

Paralelamente, la CGT ha decidido en asamblea convocar huelgas parciales los próximos 4 y 6 de noviembre porque, según el sindicato, las negociaciones «no están yendo nada bien» y «están recortando más que avanzando nuestros derechos».

Reivindicaciones sindicales

Consistorio y sindicatos negocian el nuevo convenio colectivo desde enero de este año, según ha explicado la secretaria general de la sección sindical de CCOO en el Ayuntamiento de Barcelona, Maria Rosa Tomás, en declaraciones a la ACN. La sindicalista ha admitido que las negociaciones son complicadas porque el convenio implica a diferentes colectivos, como la Guardia Urbana, los Bomberos de Barcelona y el personal uniformado, y ha dicho que la primera línea roja de CCOO es la reducción de la jornada a 35 horas semanales.

Al respecto, Tomás ha indicado que el consistorio está predispuesto a aceptarla, pero que les está poniendo algunos «problemas». De hecho, están «encallados» y no han tenido feedback tras diez meses de negociaciones. Aparte de la reducción de la jornada laboral, CCOO también reclama soluciones ante la brecha salarial y las trabajadoras de las guarderías.

Por parte de UGT, el secretario general del sindicato en el consistorio barcelonés, Pablo Romero, ha indicado a la ACN que su principal reivindicación también es la reducción de la jornada a 35 horas: «Como otros ayuntamientos también lo tienen, el Ayuntamiento de Barcelona también puede acceder a una jornada reducida de 35 horas», ha afirmado, añadiendo que en casos como la Guardia Urbana o los servicios sociales, es necesario que el consistorio haga compensaciones.

Por su parte, el secretario general de la sección sindical de CSIF en el Ayuntamiento, Eugenio Zambrano, ha explicado que quieren pedir al gobierno de Jaume Collboni un convenio «digno» para todos los trabajadores públicos del consistorio que mejore las condiciones sociolaborales, económicas y profesionales, entre otros. Zambrano ha denunciado «años de abandono», y también ha exigido infraestructuras «adecuadas y dignas» para trabajar.

Huelga parcial de la CGT

La CGT ha decidido en asamblea convocar huelgas parciales el 4 y 6 de noviembre porque, según aseguran, el consistorio está «recortando» derechos y las negociaciones no van «nada bien». La portavoz del sindicato en el consistorio, Ingrid Chavarria, ha dicho que el Ayuntamiento les dará las 35 horas, pero sin incrementar la plantilla, lo que les obligará a «hacer el mismo trabajo en menos horas».

Desde la organización anarcosindicalista también reclaman un incremento salarial ante una pérdida de poder adquisitivo del 15%: «Las trabajadoras del Ayuntamiento no podemos vivir en Barcelona y eso es una vergüenza», ha comentado Chavarria, en referencia a los precios de la vivienda.

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La Audiencia de Barcelona ha rechazado amnistiar de momento a un agente de los Mossos d’Esquadra que disparó un proyectil de foam a un manifestante en 2019, durante las protestas por la sentencia del procés en Barcelona. El juzgado de instrucción número 4 concluyó que no se puede considerar que un impacto de un proyectil de foam sea tortura o trato degradante y archivaba el caso en aplicación de la ley de amnistía, pero la Audiencia cree que hay que seguir investigando y celebrar juicio oral para dirimir realmente si se trató o no de trato degradante, una de las excepciones de la medida de gracia.

El denunciante alega que primero recibió el impacto del foam en la pierna y que, después, otros agentes lo golpearon con las defensas y se marcharon. El juzgado, sin embargo, consideró que se trató de una actuación policial realizada para detener los altercados de las protestas y añadía que no se puede aplicar la excepción de la ley de amnistía que habla de torturas o tratos inhumanos o degradantes. En concreto, constataba que la actuación del mosso se limita al proyectil de foam y no al resto de golpes causados por otros mozos.

Ahora, sin embargo, la Audiencia ha estimado el recurso presentado por Irídia en representación del recurrente, y subraya que la resolución no concreta qué disturbio se estaba produciendo en aquel momento. También remarca que se autorizó el uso de foam, pero el permiso se estableció para ataques directos con piedras y otros objetos contundentes o pirotecnia. Por tanto, continúa la Audiencia, queda acreditado que se hizo un uso del instrumento policial «sin que se dieran las condiciones que autorizaban el mismo». Además, recuerda que el denunciante alega que no estaba participando en ninguna protesta, sino tomando algo con sus amigos.

En este sentido, la Audiencia señala que, aunque sí ha habido una «investigación eficaz» por parte del juzgado, es oportuno, «para poder examinar mejor la proporcionalidad de los medios policiales empleados, llevar el caso a juicio oral, donde podrá debatirse ampliamente si se trata o no de trato degradante». En opinión de Irídia, con esta decisión, el tribunal «rompe la hegemonía interpretativa sobre la aplicación automática de la ley de amnistía y abre la puerta a excluir de su cobertura los casos de violencia policial».

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El Gobierno catalán ha aprobado el plan director que fija las actuaciones en una serie de cursos fluviales de las comarcas de El Montsià y El Baix Ebre, con el objetivo de restituir los daños causados por la borrasca Alice y reducir, de manera estructural, los riesgos de inundación. La Generalitat, a través de la Agencia Catalana del Agua (ACA) destinará un total de 37,5 millones de euros a través de 25 actuaciones, que se llevarán a cabo de manera progresiva durante los próximos cinco años.

Las actuaciones se concentrarán, principalmente, en los barrancos que transcurren por tramos urbanos, en cursos fluviales próximos a infraestructuras de transporte (principalmente carreteras), así como en vados y puntos bajos. También hay una serie de medidas previstas para reparar daños en depuradoras de la zona.

Los trabajos previstos consistirán en la construcción de balsas de laminación, ampliar y recuperar la amplitud del cauce, mejorar los encauzamientos, la protección de taludes, así como tareas de mantenimiento y conservación de cauces en los tramos afectados.

El objetivo de las actuaciones es reparar los efectos de la borrasca Alice restituyendo los cauces afectados, así como los daños en captaciones de agua y en sistemas de saneamiento. Además de las actuaciones de restitución, este plan director tiene previsto incrementar la resiliencia de la zona ante estos fenómenos meteorológicos extremos cada vez más frecuentes.

Concretamente, la ACA actuará en los barrancos de El Llop (Alcanar); de Les Forques-Castellanes (Alcanar); en el barranco que desemboca en El Marjal (Alcanar); de Sant Jaume o de Les Cases (Cases d’Alcanar-Alcanar); de Codonyol y el Jub (Alcanar-La Ràpita); L’Oriola (Amposta); de la Rota (Amposta); de la Caldera (Godall); de Solito (La Rábida); de La Galera (La Galera-Masdenverge-Vallès); del Pelós (Santa Bárbara), de Lledó (Vallès); de Les Foies (Ulldecona-Freginals); de la Carbonera, La Polla y Codines (Ulldecona) y del Galatxo (Roquetes).

Asimismo, la ACA también procederá a la reparación de los daños causados en las depuradoras de Solivella, La Ràpita, Santa Bàrbara, Montclar y Cases d’Alcanar.

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El Consejo de Ministros ha ampliado el número de municipios afectados por lluvias intensas o incendios forestales este verano que podrán recibir ayudas. En Cataluña, serán una veintena, sobre todo por grandes incendios en el Ebro y Poniente, así como por lluvias intensas en Poniente, el área de Barcelona, el Penedès y Girona. Además, se han aprobado ayudas directas a agricultores y ganaderos afectados por incendios, que en Cataluña serán en nueve municipios diferentes de las Tierras del Ebro y de Poniente.

El 26 de agosto pasado, el Consejo de Ministros declaró zonas afectadas por una emergencia de protección civil los territorios de 16 comunidades autónomas donde se registró algún episodio de tormentas o incendios forestales. Pero, tras la aprobación de este acuerdo, la Dirección General de Protección Civil constató que determinadas emergencias no fueron comunicadas al Centro Nacional de Emergencias (CENEM) por las autoridades autonómicas, lo que dejó fuera de las ayudas estatales a algunos municipios.

A raíz de la excepcional magnitud y complejidad de las emergencias registradas este verano, y para garantizar la plena cobertura de todos los municipios que resultaron afectados, la Dirección General de Protección Civil ha actualizado el listado de los episodios y sucesos que cumplen los requisitos previstos en la ley.

Entre los sucesos incluidos en esta ampliación figuan las graves inundaciones ocurridas en Cataluña en julio, especialmente en Girona y Barcelona, así como incendios como el de Sonseca (Toledo) en julio, el de Aranjuez (Madrid) en agosto, y muchos registrados en la provincia de Orense también en el mes de agosto.

La denominación de los sucesos recogidos en el listado remite a los municipios donde comenzó la emergencia sin perjuicio de que hayan afectado a otro municipio u otros que podrán reclamar las ayudas previstas en la ley si acreditan el perjuicio sufrido. Por tanto, la relación de municipios no limita el ámbito territorial de aplicación de las medidas, que llegarán a todos los municipios que acrediten haber sido afectados por estos sucesos.

Las afectaciones en Cataluña incluidas en la lista son las lluvias en Vilanova de l’Aguda, Lleida y Pinell de Solsonès del 22 de junio; el incendio forestal de Rajadelldel 25 de junio, y los de Sanaüja y de Torrefeta i Florejacs del 1 de julio. También figuran las lluvias en Girona, Sant Julià de Ramis, Cassà de la Selva, Anglès y Quart del 5 de julio. En ella constan también el gran incendio forestal de Paüls del 7 de julio, y las lluvias de Vilafranca del Penedès, Igualada, Cubelles, Vilanova i la Geltrú, Barcelona, Terrassa, El Vendrell, Sabadell y Santa Margarida i els Monjos del 12 y el 13 de julio. Del 23 de julio se han incluido las lluvias torrenciales de Cubelles, Castellolí, Barcelona, L’Hospitalet de Llobregat y La Garriga.

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La consejera de Interior, Núria Parlon, comparecerá en la comisión de Interior del Parlamento de Cataluña para dar explicaciones sobre el uso del gas pimienta por parte de los Mossos d’Esquadra durante la manifestación pro-Palestina del miércoles pasado.

La consejera ha trasladado su voluntad de hacerlo después de que hayan registrado la petición de comparecencia ERC, Comunes y la CUP, que quieren que se haga público el protocolo de uso del gas pimienta.

Conversación Rull-Parlon

Por otro lado, según fuentes de la Mesa, que se ha reunido este martes telemáticamente, el presidente de la cámara catalana, Josep Rull, ha hablado tanto con la consejera Parlon como con la CUP después de que los anticapitalistas pidieran amparo a la Mesa porque el diputado cupero Xavier Pellicer fue uno de los afectados por las actuaciones policiales.

Rull y la consejera de Interior han acordado que el presidente de la cámara le enviará una comunicación formal en nombre del Parlamento catalán. Según las mismas fuentes, el presidente de la cámara ha hablado con el portavoz de la CUP, Dani Cornellà, y también lo hará con el propio Pellicer antes de enviar la carta a la consejera.

Lamento de la CUP

Cornellà ha lamentado que la Mesa del Parlamento de Cataluña no ofrezca sus servicios jurídicos a los diputados afectados por las actuaciones policiales y por el lanzamiento de gas pimienta en las manifestaciones propalestinas de la semana pasada.

El diputado y portavoz cupero ha recordado que el partido pidió amparo a la cámara por esta cuestión, y ha exigido que la comparecencia de la consejera Parlon se haga de manera «urgente».

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El portavoz de Élite Taxi, Tito Álvarez, ha anunciado este martes que desconvoca la manifestación que pretendía colapsar esta tarde y tarde el acceso a Montjuïc y el entorno del Camp Nou por el acuerdo entre el Barça y la empresa Uber.

Álvarez ha explicado en Catalunya Ràdio que se ha reunido esta mañana con el director general del Barça y éste ha recogido toda la documentación que llevaba sobre Uber y las leyes de transporte catalanas. «Se lo mirarán todo y tomarán una decisión. Nos han escuchado», ha dicho Álvarez, que ha argumentado que se ha tomado la decisión de desconvocar la movilización «por amor al Barça, por Joan Gapart, para bajar la presión y para que puedan analizarlo todo bien».

La plataforma de taxistas había convocado una protesta y un paro del servicio entre las 17 y las 22 horas coincidiendo con el partido de fútbol que enfrenta este martes al Barça con el Olympiakos griego. La intención era salir desde la plaza de España y la avenida de María Cristina en dos columnas. La primera llegaría hasta las oficinas del club en el distrito de Les Corts, y la segunda se dirigiría hacia el Estadio Olímpico.

Álvarez ha decidido finalmente desconvocar la acción, pero no descarta convocar otras protestas más adelante. «Veremos qué pasa mañana», ha añadido. Está previsto que el miércoles se presente el acuerdo entre el Barça y Uber.

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