El Gobierno de Salvador Illa ha anunciado una rehabilitación integral del Palacio de Pedralbes con una inversión de 28 millones de euros, con el objetivo de solucionar sus deficiencias estructurales y transformarlo en la segunda sede institucional del ejecutivo. El proyecto incluye la restauración de fachadas, cubiertas y espacios interiores, así como la mejora de la accesibilidad y la eficiencia energética. El concurso de ideas, que se licitará este lunes, definirá el nuevo uso del edificio, que combinará funciones institucionales, administrativas y culturales. Las obras se realizarán por fases y se prevé que finalicen en el verano de 2030.

Según la secretaria general de la Presidencia, Eva Giménez, hay que poner el Palacio «en condiciones» porque es un Bien Cultural de Interés Nacional y ha defendido su nueva función como sede institucional y espacio para actos culturales e internacionales. El proyecto prevé que la planta baja acoja espacios de representación, la primera planta funciones institucionales como el despacho del presidente de la Generalitat, y la segunda planta oficinas y dependencias de la Unió per la Mediterrània (UpM). El último piso será residencial y el sótano alojará servicios técnicos.

El concurso de ideas, con un presupuesto de 2,3 millones de euros, incluirá el diseño final y la dirección de obras, además de una compensación para los tres proyectos finalistas. El jurado estará integrado por representantes del Departamento de Presidencia, el Departamento de Cultura, el Ayuntamiento de Barcelona y el Colegio de Arquitectos de Cataluña. El Gobierno catalán prevé adjudicar el proyecto en la primavera de 2026, iniciar las obras en 2028 y empezar a utilizar la planta noble a finales de 2029.

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El Gobierno catalán ha puesto en marcha una herramienta de inteligencia artificial (IA) generativa que ha permitido resumir en lenguaje llano más de 16.000 normas jurídicas en el Portal Jurídico de Cataluña, disponibles en catalán y castellano. El proyecto, impulsado por la Secretaría del Gobierno y la Secretaría de Telecomunicaciones y Transformación Digital, tiene como objetivo «romper barreras y empoderar a la ciudadanía» facilitando la comprensión de los textos legales y promoviendo una participación más activa en el sistema jurídico.

Esta iniciativa forma parte de la estrategia del Gobierno catalán para reformar la Administración y avanzar hacia unos servicios públicos más ágiles, transparentes y accesibles. Según el ejecutivo, el lenguaje complejo de las normas genera a menudo desconfianza y aleja a la ciudadanía del marco legal. Con esta nueva herramienta, cada norma incorpora un resumen que responde a tres preguntas clave: para qué sirve, a quién se dirige y cómo se aplica. Los resúmenes se generan de manera automática cada vez que se publica una nueva disposición.

El proyecto, elaborado con la colaboración de juristas, lingüistas, técnicos y comunicadores, ha recibido reconocimiento internacional tras ser finalista en los 2024 Best Cases Awards de la Comisión Europea. El observatorio Public Sector Tech Watch lo ha destacado como un ejemplo de innovación y modernización en el uso de tecnologías emergentes dentro del sector público europeo.

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El Ayuntamiento de Puigcerdá ha aprobado una modificación clave del planeamiento urbanístico municipal que reactiva el desarrollo de la zona del Camí de la Pedragosa, un proyecto estancado desde hace veinte años. La iniciativa, que cuenta con el apoyo del nuevo consistorio formado por ERC y dos ex-concejales de Futur, ha sido elevada a la comisión de Urbanismo del Alt Pirineu y se considera fundamental para el futuro de la capital ceretana.

El nuevo desarrollo urbanístico prevé la construcción de un centro comercial de Bonpreu y una promoción de 134 viviendas de protección oficial, además de vivienda libre. El Camí de la Pedragosa es una zona estratégica, punto de confluencia de los accesos hacia la Alta Cerdaña, la Guingueta d’Hix y el resto del valle.

Las obras contemplan una serie de actuaciones clave para el municipio, como la creación de una gran bolsa de vivienda de protección oficial y la construcción de la nueva depuradora de aguas residuales que necesita Puigcerdá, que pagará la empresa Bonpreu. La actual depuradora está ya saturada, hecho que imposibilitaba la construcción de obra nueva de vivienda en la capital ceretana.

El alcalde de Puigcerdá, Joan Manel Serra (ERC), ha destacado que el nuevo planeamiento prevé cambiar vivienda de renta libre por vivienda protegida como respuesta a la gran necesidad de servicios y alojamiento de la ciudad y la comarca.El proyecto también incluye el replanteamiento de todo el tráfico de la zona. Con ello se busca desvincular el acceso al centro comercial de la carretera nacional que cruza Puigcerdá. Los nuevos accesos se tendrán que compatibilizar con viales paralelos de paseo y de tráfico agrario, facilitando la movilidad y mejorando la calidad de vida de los vecinos.

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El director general de Cultura de Aragón, Pedro Olloqui, ha acusado este viernes al gobierno español de tomar parte en el conflicto de Sijena y lo ha calificado de «inaceptable». Todo ello después de que el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, haya cargado contra el cuestionamiento que ha hecho el gobierno de Aragón a los técnicos del MNAC por el traslado de las obras de Sijena: «Cualquier crítica está completamente fuera de lugar», ha remarcado el ministro.

Olloqui ha insistido en que la responsabilidad de la «falta de diligencia» de la conservación de las obras es de la dirección del museo, la cual no debe esconderse detrás de «falsos relatos» que colocan en primer lugar a los técnicos del equipamiento catalán.

Urtasun ha defendido esta mañana el trabajo de los trabajadores del MNAC, y ha insistido en que no le ha gustado que algún responsable del ejecutivo de Aragón les haya criticado. Asimismo, ha pedido «trabajar juntos» con todas las administraciones para decidir los próximos pasos y evitar así que cada una haga informes diferentes con conclusiones diversas.

En el marco de una atención a los medios, el ministro ha reiterado que los técnicos trabajan con una «profesionalidad exquisita» y un «trabajo impecable». Asimismo, el ministro ha pedido «consenso» a la hora de continuar las tareas con el calendario sobre el traslado de las obras de Sijena. «Hay que trabajar juntos», ha aseverado el dirigente de Sumar al gobierno español.

A raíz de estas declaraciones, Olloqui ha comparecido para denunciar la posición del gobierno español, que a su juicio, ha decidido posicionarse a favor de las instituciones catalanas. «Debería situarse al lado de la legalidad para favorecer que estas pinturas vuelvan en las mejores condiciones a Aragón, de donde no deberían haber salido», ha añadido.

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La Audiencia Nacional ha ordenado evaluar el estado de salud del expresidente de la Generalitat Jordi Pujol para valorar si puede participar en el juicio contra él y su familia que empieza el 24 de noviembre.

La sala ha admitido, así, la petición de la defensa de Pujol, la cual había pedido que lo visitara un médico forense para que evalúe su estado de salud y valore si puede o no someterse a juicio. Según ha avanzado El País, la defensa de Pujol ha presentado tres informes en la Audiencia Nacional, donde está previsto que el juicio contra el expresidente, de 95 años, y su familia comience a partir del próximo 24 de noviembre.

Los documentos médicos aportados describen el estado de salud del expresidente catalán, incluyendo sus capacidades físicas y cognitivas, para que el tribunal valore si lo ve apto o no para afrontar el proceso judicial. Según el medio citado, Pujol habría rechazado que su defensa pida su expulsión del proceso por «demencia sobrevenida», como ocurrió con su esposa, Marta Ferrusola, que sufría alzheimer y murió el 8 de julio de 2024.

En caso de que la Audiencia considere que Pujol está en condiciones de someterse al proceso judicial, deberá decidir sobre la presencia del expresidente en Madrid. En la primera jornada del juicio, todos los acusados deberán estar presentes en la sede del tribunal, en San Fernando de Henares, y el entorno de Pujol ya habría reservado una habitación de hotel a la espera de lo que decida la Audiencia. No obstante, la defensa del expresidente catalán habría pedido al tribunal que no acuda físicamente al juicio y que pueda seguir las sesiones por videoconferencia.

Los Pujol se enfrentan a acusaciones de asociación ilícita, blanqueo de capitales, falsificación de documento mercantil, contra la hacienda pública y frustración de la ejecución. La Fiscalía pide 9 años de prisión para Jordi Pujol, y penas que van de los 8 a los 29 años para sus hijos y Mercè Gironès, expareja de Jordi Pujol Ferrusola.

El titular del juzgado de instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, acordó la apertura de juicio oral hace de cuatro años, en 2021. Se sentarán en el banco de los acusados el expresidente Pujol, si así lo avala la Audiencia, sus siete hijos y 16 personas más, entre ellas empresarios como Luis Delso, Carles Sumarroca y Carles Vilarrubí. Se prevé que los acusados declaren al final del juicio, en abril de 2026.

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El Síndic de Greuges ha recibido «numerosas» quejas de familias vulnerables con niños a cargo a las que la Generalitat de Catalunya reclama pagos indebidos de ayudas que percibían. Se trata de ayudas en el marco del compromiso socio-educativo (COSE), un instrumento dirigido a las familias que elaboran los servicios de atención a la infancia cuando detectan una situación de riesgo que afecta a un niño y que incluye una ayuda económica.

En concreto, el Síndic expone el caso de una familia a la que se le reclama el reintegro de 19.000 euros. La institución recuerda que estas cantidades percibidas cuando no tocaba son fruto del «cálculo erróneo» de la prestación por parte de la administración, como en los casos de la renta garantizada y de los jóvenes extutelados.

En el caso concreto de esta familia, el Departamento de Derechos Sociales e Inclusión abrió en 2020 un expediente de reintegro porque detectó que los importes concedidos entre 2016 y 2018 no habían tenido en cuenta una reducción de la prestación prevista en la normativa aplicable en aquel momento. La síndica, Esther Giménez-Salinas, recuerda que esta situación es comparable con los casos de pagos indebidos de la renta garantizada de ciudadanía y de los jóvenes extutelados.

En una resolución emitida en junio, la institución consideró una contradicción grave que familias que reciben ayudas para cubrir las necesidades básicas de los hijos «se vean obligadas» a devolver importes, ya que esto, además, incrementa su precariedad y expone a los niños a un riesgo social más elevado. Por ello, defiende que hay que ponderar la proporcionalidad entre el derecho de la administración y la protección de los niños.

Además, apunta que hay jurisprudencia del Tribunal Supremo y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que sostiene que no se puede exigir la devolución si supone una carga desproporcionada para los beneficiarios. «Una vez más, el error es de la administración y, por tanto, este error no puede recaer en las familias, que recordemos que son vulnerables», ha manifestado la síndica.

Derechos Sociales anunció ya que no reclamaría los importantes a los beneficiarios de la renta garantizada ni a los jóvenes extutelados vulnerables. La síndica se ha mostrado satisfecha con esta decisión, pero pide que se comunique «sin demora» a todas las personas afectadas, la mayoría de las cuales, asegura, aún no tienen conocimiento.

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El pleno del Ayuntamiento de Barcelona ha aprobado este viernes una ordenanza para regular precios asequibles para los equipamientos de alojamiento dotacional y residencias de estudiantes ubicadas en suelos de zona.

Esta norma pretende facilitar el acceso y favorecer una oferta de calidad, inclusiva y con igualdad de oportunidades, concretando criterios de selección de los usuarios en estancias temporales, según la tipología del equipamiento y del colectivo que hará uso de ella.

La ordenanza, que también fija un baremo de precios, ha salido adelante con el voto a favor del PSC, Junts per Barcelona, BComú y ERC, y ha recibido el voto en contra del PP y la abstención de Vox.

Con el nuevo texto, los alojamientos siempre deberán acoger a personas con necesidades temporales que tengan dificultad de emancipación y otros requisitos de acogida, como jóvenes, personas mayores o colectivos en situaciones de vulnerabilidad. También se prevé que los alojamientos dotacionales puedan tener usos relacionados con la asistencia sanitaria, con la afectación por una actuación urbanística y por razón de estudio o de trabajo.

Se prevén, asimismo, tres tipologías de alojamientos dotacionales: los completos, con espacios comunitarios y residencial colectivo. En el caso de los precios máximos otros que por razón de estudio, serán los mismos que las viviendas de protección oficial en régimen general de alquiler. Los criterios de selección para el uso de los alojamientos dotacionales se podrán perfilar desde las convocatorias correspondientes a cada equipamiento.

En cuanto a los alojamientos dotacionales por motivos de estudio, las residencias de estudiantes, la normativa evita que se instalen de grandes dimensiones en zonas saturadas.

Precios

El precio máximo de las plazas concertadas en residencias de estudiantes se fija en 705 euros mensuales en habitación individual y 633 euros en habitación doble cuando las residencias tengan menos de 200 plazas. Por otro lado, se establece en 645 euros en habitación individual y de 574 euros en habitación doble en residencias de entre 200 y 350 plazas. Los criterios de selección de las plazas se fijarán desde el Ayuntamiento. En el caso de las residencias de estudiantes, la ordenanza también contempla que, con la aprobación del consistorio y mediante convenio, un máximo del 50% de las plazas puedan ser no concertadas.

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El Ministerio de Cultura ha comunicado a la Fundación Francisco Franco el acuerdo para su extinción. El ministro, Ernest Urtasun, ya ha firmado el procedimiento de acuerdo con la ley de memoria democrática. Se trata de un paso previo al cierre de la entidad franquista, fundada en 1976, y dedicada «primordialmente» a la difusión de la «dimensión humana y política» del dictador, según sus estatutos.

Cabe remarcar que la ley de 2022 indica la apología del franquismo que enaltezca el golpe de estado y la dictadura, o enaltezca a sus dirigentes son actividades «contrarias al interés general». Corresponde al Ministerio de Cultura instar la extinción judicial de las fundaciones donde concurra esta causa.

Según la ley de fundaciones, el procedimiento previo a la extinción judicial comienza con el acuerdo de inicio y la notificación a la fundación. Después tiene lugar el trámite de alegaciones de la fundación durante 10 días hábiles y, acto seguido, comienza el periodo de prueba. Después llega la propuesta de resolución que se notifica a la fundación, y un nuevo trámite de alegaciones con 10 días hábiles más.

Acto seguido la Abogacía del Estado elabora un informe, y posteriormente se resuelve el acuerdo para instar la extinción judicial. Seguidamente, se traslada la resolución a la Abogacía del Estado para que lo tramite a la autoridad judicial. Y se firma la resolución judicial que acuerda la extinción. Finalmente, el último paso es la liquidación de los bienes de la fundación en cuestión, que se destinan a otra entidad sin ánimo de lucro.

El Ministerio de Cultura ha ido siguiendo estos pasos. Y el 24 de octubre Urtasun firmó el acuerdo de inicio del procedimiento previo a la extinción judicial. De acuerdo con la documentación recogida, se elaboró el acuerdo de inicio del procedimiento.

Y, a la vista de los informes recibidos, se apreció la concurrencia indiciaria de la causa de extinción prevista en la ley de memoria democrática, que motiva, por tanto, acordar el inicio del procedimiento. Finalmente, se ha notificado a la Fundación Francisco Franco este miércoles.

Reforma de la ley de asociaciones

El pleno del Congreso aprobó el 10 de abril, con los votos de la mayoría de la investidura, la abstención del PP y el no de Vox la modificación de la ley de asociaciones con el objetivo de disolver cualquier entidad que enaltezca el franquismo o que menosprecie y humille a las víctimas del golpe de estado de 1936 y la posterior dictadura.

La ley quiere dar el paso a la Fundación Francisco Franco, que ya tenía un proceso abierto por el Ministerio de Cultura para su disolución y que podría buscar una vía de escape convirtiéndose en asociación.

La reforma que se aprobó en comisión el pasado 25 de marzo, busca impedir que la Fundación Franco esquive el proceso de disolución iniciado por el ministro de Cultura, pasando de ser una fundación a una asociación.

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Jéssica Albiach, presidenta del grupo de los Comuns en el Parlament, ha explicado que su formación pondrá la prohibición de la compra especulativa de vivienda sobre la mesa si se abren las negociaciones de los presupuestos de la Generalitat.

En una entrevista en TV3 ha evitado, no obstante, concretar si será una línea roja para llegar a un acuerdo sobre las cuentas del 2026. Albiach ha explicado que las negociaciones todavía no han comenzado y que no lo harán hasta que los Comuns constaten que se han cumplido los compromisos del Govern en educación, salud y movilidad que acordaron en el marco del tercer suplemento de crédito. En este sentido, ha dicho que están pendientes de una reunión con el ejecutivo catalán per ver el grado de cumplimiento en estas materias.

Estudio del Gobierno catalán

La portavoz del Govern y consejera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, insistió el martes que su Departamento está estudiando la prohibición de la compra de viviendas con finalidades especulativas y que por eso encargará informes jurídicos que lo avalen.

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, lo adelantó el pasado miércoles en la sesión de control a preguntas de la CUP y un día antes de la reunión con el Sindicat de Llogateres. Este interés del presidente Illa fue celebrado por los partidos de izquierdas y por las entidades de la lucha por la vivienda digna.

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Unos 300 técnicos superiores sanitarios se han manifestado este viernes por la mañana en Barcelona durante la segunda jornada de huelga convocada en España para luchar por las condiciones laborales y formativas de estos profesionales.

Los técnicos denuncian que, a pesar de estar catalogados como grupo B desde 2007, no perciben la retribución que correspondería a esta categoría, lo que les causa «unos 200 euros en la nómina de cada técnico» de perjuicio. Por otro lado, quieren que se equipare su formación a la del resto de Europa.

La protesta ha comenzado a las 9.30 horas en la Via Augusta de la capital catalana, frente a unas oficinas de la Agencia Tributaria, y tiene como destino la delegación del Gobierno de España, en el Eixample.

Los manifestantes han cortado la Vía Augusta una media hora en el inicio de la protesta, antes de comenzar la marcha, portando pancartas con demandas como la «homologación» académica en el ámbito europeo o un «estatuto marco que respete a los técnicos superiores sanitarios». Entre los carteles, muchos mensajes han querido hacer visible su papel clave en las pruebas diagnósticas.

Reivindicación de la figura del técnico

En este sentido, la secretaria del sindicato SIETeSS en Cataluña, Montserrat Marín, ha reivindicado este viernes el peso de estos profesionales en la sanidad: «No hay ningún facultativo, por eminencia que sea, que pueda dar un diagnóstico si no hay detrás un técnico haciendo las pruebas para que lo consiga».

La secretaria de SIETeSS ha recordado que los técnicos superiores sanitarios son los de laboratorio clínico que procesan analíticas de sangre o biopsias; los de imagen, que hacen TAC, resonancias, densitometrías o mamografías; los de dietética, que permiten que cada enfermo reciba la comida adecuada; los higiénicos bucodentales; y los de documentación sanitaria, entre otros.

Además, Martín ha criticado que en la negociación del nuevo estatuto marco, los técnicos superiores sanitarios «vuelven a quedar olvidados» y no se les reconoce como «profesión titulada y regulada». La representante sindical ha alertado de que este hecho abre la puerta al intrusismo. Por ello, reclaman que se les homologue la formación que se exige para su profesión a nivel europeo y sean reconocidos como titulación superior.

Finalmente, ha considerado que el seguimiento de la huelga es «muy bueno» en Cataluña. La convocatoria es de cuatro días de paro: este jueves y viernes, y el lunes y martes de la semana próxima.

SATSE carga contra Salud

Paralelamente, el sindicato de enfermería SATSE ha criticado este viernes que el Departamento de Salud de la Generalitat minimice el impacto de la campaña de vacunación de la gripe y la covid sin cita.

La organización ha pedido una reunión urgente para encontrar soluciones a la sobrecarga añadida por esta decisión de Salud que el secretario de Salud Pública, Esteve Fernández, defendió el jueves en el Parlamento de Cataluña, argumentando que es «asumible» por la primaria sin necesidad de refuerzos.

SATSE se ha mostrado indignado por estas declaraciones y creen que se está «despreciando» la voz de las enfermeras.

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La jueza Dolores Gómez del Pino, magistrada del juzgado de instrucción número 4 de Mataró, ha decidió sobreseer y archivar la querella que presentó la asociación de extrema derecha ultracatólica Hazte Oír contra la revista Mongolia por una portada que publicó en diciembre de 2022. Es la cuarta querella contra esta publicación impulsada por entidades ultraderechistas que choca con el rechazo de los juzgados. La portada representaba el portal de Belén, donde la religión cristiana sitúa el nacimiento de Jesús, el profeta de su dios, donde el niño era sustituido por un excremento con brazos y una corona.

Los juzgados habían rechazado con anterioridad tres querellas de entidades ultras: Manos Limpias, Abogados Cristianos y Comunión Tradicionalista Carlista. Hazte Oír, que hace el juego sucio a favor del PP y Vox, en campañas contra el gobierno progresista, colgando grandes pancartas en edificios de Madrid o con propaganda adherida a autocares con insultos a Pedro Sánchez, insistió en querellarse con Mongolia pese a las reiteradas negativas de los jueces a tramitar esas denuncias. Las querellas se presentaron después de que el dirigente de Vox Jorge Buxadé hiciera un llamamiento público a denunciar al semanario satítico

La jueza recuerda en el auto en que sobresee y archiva el caso que se trata «de una clara cosa ya juzgada». Hazte Oír, que en la última querella está representada por los abogados JavierMaría Pérez Roldán y Nouna Juana Lozano, han recurrido la decisión de la jueza. Es evidente que tienen todas las de perder y que su recurso será rechazado. Cabe esperar que no habrá una quinta querella sobre este caso.

Contra ‘Mongolia’ o el divorcio y a favor del ‘Alzamiento’

Javier María Pérez Roldán compaginó la labor de abogado de Hazte Oír con la de secretario general de Comunión Tradicionalista Carlista hasta marzo del año pasado cuando dejó el cargo al frente de este partido ultra, que se refiere al golpe de estado franquista de 1936 como «alzamiento» o «Santa Cruzada«. En un encuentro del partido de noviembre de 2022 afirmó que «son injustas las leyes trans, las leyes del matrimonio homosexual, las leyes del divorcio, porque no son las leyes de Dios». En otros actos, en los que suele intervenir ataviado con la boina roja típica del carlismo, ha hecho afirmaciones como que «España fue el único país que militarmente venció y derrotó al comunismo» o que «los católicos de buena fe van admitiendo cosas como los preservativos o la fecundación in vitro».

«Como vienen denunciando desde hace años las entidades laicistas, las continuas querellas presentadas por las asociaciones ultracatólicas por ‘ofensas a los sentimientos religiosos’ tienen una motivación básicamente intimidatoria: casi siempre se acaban archivando, pero generan un conflicto económico (y de esfuerzos) a los querellados, que en ocasiones se prolonga durante años, y que supone una limitación evidente al derecho de libertad expresión», afirman los editores de Mongolia«.

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La militancia de Junts per Catalunya ha avalado de manera rotunda la propuesta de la dirección del partido de romper el acuerdo con el PSOE. En la consulta interna, el 87 % de los votos emitidos han sido favorables a la ruptura, mientras que un 10 % se han opuesto y cerca de un 3 % han votado en blanco.

La votación, que se ha realizado de manera telemática y abierta a más de seis mil militantes, ha tenido una participación del 66 %, una cifra que el partido considera «muy significativa» y que refuerza la legitimidad de la decisión adoptada.

La pregunta planteada a la militancia era si estaban de acuerdo con la propuesta de la dirección ejecutiva de dar por terminado el acuerdo de investidura con el PSOE «a raíz de sus incumplimientos». Según fuentes del partido, los resultados muestran «una clara unidad de criterio» dentro de la formación y un apoyo amplio a la línea defendida por Carles Puigdemont.

El líder de Junts, que hizo su declaración desde Perpiñán, afirmó que «un pacto que no se ejecuta es un acuerdo roto«, e insistió en que el PSOE «no ha cumplido los compromisos adquiridos con Cataluña». Con la decisión de este jueves, Junts da por terminada la colaboración con el gobierno español que había permitido la investidura de Pedro Sánchez y la aprobación de varios proyectos legislativos.

Nuevo rumbo estratégico en el Congreso

Tras el resultado de la consulta, la dirección de Junts ha anunciado que el partido asumirá un papel de oposición activa, aunque no descarta dar apoyo puntual a iniciativas que considere beneficiosas para Cataluña. Fuentes internas apuntan que se mantendrá una actitud «dialogante, pero sin dependencias», y que el grupo parlamentario actuará «con plena libertad de voto».

La ruptura con el PSOE abre una nueva etapa en la política catalana y estatal. Junts reivindica que su fuerza en Madrid seguirá siendo determinante, pero ahora desde una posición de mayor autonomía y con el objetivo de reforzar el proyecto soberanista.

Con esta decisión, el partido de Puigdemont pretende «recuperar la coherencia» con su compromiso electoral y marcar distancias con un gobierno que, según aseguran, «ha priorizado su estabilidad a costa de los intereses de Cataluña».

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El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, ha admitido este jueves, en la comisión del caso Koldo del Senado, que «en alguna ocasión» ha podido cobrar gastos en efectivo del PSOE como secretario general de forma «anecdótica», pero «siempre contra factura» y en ningún caso estas cantidades han superado los 1.000 euros, ha afirmado. El jefe del ejecutivo central ha comenzado su comparecencia asegurando que «el PSOE tiene una financiación absolutamente limpia, legal y regular«, y ha negado la existencia de ninguna caja B del partido.

«No hay pagos sin documentar», ha aseverado Sánchez, que ha tenido un primer enfrentamiento con el presidente de la comisión, Eloy Suárez (PP), quien le ha acusado de pretender dilatar los tiempos y le ha pedido «respeto», porque «esto es una comisión de investigación». «Esto es un circo», ha respondido el presidente español.

En respuesta a la portavoz de UPN, Mari Mar Caballero, Sánchez ha recordado que, a diferencia de otros partidos que «pagan sobresueldos muchas veces sin declarar y recibidos en negro», en referencia al PP, el PSOE liquida sus gastos de forma «perfectamente regular». Caballero le ha acusado de «mentir» sobre los pagos en efectivo, y Sánchez ha insistido en que todos son «absolutamente legales» y avalados por los controles del Tribunal de Cuentas, y que todos los cobros y pagos se hacen «siempre con justificante».

Por otro lado, el presidente español también ha manifestado que él ha asumido «la responsabilidad» por los nombramientos de José Luis Ábalos y Santos Cerdán en el gobierno español y en el partido, pero ha negado que relevara a Ábalos como ministro de Transportes porque tenía conocimiento de comportamientos irregulares. En cuanto a los servicios de prostitución supuestamente contratados por Ábalos, Sánchez ha afirmado que la justicia determinará si se han pagado con dinero público, pero ha insistido en que estos comportamientos «le repugnan» y que el PSOE es un partido «feminista».

«La corrupción cero no existe, pero la tolerancia cero contra la corrupción sí existe, y es la que ha practicado mi organización», ha defendido Sánchez, que ha recordado que su partido inició el procedimiento para expulsar a Ábalos cuando su exasesor, Koldo García, fue detenido.

Enganchada con el PP

La comparecencia del presidente español en el Senado ha acabado con un tenso cara a cara con el portavoz del PP, Alejo Miranda, quien le ha acusado de «mentir» y de evitar deliberadamente responder a las preguntas que le ha ido haciendo. Miranda ha preguntado a Sánchez por las actuaciones de Ábalos y Cerdán, pero también por su mujer, Begoña Gómez, su hermano, David Sánchez, el rescate de Air Europa y la visita de Delcy Rodríguez.

Sánchez ha afirmado que nunca se ha reunido con el empresario Víctor de Aldama, ha negado irregularidades y ha acusado a los populares de actuar como «Torquemada» en una comisión «inquisitorial». «Defiendo la inocencia de mi mujer y mi hermano», ha afirmado el presidente español.

De hecho, Sánchez ha negado tajantemente que su mujer hiciera de mediadora en el rescate de Air Europa, ha afirmado que su partido actuó con diligencia ante los casos de Ábalos y Cerdán, y ha vuelto a negar la financiación irregular del PSOE. Además, ha criticado al juez Juan Carlos Peinado, que abrió diligencias contra Begoña Gómez en base a una denuncia de la ultraderecha con «recortes» de medios.

En cuanto a las acusaciones de una supuesta distribución de dinero negro en la sede del PSOE, el jefe del ejecutivo central ha insistido en que todos los pagos de su partido se hicieron «de acuerdo con la ley»: «Todo lo que ha hecho el PSOE es legal, y lo que han hecho ustedes no», ha apostillado, en respuesta al senador del PP, señalando que dinero negro «hubo en la calle Génova, en Ferraz nunca».

Sánchez ha cerrado la comparecencia acusando a los populares de querer «tapar la buena marcha de la economía» a base de «manipulaciones, recortes de diario, campanas de desinformación, y una cacería de brujas para tratar de engañar a la ciudadanía». Según el presidente, los populares han instrumentalizado el Senado «de forma grotesca» para «generar ruido» ante su «impotencia para articular un proyecto sólido para España».

En la comisión Koldo, ha añadido, «se revuelve el relato y se da crédito a la trola para construir una sobreactuación parlamentaria grotesca» que «no funcionará». «El PP lleva un año y medio buscando algo que no encontrarán porque no existe», ha concluido, porque «solo hay una Gürtel, lleva el nombre del PP y tiene sede en la calle Génova».

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El director general del Patrimonio Cultural, Joaquim Borràs, ha desmentido, en el marco del conflicto de Sijena, cualquier afirmación que ponga en duda la profesionalidad de los técnicos del MNAC o las medidas de prevención y conservación de las pinturas murales objeto de litigio. En un comunicado, Borràs ha defendido que los profesionales de los museos catalanes preservan las colecciones «sin tener en cuenta su procedencia».

De este modo, ha contestado a las acusaciones emitidas por el gobierno de Aragón el pasado martes, en las que acusaba de «dejadez» a los profesionales del MNAC con las pinturas murales porque no eran «patrimonio catalán». Borràs ha asegurado que no entrarán «en una dinámica de provocaciones y acusaciones cruzadas».

El Departamento de Cultura ha destacado en un comunicado que los museos son responsables del patrimonio natural y cultural, material e inmaterial que custodian y que «la primera obligación de un museo es proteger y promover este patrimonio, independientemente de su origen». Esta obligación viene establecida por el ICOM, que es el organismo internacional competente en el ámbito de los museos, ha señalado.

Ha remarcado que los profesionales de los museos catalanes, y los del MNAC entre ellos, tienen como referente el código deontológico del ICOM en el ejercicio de su responsabilidad y funciones. Por tanto, «toman todas las medidas posibles para conservar y preservar las colecciones que acogen sin tener en cuenta su procedencia», ha apuntado.

Dependiendo de la tipología de los museos es habitual que entre sus colecciones «existan piezas de procedencia diversa que son tratadas con el mismo cuidado, atendiendo a su importancia como testimonio de la memoria colectiva», ha asegurado.

En cualquier caso, Borràs ha manifestado que no entrarán en una dinámica de provocaciones y acusaciones cruzadas de que lo único que buscan es la confrontación.

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El Govern calcula que la apertura de nuevas delegaciones y las reubicaciones planeadas supondrán un aumento aproximado de 2,4 millones de euros de su partida en los presupuestos de 2026.

En una comparecencia ante la Comisión de UE y Acción Exterior del Parlamento de Cataluña, el consejero de Unión Europea y Acción Exterior, Jaume Duch, ha avanzado que las cuentas del año que viene tendrán en cuenta el despliegue de nuevas representaciones en el exterior en esta partida, este año valorada en 12,2 millones de euros con una bolsa de reserva.

Apoyo a la Flotilla

Por otro lado, el consejero Duch ha defendido el apoyo del ejecutivo catalán a la Flotilla pagando «pequeñísimos gastos» de los activistas para volver a casa.

El consejero de UE y Acción Exterior ha explicado que los miembros de la Flotilla estaban en una «situación personal frágil e incómodo» cuando fueron liberados por Israel: «Estamos hablando de personas que acababan de salir de la cárcel y que se las deposita en Atenas sin dinero y ni vestidos».

Duch ha defendido así el apoyo del Gobierno a los activistas ante las críticas del PP y Vox. «Usted no habría aguantado tres días en esos barcos, señor Tarradas», ha replicado al diputado de Vox.

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Los Comunes han anunciado este jueves que condicionarán los presupuestos de 2026 de Barcelona a la prohibición de la compra especulativa de vivienda. La líder de BComú, Janet Sanz, lo ha comunicado en una rueda de prensa conjunta en la capital catalana con la presidenta del grupo parlamentario de los Comunes, Jéssica Albiach, y el ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy.

Sanz propondrá al pleno de este viernes que el alcalde, Jaume Collboni, aplique un plan urbanístico «sencillo» para prohibir la compra especulativa. «Lo puede hacer», ha subrayado la regidora, que ha añadido que ya no toca encargar más informes ni analizar propuestas, sino actuar sobre lo que ha considerado una «condición indispensable» para dar apoyos a las cuentas municipales del próximo año.

A su vez, el grupo parlamentario registrará este jueves por la tarde una proposición de ley para modificar la ley de Urbanismo, para que una persona solo pueda comprar una casa. Los Comunes pretenden dotar a los ayuntamientos de las herramientas para prohibir las compras especulativas.

La propuesta añade que cada persona puede comprar una vivienda a un familiar directo, o bien comprar un edificio de diferentes viviendas. Eso sí, en este segundo caso habrá que alargar el alquiler entre 5 y 7 años, si hay inquilinos en el edificio. Además, el precio debe estar en consonancia con el índice de referencia de los precios de alquiler. Finalmente, cada persona también podría comprar una segunda residencia siempre que sea fuera de su municipio.

Acuerdo para regular el alquiler de temporada

La Comisión de Territorio y Vivienda del Parlamento de Cataluña ha aprobado este miércoles el acuerdo entre el PSC, ERC, los Comunes y la CUP para regular el alquiler de temporada y que los propietarios no puedan utilizar la brecha legal para esquivar las limitaciones al precio del alquiler residencial. El PPC, sin embargo, ha anunciado que llevará la norma al Consejo de Garantías Estatutarias (CGE), lo que retrasará la aprobación del texto en el pleno de la cámara catalana.

El acuerdo entre socialistas, comunes, republicanos y cuperos define como vivienda permanente aquella que se destina a satisfacer la necesidad de vivienda «con independencia de su duración». De esta manera, se quiere evitar que se utilicen contratos temporales para esquivar los topes al precio del alquiler.

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La Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia (ECRI, por sus siglas en inglés), el órgano del Consejo de Europa para luchar contra el racismo, ha reclamado a España que intensifique la lucha contra el racismo y la intolerancia, especialmente en las prácticas policiales donde se aplican sesgos raciales y en las redes sociales.

En su nuevo informe, la ECRI advierte que el discurso de odio continúa muy presente en internet y en la política, y que colectivos como las personas migrantes, gitanas, musulmanas o trans aún sufren discriminación. A pesar de reconocer avances en los últimos años, la ECRI reclama más acciones para garantizar una igualdad real y combatir la desconfianza de las víctimas hacia las instituciones.

El informe, publicado este jueves, pide a España que controle mejor las identificaciones policiales para evitar casos de sesgo racial, que afectan sobre todo a personas migrantes, afrodescendientes y gitanas. También reclama que se mejoren los mecanismos para eliminar el odio en las redes sociales, donde sólo se llega a retirar la mitad de los contenidos denunciados.

La ECRI reconoce avances, como la creación de oficinas y fiscales especializados en delitos de odio, y la aprobación de nuevas leyes contra la discriminación y a favor de los derechos LGTBI. Sin embargo, advierte que el discurso de odio político y en internet va en aumento y que muchas víctimas no denuncian por miedo o desconfianza.

El organismo también destaca la situación vulnerable de los jóvenes migrantes que salen del sistema de protección y las dificultades educativas de los niños gitanos, con tasas altas de fracaso y abandono escolar. En el caso de las personas trans, a pesar de los avances legales, alerta de que todavía tienen dificultades para acceder a la atención sanitaria adecuada y que los discursos de odio contra ellas van al alza.

A pesar de las iniciativas a escala local y la implicación de autoridades y entidades sociales, la ECRI considera que España necesita «más coordinación y compromiso político» para hacer frente a la intolerancia y fomentar la convivencia. El Consejo de Europa volverá a revisar de aquí a dos años si el país ha aplicado sus recomendaciones.

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Las denuncias y las presiones del alcalde de la Seu d’Urgell, Joan Barrera, han logrado su objetivo y, finalmente, el Gobierno de Andorra ha anunciado la adopción de medidas legales para acabar con el fenómeno de los “falsos transfronterizos”. Se trata de trabajadores extracomunitarios que viven en la zona de la Seu d’Urgell y obtienen permiso de trabajo en Andorra, a pesar de encontrarse en situación irregular en España.

Esta situación tiene un fuerte impacto en la Seu d’Urgell, que ha visto tensionar su mercado de viviendas y que tiene que asumir los servicios públicos que necesita esta población sobrevenida. Además, la administración municipal y catalana también se tienen que hacer cargo de trabajadores inmigrantes que, una vez han acabado su contrato en Andorra, optan por quedarse a vivir en la zona del Alt Urgell y la Cerdaña, y de aquellas familias extranjeras –mayoritariamente latinoamericanas– que son obligadas a marchar del Principado porque no tienen los ingresos salariales mínimos que ha fijado el Gobierno.

Esta situación ha crispado las relaciones del Ayuntamiento de la Seu d’Urgell con el Gobierno andorrano en los últimos meses, y el alcalde Joan Barrera ha manifestado en numerosas ocasiones su indignación. El Gobierno español, a través de su Delegación del Gobierno en Cataluña y de la embajada de España en Andorra, también se ha involucrado activamente en las gestiones para acabar con esta bolsa de fraude.

Modificación de la ley de inmigración

La prohibición de los “falsos transfronterizos” en Andorra se incluye en el proyecto de ley de continuidad de las medidas para el crecimiento sostenible, presentado por las ministras Conxita Marsol y Ester Molné. El texto incorpora un nuevo artículo 45 bis a la ley de inmigración, que establece que, si el permiso implica pernoctar fuera de Andorra, habrá que acreditar la residencia legal en el país de residencia.

Además, se modificará el artículo 56 para añadir un párrafo que permitirá denegar el permiso si se comprueba que se ha obtenido en fraude de ley, si no se cumplen las condiciones iniciales, o si han desaparecido los requisitos de alta calificación o de salario que justificaron una excepción.

Contratación en origen

El proyecto de ley también introduce una nueva modalidad de permiso temporal basada en la contratación en origen. Esta fórmula prevé la tramitación colectiva de los contratos en el país de origen de los trabajadores, con la participación de uno o varios empleadores.

Tal como ha explicado la ministra de Interior, la nueva vía requerirá un despliegue reglamentario. Paralelamente, el texto legal incorpora nuevas infracciones que pueden comportar la retirada del permiso de residencia o trabajo. Entre las nuevas causas de revocación está el hecho que un trabajador temporal supere las 52 horas semanales en conjunto, o trabaje más de 12 horas en ocupaciones o sectores diferentes de los autorizados. También se podrá retirar el permiso si se incumplen los requisitos legales o si los estudiantes no cumplen con sus obligaciones académicas.

Sistema Entry/Exit

En este sentido, el delegado del Gobierno español en Cataluña, Carles Prieto, ha señalado que “tenemos que ordenar todo el ámbito de relaciones entre Andorra y España, en el cual todavía hay elementos pendientes”. Entre estos flecos todavía pendientes, se encuentra el control migratorio. “Hay falsos trabajadores transfronterizos que técnicamente tienen residencia y permiso de trabajo en Andorra, pero viven en la Seu d’Urgell, por ejemplo […] Esto lo está pagando el Gobierno español, especialmente la Generalitat de Cataluña, que es quien tiene estas competencias transferidas”, ha lamentado.

Además, Carles Prieto ha advertido que, en caso de salir adelante esta medida, se tendrían que implementar nuevos requisitos como el sistema Entry/Exit (EES), que sustituye los sellos físicos en los pasaportes por un registro digital de las entradas y salidas de los ciudadanos extracomunitarios. “Una vez has entrado en el sistema, se sabe perfectamente cuándo entras y cuándo sales, y esto permite conocer la procedencia y el seguimiento de cada persona”, ha afirmado.

El delegado del Gobierno español se ha mostrado optimista sobre la posibilidad que el aeropuerto de Andorra-La Seu pueda integrarse en el espacio Schengen, pero ha puntualizado que esta opción “dependerá de un paquete de negociación política más amplio” vinculado al Acuerdo de asociación con la Unión Europea y a la implementación del sistema Entry/Exit. Según ha explicado, esta habilitación requerirá cumplir requisitos en materia de seguridad, fiscalidad, aduanas y control fronterizo, puesto que “un aeropuerto de carácter internacional que pueda acoger vuelos de fuera del territorio Schengen tiene que garantizar una serie de exigencias en materia de seguridad, incluyendo puntos de inspección fronteriza si hay productos procedentes de fuera de la zona Schengen”.

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La dirección de la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales (CCMA) rectifica y recuperará progresivamente a partir del lunes las marcas de TV3 y Catalunya Ràdio en las firmas de las crónicas y el logotipo en los micrófonos.

Así lo han confirmado fuentes del ente a la ACN, que precisan que la flexibilización se circunscribe a las piezas que se emitan específicamente para alguno de los dos medios.

En los directos o retransmisiones para los canales 24 horas y el ámbito digital se continuará firmando como 3CatInfo y el micrófono que se utilizará será el actual.

La presencia de las marcas TV3 y Catalunya Ràdio también se reforzará en el exterior de las sedes de Sant Joan Despí y la Diagonal. La dirección responde así a las quejas de los comités de empresa y los consejos profesionales en las últimas semanas.

El ente precisa que el 3CatInfo continuará aglutinando los contenidos informativos que se emiten por los diferentes programas, canales, emisoras y entornos digitales. Bajo el paraguas de esta nueva marca informativa se mantendrán todos los contenidos vinculados a la información y la actualidad elaborados por la redacción de 3CatInfo en la televisión, en la radio y en digital.

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El Congreso ha aprobado este miércoles en comisión la ponencia de la nueva ley de atención al cliente, una iniciativa del gobierno español para mejorar el servicio a los consumidores que, entre otros objetivos, quiere garantizar el uso de lenguas como el catalán o el vasco. Según el redactado validado en la Comisión de Derechos Sociales y Consumo, hay que «asegurar» que la atención al consumidor se haga en castellano o en cualquiera de las lenguas oficiales cuando el servicio se dirija a usuarios de comunidades que tengan idiomas propios. La norma, que ahora deberá validarse en pleno, también prevé acciones para acabar con las llamadas ‘spam’ de las empresas.

La aprobación de la ley en comisión llega después de que, en el mes de septiembre, Junts y el gobierno español acordaran varias modificaciones al Proyecto de Ley de Atención al Cliente para garantizar que se respeten los derechos lingüísticos de los clientes. El acuerdo recogió críticas entre la patronal CEOE, que lamentaba los sobrecostes que puede generar la nueva legislación, y por parte del PP, que lo considera una nueva cesión al partido de Carles Puigdemont. Por el contrario, las organizaciones de consumidores avalaron la propuesta, que va en línea con iniciativas similares que habían encallado en anteriores legislaturas.

Durante el turno de fijación de voto, el diputado de Junts Josep Maria Cruset ha afirmado que la nueva ley representa «un cambio sustancial en cuanto a los derechos lingüísticos de los ciudadanos». «Prevalece lo que dirá la norma de aplicación en Cataluña por encima del ámbito de aplicación de esta ley», ha apuntado, resaltando la «protección competencial» que supone. Sin embargo, ha recordado que las enmiendas del gobierno español tienen un voto contrario en coherencia con la «nueva realidad» de las relaciones entre Junts y el ejecutivo.

Por parte de ERC, el diputado Jordi Salvador ha destacado que la norma ofrece «derechos concretos» a la ciudadanía porque obliga a las grandes empresas a atender bien a la ciudadanía, evitando «laberintos telefónicos». Además, ha subrayado que finalmente se protege el derecho de los ciudadanos a ser atendidos en su lengua. «Por primera vez se reconoce por ley que la ciudadanía tiene derecho a ser atendida en catalán. (…) Deja de depender de la buena voluntad de la compañía y pasa a ser una obligación jurídica», ha apuntado.

Limitación a las llamadas ‘spam’

Entre las enmiendas incorporadas al texto de la ley hay una para prohibir las llamadas ‘spam’ originalmente presentada por Sumar, pero que ha reunido los apoyos de Junts, ERC y el PP, que han añadido retoques para proteger a las compañías más pequeñas y evitar oligopolios. Esta propuesta prevé que las llamadas de publicidad tengan un prefijo especial. Además, se exigirá que los operadores telefónicos bloqueen las llamadas hechas con números de tarificación especial. Según ha destacado el Ministerio de Consumo, las llamadas comerciales sin consentimiento también quedarán prohibidas y los contratos que se cierren en estas llamadas quedarán anulados.

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Familiares de víctimas de la dana de hace un año en el País Valenciano han proferido gritos como «asesino», «prisión» o «dimisión» al presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, cuando ha entrado en el recinto donde se ha celebrado el funeral de Estado en recuerdo de los fallecidos.

Han sido momentos tensos que se han producido justo antes de comenzar el acto por las 237 víctimas, 229 en el País Valenciano, 7 en Castilla – La Mancha y 1 en Andalucía.

El acto ha comenzado a las seis de la tarde como estaba previsto. Dos horas antes han ido llegando los familiares y las autoridades, empezando por las municipales, seguidas de las autonómicas, de los ministros del gobierno español, de los presidentes del Congreso y del Senado y de las altas instancias judiciales.

Cinco minutos antes de las tres y media de la tarde ha llegado el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, y a las tres y media de la tarde los reyes, recibidos por el jefe del ejecutivo.

Mazón, excluido de la reunión con las víctimas

Antes de comenzar el funeral, el rey y el presidente del gobierno español se han reunido con los representantes de las víctimas para expresarles su condolencia cuando hace un año de la tragedia. El presidente Mazón no ha formado parte de la comitiva oficial de este encuentro.

Todo ello, el mismo día que Mazón ha admitido que «hubo cosas que deberían haber funcionado mejor» en la gestión de la catástrofe, y ha declarado el 29 de octubre como día de luto oficial y de recuerdo a las víctimas. «Vamos a tratar de hacer lo mejor en unas circunstancias inimaginables, pero en algunos casos no fue suficiente. Y lo tenemos que reconocer», ha dicho.

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El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, acompañado de la consejera de Derechos Sociales e Inclusión, Mònica Martínez Bravo, han presentado este miércoles el plan Futuro y transformación del barrio de La Mina 2025-2030. Este es un proyecto donde se prevén actuaciones para los próximos cinco años con unas inversiones por 113,2 millones de euros.

Este plan lo llevará a cabo la Generalitat conjuntamente con el resto de administraciones que forman parte del Consorcio del Barrio de la Mina, (Diputación de Barcelona y ayuntamientos de Barcelona y de Sant Adrià de Besòs).

En este sentido, el presidente catalán ha asegurado durante la presentación del proyecto de reforma de este barrio que «las administraciones públicas no dejarán la Mina, no marcharemos», y ha añadido que «con el plan que presentamos hoy daremos un salto adelante muy importante, pero no lo resolveremos todo, seguirá habiendo trabajo por hacer y nosotros seguiremos estando aquí».

En esta misma línea, Illa ha señalado que «la Mina, como todos los barrios de Cataluña, es un barrio con orden, con ley y con convivencia, un barrio donde el Gobierno invierte».

El presidente ha aprovechado para lanzar un mensaje de optimismo cuando ha dicho que en La Mina hay «orden, inversión, esperanza e ilusión». En este contexto, ha citado al presidente Jordi Pujol, señalando que «no podrá haber un país bien construido si entre todos no construimos un país válido para todos».

Cuatro grandes proyectos

El presidente ha detallado los proyectos previstos en este plan, cuyo presupuesto será asumido por diferentes departamentos de la Generalidad. En primer lugar, se prevé la construcción de un edificio de 66 viviendas de protección oficial (con un presupuesto estimado de 11,62 millones de euros), que será asumido por el Departamento de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica; un equipamiento para personas mayores (12,11 millones de euros), que corresponderá al Departamento de Derechos Sociales e Inclusión; la guardería (5,93 millones de euros), asumida por el Departamento de Educación, y el Centro Internacional de Luchas Olímpicas (6,65 millones de euros), a cargo del presupuesto del Departamento de Deportes. También se iniciará el próximo año la remodelación del centro cívico y comunitario, con un coste de 3 millones de euros.

Además, se reforzarán los programas sociales de acción comunitaria. La acción social, que se está definiendo junto con las entidades del barrio, aumenta su presupuesto hasta llegar a los 12 millones de euros en todo el periodo.

En el acto también ha intervenido la consejera Martínez Bravo, que ha destacado que»estamos hablando de una transformación integral, que actúa sobre el espacio urbano, pero también sobre las oportunidades de futuro, los vínculos comunitarios y las condiciones de vida de las personas que viven en el barrio».

Nueva estrategia para el edificio Venus

En el marco de este plan, también se presenta una nueva estrategia para adelantar el derribo del edificio Venus. El enfoque anterior preveía esperar a la construcción de nuevas viviendas protegidas, lo que aplazaba la actuación hasta 2030. Ahora se prioriza la adquisición de vivienda en el mercado secundario, con el objetivo de completar el realojamiento durante el año 2027.

Este cambio es posible gracias al incremento de la inversión de las administraciones que integran el Consorcio del Barrio de La Mina, que duplicarán su aportación económica. El presupuesto anual se amplía en 6,52 millones de euros, hasta los 13,34 millones de euros anuales.

El Consorcio del Barrio de La Mina ha adquirido, hasta ahora, 40 pisos para ofrecerlos a las familias del Venus y se comprarán, como mínimo, 15 más antes de que acabe el año.

Se seguirán adquiriendo viviendas para poder dar acogida a todo el vecindario que tenga derecho al realojamiento urbanístico o al realojamiento social, al ser familias vulnerables. El coste total de la gestión del edificio Venus será de 53,11 millones de euros.

Se prevén otras actuaciones más al futuro, entre ellas, la construcción de 240 pisos sociales en el marco del Plan de 50.000 viviendas del Gobierno, la construcción de un edificio con 50 viviendas dotacionales más, con un presupuesto aproximado de 8,8 millones de euros, y la instalación de la sede del Departamento de Derechos Sociales e Inclusión de la Generalitat en el barrio.

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